El Programa Somos Defensores se ha destacado por la implementación de procesos pedagógicos y de protección a líderes en Colombia, en los que ha trenzado lazos con diversas organizaciones y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país. Hacemos Memoria conversó con Astrid Torres, su actual coordinadora, sobre la labor de esta entidad no gubernamental. En sus respuestas pueden leerse las dificultades, las implicaciones y la férrea persistencia que subyacen a esta experiencia incansable de la sociedad civil.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Programa Somos Defensores
El 29 de febrero de 2024, el Programa Somos Defensores cumplió 25 años de existencia. La organización no gubernamental se enfoca en la protección a personas defensoras de derechos humanos, a través de una propuesta que busca prevenir agresiones y defender a aquellos que resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia en Colombia. Esta entidad está conformada por la Asociación Minga, Benpostal Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
De acuerdo con su reseña histórica, el Programa Somos Defensores se creó como respuesta a los graves ataques contra la vida de defensores, líderes y organizaciones sociales, luego de los asesinatos de los defensores Mario Calderón y Elsa Alvarado en 1997, en Bogotá. Para ese año, diversas organizaciones sociales llamaron la atención del país para evitar más muertes, el exilio o la fragmentación de los procesos sociales.
En 1999, las organizaciones sociales Benposta Nación de Muchachos, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Educación e Investigación Popular (CINEP) y la Asociación Minga crearon el programa no gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PDDH).
En la actualidad, la entidad cuenta con cinco líneas de trabajo, entre las que se destaca la protección directa, que brinda apoyo a defensores y líderes sociales que deban salir de las zonas de riego hacia otras ciudades del país o hacia el exterior, de manera temporal.
Además, sus profesionales documentan, investigan y sistematizan los casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de producir y divulgar información permanente sobre este sector poblacional, tarea que realizan con el apoyo de 500 organizaciones sociales distribuidas en diferentes regiones del país.
Entre 2020 y 2022, Hacemos Memoria trabajó de manera articulada con el Programa Somos Defensores en un proceso de formación para periodistas de todo Colombia, y en la investigación y realización de 24 historias sobre organizaciones que defienden los derechos humanos, en territorios tan disímiles como Tumaco, Cúcuta, Bogotá y Barrancabermeja. Como resultado de estos procesos, en 2022 se publicaron los libros Defender la vida, Defender el territorio y Defender los pueblos.
Hacemos Memoria conversó con la defensora de derechos humanos, socióloga y coordinadora del Programa Somos Defensores Astrid Torres, sobre cómo han sido estos 25 años en la defensa y protección a personas defensoras de derechos humanos en Colombia, cuál es la situación actual de los defensores y cuáles son los retos a los que se enfrentan en el contexto actual y de cara al plazo de implementación del Acuerdo de Paz.
Foto: Verdad Abierta.
¿De qué se trata el programa de protección a personas defensoras de derechos humanos de Somos Defensores?
Es una protección colectiva e integral, está pensada de manera multidimensional, que reconoce los campos de la individualidad, la colectividad y lo comunitario. Es una protección que atiende y trabaja los temas psicosociales, de género y lo étnico.
También reconoce las prácticas espirituales, puesto que las comunidades indígenas, afros, campesinas y urbanas tienen una cosmovisión propia, y eso es importante a la hora de la protección.
Además, hablamos con las organizaciones y realizamos pedagogía sobre cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las rutas de atención si eres defensor de derechos humanos y te agreden, y cuál es la ruta colectiva para atender los casos de las organizaciones.
También estamos exigiendo un cambio en el modelo de protección en el país, que debería ser mucho más integral, en lugar de ser principalmente reactivo, individual y centrado en lo material, como lo brinda actualmente el Estado.
¿Cuáles son los desafíos a los que la organización se enfrenta al momento de proteger a los defensores de derechos humanos?
Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, como el Programa Somos Defensores, pueden estar con un riesgo latente, precisamente porque hacen un trabajo de protección de quienes son agredidos por los actores armados, ya sean legales, ilegales o por políticas estatales. Entonces nosotros y el resto de defensores y defensoras podemos tener riesgos obviamente diferenciales, pero uno de los principales puede ser justamente ese asunto de la estigmatización o la criminalización de nuestra labor.
Otro riesgo es desbordarnos: tener tal números de casos que puedan exceder nuestra capacidad. Si bien este no sería un riesgo extremo, hay que entender que este es un proceso de la sociedad civil que tiene sus limitantes. Para superarlo buscamos aliarnos con otras organizaciones y poder tener más cobertura, y a su vez, exigirle al Estado que cumpla con su deber de garantizar la protección a las personas defensoras de derechos humanos.
A medida que los riesgos en el país aumentan, especialmente para los líderes y lideresas, organizaciones como Somos Defensores, que se desplazan a territorios, realizan trabajos formativos y de sensibilización, también pueden enfrentar agresiones. No estamos exentos de la situación general que enfrenta el país respecto a quienes defienden los derechos humanos.
¿Cuáles son las deficiencias que su organización ha identificado dentro de las estrategias del Estado para la protección de personas defensoras de derechos humanos?
El año pasado, el Programa Somos Defensores juntos a Sisma Mujer, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la FLIP hicimos un encuentro sobre el modelo de protección y la necesidad de cambios, en el que identificamos diversas variables.
Entre estos aspectos se encuentran la desarticulación institucional y un amplio número de normas; hay más de treinta. Estos dos elementos dificultan un modelo preventivo y de protección efectivo, pues el actual no es ágil.
También hay un desequilibrio entre las estrategias de prevención y protección. En Colombia el modelo está centrado en la protección, y esta recae principalmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no debe ser la única entidad que proteja a los defensores de derechos humanos.
Las medidas del Estado están basadas siempre en lo inmediato, en las medidas materiales e individuales, o sobre la emergencia. Nosotros creemos que este desbalance impide que se desarrollen las estrategias de prevención, lo que podría enfrentar las causas estructurales que generan la violencia selectiva en el país.
La falta de respuestas a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre ciertos territorios en riesgo, impide el desarrollo de un modelo preventivo y de protección. Además, los casos de impunidad son muy altos, llegan a un 94%. La ausencia de sanciones o investigaciones, no solo a los autores materiales sino también a los intelectuales, envía un mensaje a los determinadores, un mensaje de que pueden estar tranquilos y agredir a los defensores de derechos humanos, sin alguna sanción.
En el encuentro también hablamos sobre las concepciones militaristas de la UNP, y la tercerización de sus funciones, en la que el 80% de las medidas prácticamente están tercerizadas, según delegados de la entidad. La falta del enfoque étnico y de género son sumamente graves, porque los protocolos no son acordes a la realidad de los grupos poblacionales o de las personas que los solicitan.
Los análisis de riesgo a nuestro juicio son inadecuados, son centralizados y muy pensados desde el escritorio. No hay un enfoque diferencial dependiendo del grupo poblacional o sobre las dinámicas de los territorios.
¿Cuál es la situación actual de los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia?
La situación de los líderes y las lideresas sigue siendo muy preocupante. Necesitamos que el Gobierno nacional realmente le meta acelerador a este tema a través de la política pública de garantías que puede ayudar a detener la violencia, y que en el plan de emergencia se pueda hacer un balance, pero realmente queda muy poco tiempo, si bien se pueden priorizar algunas acciones específicas en ese plan para responder a esta situación.
En los diálogos de paz con los actores armados, el tema de los defensores y defensoras debe ser una línea roja que ya no se puede cruzar. Además, es necesario que se realice la elección rápida de la fiscal de la Fiscalía General de la Nación, ya que el tener un 94% de impunidad en los casos de líderes sociales en los últimos años evidencia que estamos experimentando una grave crisis en materia de justicia.
¿Cuáles son los desafíos futuros de Somos Defensores?
Por ahora vislumbramos muchos mientras la situación siga de esta manera. Nosotros nacimos como una organización para la protección de líderes y lideresas, para aportar en el movimiento de derechos humanos en la exigibilidad de garantías. No avizoramos un cambio alentador en el país; nos gustaría llegar a un momento en que nuestra labor se transformara hacia otros temas, pero la verdad es que los retos van a ser enormes. El primero es quizás cómo continuar incidiendo para que haya un cambio real en el tema de los derechos humanos, para que realmente los defensores y defensoras puedan tener garantías en el ejercicio de su labor.