A partir de la experiencia de justicia y acceso a la verdad en Guatemala –con el descubrimiento accidental del Archivo Histórico de la Policía Nacional–, Kirsten Weld, latinoamericanista de la Universidad de Harvard, advierte sobre las “guerras de archivos y memoria” que se presentan en los procesos de transición a la paz y señala que el principal reto para Colombia será que sus ciudadanos presionen públicamente al Estado y demás actores del conflicto para que abran y desclasifiquen sus archivos y permitan esclarecer qué fue lo que ocurrió.
Por Natalia Maya
Para muchas personas hablar de archivos implica pensar en cúmulos de papeles viejos y empolvados que solo les importan a los historiadores y a algunos periodistas e investigadores “desocupados”. Sin embargo, según Kirsten Weld, profesora de historia de la Universidad de Harvard y autora del libro Cadáveres de papel, los archivos de la dictadura en Guatemala, los archivos cumplen un papel crucial como “tecnología de gobierno y sitio de luchas sociales: son muy importantes para el ejercicio del poder estatal y también abren una oportunidad a la ciudadanía para contestar a ese poder”.
La recolección de información sobre la población les permite a los Estados hacer “legibles” a sus ciudadanos, en ese sentido, de acuerdo con Weld, “es posible afirmar que no se puede gobernar sin archivos”. A esta premisa se sumó el derecho de los ciudadanos, consagrado a finales del siglo XIX y comienzos del XX, de acceder públicamente a la información que los gobiernos tienen sobre ellos.
Tal derecho, señala esta investigadora, “cerró un antiguo debate en torno a si los ciudadanos debían acceder o no a los archivos de gobierno y abrió uno nuevo: ¿hasta dónde debe llegar tal acceso público y cómo balancear la libertad con la obligación del secreto de Estado? Esta ha sido una de las tensiones más fuertes dentro de las sociedades liberales de los últimos siglos”.
Pero el rol de los archivos como “sitio de luchas sociales” emergió con la Guerra Fría, según las precisiones de Weld, y se consolidó, al menos en América Latina, con el fin de los conflictos internos en la mayoría de sus países –generados precisamente en el marco de esta contienda internacional–, y con el giro hacia el paradigma de los derechos humanos que desvió la atención hacia la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y hacia el resarcimiento de las víctimas de graves violaciones.
A partir de los años ochenta, con la popularización en toda América Latina de la justicia transicional y de las comisiones de la verdad, primero en Argentina, luego en Chile, Guatemala y El Salvador, se fortaleció la idea de que los perpetradores o victimarios en los conflictos tenían que ser castigados en las cortes y que los derechos de las víctimas debían ser restablecidos, principalmente los de verdad y justicia. Esta tendencia, según Weld, puede entenderse como una “cascada de justicia que generó unas guerras de archivos y memoria” por todas las dificultades y resistencias que enfrentaron las organizaciones sociales y de víctimas de estos países para poder acceder a la información.
“Tan solo en 1992 se da un caso muy contundente que es el descubrimiento de los archivos del terror en Paraguay, rescatados por accidente y luego utilizados en la comisión de la verdad; luego en la época de los Kirchner, en Argentina, hubo varios esfuerzos de abrir los archivos militares de la dictadura; en 2008 el presidente Vásquez en Uruguay inauguró un archivo nacional de la memoria; en 2009, en Brasil, Lula creó la página web Memorias Reveladas donde recopila documentación del ejército en el periodo de la dictadura brasileña; y en 2010, en Chile, la presidenta Bachelet creó un museo de la memoria que tiene un centro de documentación sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet”, indica Weld.
Pero el caso más cercano para esta historiadora es el de Guatemala, del que escribió el libro Cadáveres de papel tras vivir dos años en este país, en el que narra las historias personales de varios trabajadores del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) que emprendieron el difícil proyecto de recuperación de las cerca de 80 millones de hojas de papel que lo conforman y que fue descubierto accidentalmente en julio de 2005.
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El hallazgo casual del AHPN ocurrió nueve años después de que el Estado y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) firmaran el acuerdo de paz que le puso fin a 36 años de un conflicto armado interno que terminó con la vida de trescientas mil personas, entre las que se encuentran cuarenta y cinco mil desaparecidos. Este archivo llevó a prisión a políticos como el ex dictador José Efraín Ríos Montt y el ex jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, algunos de los más buscados de la historia reciente del país.
El Archivo Histórico de la Policía de Guatemala aporta una voz potente a los procesos judiciales y a la reescritura de la sangrienta historia reciente del país centroamericano.
De acuerdo con la experiencia de Weld, son cuatro los aprendizajes que Colombia podría retomar del caso guatemalteco en su actual proceso de transición a la paz y esclarecimiento de la verdad histórica:
Primero, entender que las condiciones y las características de una guerra civil se verán reproducidas en las condiciones cómo esa misma sociedad construye su paz y que, a su vez, dichas condiciones políticas determinarán el manejo de sus archivos: “no podemos esperar una política de archivos que sea muy democrática, abierta y transparente si esas condiciones no existen en otros ámbitos de la vida política y social del país”.
Segundo, comprender la importancia de los marcos institucionales, legales y el tratamiento profesional de los archivos. Es decir, es muy importante que en cualquier país exista una ley nacional de archivos. “En España, por ejemplo, aunque en 2010 el presidente Zapatero hizo un esfuerzo por armar un archivo de documentación de la guerra civil española, no pudo modificar la ley nacional de archivos de la época de Franco, que dice que cualquier documento que haya tenido un sello de ‘secreto, confidencial o reservado’, nunca podrá ser abierto al público. Ese es otro obstáculo para la ciudadanía y su anhelo de buscar verdad, justicia y memoria, por eso es importante conocer y fortalecer la ley nacional de archivos y luchar para que se modernice y que la protección de la información no dependa de un mandatorio de turno”, dice Weld.
Tercero y fundamental, la presión de los ciudadanos y de las organizaciones sociales “para que no cesen en la lucha de exigirle al gobierno que abra y desclasifique los archivos de Estado que tanto en Colombia como en Guatemala pueden ayudar a conocer información de las miles de personas desaparecidas que dejó el conflicto, entre otros crímenes”, concluye Weld.
Y, por último, que es necesario involucrar a los ciudadanos con los archivos desde distintos ángulos, es decir, que los conciban como elementos de valor y se apropien de ellos, no solamente en el marco judicial, “sino también como inspiración artística, herramienta de educación popular, fuente para documentales, para música, para obras de arte”.
En Colombia el Gobierno y las Farc no estipularon en el Acuerdo de Paz cómo lograr la apertura y la protección de los archivos oficiales de inteligencia y contrainteligencia, y frente a esta incertidumbre investigadores de Dejusticia llamaron la atención en su libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo: “escasamente se logró una remisión a ‘las leyes aplicables’ y ‘las leyes vigentes’ con alguna que otra frase formal de facilitación por parte del Gobierno para acceder a la información, sin que esto pareciera ser suficiente para llegar a la verdad que se guarda en esos depósitos. Más aún, existe un alto riesgo de que la información más importante o incriminatoria se destruya antes de que se pongan en marcha los mecanismos de justicia transicional”.
Este riesgo señalado por Dejusticia se torna más inminente con las dilaciones actuales del Congreso para la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Con este panorama, las recomendaciones de Kirsten Weld cobran aún más vigencia, especialmente la que exhorta a los ciudadanos del país a presionar públicamente al Estado y demás actores del conflicto para que abran y desclasifiquen sus archivos y permitan esclarecer qué fue lo que ocurrió en medio de la guerra.