En un acto público, el Estado colombiano asumió su responsabilidad y pidió perdón a miembros del partido Unión Patriótica por acciones violentas que entre 1986 y 2006 cometieron integrantes de grupos armados ilegales y políticos en complicidad de la Fuerza Pública.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro, en representación del Estado colombiano, pidió disculpas a integrantes de la Unión Patriótica (UP) por el exterminio de más de 6000 de sus miembros entre 1986 y 2006. Este acto hace parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el 30 de enero de 2023, que condenó al Estado colombiano por el exterminio de la UP, por las múltiples violaciones a los derechos humanos como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y amenazas.
El evento se realizó en la Plaza Bolívar de Santa Marta, el domingo 9 de noviembre. Comenzó con cantos y muestras artísticas, y luego hubo intervenciones de varios integrantes de la UP, quienes pusieron flores amarillas en un mapa de Colombia, así como de representantes del Gobierno nacional.
Boris Cabrera Silva, sobreviviente del genocidio, cuya esposa y madre de sus hijos fue asesinada, señaló que la UP representó un esfuerzo por construir en Colombia una alternativa política distinta, surgida en un contexto de violencia, para que los ciudadanos pudieran participar de forma civilizada en la vida democrática.
“Esta es una herencia de viejas guerras y de procesos de paz truncados e incumplidos; esta es una herencia maldita que traemos en nuestra historia”, pronunció en su discurso Cabrera Silvia, y añadió que el exterminio contra al UP evidencia los reiterados incumplimientos del Estado en los acuerdos de paz firmados con los grupos armados que apostaron por una salida negociada al conflicto.
En su intervención, Aída Yolanda Avella Esquivel, senadora del actual partido UP, agregó que el genocidio no fue un hecho espontáneo, sino una serie de acciones sistemáticas, planificadas y motivadas por el odio y la intolerancia: “Ver caer uno a uno a nuestros compañeros, amigos y familiares fue un golpe devastador para la democracia”, afirmó.
Con respecto a esa sistematicidad del genocidio, se conoce la ejecución de cinco planes militares dirigidos a exterminar a la UP: Los planes Esmeralda (1988) y Retorno (1993) tenían por objetivo desaparecer las seccionales en Meta, Caquetá y Urabá; y las operaciones Cóndor (1985), Baile Rojo (1986) y Golpe de Gracia (1992) se enfocaron en socavar la dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a los dirigentes elegidos para corporaciones públicas.
Uno de los diputados asesinados fue Gabriel Jaime Santamaría Montoya, el 27 de octubre de 1987, en su trabajo: la Asamblea Departamental de Antioquia. Su esposa, Consuelo Arbeláez Gómez, hoy integrante de la Fundación Derechos con Dignidad y también sobreviviente del genocidio contra la UP, hizo un llamado en la ceremonia a la inclusión y a no olvidar a ninguna de las víctimas.
Para ella, en los departamentos de Antioquia, Meta y Chocó es necesario dar prioridad a los procesos de justicia y reparación de las víctimas sobrevivientes. “No mencionarlo sería desconocer el grado de sufrimiento al que se condenó a dichas regiones, que no solo tuvieron pérdidas de sus seres queridos, sino que vivieron una revictimización, pues en esas regiones se han tenido torturadores, asesinos, genocidas, cómplices, perpetradores materiales e intelectuales, responsables también de la catástrofe humanitaria que vive nuestro país”, enfatizó Arbeláez.
El presidente Gustavo Petro criticó los pocos avances en el esclarecimiento de los asesinatos de los integrantes de la UP y ofreció disculpas por las acciones realizadas por el Estado: “Le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político. Les pido perdón para que revivan a sus muertos a través de la lucha del pueblo que viene”, señaló.
Ascenso y descenso de la UP
La Unión Patriótica surgió como resultado de un acuerdo del proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas y las FARC-EP, firmado el 28 de marzo de 1985 en La Uribe, Meta. Este acuerdo no implicaba en ese momento la dejación de armas ni el reagrupamiento de las tropas guerrilleras.
Según el artículo Historia de la UP, elaborado por la Corporación Reiniciar, desde que el partido o movimiento fue dado a conocer al país, con el lema “Por las reformas democráticas”, sus integrantes emprendieron una intensa y amplia actividad política en distintas regiones del país y en alianza con diversas organizaciones sociales. “Se realizaron 572 actos regionales preparatorios y se constituyeron 2229 Juntas Patrióticas (órganos de base) en 209 municipios y 13 corregimientos”, detalla el documento.
Pasados unos meses, el 2 de marzo de 1986, el presidente Betancur firmó con las FARC-EP la prórroga del cese al fuego, lo que permitió la participación de la UP en las elecciones de ese año y reafirmó el compromiso del Estado de garantizar los derechos a los excombatientes y su protección.
Así, en las elecciones legislativas del 9 de marzo de 1986, el partido fue una opción en el tarjetón electoral; obtuvo 252 965 votos, según el informe ¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional, de la Corporación Reiniciar. “Son elegidos 14 congresistas para cámara y senado, entre ellos dos miembros de las FARC-EP (Iván Márquez y Braulio Herrera), 18 diputados de 11 asambleas departamentales, y 335 concejales parte de 187 concejos en diferentes municipios del país”, dice el informe.
Para las elecciones presidenciales del 25 de mayo de 1986, el candidato de la UP, Jaime Pardo Leal, se enfrentó a Virgilio Barco, del Partido Liberal, y a Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador. El ganador de la contienda fue Barco, mientras que Pardo Leal obtuvo 328 641 votos, el 10% de la votación nacional, lo que consolidó a la UP como la tercera fuerza política del país.
Sobre el comienzo de la violencia contra el partido político, el 30 de agosto de 1986 marca el primer crimen: Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara, fue asesinado en Barrancabermeja. A partir de entonces inició una ola de homicidios, persecuciones y ataques contra militantes y simpatizantes de la UP, entre quienes se encontraban excombatientes amnistiados.
Por esa razón, las FARC-EP se retiraron oficialmente del movimiento en febrero de 1987, lo que truncó las conversaciones de paz al tiempo que la UP reafirmó su carácter civil y político legal.
Sin embargo, el plan de exterminio contra integrantes de la UP en complicidad de grupos armados, políticos y la Fuerza Pública continuó: fueron asesinados los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990), junto con miles de dirigentes, alcaldes, concejales, líderes sociales y militantes, que sumaron más de 6000 víctimas.
Cumplimiento de la sentencia
En la sentencia del caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, firmada el 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la UP. En su fallo, la Corte ordenó una serie de medidas para garantizar los derechos vulnerados y reparar las consecuencias de esos hechos. Entre ellas se incluyen acciones de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnizaciones a las víctimas y sus familias.
Saber más: Comisión para identificar a víctimas de la UP está demorada
Hasta la fecha, se adelantó el proceso de constatación e identificación de las víctimas, para que sean indemnizadas lo más pronto posible, se sancionó la Ley 2482 de 2025 que establece oficialmente el 11 de octubre como el Día Nacional en conmemoración de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y se realizó el acto de perdón —el de este domingo 9 de noviembre en Santa Marta— por parte del Estado.