Luego de cinco meses de haber suspendido labores por falta de presupuesto, la Comisión de Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica retoma su propósito de constatar quiénes son las víctimas incluidas en el fallo interamericano de 2022.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Corporación Reiniciar
Las labores de la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas de la Unión Patriótica, con las siglas CCIPVUP, se han visto afectadas por retrasos de ejecución y falta de asignación presupuestal, lo que ha dificultado el proceso de identificación de las más de 7000 víctimas y familiares que fueron incluidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022.
En dicho fallo, el tribunal internacional condenó al Estado colombiano por el exterminio sistemático de los integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP), y ordenó su reparación integral. Para determinar el listado final de las personas que pueden acceder a las indemnizaciones, el Estado asumió la creación de la CCIPVUP, que fue instalada con un mandato de doce meses en octubre de 2023, más de un año después de proferida la sentencia, a través del Decreto 1643.
Sin embargo, las limitaciones del presupuesto que debe ser asignado por el Gobierno nacional, la búsqueda de una sede para sus operaciones y los trámites de contratación de equipos humanos y técnicos retrasaron el inicio de su mandato, al fin oficializado el 16 de abril de 2024. A partir de esa fecha corrían los doce meses de vigencia de la Comisión, pero el 31 de diciembre sus labores fueron suspendidas, y, debido a los mismos problemas que ya la habían retrasado en sus comienzos, no se retomaron las actividades al menos hasta estos últimos días de mayo de 2025.
Según Ana Teresa Bernal, economista, defensora de derechos humanos y comisionada de la CCIPVUP, la falta de presupuesto por parte del Gobierno “afectó la renovación de los contratos del personal, el acceso al lugar de trabajo y las condiciones necesarias para su funcionamiento”.
El pago de las indemnizaciones a las víctimas, la gestión y la administración de los recursos de la Comisión están a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Luz Marina Monzón, abogada, defensora de derechos humanos y codirectora de la Corporación Reiniciar, explicó que los constantes cambios en la dirección de esta entidad han afectado el proceso de identificación: “La Unidad ha pasado por tres direcciones diferentes. Cada nueva dirección llega con ideas distintas y vuelve a revisar todo desde el principio”. En febrero de este año, Lilia Solano dejó la dirección de la Unidad para las Víctimas, y desde entonces figura como directora general encargada Gloria Cuartas, si bien a principios de mayo se conoció que Adith Rafael Romero, cuestionado por su inexperiencia en cargos públicos, podría llegar a ocupar ese cargo.
Con respecto a la Comisión que busca acreditar e individualizar a las víctimas de la UP, Bernal detalló que las labores fueron retomadas a principios de mayo: “Ya hubo asignación presupuestal y prácticamente el proceso de contratación está a punto de cerrarse; la Comisión espera tener todo su personal dispuesto para continuar con el objeto señalado por la sentencia de la Corte IDH antes de terminar el mes de mayo”.
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Para la abogada Monzón, la suspensión de las actividades de la Comisión obliga a hacer cambios en el personal operativo: “Hay personas que no van a esperar a que los contraten, porque ya van varios meses y nada. Entonces, ese personal que venía con conocimiento del funcionamiento de la Comisión se va, y eso también puede retrasar la constatación de las víctimas”.
A la fecha, el equipo de la Comisión está conformado por 52 profesionales, en su mayoría abogados. El presupuesto aprobado para este 2025 por parte del Gobierno nacional es de 9530 millones de pesos.
Alejandro Valencia Villa, elegido por las organizaciones representantes de las víctimas; Ana Teresa Bernal, designada por el Estado colombiano; Rubén Darío Pinilla Cogollo, designado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elegido entre los candidatos propuestos por el Estado y las organizaciones de las víctimas, son los tres comisionados al frente de la entidad.
Monzón comentó que la Comisión es un órgano novedoso dentro de las órdenes de la Corte Interamericana, porque permite acceder a mayores garantías con relación a la reparación y a la caracterización de las víctimas, en especial en la masividad y generalidad propia del caso de la UP.
Pero las víctimas han expresado algunas objeciones respecto a cómo operó la Comisión en 2024, ya que se estaba extralimitando en sus funciones en cuanto a la constatación e identificación de las personas. “La Comisión empezó a hablar de emplazamientos, estableciendo plazos de 30 días. Eso hace que el procedimiento sea lento y genere dificultades; antes solo debían entregar sus documentos de identificación, pero ahora la Comisión actúa como si estuvieran ante un juez”, comenta la codirectora de la Corporación Reiniciar.
Monzón señala también que hay confusión en los procedimientos para la constatación, por lo que los representantes de las organizaciones defensoras en el caso de la UP le solicitaron a la Corte Interamericana que le exigiera a la Comisión una reevaluación de esos criterios, con el fin de facilitar a las víctimas el acceso a una reparación que ya está reconocida, pues el objetivo de este órgano es constatar e identificar a las personas en los listados que ya existen. “La identificación de las víctimas se prueba con la cédula, y el parentesco con el registro civil. Estos documentos están reglamentados en Colombia, por lo que no debería haber problemas para reconocerlos”, explica la abogada.
¿Quiénes serán identificados?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos elaboró tres anexos para la constatación e identificación de las víctimas, con el propósito de acreditarlas como beneficiarias de las medidas de reparación dispuestas en su sentencia: el anexo 1 enlista a 677 víctimas de los hechos violatorios de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada; el anexo 2 relaciona a 761 víctimas por violaciones a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, y el anexo 3 contempla a 5503 víctimas por graves violaciones de los derechos humanos.
Con estos anexos, la Comisión debe constatar a las víctimas, los beneficiarios y los derechohabientes. La defensora de derechos humanos y comisionada Ana Teresa Bernal señala que varias de las solicitudes presentadas por las víctimas ante la Corte contenían datos incompletos: “Como nombres mal escritos o sin claridad en el parentesco con la víctima. En algunos casos, no es posible identificar con certeza quién solicita la indemnización o la reparación ni cuál es su vínculo con la víctima. Por eso, se debe verificar tanto la identidad de la víctima como el parentesco de quienes aparecen en los anexos”.
Bernal explica que, para este trabajo, hay un equipo de profesionales del derecho y personal administrativo, contratado por el Estado colombiano, pero con independencia técnica y administrativa. “El proceso implica la recepción de documentos, la revisión y verificación de los mismos, entrevistas y análisis de pruebas para determinar la identidad y parentesco de las víctimas”, dice.
Durante 2024, la Comisión enfrentó diversas dificultades en el desarrollo de sus actividades, entre ellas la implementación incompleta del software de gestión para las solicitudes e información, las demoras en la contratación de personal, los retrasos en la publicación de los emplazamientos y la falta de una sede en Medellín, pues en Antioquia se encuentran cerca del 30% de las personas incluidas en los listados de la Corte, según lo expresa el informe trimestral de la entidad, que abarca de julio a septiembre de 2024.
Datos de la Secretaría Técnica de la Comisión exponen que en los ocho meses que corrieron entre el 16 de abril y el 31 de diciembre de 2024, cuando estuvo activa la entidad, se procesaron 5832 solicitudes de acreditación, 1004 proyectos de resoluciones de constatación elaborados, 740 resoluciones aprobadas y 644 resoluciones notificadas. La cifra final, de resoluciones notificadas, corresponde a poco menos del 10% de las víctimas y familiares incluidos en los anexos del fallo de la Corte con propósitos de reparación integral.
Reinicio de actividades
Para reactivar la Comisión se han realizado cinco reuniones con los comisionados y un taller general con todo el personal para ajustar los procedimientos. El 28 de mayo se realizó una reunión con los representantes de las víctimas y con las entidades del Estado “para articular el esfuerzo en esta nueva etapa”, dijo Ana Teresa Bernal.
Con respecto al tiempo de vigencia de la Comisión, Bernal indicó que hasta la fecha no se ha definido la duración del mandato, que primero era de doce meses: “Según la resolución del 24 de abril de 2025 de la Corte, no tenemos claro el plazo exacto de funcionamiento, pues al estar paralizada la Comisión los primeros cuatro meses del año por falta de asignación de los recursos, se le ha pedido a la Corte reponer este tiempo”.
Por su parte, Luz Marina Monzón, codirectora de la Corporación Reiniciar, hizo un llamado al Gobierno y a la Comisión, para agilizar el proceso de constatación e identificación de las víctimas de la Unión Patriótica, para que sean indemnizadas lo más pronto posible. Los crímenes que afectaron a los militantes y seguidores de este partido político fueron cometidos hace ya más de tres décadas, “y desde entonces han estado esperando una reparación que nunca llega. Mientras tanto, muchos mueren o enferman, por lo que surge la pregunta: ¿qué significa realmente la reparación en este caso?”, interpela la abogada.