Hacemos Memoria entrevistó a Marta Lucía Peña del Instituto Popular de Capacitación (IPC) para analizar el tema agrario en la negociaciones de paz
Por Juan Camilo Castañeda Arboleda
El domingo 26 de mayo de 2013 los negociadores del Gobierno y de las Farc anunciaron que habían llegado a un acuerdo preliminar sobre el primer punto de la agenda de negociaciones en La Habana: el tema agrario. En este plantean la necesidad de realizar una reforma agraria integral que genere una transformación en el campo y signifique bienestar para la población rural.
Cuando han transcurrido tres años de esa negociación, este ha sido el punto de mayor discusión, pues toca aquello que los investigadores sociales han denominado “causas estructurales del conflicto” o los orígenes del conflicto armado colombiano, en el que se han visto involucrados el Estado, las Farc, los grupos paramilitares y otros actores armados irregulares.
Hacemos Memoria hace un análisis del Acuerdo 1 con esta entrevista a Marta Lucía Duque Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Este es el segundo contenido con el que se pretende aportar a la discusión y el análisis de los seis puntos que se han acordado en la mesa de negociaciones de La Habana.
En los últimos quince años, Martha Lucía Peña Duque ha enfocado su desempeño profesional como economista e investigadora social en el trabajo con comunidades campesinas que han sido afectadas por la violencia y que han sido desplazadas. En el IPC, ella está al frente del componente Agendas Territoriales para la Paz, desde el cual acompaña a campesinos desplazados y despojados de los territorios de Urabá y Bajo Cauca en sus procesos de reparación individual y colectiva, lo que implica un seguimiento institucional a los mecanismos y políticas de restitución de tierras.
Peña Duque observa con preocupación el estado actual del proceso de restitución de tierras que se adelanta en estas subregiones de Antioquia, y que tiene como marco legal la Ley 1448 de 2011. A su juicio, este mecanismo, que inició como una esperanza para los reclamantes de tierras, ha fracasado. Según lo resume, “hasta la Contraloría en un informe del 2014 reconocía que efectivamente en Urabá el despojo superó las 150 mil hectáreas y hoy no se han restituido más de 2 mil hectáreas. Entonces, cumplidos cinco años de la ley, estamos como en un 2% de la restitución”.
La investigadora y economista analiza algunos aspectos del Acuerdo 1 de La Habana, llamado de “Política de desarrollo agrario integral”, el cual, explica Peña Duque, en vista del fracaso de las reformas agrarias que intentaron realizarse en Colombia durante el siglo XX y de los mecanismos de restitución planteados en la Ley 1445, se convierte en una alternativa para que el país logre ponerse al día con una reforma que genere condiciones de vida óptimas en el campo.
¿Qué representa hablar de campesinos y comunidades étnicas en un proceso de negociación como el de La Habana?
Muchos dicen demagógicamente que Colombia es potencia turística, potencia en agua, que puede ser una reserva alimentaria, pero realmente cuando se va a hablar del campesino no se tiene en cuenta que es fundamental su dignidad, que ese campesino no siga siendo equivalente de desplazamiento, marginalidad y exclusión, sino que precisamente es un sujeto de derechos con una importancia muy grande para la historia y el desarrollo del país. Lo mismo con los grupos étnicos. Es decir que es el país el que va a respetar las formas de gobierno indígenas, los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, que no los va a ver como un problema sino como parte de toda su potencialidad.
¿Cómo se ven reflejados los actores de la negociación y los sectores sociales en ese acuerdo sobre la tierra?
La mesa de la negociación está planteada en términos del Estado colombiano versus las Farc. En muchos sectores pensamos que ni las Farc ni el Estado colombiano representan a la gran mayoría de la sociedad y eso hay que dejarlo muy claro, porque hemos venido de estigmatizaciones como, por ejemplo, si vos no estás de acuerdo con el Estado y las élites, entonces sos guerrillero o terrorista.
Sin embargo, hay que decir que cuando las Farc ponen en el punto 1 un acuerdo para la ruralidad, de alguna manera están haciendo honor a su surgimiento, porque es innegable que las Farc surgieron del conflicto agrario del país. Las Farc son hijas del incumplimiento de la distribución de la tierra. Entonces, que sea el punto 1 de la agenda creo que le hace honor al reconocimiento de ese conflicto y al reconocimiento de esa historia.
¿Está presente el campesino en el Acuerdo 1? ¿Cómo se percibe su presencia allí?
Yo creo que se tiene en cuenta fundamentalmente al campesino. Ahí hay unos temas que hay que profundizar y el acuerdo está todavía muy general. Por ejemplo, ese acuerdo debe respetar los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes e indígenas porque estas garantizan un nivel de diversidad y riqueza de este país, lo que es muy importante. Ellos han sido vulnerados por los mismos actores despojadores. Creo que en el acuerdo no hay un mal trato para el campesino, pero es necesario que se expliciten los caminos, se diga a quiénes se va a respetar, cuáles van a ser los aliados, de qué se trata en detalle este punto, qué se quiere lograr con él. Y esa parte de las comunidades afrodescendientes e indígenas hay que precisarla.
Cuando se habla de los temas de reforma agraria, por ejemplo está la Ley 60 de 1994, hay que decir que esa ley no la han dejado cumplir, eso es paradójico. Habla de las Zonas de Reserva Campesina, que le hubieran dado un lugar de poder al campesino en este país, pero que fueron estigmatizadas: “Eso eran republiquetas independientes”, se dice. Aquí todo lo que ha sido del campesino ha sido estigmatizado. Hace falta precisar en el acuerdo cuál es el lugar que va a tener esa figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
¿Hay garantías en el acuerdo que permitan la reparación y la restitución a las víctimas de desplazamiento?
Sí. Pienso que este campesinado ha sufrido mucho y diría que todas la violencias. Estamos hablando de un campesinado en Urabá, región en la que he trabajado, que apoyó la formulación de la Ley 1448 que no se cumplió, igual que la reforma agraria. Entonces hay una esperanza de decir “Vamos a ver si ahora con el Acuerdo 1 de La Habana que habla de una reforma rural integral volvemos a tener una esperanza”.
Qué más repara a un campesino que tener su tierra titulada, unas ayudas a sus ejercicios productivos, que su familia esté segura, que sus hijos puedan tener un acceso educativo y que la oferta ya no vaya a ser violencia o enrolarse en ejércitos. Ojalá esto no se quede en una esperanza frustrada sino en una posibilidad. El Gobierno debe decir responder a muchas preguntas: ¿En cuáles municipios de Urabá se van a habilitar las tierras para el fondo de tierras? ¿Cómo van a ser las rutas de acceso? ¿Van a tener alguna prioridad los campesinos que fueron despojados de manera violenta y a los cuales el Estado colombiano les ha incumplido?
¿Cuáles serían los actores que se opondrían a una reforma rural integral tal y como la plantea el acuerdo de La Habana?
Acá hay tantos sectores tradicionales como emergentes que se oponen. En La Habana por ejemplo esos sectores han estado representados por el Gobierno colombiano, eso también hay que decirlo. El Estado colombiano no nos representa a todos, pero sí es representativo de unas élites. No en vano, por ejemplo, se dice que se acordó el punto 1 en La Habana y en diciembre del año 2015, en plenas festividades de navidad, se aprueba la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social). La Ley Zidres es algo muy contrario al Acuerdo 1 de La Habana, ya que en resumen está diciendo que se le va a entregar un esfuerzo del Estado, un esfuerzo colectivo de todos, a algunos empresarios para que desarrollen unas zonas. Ahí no tiene ningún protagonismo el campesino. En el tema de la minería, ¿qué sectores están interesados en que no se cuestione el modelo minero? Pues estas mismas élites, y esto también va en contravía de ese minero artesanal, de ese minero que incluso está siendo estigmatizado.
En suma y a pesar de las precisiones que están pendientes, ¿qué tan importante es este acuerdo en un panorama de construcción de paz?
En mi opinión socialmente es, quizás, lo más importante. El Acuerdo 1 de La Habana toca el tema de la tenencia de la tierra, del acceso productivo, de los derechos sociales, del fomento; es decir, implica que Colombia se ponga al día con todo lo que no hizo en el siglo XX y que, adentrándose en el siglo XXI, lo haga.
