El acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos ha sido fundamental en el acceso de las víctimas a la justicia transicional. El IPC, Forjando Futuros y Corporación Jurídica Libertad explican avances y retos de la representación jurídica ante la JEP.
Por Alejandro Valencia
Foto de portada JEP
Desde su origen, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incorporó una innovación en cuanto al acompañamiento judicial: el Estado no solo asigna abogados defensores, sino que dispone de un fondo de recursos, ejecutado a través de convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para financiar a las organizaciones sociales y de derechos humanos que históricamente han acompañado a las comunidades golpeadas por la violencia.
El Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) fue concebido para garantizar el derecho a la defensa de los comparecientes y la asistencia jurídica gratuita a las víctimas que carecen de recursos económicos. Actualmente, el SAAD Víctimas atiende a 19.931 víctimas individuales y 539 colectivos de víctimas, sumando un total de 20.470 víctimas del conflicto armado representadas ante la JEP.
Para cubrir esta demanda en todo el país, el sistema opera mediante dos pilares: por un lado, cuenta con 20 abogados litigantes contratados directamente por la JEP y distribuidos en los distintos territorios; por el otro, articula a 24 organizaciones de víctimas vinculadas. A diferencia de la defensa de los comparecientes, que se coordina de manera individual mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la representación de las víctimas se concibe con un enfoque colectivo.
Carolina Saldarriaga, abogada del SAAD en Antioquia, explica las implicaciones institucionales de este diseño: “En ningún sistema de justicia transicional se había dado así. Las víctimas siempre dependen del abogado que les ponen. Pero en Colombia, un legado de este sistema es que el Estado ha dispuesto recursos para que las organizaciones que conocen el territorio históricamente y conocen los casos reciban a las víctimas y asuman su representación”.
Una representación integral
Mientras algunas organizaciones defensoras de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad asumen la representación de víctimas ante la JEP por su cuenta, es decir, sin suscribir el convenio, otras como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Forjando Futuros encuentran en el SAAD el espacio para representar comunidades en los diferentes macrocasos. Estas tres organizaciones señalan que la justicia transicional les ha exigido transformar los métodos tradicionales del litigio penal. Sus reflexiones se escucharon en el evento “Arquitecturas de la representación: experiencias jurídicas de defensa a las víctimas en los macrocasos de la JEP” organizado por Hacemos Memoria.
Karen Paola Barrera, representante de víctimas por parte de la Fundación Forjando Futuros, destaca que el aprendizaje central radica en asumir a la víctima como el centro de la jurisdicción desde un enfoque integral.
La intervención de las organizaciones sociales dentro del SAAD se enmarca en una trayectoria histórica de lucha que antecede por varias décadas a la creación de la JEP, según Gabriel Ignacio Gómez, profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
“Esta unión entre organizaciones y víctimas fue lo que permitió hacer resistencia frente a las expresiones autoritarias y violadoras de derechos humanos desde los años setenta y ochenta”, explica Gómez.
Para el investigador, el aporte de las ONG no se agota en el trámite legal: “Trajeron del derecho internacional herramientas que no existían, enseñaron que la representación exigía un acompañamiento psicosocial, entendieron que había que incorporar estrategias mediáticas y redes transnacionales. Es todo un acompañamiento político y mediático que empodera y dignifica a las víctimas”.
Por su parte, Ana María Gallego, abogada del IPC, señala que el ejercicio pedagógico consiste también en dimensionar los alcances reales de la JEP sin descuidar la construcción organizativa.
Además explica que las expectativas de las víctimas son muy diversas en cuanto a las expectativas del proceso y formas de pensar, lo que supone otros retos.
Esta convergencia ha sido determinante en el avance de los procesos. La abogada Carolina Saldarriaga resalta que “los grandes éxitos de la JEP se han debido a la incidencia de las víctimas”. Y esto va de la mano de los abogados, pero también de que la representación no se queda ahí, sino que se complementa con un equipo interdisciplinario que hace un acompañamiento político, pedagógico y psicosocial que fortalece a las víctimas como sujetos políticos y potencia su incidencia.
Muestra de ello fueron las solicitudes conjuntas para la implementación de medidas cautelares sobre sitios emblemáticos de desaparición forzada. “Todo lo que se ha logrado en materia de medidas cautelares como en La Escombrera, por ejemplo, ha sido un tema que se ha movido gracias a las víctimas, porque los polígonos donde ha habido hallazgos son polígonos aportados por las víctimas”, puntualiza Saldarriaga.
Uno de los logros más importantes en términos de acceso a la justicia y verdad es la posibilidad de investigar y llamar a responder a máximos responsables de crímenes del conflicto armado. Para Luis Alfonso Castillo abogado de la Corporación Jurídica Libertad, “la JEP nos permitió llegar a los intocables. Ahora los altos mando militares son llamados a responder”, dice.
La JEP ha imputado incluso a generales del Ejército colombiano por crímenes de Guerra y lesa humanidad por delitos cometidos en Antioquia, los Llanos orientales y Catatumbo, entre otros. Para comienzos de este año 172 comparecientes identificados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento de Verdad han reconocido su responsabilidad ante el país.
Retos estructurales en la búsqueda de no repetición
Los representantes señalan que una de las expectativas más reiterada por las víctimas son las garantías de no repetición.
De acuerdo con las organizaciones sociales, en los territorios coexisten dos estados: uno que trata de llevar a cabo el del ideal del Acuerdo de Paz y otro en el que persisten las violaciones de derechos humanos.
Karen Barrera, de Forjando Futuros, explica que en territorios como Urabá la violencia y el control de los grupos armados por medio de toques de queda sigue presente. “Cuando hablábamos de los patrones de macrocriminalidad nos decían que no habláramos en pasado porque eso sigue pasando en el territorio”, cuenta Barrera.
Uno de los retos de la justicia transicional es dar voz a las diferentes historias del conflicto. En este proceso, el diálogo entre la JEP, los comparecientes, las víctimas y organizaciones que las representan es una vía para construir el panorama de lo sucedido. “Por eso es tan importante mantener los espacios que permitan la reconstrucción de la memoria y donde se escuche a las víctimas, si queremos aprender del pasado y transformarlo”, explica el profesor Gómez.