El cierre del equipo forense independiente Equitas, por falta de apoyo económico a su labor, afecta la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia y deja un vacío en el acompañamiento técnico, científico y legal que recibían víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Por Margarita Isaza Velásquez
El equipo interdisciplinario de trabajo forense Equitas anunció el 2 de febrero su cierre institucional, debido a la falta de recursos económicos para continuar la labor de investigación, asesoría y acompañamiento en casos de desaparición forzada y violaciones de derechos humanos que ha venido realizando de forma independiente desde 2004.
Según la directora ejecutiva de Equitas, Angie Fernández Gómez, la organización surgió en aquel entonces “cuando estaba a punto de promulgarse la Ley 906 (Código de Procedimiento Penal), que planteaba que se debía de garantizar que las pruebas de los procesos fueran primarias o inmediatas, y para eso se presumía que entes como el Instituto de Medicina Legal y abogados defensores pudieran hacer uso de equipos de investigadores privados y especializados, pero no había en ese momento, y aún tampoco lo hay, equipos que pudieran desempeñar de forma independiente ese papel de contribuir a esclarecer, a ubicar pruebas, a aportar elementos para fortalecer el rol de las víctimas en el contexto judicial”.
Así, este equipo de investigadores forenses aportaría en la búsqueda de personas desaparecidas y en acciones forenses muy concretas, como ya lo hacían otros colectivos en América Latina: el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, entre otros. No obstante, la diferencia de Equitas con respecto a estos equipos, explica Fernández, radicó en que en Colombia existían entidades de trabajo forense específico como el Instituto Colombiano de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, por lo que Equitas no tendría que desarrollar labores de policía judicial, como sí lo hacían los colegas argentinos y guatemaltecos, sino enfocarse en la asesoría y el acompañamiento forense independiente a las víctimas y familias buscadoras de personas desaparecidas.
Para ajustar esa historia de los inicios de Equitas, valdría agregar que en el periodo 2002-2008 ocurrió el mayor número de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Colombia, en el contexto del conflicto armado, crimen que hoy compete en la investigación a la Jurisdicción Especial para la Paz y a cuyas víctimas busca, de forma extrajudicial, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
Hasta el momento, Equitas, incluso en su etapa de cierre, continúa siendo el único equipo profesional e independiente en Colombia que realiza trabajo forense, desde disciplinas científicas en diálogo como la antropología, la geología, la biología, la psicología y las humanidades, por lo que el fin de sus actividades deja un vacío en la búsqueda de las cerca de 135 mil personas desaparecidas que hay en el país, según cifras de la UBPD.
En particular, Equitas —cuyo nombre extendido es Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial— ha desarrollado metodologías y análisis con rigor técnico y científico para contribuir a la búsqueda e identificación de personas en cementerios, montañas, ríos y esteros; determinar y compilar datos en casos de ejecuciones extrajudiciales, y acompañar, asesorar y hacer recomendaciones en medidas cautelares emitidas en el contexto de la justicia transicional, al igual que en el Plan Nacional de Búsqueda y en diversas políticas públicas relacionadas con la desaparición forzada, la gestión de cementerios y el tratamiento de información en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
La abogada y directora de Equitas, Angie Fernández Gómez, explica en esta entrevista las razones detrás de la decisión y plantea la necesidad de que el “legado” de la organización, constituido por un acervo documental extenso y por las líneas de trabajo trazadas a lo largo de 21 años, quede en manos de las personas, colectivos e instituciones que persisten en la búsqueda de los desaparecidos, la verdad y la justicia.
Actualmente, el equipo interdisciplinario, conformado mayormente por mujeres, se enfoca en lograr el cierre técnico a los procesos que desde hace tiempo vienen acompañando —casos jurídicos, medidas cautelares, pedagogías, actividades de incidencia—, así como concluir el proyecto de construcción de una red de jóvenes por la paz y la reconciliación territorial, que realiza junto a la Corporación Humanitaria Reencuentros y la Corporación Solidaridad Jurídica.
Sorprendió un poco el comunicado de Equitas en el que anuncian el cierre de la organización. ¿Es una decisión y situación que viene de hace tiempo, o se debe a un problema reciente?
En realidad sí es algo que viene desde hace un tiempo. Ya no es un secreto para ninguna organización que desde hace por lo menos tres años, la cooperación internacional se ha reducido significativamente para asuntos que tienen que ver con el acceso a la justicia, con aspectos humanitarios y en particular con la búsqueda de personas desaparecidas.
Los diferentes actores que participaban y apoyaban iniciativas en este sentido han ido o saliendo de Colombia o reduciendo de manera muy progresiva el monto de los apoyos. Hace unos tres años, el equipo de Equitas era de más o menos veinte personas; el año pasado cerramos siendo doce personas. Además, creo que parte de lo que ocurrió es que mucha gente pensaba que, como continuábamos haciendo muchos trabajos y una cantidad considerable de actividades, nosotras recibíamos recursos; incluso nos han preguntado si recibíamos recursos de la JEP o de la Unidad de Búsqueda, y en realidad no: funcionamos en un 98% de recursos de la cooperación y en un 2% por consultorías o acciones específicas de análisis técnicos puntuales.
Aun así, nosotras seguíamos trabajando y respondiendo a muchas actividades, pero al valorar el año pasado, la conclusión a la que llegamos es que no tenemos cómo continuar haciendo esas labores de la manera en la que veníamos haciéndolo.
¿Con qué socios de la cooperación o países interesados en los derechos humanos trabajan ustedes?
Equitas tiene una historia y una trayectoria en el país de más de veinte años, en los que recibió cooperación de la Unión Europea, de la embajada de Estados Unidos, del PNUD en varias ocasiones, del Fondo Multidonantes, de la Agencia Alemana de Cooperación, de la Embajada de Suiza, de Suecia, de Noruega… De un montón de agencias y embajadas a lo largo de su historia.
Y para tener más o menos una idea del presupuesto de antes de esta crisis, si comparamos 2022 al 2025, ¿cómo fue esta financiación?
Para veinte personas, el presupuesto anual de Equitas rondaba los 1000 millones de pesos. Y el año pasado llegó a ser de un 55% de ese monto. Nuestra preocupación es este año y la continuidad para el próximo, porque en 2026 estamos cerca del 40%, pero respondiendo a un proyecto puntual en el que hemos venido trabajando desde hace dos años; luego de esto, ya no contamos con más recursos.
¿A qué se debe este esta falta de financiación?
Nosotros atribuimos la falta de financiación a distintos factores. Uno es el hecho de que al tiempo que Colombia viene implementando el Acuerdo de Paz, en otros países se sufren situaciones de guerra y conflictos que tienen impactos humanitarios muy graves. Entonces, a la hora de valorar hacia dónde enfocar los esfuerzos, la cooperación se ha enfocado sobre todo en atender esas crisis; se entiende que Colombia, pese a tener situaciones de conflicto que persisten, si se compara con otros países donde la situación humanitaria es tan grave, queda, si es válido decirlo, en un segundo plano.
Hubo, pues, una reducción global de la cooperación en general, no solamente de Estados Unidos. Pero en cuanto a la cooperación de Estados Unidos para Colombia, esto tuvo un impacto también bastante grave, no solo por el cierre de USAID —a inicios de 2025—, sino porque Estados Unidos era quizás el donante principal de la cooperación en Colombia para temas de derechos humanos. Algunas cifras hablaban de que el 70% de la cooperación internacional de Colombia venía de Estados Unidos.
Y si bien, en nuestro caso, no teníamos en ese momento un proyecto firmado con USAID, sí tuvimos un efecto derivado de esa decisión, porque, por ejemplo, algunas entidades con las que nosotras habíamos ofrecido algunas consultorías o apoyos sí recibían recursos de Estados Unidos, y al dejar de recibirlos, estas entidades ya no podían contratar ningún tipo de análisis o servicio técnico. Eso nos impactó mucho.
También el hecho de que existan instituciones ya creadas en el marco del Acuerdo de Paz hizo que la atención nacional e internacional se centrara en poder fortalecer estas instituciones, como la Unidad de Búsqueda y la JEP, y no necesariamente en apoyar a organizaciones como la nuestra.
Desde Hacemos Memoria nos preocupa que algunos temas se queden acaso huérfanos en Colombia, como la especialidad en búsquedas de desaparecidos en agua o en los ríos, porque sabemos que es Equitas la organización que tiene esa experticia. ¿Qué podría pasar con ese vacío?
No podría darte una respuesta. Nosotras creemos que Equitas ha hecho muchos aportes ya a la búsqueda de personas desaparecidas, y que esos aportes están en manos de las familias, de las víctimas y de las instituciones.
Específicamente en el tema de agua, por ejemplo, Equitas ha presentado varios peritajes ante la JEP; presentó algunas propuestas a la UBPD con respecto al estero de San Antonio, a Hidroituango, al río La Miel. Esas propuestas se construyeron, se entregaron los resultados preliminares, y quedó en manos de las instituciones el poder continuarlas.
Nuestra apuesta es que todo este trabajo pueda ser usado y aprovechado por las instituciones y las personas buscadoras.
La preocupación que tenemos es porque sí creemos en la necesidad de que existan entidades, organismos, grupos de personas independientes, es decir, fuera de las instituciones del Estado, que puedan dar una asesoría y un apoyo técnico a las familias, a las organizaciones, y que puedan dar su opinión y su versión de cómo debe adelantarse un proceso de búsqueda técnico, riguroso, y usando elementos científicos.
Del seguimiento a las medidas cautelares como la del estero de San Antonio, en Valle del Cauca, ¿se lograría un cierre al trabajo o quedarían etapas pendientes? ¿Cómo se afectaría el trabajo de las entidades que tienen a su cargo esas medidas?
Hacer un cierre de estos trabajos va a resultar difícil, porque los tiempos no dependen de nosotras, sino que dependen de las instituciones, y porque hay procesos que implican un trabajo mucho más a largo plazo para poder dar un cierre completo.
En muchos de estos casos, nuestro cierre consiste en informar a las organizaciones que venimos acompañando, anunciar que esto va de esta manera y poder hacer la entrega de documentación en algunos casos que requieren informes.
Tenemos aún pendiente decisiones sobre, por ejemplo, el estero de San Antonio. Estamos revisando todo, porque justamente hace poco se dio una orden por parte de la JEP que nos involucra, pero estamos en la posición de responder que no podemos cumplir esa orden dado que no tenemos recursos para hacerlo. En el resto de medidas, nuestra posición es pedir formalmente la desvinculación para poder continuar con el cierre institucional.
¿El cierre sería total?
Por ahora hablamos de cierre institucional referido a esta carga de compromisos y de responsabilidades. Y el proceso legal de hacer el cierre organizacional implica otros tiempos, unas dinámicas que están establecidas por la ley y que se tramitarían el año siguiente.
Eso implicaría tomar decisiones frente a todo. Por ejemplo, Equitas cuenta con una biblioteca que ha venido construyendo desde hace veinte años, con documentos importantes sobre temas de derechos humanos y forenses; con libros que creo que son los únicos que hay en el país. Entonces estamos en esa discusión de qué sigue. También nos implica hacer una revisión de la documentación fruto del trabajo con familias buscadoras. Todas estas son cosas que esperamos ir resolviendo progresivamente.
Lo que quisiéramos, aunque evidentemente es una noticia triste, es que quede el legado (aunque no me gusta mucho la expresión de “legado”); que queden todas las bases y las apuestas que como Equitas tuvimos durante estos años a disposición de las familias, sobre todo de las personas encargadas de la búsqueda y de quienes piden acceso a la justicia.
¿Cuáles considera que han sido algunas de las experiencias más significativas de Equitas y que constituyen parte de ese legado?
La búsqueda de personas desaparecidas en escenarios de agua es quizás una de las experiencias más relevantes, porque no hay un grupo que en Colombia lo haga —y en realidad son muy pocos y muy recientes los grupos que hacen esto en el mundo—. Ha sido una apuesta innovadora que surgió de una de las integrantes de Equitas con su tesis de maestría y que se ha convertido en algo que hace parte de la médula espinal de Equitas. Ese trabajo es fundamental, no solamente por lo que implica la búsqueda en agua en un país como Colombia donde se presume que hay más de 2000 personas que podrían haber sido arrojadas a escenarios acuáticos, sino porque de allí nació una certeza, una forma de hacer: que en la búsqueda de las personas desaparecidas es importante utilizar todas las estrategias tecnológicas que se tengan a la mano y hacer todos los intentos de búsqueda posible antes de decirle “no” a un familiar, de decirle que no es posible encontrar a nadie.
Otra experiencia que me parece a mí bastante relevante es el pensar en cómo con la información disponible que se tiene, con los datos de contexto, con la información de diferentes actores, se logran establecer modelos predictivos, estadísticos, para intentar ubicar fosas. Y hago énfasis en que son modelos, es decir, no son certezas, y son predictivos porque parten de hipótesis, pero que creemos que también son un trabajo bastante interesante, porque muestra que se pueden utilizar la estadística, la geología, y otro tipo de ciencias y herramientas pensados en la búsqueda.
Además de estos aportes a la búsqueda de desaparición, ¿cómo han trabajado por ejemplo en casos de ejecuciones extrajudiciales?
Equitas ha apoyado también de manera muy fuerte casos de ejecuciones extrajudiciales, y quizás esto no se supo tanto, pero para nosotros un aporte muy importante fue el análisis de cerca de 600 casos; casos en donde logramos determinar desde el punto de vista forense que había indicios y elementos para considerar que más del 90% de esos casos analizados correspondían a ejecuciones extrajudiciales, pero, además, que uno podría identificar algunos en los que no solamente se dio una ejecución extrajudicial, sino que la persona, si hubiese sido atendida de manera adecuada y pronta, podía haber sobrevivido.
Consideramos que estos datos estadísticos no se han usado suficientemente en el análisis de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, y podrían ser un insumo relevante, incluso no solo para los casos de los falsos positivos —como son conocidas estas ejecuciones del periodo 2002 a 2010—, sino también para casos anteriores, porque nos muestran un análisis bastante profundo de cuáles son los tipos de lesiones, qué tipo de armas se utilizan, cómo pasa en una guerra real, cómo pasa en un contexto que no es de guerra, etc.
¿Qué proyectos o apuestas destacarías que se volvieron también parte medular del trabajo de Equitas?
Otro trabajo muy importante ha sido lograr establecer un diálogo entre las ciencias forenses y las creencias que tienen diferentes comunidades y pueblos. Ese diálogo intercultural ha sido aplicado, es decir, no solamente ha sido teorizado, sino que lo hemos podido ver en casos concretos, como en el de la comunidad de Bojayá, en el de algunas comunidades ancestrales de Caldas y en su momento en comunidades de la Guajira.
Y por último nombraría dos apuestas más. Una, la apuesta frente al tema de isótopos, que es básicamente lograr tener algunas herramientas o insumos desde el punto de vista de la biología para tratar de establecer hipótesis con respecto a de dónde proviene un cuerpo que no logró ser identificado. Esta es una estrategia que sí se ha usado en otras partes del mundo y que en el caso de Equitas buscábamos que se implementara de manera continuada en Colombia, porque tenemos un número altísimo de cuerpos no identificados.
Creo que todas las estrategias de análisis de información y análisis de datos también las dejamos a disposición. En su momento, Equitas puso una alerta muy importante frente a la necesidad de saber cuántas son las personas desaparecidas en el país, no con el ánimo de ponerle a un desaparecido un número, sino con el ánimo de entender la magnitud de la desaparición, pero además de entender qué necesitamos para resolver esa magnitud. Y creo que los análisis estadísticos frente al universo, frente a cómo ver las estadísticas, a cómo interpretar ciertos patrones, y cómo eso me sirve para la búsqueda y también para analizar otras violaciones a derechos humanos, ha sido parte de nuestras apuestas de largo plazo.
Resalto esas experiencias como parte de la estructura medular de Equitas.
¿Este cierre institucional es de alguna manera reversible?
En el comunicado dijimos que en la medida en que podamos tener eventualmente recursos para continuar, más allá de lo que tenemos previsto este año, podríamos hacerlo.
Pero, en realidad, la situación ha llegado a que estamos funcionando con recursos muy limitados y conseguir el 70% de lo que nos faltaría para poder continuar es algo sumamente difícil.
Hemos tenido, por fortuna, la respuesta de muchos aliados, de personas que han dicho “para nosotros es muy importante el trabajo de Equitas”. Hemos recibido mensajes de solidaridad que incluyen propuestas de qué tenemos que hacer, a quién tenemos que acudir, cómo podemos apoyar, y esto nos llena de mucho ánimo, porque da cuenta de un trabajo de más de veinte años que ha tenido impacto en la vida de las personas. Sin embargo, es difícil el momento, porque no tenemos una respuesta frente a cómo alcanzar estos recursos.