Las víctimas encontraron en este lugar de memoria un espacio para recordar a sus seres queridos y contarle a la comunidad lo que pasó. Sin embargo, siguen esperando las ayudas que el presidente Iván Duque prometió cuando se cumplieron 20 años de la masacre.
Por Pompilio Peña Montoya
Fotos: Álvaro Tangarife Ortiz
En la entrada al corregimiento de Machuca, en el municipio de Segovia (Antioquia), en una zona que por años estuvo abandonada, fue construido el Parque de la Memoria para conmemorar la muerte de las 84 personas que hace 21 años quedaron calcinadas luego de la voladura de un oleoducto por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Espacios lúdicos, un jardín vertical y un quiosco que está siendo administrado por la misma comunidad, hacen parte del inmobiliario de este lugar de memoria en el que resalta una escultura con unos dedos de bronce se elevan hacia el cielo enseñando las palmas, al tiempo que emerge de ellos el perfil de un fénix que representa el resurgir y la esperanza de una comunidad que, poco a poco, sale adelante.
Las manos de María Cecilia Mosquera, víctima sobreviviente del atentado, sirvieron de modelo al artista Álvaro Tangarife Ortiz, maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional, para que le diera forma a esta escultura que corona el monumento en el que están escritos, en una placa de mármol, los nombres de las víctimas que murieron en la madrugada del 18 de octubre de 1998, cuando la guerrilla del ELN dinamitó el oleoducto ubicado a tres kilómetros del corregimiento. El derrame de crudo y las chispas de la explosión prendieron en llamas el río Pocuné, que rodea la población, ocasionando el incendio de al menos 50 viviendas cuyos habitantes murieron quemados. 42 de las víctimas eran niños, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ver: Machuca, Antioquia; la ilusión a flor de comunidad
En la placa María Cecilia puede leer los nombres de nueve de sus familiares, entre ellos sus tres hijos, su esposo, un tío y una prima. A ella el fuego, literalmente, le arrebató de las manos la vida de sus seres queridos y ahora los recuerda nuevamente a través de este memorial. Pero algunas familias no contaron si quiera con la posibilidad de apreciar los nombres de sus parientes pues, según precisa la placa, entre las víctimas de esta masacre hubo un bebé que aún estaba en el vientre de su madre, cuatros recién nacidos sin registrar y tres personas que no pudieron ser identificadas.
En conmemoración a todas estas víctimas fue que se erigió el Parque de la Memoria, un jardín memorial construido por la Sociedad Oleoducto Central S.A. (Ocensa) como parte del cumplimiento de su plan de inversión social, a través del cual la compañía aportó la gestión de recursos junto a la Corporación Antioquia Presente.
Para María Cecilia lo valioso de este espacio es que ahora los habitantes del corregimiento Fraguas, más conocido como Machuca, podrán contar su historia cuantas veces sea necesario. “Me gusta este homenaje que nos hicieron. Todo el que llega al pueblo y se topa con el parque pregunta quiénes son los de la placa y nosotros le contamos. Lo mismo con los más jóvenes, con los niños, que no vivieron el dolor; les señalamos el nombre de algún familiar cercano y los enteramos de lo que pasó”, comentó.
El difícil camino de la reparación colectiva
Además de ser una sobreviviente de la tragedia, María Cecilia es representante de la población afrodescendiente de Machuca que, junto a los campesinos, emprendieron un proceso de reparación colectiva ante el Estado a través de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas en diciembre de 2014. Proceso que, según ella, ha estado minado de trámites burocráticos.
Al respecto, John Robledo Palacio, líder del consejo comunitario afrocolombiano de Fraguas, explicó que “en este momento los afros estamos en la caracterización para luego seguir con el proceso de consulta previa y después con la implementación de la reparación, tanto colectiva como individual. Nos ha tocado enviar más papeles al Ministerio de Interior y ahora con el coronavirus menos que hemos avanzado”. Lea también: En Machuca esperan que por fin haya reparación colectiva
Mientras surten efecto los trámites para acceder a los recursos y proyectos de la reparación colectiva en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, a John Robledo lo inquieta el proceso tarde demasiado y que los fondos recibidos sean suficientes.
A finales de 2018, el presidente Iván Duque llegó a Machuca para conmemorar los 20 años del suceso que los lugareños denominan ‘La Quema’, y prometió para el corregimiento un monto de tres mil millones de pesos destinados a la reparación colectiva de los dos sujetos de reparación (afros y campesinos), e igual cantidad para la reparación individual.
La escultura en el Parque de la Memoria de Machuca fue hecha por Álvaro Tangarife Ortiz, maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional.
Pero según los cálculos hechos por los líderes de la región, seis mil millones para la reparación colectiva e individual de cerca de 400 familias serían insuficientes. Solo para la reparación colectiva, calculan, se necesitan unos 15 mil millones de pesos, primero, para mejorar las instalaciones y ampliar la cobertura educativa del colegio Rural Fray Martín de Porres; segundo, para adecuar el centro de salud y garantizar la permanencia de un doctor y un par de enfermeras, ya que hoy solo atiende una auxiliar que trabaja cuatro días a la semana; tercero, para mejorar los escenarios deportivos; cuarto, para ejecutar un plan que permita reactivar la vida cultural y el turismo del corregimiento que hoy cuenta con más de tres mil habitantes; quinto, para que Machuca tenga acceso directo con la Autopista del Nordeste, obra que está en ejecución y que conectará a Medellín con la costa Caribe; y sexto, quizás el punto más importante, para garantizarles a las víctimas que hoy no cuentan con tierras la adjudicación de terrenos para que puedan desarrollar actividades de agricultura y piscicultura, ya que gran parte de la población sobrevive de trabajando en fincas y minas algunos días de la semana.
“Por ello y gracias a la alcaldía de Segovia, estamos desarrollando una georreferenciación del territorio con el fin de identificar lotes que puedan estar en venta, así como lotes baldíos”, comentó John Robledo, quien aclaró que la comunidad afro de Machuca está compuesta por tres Consejos Comunales: El Cenizo con 95 familias, El Cristo con 72 y Fragua con 145.
En el caso de la población campesina, agregó Catalina Restrepo Jiménez, enlace de Víctimas del Municipio de Segovia, el proceso de reparación colectiva ha tenido mayores avances. “El colectivo del campesinado está en la formulación del plan y el Ministerio del Interior ya los reconoció como consejo comunitario, un requisito fundamental. Ellos están de acuerdo con las peticiones de los afros, pero hacen mucho hincapié en que es necesaria una atención psicosocial a las familias víctimas del conflicto armado”, explicó la funcionaria.
¿Promesas incumplidas?
Según reportó la Unidad de Víctimas en un comunicado del 24 de octubre del 2019, en Segovia se han invertido en los últimos años poco más de 18 mil 500 millones de pesos y ha indemnizado a 259 víctimas por un valor de 1.591 millones de pesos. También ha realizado inversiones en el colegio y en una unidad productiva de piscicultura, y ha donado ropa, juguetes y electrodomésticos por valor de 280 millones de pesos. Además, durante su visita a Machuca en octubre de 2019, el director de esta entidad, Ramón Rodríguez Andrade, anunció a los líderes la construcción de una placa deportiva, un parque para niños, y se comprometió con la indemnización de 168 víctimas como parte de la reparación individual y colectiva de la comunidad.
Sin embargo, líderes como Maribel Agualimpia, María Cecilia y John Robledo, manifestaron que no conocen a nadie dentro de Machuca que haya recibido una sola indemnización y agregaron que ellos mismos, víctimas de la violencia, nunca han sido notificados de una reparación, salvo por una que otra ayuda humanitaria.
“Esa inversión de 280 millones es falsa. Aquí llegó el año pasado un carrito con implementos, pero fueron pocos y no creo que hayan costado lo que dicen”, manifestó John Robledo, mientras Maribel afirmó que “la Unidad de Víctima sí ha venido, nos hace promesas, pero hasta el momento no hemos visto nada”.
La vida después de la masacre
A las seis de la mañana, de lunes a sábado, los habitantes del casco urbano de Machuca sintonizan en su radio el dial 94.3 FM para escuchar Machuca Digital Stereo. Cada día, lo primero que oyen es la voz de Maribel Agualimpia, quien fundó la emisora un año después de la tragedia gracias a unos talleres de periodismo.
Ella recordó que aquella noche de 1998, entre el fuego, la confusión y los gritos de angustia, el fluido eléctrico quedó inhabilitado, por lo que no funcionaron las dos únicas líneas telefónicas de Edatel para pedir ayuda al casco urbano de Segovia, a una hora y media de distancia por un camino sin pavimentar. Por fortuna, el propietario de la farmacia contaba con una planta eléctrica con la que lograron reactivar el servicio telefónico. Dos horas después del inicio de la calamidad, poco antes de la madrugada, llegaría a Machuca una primera comitiva de rescatistas y médicos.
“Machuca hoy es un pueblo tranquilo, aunque nos hace falta fortalecer mucho nuestra economía y educación, casi no hay empleo en la agricultura y la actividad minera ya no convence a muchos”, comentó Maribel, quien agregó que a duras penas puede sostener la emisora porque no cuenta con patrocinadores ni colaboradores que le ayuden a mantener al tanto de las noticias locales a un pueblo que se considera así mismo abandonado por el Estado.
El Inspector Rural de Fraguas, Diego Montoya Marín, manifestó que el Parque de la Memoria se ha constituido en un lugar de encuentro entre familias, sobre todo en las horas de la tarde. “A Machuca le hacen falta lugares así, tranquilos, para el esparcimiento, la amistad y para recordar y hacer memoria para afianzar lazos”, comentó.
Diego Montoya Marín es el Inspector Rural de Policía de Fraguas. Según él, atrás quedaron los días violentos de los grupos subversivos, aunque reconoció que en las zonas más apartadas de Segovia, colindando con el Bajo Cauca, continúan rondando, y anotó que los homicidios y los desplazamientos no dejan de suceder.
En ese sentido, Jeyson Atehortua, Personero de Segovia, añadió que desde que fue decretada la pandemia por la COVID-19, los casos esporádicos de desplazamiento cesaron, sobre todo de familias provenientes de las veredas más lejanas. Pero “no podemos decir que existe en Machuca una paz completa porque aún hay presencia del Clan del Golfo, que se disputa el dominio del territorio con otros grupos, pues buscan recursos de la minería ilegal y otras actividades que están por fuera de la ley”.
Por ahora la comunidad de Machuca se esmera por mantener limpio y conservado el Parque Plaza de la Memoria con el anhelo de que, cuando pase la pandemia, puedan comenzar a desarrollar allí actividades comunitarias, reuniones y basares en los que puedan integrar a la comunidad y compartir parte de la historia que les tocó vivir en medio del conflicto armado.