Tras siete años de investigaciones, la JEP dio a conocer sus primeras sentencias contra comparecientes de las extintas FARC-EP y de la Fuerza Pública. Hacemos Memoria conversó con Alejandro Ramelli, presidente de este tribunal, sobre las sanciones y los proyectos restaurativos.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Julián Roldán Álzate
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió las primeras sentencias contra siete integrantes del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP y contra doce exmilitares de la Fuerza Pública por crímenes cometidos durante el conflicto armado. Estos fueron sancionados con la máxima pena que puede otorgar la justicia transicional, que no conlleva cárcel sino trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador —TOAR—, en favor de las víctimas.
Después de siete años de investigaciones, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz (SERVR) de la JEP dio a conocer las primeras sentencias, en el caso 01, que aborda la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las FARC-EP, y en el caso 03, que se centra en los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por la Fuerza Pública y agentes del Estado.
Hacemos Memoria conversó con el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien se posesionó como presidente de la JEP en noviembre de 2024 y quien es relator del caso 03 y del caso conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia).
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Sobre cómo se llegó a estas sentencias, el magistrado narró que “se recolectaron miles de datos e informaciones provenientes de la Fiscalía y de las víctimas”, lo que da cuenta de un proceso largo y dispendioso que, no obstante los desafíos temporales y las opiniones disímiles frente al trabajo de la JEP, deberá concretarse en las decisiones de los 11 macrocasos vigentes.
Algunos sectores de las víctimas de las extintas FARC-EP han percibido estas sentencias como impunidad, injusticia o ineficiencia de la JEP. ¿Cómo responde a estas críticas?
Esta es la primera vez que en Colombia se lleva a cabo un proceso de justicia transicional restaurativa en relación con el secretariado de las FARC. Y es importante recordarlo, porque a veces olvidamos lo que pasaba antes de que existiera la justicia transicional.
Antes lo que había era impunidad, porque, aunque existían procesos, en su gran mayoría permanecían en etapa de indagación preliminar. Y si bien hubo algunas condenas contra antiguos integrantes del secretariado, ninguna se cumplió. Había sentencias, sí, pero no se ejecutaban, y las víctimas nunca participaron en esos procesos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los conflictos armados en Colombia, desde el siglo XIX hasta la Constitución del 91 —incluyéndola—, se resolvían mediante amnistías. Todo se cerraba con una amnistía, y en esos casos no había ni procesos, ni reconocimientos, ni sentencias, ni participación de las víctimas. Este es, entonces, un modelo completamente distinto.
Tal vez hoy las víctimas levantan su voz porque nunca habían sido escuchadas, no porque antes estuvieran conformes con otros modelos. Hay que entender también que algunas críticas, en realidad, van más dirigidas al proceso de paz que a la sentencia misma. Muchas de las personas que nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de paz, tampoco lo estarán ahora con las decisiones derivadas de él.
Es importante dejar claro que aquí sí hubo una investigación y que esto no es impunidad. La impunidad es cuando no se investiga ni se sanciona. Aquí sí hay responsables imputados, hay verdad y hay reconocimiento de los hechos y de las víctimas. Lo que cambia es la forma de la sanción, pero no la existencia de justicia.
¿Qué fue lo nuevo que halló la JEP durante estos siete años de investigación con relación a las extintas FARC-EP y la Fuerza Pública?
Con relación a las FARC, esta no es una sentencia por secuestro, es por la comisión de 13 crímenes internacionales, entre ellos la toma de rehenes. No es que descubrimos que “el agua moja”, pues todos sabíamos que las FARC secuestraban. Lo que no se conocía era la dimensión, los patrones macrocriminales, y, sobre todo, que la sentencia reflejaría el sufrimiento de las víctimas. La condena no es solo por secuestro; incluye malos tratos, violencia sexual, tortura y desaparición forzada.
En el caso 03 hemos descubierto muchas cosas. No solo está la cifra de 6402 víctimas —todas con nombre, apellido y cédula—, que algunos han querido poner en duda. Esa información es real y verificable. También hemos identificado patrones macrocriminales que la justicia ordinaria no había revelado.
Esto se debe a que nuestra forma de investigar es distinta: no vamos caso por caso, sino que abordamos hechos y patrones, lo que cambia tanto la investigación como la sentencia. Un ejemplo claro es el caso del Batallón La Popa: hay doce condenados, de los cuales tres nunca habían sido investigados antes. Por eso no pueden hablar de impunidad; impunidad era lo que existía antes.
¿Cómo será el cumplimiento de las restricciones a los comparecientes?
Las sanciones propias tienen dos elementos: el restaurativo y el restrictivo de derechos. El restaurativo son los proyectos TOAR y el otro es que ellos van a desarrollar esos TOAR en unas zonas específicas; por ejemplo, en el caso de las FARC se menciona que hay unas zonas determinadas como el Cementerio de Palmira, el Cementerio de Neiva y el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Para los detalles del funcionamiento hay que esperar a que salgan otros autos, porque la sentencia no trae todo.
En esos otros autos se establecen unas coordenadas y todo lo que se va a desarrollar en estos lugares. Allí va a haber un monitoreo electrónico permanente y también por parte de la jurisdicción y la Misión de Verificación de la ONU. Entonces, en esos horarios y en esos lugares es que ellos van a tener que cumplir sus sanciones, que son los TOAR, o sea, trabajar en temas como el ambiental, la búsqueda de desaparecidos o el mejoramiento de infraestructura.
¿Cómo van las negociaciones con el Gobierno para la financiación, ejecución, elaboración y sostenimiento en el tiempo de los TOAR de estas sentencias?
Nosotros enviamos una comunicación al Ministerio de Hacienda, a varios ministerios, a la Contraloría y a la Procuraduría, informando que la ejecución de las primeras sentencias asciende aproximadamente a 120 000 millones de pesos, porque están respaldadas en proyectos.
Estos proyectos se estiman en ese valor y tienen una duración de entre cinco y ocho años. Alguien podría preguntar: “¿Por qué es tan costoso?”. La razón es que se trata de iniciativas de largo plazo que buscan generar impactos significativos en diversas comunidades.
En el caso 01 hay cuatro líneas de proyectos, mientras que en el caso 03 hay seis proyectos que han sido concertados con las víctimas.
El Ministerio de Hacienda garantiza los primeros 20 000 millones de pesos y nos informó que tramitará otros 30 000. Sin embargo, esa suma ni siquiera cubre la mitad de lo que se requiere para cumplir con las sentencias.
El proyecto piloto restaurativo “Siembras de vida” fue criticado por las víctimas y organizaciones sociales por no guardar relación entre los hechos victimizantes con el territorio en el cual se habría ejecutado. ¿Cómo en estos y futuros TOAR se puede garantizar la conexión territorial con los hechos victimizantes?
Hay que ser conscientes de que, si bien lo ideal es que los TOAR se desarrollen en el lugar donde se cometieron los delitos, eso no siempre va a ser posible. Si usted me dice: “Vaya a hacer un TOAR hoy en Tibú, La Gabarra”, pues le voy a responder que no, ¿cierto?, aunque el delito se haya cometido allá. Entonces, también es un asunto de pedagogía y de explicarles a las organizaciones que no siempre los TOAR podrán realizarse en el lugar donde ocurrieron los hechos por motivos de seguridad o por temas presupuestales.
Sin embargo, todo el tema de restablecer el medio ambiente también es una forma de restablecer los derechos de las víctimas en Colombia. El medio ambiente fue una gran víctima del conflicto armado, algo que las comunidades étnicas entienden muy bien. Por eso, no se puede hacer un juicio apresurado diciendo: “Eso no me va a restaurar a mí”.
En regiones como el corredor de Sumapaz, por donde salían secuestrados hacia el Meta, el impacto ambiental es evidente y está directamente ligado a la violencia. Por eso, no hay que desechar los programas ambientales. Alguien podría pensar: “Si fui víctima de violencia sexual, ¿qué gano con un proyecto ambiental?”. Y es válido que no siempre haya una relación directa entre el delito sufrido y la forma de reparación, pero estas acciones también aportan a la reconstrucción del entorno y, con ello, a la garantía de derechos colectivos.
¿Cómo llegar a una concertación con las víctimas para que se vean más representadas en los TOAR que se van a ejecutar en un futuro?
Eso implica mucho diálogo con las comunidades y con las mesas técnicas, pero también es necesario garantizar seguridad jurídica a los comparecientes. Las penas deben cumplirse. No podemos esperar a que todo el mundo esté de acuerdo para que estas personas empiecen a cumplir sus condenas; hay que entender que ya fueron condenadas.
Por eso, los procesos de diálogo y concertación también tienen un límite. Si se prolongan indefinidamente, nunca se llegará a la etapa de cumplimiento efectivo. Si seguimos dialogando y buscando opciones sin una definición clara, corremos el riesgo de que pasen los ocho años de la pena sin llegar a un acuerdo.
¿En los próximos meses se van a emitir más sentencias sobre otros casos que investiga la JEP?
En el caso del coronel Publio Hernán Mejía, que también es del Batallón La Popa, estimamos que en los próximos meses va a haber una sentencia. Ya eso es del caso adversarial. Entonces ahí se va a determinar si es culpable o inocente. De llegar a ser encontrado culpable, la pena es privación de la libertad entre 15 y 20 años.
Yo me comprometí a que en el segundo semestre habría tres sentencias, y así será. Ya van dos, pero este año no habrá más. Los tiempos procesales no lo permiten, así que las demás se realizarán a partir del próximo año.