La JEP imputó en la fase final del subcaso Meta a 30 militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y pasará a la fase nacional del Caso 03 para determinar la responsabilidad de la cúpula del Ejército en los asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP
En la etapa final de las investigaciones del Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, en el subcaso Meta, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 30 militares del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos cometidos entre 2002 y 2007 en esa región del país. Con esta decisión se dará paso al cierre de las investigaciones de los demás casos territoriales y a la apertura de la fase nacional, que busca establecer la responsabilidad de la alta cúpula del Ejército en estos crímenes.
La JEP anunció el 20 de noviembre que imputó a miembros del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), del Gaula Rural Meta (GAMET) y de la Séptima Brigada por haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos establecidos en la ley colombiana.
El tribunal señaló como máximos responsables a tres excomandantes de la Séptima Brigada: el brigadier general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán y el brigadier general Francisco José Ardila Uribe. Según la investigación, los generales autorizaron e impulsaron operaciones ilegales que presentaban asesinatos de civiles como bajas en combate.
En el caso de los otros 27 militares del BIVAR y del GAMET, la JEP concluyó que fueron coautores porque actuaron juntos y se repartieron las tareas para cometer los crímenes. Cada uno aportó en la planeación, ejecución o encubrimiento, lo que hizo posible que los hechos ocurrieran.
A los imputados se les atribuye responsabilidad por 209 homicidios, de los cuales 65 estuvieron acompañados de desapariciones forzadas, además de un intento de homicidio. Estos hechos, ocurridos entre 2002 y 2007 en el Meta, han sido clasificados por el Tribunal de Paz como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Alejandro Ramelli Vidal, presidente de la JEP, detalló que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el Meta, se establecieron vínculos estrechos entre miembros del Ejército y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia. “Estos se expresaron en tres formas. Primero, operatividad conjunta, es decir, operaciones militares defensivas y ofensivas coordinadas. Segundo, permisividad con el accionar paramilitar, traducida en la ausencia de operaciones militares en su contra y en la tolerancia frente a la comisión de crímenes contra la población civil. Y tercero, la presentación de falsas bajas en combate”, dijo en rueda de prensa.
Según el presidente de la JEP, la investigación reveló que las falsas bajas en combate eran la principal forma en que los paramilitares recibían beneficios de la fuerza pública a cambio de dejarlos delinquir, sobre todo en narcotráfico y en graves violaciones a los derechos humanos, como masacres y desapariciones forzadas.
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Ramelli Vidal detalló que para la JEP está probado que integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participaron en operaciones de apoyo aéreo cercano en las que murieron personas que posteriormente fueron presentadas falsamente como bajas en combate. “Sin embargo, por el momento, no se encontraron evidencias de que tuvieran conocimiento o participación dolosa en la comisión de tales crímenes”, dijo el magistrado, y agregó que el tribunal considera posible que los miembros de la FAC hayan sido manipulados por integrantes del BIVAR para que sus acciones criminales parecieran legales.
Como parte de la investigación, la JEP escuchó los testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas, entre ellos Dairo Antonio Úsuga, conocido como “Otoniel”; Manuel de Jesús Pirabán, conocido como “Pirata”; y Luis Arlex Arango Cárdenas, conocido como “Chatarro”. De igual manera, el tribunal incorporó al proceso toda la información disponible en los expedientes de Justicia y Paz.
Los militares imputados deben optar entre aceptar los cargos y permanecer en la JEP, lo que implicaría sanciones propias de hasta ocho años, o rechazar la imputación y someterse a un proceso judicial en el que podrían recibir condenas de hasta veinte años de prisión.
¿Qué sigue en el Caso 03?
Catalina Díaz Gómez, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la JEP, anunció que con la imputación a los militares finaliza la investigación del subcaso Meta y permitirá avanzar en el cierre de los demás subcasos priorizados: Antioquia, Costa Caribe, Huila, Norte de Santander y el Caso conjunto 03 y 04.
Asimismo, destacó que las investigaciones del Caso 03 han identificado la existencia de una política nacional en materia de criminalidad: “Hoy podemos decir, con pruebas muy contundentes, que se trata de un patrón macrocriminal nacional. Estos hechos ocurrieron en todo el país con el mismo modus operandi y las mismas modalidades de acción criminal, y ese patrón macrocriminal nacional está ligado a una política: identificar la baja, el muerto, como el indicador real del éxito de la operación militar”, dijo la magistrada Díaz Gómez.
Por su parte, el presidente de la SRVR de la JEP, Óscar Parra Vera, explicó que se adelanta en la recopilación de información de cada uno de los casos territoriales, con el propósito de mostrar cómo funcionaba esta política criminal y continuar con la fase nacional, cuyo objetivo es identificar a los responsables de la cúpula militar del Ejército. “Estamos terminando de construir la historia con todos estos detalles a nivel territorial y, poco a poco, nos acercamos a la etapa final de este macrocaso”.
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Agregó que en la fase nacional se escuchará a las víctimas que hacen parte de los territorios no priorizados: “Lo que le planteamos al país es una metodología para escuchar a muchas víctimas de esos territorios que no habían sido priorizados, con el objetivo de esclarecer responsabilidades al más alto nivel nacional”, comentó el magistrado Parra Vera, y enfatizó que esta fase también buscará identificar los patrones de criminalidad en departamentos como Boyacá, Caquetá y Putumayo, entre otros.
Parra Vera indicó que se avanza en las mesas territoriales con las víctimas y sus representantes. Hasta la fecha, se han realizado catorce versiones voluntarias y seis declaraciones juradas, las cuales serán analizadas por las víctimas en las audiencias. “El próximo año esperaríamos tener las últimas imputaciones con las que se cierre el macrocaso”, puntualizó el magistrado.