Tras la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz al Gobierno Nacional, para que entregue los archivos del extinto DAS, el periodista Julián Martínez dice tener en su poder 51.500 documentos que pueden facilitar la investigación de los magistrados respecto a las operaciones ilegales de ese departamento.
Por Esteban Tavera
Para el periodista Julián Martínez, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su libro ChuzaDAS: Ocho años de espionaje y barbarie, el país nunca conocerá toda la verdad sobre las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), porque una gran cantidad de archivos se perdieron o fueron destruidos.
En su libro, escrito a partir de documentos y testimonios, Martínez da cuenta de cómo el DAS se dedicó a interceptar de manera sistemática las líneas telefónicas de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Martínez reconoce que su libro da cuenta sólo del 0.5 por ciento de las interceptaciones ilegales promovidas por el DAS y que gran parte de los casos aún se desconocen. Foto: Archivo particular.
¿Qué opina de la decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz de solicitarle al Gobierno que ponga a su disposición los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS?
Creo que es fundamental que la JEP le abra la puerta a la desclasificación de los archivos de inteligencia y a los informes de quienes atentaron contra los derechos humanos y contra las garantías de quienes se opusieron al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero también considero que la JEP debe reconocer el documento que realizó la Fiscalía General de la Nación, luego del allanamiento que hizo en abril de 2009 en las instalaciones del DAS.
Esto es importante porque el país debe saber que un Presidente de la República usó los organismos del Estado con fines políticos. Esto quiere decir que, mientras en cualquier país la inteligencia es una herramienta para la seguridad nacional, en Colombia se usó para perseguir a la oposición, al periodismo independiente y para entrometerse en el trabajo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los documentos del DAS están bajo la custodia del Archivo General de la Nación, pero esos archivos han sido trasladados a otros lugares, ¿es posible que esa información esté intacta o cree que algunos archivos ya se perdieron?
Cuando el presidente Juan Manuel Santos liquidó el DAS, en el año 2011, los documentos que estaban guardados en la sede donde funcionaba ese organismo entraron en una cadena de custodia en la Procuraduría General de la Nación, que estaba en cabeza de Alejandro Ordoñez. En el momento en el que nosotros investigamos qué pasó con esos documentos, yo hablé con el Jefe de Prensa de la Procuraduría, Julián García Wren, y él no respondió. Además, interpuse un derecho de petición en el que solicité que me dijeran qué uso le estaban dando a la información, qué habían encontrado o, al menos, si tenían una estimación de cuánto material habían recibido, pero la respuesta fue el silencio.
Adicionalmente, cuando esos documentos fueron transportados al Archivo General de la Nación, varias fuentes me informaron que el uso que le dieron no fue el adecuado, el trasporte no fue el apropiado, aparentemente se robaron información y hubo otra que terminó en manos oscuras. Eso pone en riesgo la calidad y la cantidad de archivos que estaban en el DAS, por eso la Procuraduría también debe responder por esa información.
¿Usted cree que también en el DAS se destruyeron documentos?
Existe una investigación de la cual todavía no hay resultados. Pero según la versión de Alba Luz Flórez Gélvez, conocida como la ‘Mata Hari’, durante la administración de Felipe Muñoz Gómez, quien fue el último director del DAS de Uribe y el primero durante el gobierno de Santos, la instrucción fue destruir información. Tengo entendido que destruyeron ochenta millones de terabytes de documentos, que estaban en manos de un detective y del subdirector de fuentes humanas, que se llama William Romero. Para hacerse una idea, mi libro cuenta más o menos el 0.5 por ciento de las operaciones de chuzadas en el gobierno de Uribe, pero no sólo en ese gobierno se hizo un uso político el DAS.
Además del episodio de las chuzadas, ¿de qué otros hechos nos puede dar información el archivo del DAS?
Lo que pasa es que las chuzadas son el delito menos grave que ejecutó el DAS en contra de defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Lo que verdaderamente pretendía Álvaro Uribe era acabar con el movimiento de derechos humanos a través de la estrategia de cortar la financiación que recibían desde organizaciones internacionales para proyectos de democracia y de paz.
¿Cuál era su estrategia para lograrlo?
Ellos interceptaban el teléfono de un defensor de derechos humanos, digamos, por ejemplo, Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Como no encontraban información que les permitiera abrir una investigación judicial, empezaron a infiltrarse en sus espacios personales. Es decir, sobornaban a su empleada del servicio, a un escolta o a un compañero de trabajo. Como ahí tampoco encontraban nada, empezaron a hacer montajes judiciales con cadenas de falsos testigos, que les permitían enlodar a las personas que hacían las investigaciones que no dejaban dormir al expresidente.
Usted tiene un amplio conocimiento de los documentos y de las acciones del DAS, ¿está dispuesto a colaborar con la JEP?
Me pongo a disposición de los magistrados de la JEP para entregar 51.500 documentos que tengo de las operaciones de DAS. Estos contienen testimonios de los propios autores materiales de los actos ilícitos que allí se cometían y constituyen un aporte importante a la verdad del país.
Además, puedo contribuir con mi testimonio y con la interpretación judicial que yo hice de este caso que tiene 34 personas condenadas, entre ellas a dos directores y a once funcionarios de la Presidencia de la República. La propuesta la hago desinteresadamente, mi único interés es que la gente tenga acceso a estos documentos y que los magistrados tengan las evidencias necesarias para tomar sus decisiones.
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