La base de datos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia registra 262 indígenas desaparecidos, cifra que podría aumentar cuando finalice un piloto de búsqueda acordado con los pueblos indígenas. Pero, falta presupuesto para desarrollarlo.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto: Twitter UBPDColombia
En enero del 2019, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Consejería de Derechos Humanos y Paz de los Pueblos Indígenas, perteneciente a la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), establecieron un Protocolo de Relacionamiento y Coordinación con cuatro procesos piloto que anteceden la consolidación de un plan de búsqueda de personas indígenas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Sin embargo, este protocolo avanza con dificultades debido, según la Consejería Indígena, a falta de recursos. Para ampliar más esta información Hacemos Memoria consultó a ambas partes. La Unidad de Búsqueda respondió a través de un correo electrónico, mientras la Consejería brindó una entrevista colectiva con varios de sus miembros.
Así avanza la Unidad
Estos cuatro ciclos del protocolo, según respondió la Unidad de Búsqueda, tienen que ver, primero, con el desarrollo del componente pedagógico dentro de los poblados; segundo, con la elaboración de un diagnóstico nacional con reflexiones, pensamientos y experiencias de resistencia sobre la desaparición de personas indígenas en el marco del conflicto armado; tercero, con la elaboración de un Censo Nacional de Personas Indígenas dadas por Desaparecidas que se incluirá en el Registro Nacional de Desaparecidos; y cuarto, con la actualización de las bases de datos con información geográfica sobre fosas, sitios de sepultura y cementerios.
En los registros de la Unidad figuran, al 31 de marzo del 2021, un total de 262 indígenas dados por desaparecidos en Colombia. Los departamentos con más casos son Cauca con 46, Caldas con 33, Meta con 28, Guaviare con 26, Putumayo con 21, y Antioquia con 12. Al final de las cuatro fases piloto, que según el protocolo acordado en enero del 2019 debía durar un año y medio, se espera que este registro aumente en la medida en que se ubiquen lugares de búsqueda y se haya hecho un trabajo pedagógico con las comunidades involucradas en estos procesos.
Para esta fase piloto y adicional a ello, la Unidad de Búsqueda avanzó en el 2020 en la construcción de una estrategia de pedagogía institucional para la búsqueda humanitaria y extrajudicial con los pueblos indígenas, con base en el enfoque diferencial, para lo cual fue diseñado el siguiente material: Traducciones del Protocolo de Relacionamiento y Coordinación entre la Unidad de Búsqueda y los Pueblos Indígenas a los idiomas Huitoto, Coreguaje, Siona, Inga, Nasa, Awá, Embera Katío, Achagua, Piapoco, Embera Dobida, Wounaan e Ikú (Arhuaco). Diseño e impresión de fichas pedagógicas y guiones metodológicos para la realización de diálogos colectivos y espacios de pedagogía con personas, familias y comunidades indígenas. Traducciones de cinco cuñas institucionales para difusión radial, realizadas por la Unidad de Búsqueda, a los idiomas Huitoto, Coreguaje, Siona, Inga, Nasa, Awá, Embera Katío, Achagua, Piapoco, Embera Dobida, Wounaan e Ikú (Arhuaco). E identificación de emisoras, canales de televisión comunitarios y medios alternativos que tienen alcance y difusión en los Pueblos Indígenas de Colombia.
Este Protocolo de Relacionamiento, que ya comenzó su primera fase, se está llevando a cabo con la participación de las cinco organizaciones que hacen parte de la Consejería de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas: la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic); la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opaic); las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) por la Pacha Mama; la Confederación Indígena Tayrona – Resguardo Arhuaco; y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), organización que se sumó a este espacio nacional el pasado 9 de abril del 2021.
Protocolo está desfinanciado: Onic
Según informó a Hacemos Memoria la Consejería de Derechos Humanos y Paz de los Pueblos Indígenas, las fases del protocolo, concertadas en enero del 2019, debían desarrollarse en doce resguardos indígenas particularmente afectados por el conflicto armado, con un presupuesto estimado de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, “la UBDP nos informó que el proyecto sobrepasaba el presupuesto. Y esto es entendible sabiendo que las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición están mal financiadas. Ahora la Unidad llegó este año a proponernos desarrollar todo el piloto, que es de un año y medio, en seis meses con 800 millones de pesos, y ya no con doce comunidades sino con seis”, informó la Consejería, al añadir que este presupuesto solo alcanzará para la primera fase que se espera finalice en noviembre de este año.
En esa primera fase, referente a la pedagogía, el propósito es visitar, entre otros territorios, el resguardo Arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta; el resguardo Tortugaña Telembí, en el departamento de Nariño; y al pueblo Nukak, en el Amazonas. En cada uno de estos lugares se socializará con las comunidades el propósito del programa de búsqueda y se darán a conocer los organismos que participarán en este proceso, como la Unidad de Búsqueda y, en general, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. De igual forma, se escuchará a los pueblos indígenas con el fin de conocer qué piensan del proceso de búsqueda, y si lo permitirán o no dentro de sus territorios.
Según comunicó la Consejería indígena: “Nuestra base para seleccionar a estas comunidades en la fase piloto está basada en dos asuntos: el primero tiene que ver con la intensidad de las afectaciones por el conflicto armado, para eso partimos también de la información con la que contamos en el Observatorio de Derechos Humanos de la Onic. Y el segundo gran criterio se base en las necesidades y los intereses de las comunidades”.
La Consejería añadió que la segunda fase ya dependerá de la institucionalidad debido al poco presupuesto “y esto es bastante triste porque lo que uno alcanza a ver es que, a esta velocidad, en 21 años es que vamos a poder completar el piloto, pero además lo que vamos a terminar haciendo es un daño durísimo a las comunidades; el problema con eso es cómo vamos a llegar a una comunidad a abrir asuntos tan complicados en la vida de la gente para luego irnos sin saber cuándo podremos continuar con el proceso”, advirtió la Consejería.
Algunos de los pueblos más afectados por el conflicto armado, que han denunciado desapariciones de integrantes de su comunidad, son los Awá, los Ingas, los Eperara Siapidara y los Pastos, en el departamento de Nariño; los Nasa, los Emberá Chamí y los Eperara, en el Valle del Cauca; los Nasa y los Emberá en el Cauca; los Emberá, los Wounnan, los Zenús y los Tules, en el Chocó; los Siona y los Nukak en el Amazonas; los Emberá Chamí en Antioquia; el pueblo Barí en Norte de Santander y los Emberá Chamí en Caldas. Lea también: La crisis humanitaria de los indígenas en Colombia
Urabá y Caldas, dos regiones que ayudan a dimensionar el desafío
En marzo del 2021, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) dio a conocer una investigación desarrollada en el 2020 con pueblos indígenas de los municipios de Apartadó, Mutatá, Dabeiba, Necoclí y Turbo. Allí la investigadora del IPC, Zulhy Tobón, en compañía de otros investigadores, identificó 42 casos de miembros de pueblos indígenas víctimas de desaparición forzada en esta región, entre los años 1980 y 2016, en el contexto del conflicto armado, pero advirtió que la mayoría de estos casos no habían sido denunciados ante autoridades municipales por miedo a represalias, deficiencias en los procesos de denuncia y registro de las víctimas de desaparición ante las instituciones del Estado o falta de recursos para la identificación de la persona desaparecida. Lea también: Las dificultades para buscar indígenas desaparecidos en Urabá
Zulhy Tobón identificó tres grandes barreras que han tenido estas comunidades al momento de denunciar las desapariciones, lo que hace pensar que existe un gran subregistro en todo el país: la falta de documentos de identificación de la víctima y sus familiares; la falta de fotografías para el reconocimiento de la persona desaparecida; y la dificultad de comunicación, ya que muchos indígenas hablan su lengua natal y entienden el español, pero se les dificulta expresar el hecho victimizante.
Otro caso a destacar es el del Resguardo Indígena de San Lorenzo, en el departamento de Caldas, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía. En días pasados, entre el 16 y 17 de junio en desarrollo de una audiencia pública adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz, José Jairo Tapasco, gobernador de esta comunidad, dio a conocer ante los magistrados de ese tribunal transicional que en su territorio existen 18 puntos de interés forense en donde podrían localizarse cuerpos de personas de la comunidad que han sido dadas por desaparecidas.
De acuerdo con los datos entregados por el resguardo indígena a la JEP, en ese territorio se tiene registro de 125 personas desaparecidas entre 1985 y 2009. En estos años, en San Lorenzo hicieron presencia actores armados como el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos últimos, según denuncias de la comunidad, habrían actuado en compañía con el Ejército, el F2 de la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), instituciones de seguridad del Estado colombiano. Lea también: Continúa el proceso para proteger 18 fosas con desaparecidos en el resguardo de San Lorenzo
Casos como los de Urabá y San Lorenzo no solo ayudan a dimensionar la magnitud del impacto que ha tenido la desaparición forzada en las comunidades indígenas en Colombia, sino que permiten advertir los desafíos que enfrentará este proceso de búsqueda no solo por aspectos como la financiación, sino también por asuntos como la falta de registros e información, el lenguaje, el respeto por las prácticas culturales de los pueblos ancestrales e, incluso, la continuidad del conflicto armado.