La medida tomada por el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, protege los archivos del antiguo organismo de inteligencia y contrainteligencia de una depuración descontrolada.

 

Por Víctor Casas

Una semana después de empezar a operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su Secretario Ejecutivo, Néstor Raúl Correa, le ordenó al Gobierno poner a disposición de la justicia transicional los archivos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Se trata de una medida preventiva para proteger dichos documentos y que no suceda lo que ya ocurrió en otros procesos de transición, en los que se eliminaron deliberadamente registros de organismos de inteligencia. “Como medida cautelar debe ser bienvenida, pues contribuye a proteger esos archivos y que se pueda ofrecer justicia y verdad”, afirma Vivian Newman Pont, subdirectora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

En el auto de trece páginas que se dio a conocer ayer, Correa explica que “al existir información reservada en los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, sensible al conflicto armado, de la cual hubo un uso irregular, se hace indispensable proteger dicha información con el fin de hacer realizables los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

Ahora que Colombia se dispone a reconstruir la verdad de lo que le pasó en más de cincuenta años de conflicto, dichos documentos pueden dar luces sobre decenas de casos en los que estuvo implicado el DAS, que si bien es recordado por muchos, por el escándalo de las intervenciones telefónicas ilegales, esa es sólo la punta del iceberg. Sentencias como la de la Corte Suprema de Justicia en contra del exdirector del Departamento, Jorge Noguera, dan cuenta de los nexos de dicha entidad con grupos paramilitares.

Newman Pont, quien es coautora del informe Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo, llama la atención sobre la importancia de determinar una moratoria para dichos documentos, es decir, “congelarlos” por un periodo de tiempo pues en este momento no existen los criterios para establecer qué se puede eliminar y qué no. “Es muy difícil saber qué son archivos de violaciones a los derechos humanos,  porque no tienen ese título, nadie los clasifica de esa manera, entonces, algo como una factura de gasolina puede ser útil para definir si hubo una desaparición forzada. Por eso, la propuesta que hizo la Comisión (Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia) y que hicimos nosotros en el libro, es que haya un periodo de aproximadamente diez años en los que esa información sea custodiada y analizada para definir qué puede ser útil y qué no”.

Ahora que pasa a manos de la JEP, es necesario que la información sea debidamente depurada y que, como lo explica Newman Pont, se aplique un principio de “legalidad y valor”. Es decir, si la información fue recabada de manera legal o ilegal y si sigue teniendo un valor primario para la inteligencia o si por su valor secundario se puede poner a disposición de la ciudadanía.

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