Los actos de reparación simbólica son una forma de resarcir los daños sufridos por las víctimas en medio del conflicto armado, pues no pueden ser reparados materialmente. En Colombia, después de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, este mecanismo se ha extendido, pero en muchos casos queda en entredicho su eficacia restaurativa.
Por Esteban Tavera
El 24 de agosto de 2014, el Tribunal Superior de Medellín dictó una sentencia en contra del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por el asesinato de once personas en Dabeiba. Tres años después, el pasado 29 de abril, la alcaldía de este municipio del Occidente antioqueño, acatando el fallo del Tribunal, realizó un acto de reparación simbólica a las víctimas de ese grupo armado, con el fin de honrar su memoria y pedirles perdón por la connivencia de la Fuerza Pública con el accionar paramilitar.
En la sentencia, la Sala de Justicia y Paz de ese Tribunal condenó a ocho comandantes paramilitares, entre ellos Darío Enrique Vélez Trujillo, alias ‘El Tío’; Bernardo Jesús Díaz Alegre, alias ‘El Burro’; Juan Pablo López Quintero, alias ‘Chimurro’ y Elkin Jorge Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Maza’, este último, comandante del Frente Gabriela White y responsable de la toma a Dabeiba en diciembre de 2001. Ese día un grupo de 200 hombres incursionó en el casco urbano con el propósito de “liberar al municipio” de la presencia de las guerrillas de las Farc y el Eln.
A través del testimonio de los procesados se pudo identificar, según los estipulado por los magistrados, que “los pobladores de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Santander, Boyacá y Cundinamarca, tuvieron que padecer la ejecución de acciones militares ilegales, siendo indudablemente delitos de lesa humanidad, donde el Bloque ‘Elmer Cárdenas’ actuaba sistemáticamente en constante colaboración con personal de la Fuerza Pública, quienes se suponía debían proporcionar la protección y velar por la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos como campesinos (as), niños (as), e indígenas, quienes carecían de salvaguarda alguna por parte de las entidades gubernamentales”, así lo aclara la sentencia del 24 de agosto de 2014.
Después de señalar la responsabilidad del Estado, el Tribunal decidió, entre otras cosas, como medida de reparación simbólica, encomendar a las instituciones del municipio de Dabeiba la gestión de “los trámites necesarios y pertinentes para la creación y ubicación de una placa conmemorativa en la que se incluya el listado de las víctimas que fueron afectadas en dichas poblaciones con ocasión de las incursiones realizadas por el grupo paramilitar, Bloque Elmer Cárdenas de las Accu”.
El sábado 29 de abril, con una marcha que atravesó la calle principal de Dabeiba y una eucaristía, se ubicó en el atrio de la iglesia una placa con los nombres de las once personas asesinadas por este grupo paramilitar. El acto de conmemoración fue tan discreto que pocos medios de comunicación lo cubrieron; incluso, algunos habitantes del municipio no se enteraron de las actividades programadas.
Para algunos integrantes de la Mesa de Víctimas de Dabeiba, la alcaldía solo cumplió con el mandato de la sentencia y no asumió un compromiso real con la reparación simbólica de las víctimas; además, aseguraron que a esa organización le notificaron la fecha del evento solo con dos días de anticipación.
Como resultado de la falta de organización, a las actividades asistieron menos de cincuenta personas y no quedó muy claro el mensaje que se quería dejar con la placa conmemorativa.
El caso de Dabeiba, entonces, abre un interrogante sobre la eficacia de este tipo de mecanismos de aceptación de la culpa y de resarcimiento de la dignidad de las víctimas.
¿De dónde viene la reparación simbólica?
La reparación simbólica está asociada a modelos de justicia restaurativa con los que se busca que quienes fueron víctimas de un conflicto armado y sus responsables se puedan reconciliar a través del resarcimiento de los daños ocasionados, tanto material como simbólicamente.
Así, con la consolidación de la justicia transicional como el mecanismo más usado para resolver los conflictos armados en los que no hay, o al menos no claramente, vencedores y vencidos, la idea de justicia restaurativa ha ganado terreno frente a la justicia penal, sobre todo, en contextos en los que es difícil establecer una separación tajante entre víctimas y victimarios.
En Colombia, con la entrada en vigencia de la Ley 975de Justicia y Paz, el Estado reconoció que en medio del conflicto armado fue responsable –por acción o por omisión– de algunos de los daños que sufrió la población y que era necesario repararlos. Por esta razón, en las 49 sentencias que se han proferido a raíz de esa Ley, se recomiendan medidas de satisfacción para las víctimas que buscan fundamentalmente tres cosas.
En primer lugar, que se reconozca públicamente que quienes sufrieron daños son víctimas del conflicto y que por ende tienen unos derechos; en segundo lugar, que los responsables asuman que causaron un daño reprochable y que muestren arrepentimiento; por último, que los afectados recuperen la dignidad humana que perdieron con el hecho violento.
Pero no solo ese tipo de sentencias ordenan actos de reparación simbólica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el año 2004, le pidió al Estado colombiano aceptar la responsabilidad en la masacre de nueve niños del barrio Villatina, al oriente de Medellín, asesinados por miembros de la fuerza pública el 15 de noviembre de 1992. Esta decisión se dio luego de un largo proceso de litigio que terminó con una solución amistosa entre las partes.
Según una investigación adelantada en ese momento por la Procuraduría General de la Nación, que permitió destituir a los agentes involucrados en el caso, la masacre fue cometida en venganza por la presencia de sicarios en ese sector de la ciudad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos encomendó a la Alcaldía de Medellín que levantara un monumento en memoria de las víctimas en un parque; a pesar de las críticas de algunos familiares de los niños asesinados, la imagen fue ubicada en el Parque del Periodista, en el centro de la ciudad.
¿Las reparaciones simbólicas cumplen con su objetivo?
Defensores de Derechos Humanos, víctimas, académicos y jueces de la República, coinciden en que las placas, las esculturas y los monumentos por sí solos no logran generar el efecto reconciliador que pretenden; además, consideran que las víctimas deben estar involucradas en la organización de este tipo de actos para que de verdad tengan un peso simbólico.
Para Andrea Romero, antropóloga e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), con los actos de reparación, al ser una obligación impuesta por la justicia, el Estado está justificando otras responsabilidades que tiene con los ciudadanos como la construcción de escuelas, parques y centros de salud. De su experiencia de trabajo con personas afectadas por el conflicto armado, concluye que el oportunismo de las instituciones y la poca participación de las víctimas en la planeación de los actos le quita peso a la restauración.
Algo similar piensa Sandra Arenas, doctora en memoria social y experta en altares de luto. Ella asegura que algunos monumentos y plazas que se construyeron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial no fueron concertados con las víctimas; por lo tanto, estos espacios en lugar de promover la memoria generan “distintas capas de silencio”.
¿Dónde está el valor simbólico de la reparación?
Un caso particular dentro de los mecanismos de restauración simbólica que se vienen implementando en el país, son las iniciativas emprendidas por algunos integrantes de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. Esa Sala ha promulgado 10 sentencias y ha ordenado 13 incidentes de reparación; además, ha promovido, por su voluntad, actos simbólicos en el municipio de Apartadó, en el corregimiento de El Aro y en un sector de la Comuna 13 de Medellín conocido como La Escombrera, donde estarían enterrados cerca de cien desaparecidos.
Rubén Darío Pinilla, magistrado la Sala de Justicia y Paz de Medellín, ha tenido un compromiso especial con este tipo de acciones y por eso él mismo las ha liderado. En su concepto, los actos de reparación, se deben hacer en función de lo que ocurrió: “En el caso de El Aro nos juntamos con la empresa privada para que proporcionara el material que usamos para pintar todo el pueblo, pues allí todas las casas fueron quemadas y todas las paredes quedaron negras. Lo simbólico es precisamente recuperar el color que tenían antes”.
A pesar de las fallas en la aplicación de este tipo de mecanismos de reparación, muchas víctimas siguen reclamando que en las ciudades y pequeños municipios se honre la memoria de sus familiares. Para Teresita Gaviria, directora de las Madres de la Candelaria, la reparación simbólica es motivo de debate en su organización: “Aquí hay mujeres que creen que los monumentos reviven el dolor de la pérdida y otras agradecen la instalación de una placa o de una cruz. Cuando hacemos estos altares, los llenan de flores”, cuenta Teresita.
A través de la reparación simbólica se busca cerrar muchas de las heridas que dejó el conflicto, y esa es una tarea que no se le puede delegar solo al Estado. No tendría sentido llenar al país de placas y monumentos si no hay un compromiso para frenar el número de víctimas y ponerle fin al horror de la guerra.