Apertura democrática para la paz

Apertura democrática para la paz

El Acuerdo de Participación Política busca la ampliación de la democracia como alternativa para resolver los conflictos de forma pacífica, dejando a un lado las armas. Hacemos Memoria habló con Max Yuri Gil, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, sobre los puntos esenciales de este acuerdo.

Por Juan Camilo Castañeda

El Acuerdo de Participación Política, firmado por el gobierno y las Farc el 6 de noviembre de 2013 en La Habana, no plantea nada nuevo para Colombia. El contenido de este ya se ha discutido en otras coyunturas políticas como la Constituyente de 1991. La apertura democrática ha sido una condición recurrente en anteriores procesos de paz como el que permitió la desmovilización del M-19 en 1990 o el que planteó las garantías para la creación de la Unión Patriótica (UP) en 1985.

Un ejemplo de lo anterior es que exintegrantes de grupos guerrilleros como Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolf han ocupado cargos de elección popular en Bogotá y Nariño, respectivamente. No quiere decir esto que en Colombia las garantías de participación política de partidos de oposición o movimientos sociales y políticos alternativos estén dadas; cabe recordar, por ejemplo, lo que aconteció con los militantes de la UP o con Carlos Pizarro, quien fue asesinado en plena campaña presidencial el 26 de abril de 1990.

A pesar de no ser una discusión nueva, este acuerdo es quizás el que más polémica ha despertado en la opinión pública colombiana, pues los sectores sociales que se oponen al proceso de paz no aprueban que integrantes de las Farc pretendan ser elegidos en cargos de elección popular.

Max Yuri Gil, sociólogo egresado de la Universidad de Antioquia, considera que el proceso de paz es la posibilidad de que la guerrilla más antigua del país deje las armas para convertirse en un actor de la vida democrática colombiana; en este escenario, lo más lógico sería que los integrantes de las Farc aspiren a gobernaciones, alcaldías, curules en el Congreso o, incluso, a la presidencia.

El Acuerdo de Participación Política no solo centra su mirada en las Farc. Este documento también incluye diferentes sectores sociales y políticos del país que históricamente han sido excluidos.

Max Yuri Gil ha dedicado su vida profesional al estudio de los conflictos y las violencias que se desarrollan en Colombia, especialmente en Medellín. El enfoque en Derechos Humanos es recurrente en su desempeño profesional. Ha trabajado en la Corporación Región, una organización no gubernamental que promueve una cultura política democrática.

En 2010, Max Yuri se graduó de la maestría en Ciencia Política en la Universidad de Antioquia, y en la actualidad realiza estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional. Conversamos con él para analizar los puntos que están presentes en el Acuerdo de Participación Política.

Con este contenido, Hacemos Memoria pretende aportar a la discusión y el análisis de los seis puntos que se han acordado en la mesa de negociaciones de La Habana.

El Acuerdo de Participación Política habla de una apertura democrática, ¿cuáles serán las transformaciones que tendrá el escenario político en el país?
Las Farc aseguran que el problema agrario y el cierre del sistema político son las principales causas de su levantamiento en armas. Para entender este acuerdo es importante tener en cuenta tres elementos. Primero: el acuerdo plantea la necesidad de retomar el espíritu de la Constitución de 1991, en la que se conquistó una democracia representativa y participativa. A 26 años de la Constitución, el espacio político se ha reducido. Aunque hay más opciones, los partidos políticos y los movimientos de oposición tienen problemas para constituirse; además, la política sigue siendo corrupta, elitista y costosa. La gran apuesta del acuerdo es fortalecer la democracia participativa; por ejemplo, busca promover mecanismos de participación como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa.

Otro tema importante que se aborda en el acurdo está relacionado con las garantías que tendrá la oposición. Esto requiere transformaciones en el régimen electoral y en la financiación pública de una campaña; además, implica la democratización de los partidos políticos y la existencia de condiciones necesarias para que se respeten los esquemas del gobierno y de la oposición.

El tercer asunto que plantea el acuerdo es una ruptura definitiva del vínculo que existe entre armas y política. Y eso, a veces se interpreta, como algo que solo compete a las Farc, la verdad es que tiene que ver, además, con cuestiones como la parapolítica.

¿Por qué es importante la creación de circunscripciones especiales para la paz?
Con esto se reconoce que en Colombia hay un abismo territorial entre la representación política que obtienen las ciudades y la que adquieren los sectores rurales. En este país, el 75% de la población vive en las ciudades, pero hay un 25%, 12 millones de personas, que viven en sectores agrícolas; difícilmente, esas personas encuentran quién llegue a representar sus intereses.

La segunda característica que tienen estas circunscripciones es que la representación no será por partidos políticos, sino por movimientos políticos y movimientos sociales; además, se abre la puerta para que algunas de esas curules, de acuerdo a como se reglamenten, las puedan ocupar las Farc. Estas curules se otorgan por asignación directa, lo que las diferencia de las curules permanentes de Senado y Cámara que se dan por votación.

¿Qué representa para el país que este acuerdo conciba una dimensión amplia de la política y que, además, considere a los movimientos sociales como oposición?
No es lo mismo un partido que un movimiento político. Creo que tenemos unos partidos muy desdibujados y unos movimientos sociales que no logran construir puentes y espacios de participación con la política pública y con el gobierno. Necesitamos que los movimientos políticos y sociales tengan garantías y un mayor nivel de injerencia en la agenda pública. El acuerdo, por ejemplo, plantea que no se criminalice la protesta social. En Colombia hay una institucionalidad pública, especialmente una fuerza pública, que ve en cada protesta ciudadana una acción guerrillera desestabilizadora, y así es muy difícil la democracia. El asunto es cómo garantizar que esos movimientos den a conocer su palabra, estén en la agenda y se movilicen sin recurrir a la violencia.

¿Qué importancia tiene este acuerdo para la construcción de paz?
Este es un proceso de paz que, además de buscar la desmovilización de las Farc, plantea una oportunidad de apertura democrática. Si no transformamos la sociedad política, las Farc se convertirán en un partido marginal que repite las prácticas y los vicios de la clase política tradicional. El temor que a uno le queda es el cumplimiento del acuerdo. En los nueve procesos de paz que se han hecho en Colombia, el gobierno nunca ha cumplido con las transformaciones estructurales y políticas que se han pactado.

¿Qué similitudes hay entre este proceso de paz y el que permitió la creación de la Unión Patriótica? ¿Se podría repetir lo que sucedió con la UP?
La sociedad colombiana debe reconocer que la Unión Patriótica fue eliminada por las élites políticas locales, y que para eso recurrieron a una alianza con sectores institucionales y criminales. Las Farc tienen motivos para sentir temor.

Uno ve en el espectro político nacional que los enemigos de la negociación y los enemigos del proceso de paz tienen mucha capacidad política expresada en el Centro Democrático, y siguen impulsando acciones ilegales en los territorios. Es absolutamente normal que haya gente que se oponga al proceso de paz. Todas las organizaciones tienen derecho a hacer oposición, pero una cosa distinta es recurrir a las mentiras y a la violencia para oponerse al proceso.

En este acuerdo se plantea que las Farc hagan un ejercicio político sin armas, ¿cómo sería su participación en el Congreso?
La Fundación Paz y Reconciliación propone que a las Farc se le asignen nueve curules en el Senado y catorce en la Cámara de Representantes. Esta propuesta pretende que las Farc tengan una bancada fija que las convierta en un actor político. Si los integrantes de las Farc salen a hacer campaña electoral en igualdad de condiciones, no tendrían muchas posibilidades porque sus acciones criminales los han convertido en el enemigo, y en las zonas donde tienen mayor incidencia hay bajo nivel de población. Hay sectores de la sociedad colombiana que están de acuerdo con que se desmovilicen pero no con que hagan política. Esto es una tontería, pues este proceso de paz está pensado para que las Farc hagan política con las transformaciones y las garantías necesarias.

¿Qué dice el Acuerdo sobre Participación Política? Descargue el documento completo y una cartilla gráfica que reúne cifras y claves que permiten comprender los alcances de este acuerdo.

 

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