La religiosa Carmen Cañaveral murió incinerada en un carro quemado por estudiantes de la Universidad
El 14 de octubre de 1981, durante una manifestación en la Universidad de Antioquia contra la visita a Colombia del vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, un grupo de estudiantes incendió un vehículo que se movilizaba por la calle Barranquilla, en sentido oriente-occidente, y en el que iban una religiosa en condición de discapacidad, su hermano sacerdote y un conductor. Aunque los dos hombres pudieron salir, sor Carmen Cañaveral murió incinerada dentro del carro.
Eran las once de la mañana cuando los manifestantes salieron del campus, bloquearon el tráfico por la calle Barranquilla y quemaron un muñeco que representaba a Bush. Una patrulla del ejército, asignada para vigilar los alrededores de la Universidad en una época en que las protestas eran frecuentes, se acercó al lugar, y los soldados comenzaron a disparar al aire. Los alumnos respondieron con piedras. En medio de la protesta, y según un comunicado publicado por los estudiantes después de los hechos, varios de los manifestantes decidieron quemar un carro oficial que pasaba por el lugar, “como prueba de repudio al Gobierno y a la burguesía”. De acuerdo con su relato, “del carro salen dos personas: el chofer y otra persona que venía en la otra banca. Después nos enteramos de que eran militantes del cristianismo los que ocupaban el vehículo”.
Se trataba de la camioneta Ford F-100, modelo 1978, de placas oficiales, en la que también se movilizaba Cañaveral. Según continúa el mismo comunicado, “los estudiantes, al ver salir los dos ocupantes, continúan apedreando y quemando el carro oficial […]. Los curiosos, los estudiantes que observaban quemarse el carro, los que lo quemaron y aun el propio ejército burgués desconocían que allí se encontraba una persona”.
Sin embargo, la disparidad entre las versiones sobre ese hecho quedó en evidencia con el relato del caso que construyó un tribunal militar que, con base en la potestad que le otorgaba el Estatuto de Seguridad creado en 1978 durante el gobierno de Julio César Turbay, se encargó de juzgar en un consejo de guerra a Fernando Nicolás Montes y Juan Guillermo Benjumea, los dos estudiantes condenados por la muerte de la religiosa.
“De repente apareció en frente de la entrada de la Universidad de Antioquia un grupo de jóvenes en su mayoría con el rostro cubierto lanzando varias bombas incendiarias al interior del automotor y tratando de forzar las puertas para que no salieran sus ocupantes”, dice la reconstrucción del caso que hizo el Juzgado 108 de Instrucción Penal Militar, el 28 de octubre de 1981.
Guillermo Aníbal Gartner fue el abogado defensor de Juan Guillermo Benjumea Garro, uno de los detenidos. Aunque fue consultado para la elaboración de esta historia, no quiso referirse al tema y solo remitió una publicación que hizo en 1982, en el periódico El Bohío de Fredonia. En ese texto afirma que “ante la sociedad había que crear un hecho que justificara el proceso judicial aberrado, por eso se convierte a sor Carmen Cañaveral en una monja inválida, a los jóvenes universitarios en fieras degeneradas que, desafiando el poder del fuego, impiden que la inválida abandone el vehículo hasta ser totalmente consumida por el fuego”.
El proceso finalizó en la justicia militar con la condena de los dos estudiantes a 24 años de prisión. Sin embargo, el 3 de diciembre de 1982, el Tribunal Superior de Medellín otorgó una amnistía a Montes, a Benjumea y a otras 18 personas sindicadas por la muerte de la religiosa. Esa decisión se sustentaba en la Ley 35 de 1982, sancionada durante el gobierno de Belisario Betancur, quien asumió la presidencia en agosto de ese mismo año, con la bandera de lograr una negociación política con las guerrillas.
Con ese propósito, la norma concedía una amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de delitos políticos. No obstante, el caso de la religiosa fue controversial, puesto que la misma ley impedía que fueran amnistiados los homicidios fuera de combate y aquellos cometidos “con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esa situación”. Por tanto, de acoger la versión de la justicia militar, los estudiantes no habrían podido recibir ese beneficio.
Sin embargo, en su fallo, el Tribunal Superior de Medellín no solo reconoció el carácter político de la protesta que terminó en la muerte de Cañaveral, sino que determinó que “la incineración de la religiosa fue sin duda una consecuencia material del incendio del vehículo, pero en modo alguno un hecho buscado o procurado por los revoltosos”. Con ese argumento el tribunal ordenó la libertad inmediata de los dos estudiantes detenidos y cerrar cualquier proceso penal en contra de los demás involucrados. Aunque así quedó definida la verdad judicial sobre esos hechos, la muerte de Cañaveral está rodeada de versiones contradictorias que llevan a que aún hoy varios universitarios de la época nieguen que en ese vehículo incendiado estuviera la religiosa.
