Las entidades a cargo del Plan de Intervención Forense de La Escombrera trabajan en la gestión de recursos con la cooperación internacional y el Gobierno nacional para garantizar la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín.
Por Margarita Isaza Velásquez
Foto de portada: JEP
Al menos veinte profesionales y técnicos continúan en los trabajos manuales de búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, en tanto las entidades a cargo liberan los recursos económicos para contratar la maquinaria amarilla que realiza las excavaciones en profundidad.
El lunes de la semana pasada se filtró a la prensa una carta de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero, dirigida al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, en la que anunciaba que “a partir del 31 de marzo, la UBPD carecerá de recursos para sufragar el componente de obra civil (maquinaria pesada y personal de la obra). No obstante, se mantendrá el equipo técnico forense para que realice el monitoreo de alta intensidad y el análisis más sistemático y detallado del material recuperado”. La carta tiene fecha del 21 de marzo.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) que acompaña al colectivo Mujeres Caminando por la Verdad (MCV), dijo este domingo 6 de abril, al término de una reunión, realizada en La Escombrera, entre representantes de la JEP, la CJL, MCV y la Alcaldía de Medellín, junto a una delegación del Gobierno de Noruega, que “El anuncio de la UBPD sobre la falta de recursos para continuar toda la prospección generó una situación muy compleja, de desgaste, de revictimización de las mujeres; pero creo que ha sido importante lo que ha venido pasando en los diálogos con la UBPD y con la JEP, en el sentido de que se están haciendo todos los esfuerzos para superar este problema y esta crisis”.
Desde ese lunes 31 de marzo han ocurrido conversaciones entre las entidades para destrabar los recursos que permitan continuar con la obra civil, reanudación que a la fecha está a la espera de trámites administrativos.
Consultada sobre este asunto, la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, expresó que, desde el envío de la carta mencionada, “ha habido articulación permanente con la JEP, la Alcaldía de Medellín y diversas mesas de trabajo para evaluar la posibilidad de suscribir un convenio interadministrativo o hallar otras alternativas que permitan sufragar las actividades de obra civil en La Escombrera”.
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Así mismo, el alcalde Federico Gutiérrez anunció ese día en redes sociales que el distrito aportaría 2000 millones de pesos para continuar con las excavaciones, obedeciendo a las órdenes de la JEP. Ese anuncio fue confirmado por el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila, en la reunión realizada este domingo en La Escombrera. Allí, la administración municipal ha realizado antes labores impuestas por las medidas cautelares, como la adecuación del polígono de excavación, lo que incluye el sistema de drenaje, y la instalación de inclinómetros y piezómetros, obras necesarias para la ejecución de la quinta fase del Plan de Intervención Forense, que es la que se encuentra en desarrollo.
En la comunicación establecida con la Unidad de Búsqueda, la directora general le manifestó a este medio que, “con un gran esfuerzo presupuestal, la UBPD mantiene su compromiso de sostener el equipo forense y la logística que ello requiere por el tiempo que dure la intervención; al igual que la mano de obra no calificada durante el mes de abril, tiempo requerido por la Alcaldía para finalizar los procesos contractuales que le permitan asumir el componente de obra de la intervención y con el propósito de que las acciones forenses no se detengan”.
Esto significaría que al finalizar este mes, la UBPD concentrará sus esfuerzos, más allá de la prospección, excavación y exhumación, en actividades específicas como la actualización y depuración del universo de personas desaparecidas del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá, sector Comuna 13 y La Escombrera; el levantamiento de solicitudes de búsqueda; la recolección de muestras biológicas de familiares de personas que cuenten con solicitud de búsqueda; el rastreo de aportantes de información valiosa para la investigación humanitaria y extrajudicial; el desarrollo de acciones arqueológico-forenses en el polígono de La Escombrera y de monitoreo de alta intensidad; y el sostenimiento de la mano de obra no calificada que brinda asistencia a la intervención, entre otras.
Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, expresó en la reunión del domingo que se están haciendo “todos los ejercicios de articulación con las autoridades competentes para contar con los recursos que permitan continuar la búsqueda”. En específico, mencionó el fortalecimiento y la adición de personal en los equipos forenses, e informó que la búsqueda en La Escombrera está garantizada al menos por un año; así mismo, que el PNUD, con recursos aportados por el Gobierno de Noruega, destinará presupuesto para la atención psicosocial a los familiares de las víctimas de desaparición.
En la reunión de este domingo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Andreas Motzfeldt Kravik, y el embajador de ese país en Colombia, Nils Martin Gunneng, recorrieron el sitio de las excavaciones, se acercaron a las familias buscadoras y expresaron su apoyo al proceso transicional que lidera la JEP.
Previo al encuentro en La Escombrera, los magistrados Ramelli y Gustavo Salazar lideraron la entrega digna a los familiares, de una de las personas halladas e identificadas entre diciembre y enero en ese sitio de inhumación.
El Plan de Intervención Forense en La Escombrera implica el trabajo articulado de entidades del Sistema Integral de Paz, como lo son la JEP y la UBPD, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al igual que la participación de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, cada una de ellas con responsabilidades específicas, según lo definido a partir del Auto AI-010 de 2020 y en las órdenes vinculadas a las medidas cautelares.
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Las personas buscadoras insisten en la necesidad de que se mantenga y fortalezca la articulación entre todas las entidades, para darle así continuidad al proceso por el que tanto han luchado, y no haya lugar a interrupciones o suspensiones que las revictimicen. Al respecto, el magistrado Salazar, como jefe de la investigación judicial que corre a cargo de la JEP, expresó que las víctimas pueden estar tranquilas, porque las actividades del Plan de Intervención Forense están garantizadas desde el presupuesto y las órdenes dadas por esa entidad transicional.
La UBPD, corta de presupuesto
Más allá de las dificultades de diálogo interinstitucional que se evidenciaron con la suspensión temporal de la obra civil en La Escombrera, la Unidad de Búsqueda manifestó su preocupación por la limitación de recursos asignados a la entidad desde el Presupuesto Nacional de 2025 y por el incremento de responsabilidades derivadas de normativas en vigor desde 2024.
“Cada año la entidad ha solicitado al Estado colombiano el presupuesto que le permite operar en punto de equilibrio; sin embargo, el presupuesto asignado siempre es inferior al proyectado para satisfacer las necesidades básicas de esta institución, afectando de esta manera el desarrollo de muchas intervenciones complejas, entre ellas La Escombrera”, afirmó Luz Janeth Forero, directora general de la UBPD.
Según la información allegada por la entidad, su presupuesto asignado en 2025 fue de 193 842 millones de pesos; 26 543 millones de pesos por debajo de lo que se había solicitado como necesidades de funcionamiento e inversión, para actividades relacionadas con el avance de las investigaciones en todos los planes de búsqueda en el país, y responsabilidades como las vinculadas a las leyes de Mujeres Buscadoras (Ley 2364 de 2024) y Víctimas (Ley 2421 de 2024, reforma de la Ley 1448 de 2011) y al recién creado Sistema Nacional de Búsqueda. La UBPD, asimismo, debe atender el cumplimiento de las órdenes de búsqueda provenientes de instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la búsqueda activa de cerca de 4000 personas que se presumen vivas, dentro de las 124 734 que hacen parte del denominado Universo de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia.
“Desde la Dirección General, la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Jurídica y la Subdirección General, Técnica y Territorial, se han realizado diversas acciones de incidencia, transmitido mensajes de alerta en reuniones y mesas de trabajo, y elevado comunicaciones al Gobierno nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz, para que se aumente el presupuesto de la UBPD y no se limite su marco de acción presupuestal, en consideración a la necesidad de garantizar el derecho a la búsqueda de las personas buscadoras y se tenga en cuenta el carácter transicional de la entidad, en que el tiempo es limitado para ejecutar las acciones que le corresponden”, puntualizó Luz Janeth Forero en comunicación con Hacemos Memoria.