La falta de preparación y recursos de muchas organizaciones sociales para presentar informes ante la JEP y la participación de las comunidades indígenas, fueron las mayores preocupaciones que les manifestaron las víctimas a los magistrados Julieta Lemaitre y Oscar Javier Parra, en su visita a Medellín.
Por: Esteban Tavera
Las organizaciones sociales de Antioquia se encontraron con los magistrados Julieta Lemaitre y Oscar Javier Parra, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para exponer sus dudas frente a la Guía de Presentación de informes que publicó ese tribunal el pasado 28 de mayo.
En el encuentro, Luz Mery Velásquez, vocera de la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, afirmó que uno de los mayores temores de las asociaciones de víctimas es que no tienen capacidad técnica para realizar informes con los parámetros que propone la JEP.
Desde el 15 marzo, fecha en que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP empezó a recibir informes, solo dos organizaciones de víctimas han entregado los suyos.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) le entregó a la JEP 80 informes, mientras que la Fiscalía General de la Nación entregó hasta ahora dos. Esa entidad también puso a disposición de los magistrados una base de datos con un inventario sobre el conflicto armado. Foto: CNMH.
Por otra parte, les preocupa que el Tribunal solo se enfoque, por su priorización, en los hitos más sonados del conflicto. “Todas las víctimas consideramos que nuestro caso es prioritario, entonces, nos estamos sintiendo afectados por los casos emblemáticos. También nos preocupa mucho las personas que tienen fuero y que han sido señalados de ser culpables de muchos hechos que ocurrieron en el conflicto, pero que esa Jurisdicción no puede juzgarlos”, aseguró Velásquez.
Tal y como lo establece el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP no podrá investigar todos y cada uno de los hechos ocurridos durante los más de cincuenta años de conflicto armado. Por eso, pusieron a disposición de las organizaciones de víctimas un borrador de Guía de priorización para que estas la nutran con sus críticas.
Tatiana Díaz Jiménez, integrante de la Organización Indígena de Antioquia, manifestó que para las comunidades indígenas el principal obstáculo es la elaboración de informes en castellano: “Uno de los problemas que encontramos para presentar los informes a la JEP es que no todas las comunidades indígenas hablan el castellano, entonces, necesitamos intérpretes de las lenguas habladas en Antioquia para que esas comunidades puedan presentar sus versiones de las victimizaciones que sufrieron en el conflicto. El otro problema es que muchas las comunidades no están concentradas en un solo lugar, sino que habitan en poblaciones muy lejanas entre sí. Incluso tenemos poblaciones que viven hasta a tres días de camino”, dijo.
Sobre las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de víctimas, el magistrado Parra aclaró que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad no puede ayudar en la elaboración de los informes de las organizaciones, pues eso convertiría al organismo en juez y parte; sin embargo, la Sala está invitando a otras instituciones para que apoyen a las organizaciones de víctimas que no tengan las capacidades técnicas o logísticas. También, adelantó que ese organismo está creando un mecanismo efectivo para que las comunidades indígenas puedan presentar los informes de forma oral en sus lenguas nativas.
Durante el encuentro, varias de las organizaciones presentes, provenientes de municipios como Ituango, Segovia, Caucasia y Apartadó, señalaron que otro de los aspectos que dificulta su participación en los espacios que promueve la JEP es que los conflictos en sus territorios aún no han terminado y la presencia de grupos armados amenaza la labor de los líderes sociales.
Ante ese escenario, la magistrada Lemaitre señaló que uno de los criterios de priorización que pueden añadirse al borrador que ya hizo público la Sala de Reconocimiento de Verdad, es el privilegiar los casos en los que hay mayor grado de vulnerabilidad de las víctimas, en territorios en donde hay poca o nula presencia del Estado, o en donde las instituciones estatales funcionan mal.