La disolución del GRUBE por parte de la Fiscalía General de la Nación genera preocupación entre víctimas y buscadores, quienes advierten un retroceso en la verdad, la confianza y la efectividad de la búsqueda de desaparecidos en el país.
Por Emmanuel Zapata Bedoya.
Foto: Unidad para las Víctimas.
La Fiscalía General de la Nación implementará una modificación estructural que impactará directamente en la gestión de los expedientes de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, un universo que exige mecanismos especializados. La decisión de disolver el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, conocido como GRUBE, lo que implica transferir sus funciones a la justicia ordinaria, ha generado una tensión entre el discurso institucional de fortalecimiento de la búsqueda y la percepción de retroceso por parte de las víctimas y las organizaciones de buscadoras en el país.
El ente investigador, en cumplimiento de su direccionamiento estratégico, anunció la medida por medio de un comunicado interno que compartió a los fiscales del GRUBE en el mes mayo, argumentando que se busca un fortalecimiento de las capacidades para avanzar en la tarea de búsqueda a nivel nacional. La entidad expresó que esta transformación tiene el objetivo de enaltecer “el rol propositivo de la policía judicial”, concibiéndolo como un grupo de profesionales dinámicos que plantean líneas de acción y acompañan los procesos hasta su finalización.
Según la información institucional, la reestructuración conlleva que investigadores con “amplia experiencia técnica y capacidades en análisis criminal” sean los responsables de dirigir las acciones relativas a la exhumación, la identificación forense y la entrega digna de las personas dadas por desaparecidas. Los fiscales que hasta el momento desempeñaban sus labores dentro del GRUBE serán reasignados para efectuar la acción penal en distintas seccionales. Esta movilización de personal se justifica en la necesidad de que contribuyan a la administración de justicia y al “impacto al crimen organizado en las regiones del país”, afirma la entidad.
La Fiscalía, en su comunicado, no precisó desde cuándo comenzará a regir la medida, pero reiteró su compromiso con la investigación penal y aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas seguirá siendo una prioridad institucional. Sin embargo, la disolución del GRUBE también obedece a un proceso de reorganización institucional más amplio: desde la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), este organismo asumió la función principal de coordinar los esfuerzos de búsqueda a nivel nacional.
Tanto la Fiscalía como la UBPD hacen parte del Sistema Nacional de Búsqueda, una estructura interinstitucional que busca articular las acciones de investigación judicial, humanitaria y forense. En ese contexto, la disolución del GRUBE representa no solo un cambio operativo, sino también un reacomodo dentro de un sistema que pretende evitar duplicidades y optimizar la respuesta del Estado frente a las más de 130 000 personas desaparecidas en Colombia.
Un golpe a la búsqueda y a la confianza de las víctimas
La respuesta de las organizaciones de víctimas frente a la reestructuración anunciada por la Fiscalía contrasta con la narrativa oficial de “fortalecimiento”. Para Luz Amparo Mejía, víctima y buscadora del colectivo Madres de la Candelaria y de la red de buscadoras, la decisión es “deplorable”.
Su principal crítica se centra en la desaparición de un grupo con dedicación exclusiva a la búsqueda. “La Fiscalía metió a los fiscales del GRUBE en la misma bolsa de los fiscales ordinarios. Gracias a la existencia del GRUBE, al menos las organizaciones y las víctimas sabíamos que había unos fiscales dedicados a esa labor”, señaló.
Desde la perspectiva de las familias buscadoras, la medida representa un retroceso en los avances logrados en materia de esclarecimiento. “Yo siento que retrocedimos años luz. En vez de fortalecer el instrumento, nos lo quitan. Esta acción institucional genera la percepción de que la Fiscalía trabaja en pro de la impunidad y no de la verdad”, afirmó Mejía.
La vocera insistió en que la decisión debía orientarse hacia el robustecimiento del mecanismo especializado, en lugar de su eliminación: “La determinación correcta hubiera sido fortalecerlo, porque hoy se necesitan más fiscales como los del GRUBE, con humanidad y dedicación en el tema de la búsqueda”.
Por su parte, Luz Mery Velázquez, vocera de la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada en Antioquia y víctima por la desaparición de su esposo Julián Emilio Cataño Carmona, cuestionó la reestructuración de la Fiscalía en el marco de la metodología de búsqueda.
Velázquez expresó que, en su modalidad ordinaria, la Fiscalía “no busca de manera efectiva. Históricamente opera bajo una lógica de búsqueda individual según un proceso, una búsqueda marcada por la lentitud y la dependencia de la información que nosotros, las víctimas, les damos”.
Esta metodología, advirtió, resulta insuficiente frente a la magnitud de la tragedia nacional. Recordó que el universo de víctimas de desaparición en el contexto del conflicto, según la UBPD, supera las 132 000 personas, de las cuales los paramilitares serían responsables de entre 60 000 y 70 000 casos. La lideresa resaltó que el GRUBE, en el marco de Justicia y Paz, logró la recuperación de cerca de 9000 cuerpos.
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El temor de Velázquez se centra en el futuro de los expedientes que migran de Justicia y Paz a la jurisdicción ordinaria. “Los casos se van a quedar muertos”, lamentó.
No obstante, reconoció una posible ganancia técnica en el cambio: “La Fiscalía se benefició porque ahora tendrá fiscales entrenados y especializados en búsqueda de cuerpos gracias a la labor previa del GRUBE. Ellos podrían acompañar, desde otros espacios, las búsquedas de nuestros desaparecidos”. Insistió en que esta ventaja no resuelve el problema de fondo, pues “la Fiscalía no es capaz y no ha sido capaz de realizar búsquedas masivas”.
El líder y buscador de San Luis, Antioquia, Nelson Duque analizó la decisión de la Fiscalía desde la perspectiva del territorio y la colaboración comunitaria. Recordó que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) no cuenta con el músculo suficiente para atender regiones como el Oriente antioqueño, que registra cerca de 4000 desaparecidos según la misma entidad. En ese contexto, la finalización del GRUBE se suma como un nuevo golpe a la débil capacidad institucional.
Para Duque, la estrategia de trasladar las investigaciones a la Fiscalía ordinaria resulta “desacertada”, pues incrementa la desconfianza en las comunidades. Explicó que la lógica judicial puede aumentar el temor de ser involucrados en los procesos, lo que desincentiva la colaboración de quienes tienen información clave.
“Desde el territorio se ve esta reasignación como una traba a los procesos, que complica la búsqueda. La prioridad siempre debe ser aumentar la institucionalidad, no reducirla, ya que las posibilidades de encontrar son escasas”, señaló.
Su llamado a la Fiscalía es claro: evitar no solo la desaparición del GRUBE, sino también fortalecer los canales de búsqueda con un enfoque estrictamente humanitario.
“La Fiscalía debería promover activamente la idea de que las personas pueden entregar información sin el riesgo de ser judicializadas. Un enfoque excesivamente judicializado amenaza la colaboración de excombatientes o firmantes, quienes han estado ayudando en el proceso de búsqueda. Eso cierra las posibilidades de esclarecimiento para las familias. La búsqueda debe centrarse en el carácter humanitario, buscando que mucha gente pueda sanar su dolor”, dijo Duque.
La decisión de eliminar el GRUBE deja en evidencia la brecha entre el discurso institucional y las expectativas de las víctimas. Mientras la Fiscalía insiste en que la reestructuración busca fortalecer las capacidades investigativas, desde los territorios y colectivos de personas buscadoras se percibe como un retroceso que erosiona la confianza y compromete la efectividad en la búsqueda de los desaparecidos.
Las voces de Luz Amparo Mejía, Luz Mery Velázquez y Nelson Duque coinciden en señalar que lo que está en juego no es únicamente un asunto técnico, sino el sentido humanitario de la búsqueda y la posibilidad real de avanzar en el esclarecimiento de la verdad.