Tres días de duelo por los primeros asesinatos de 1987 contra miembros de la comunidad universitaria

“Decretar, a partir de la fecha, tres días de duelo como forma de expresar su sentimiento por la muerte de los estudiantes y el profesor asesinado”, se lee en el primer artículo de la resolución 610 del 4 de agosto de 1987 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia. Esos tres días de duelo representaron la primera acción simbólica de origen oficial para rechazar una serie de homicidios que, se entendería después, hacían parte de una estrategia de violencia política contra estudiantes, docentes y líderes sociales.

La racha de asesinatos comenzó el 3 de julio con la muerte de Darío Garrido Ruiz, profesor de Odontología, quien fue asesinado en una finca en el municipio de Urrao. Un día después, el cuerpo baleado del estudiante de segundo semestre de Odontología Édison Castaño Ortega apareció como no identificado en el anfiteatro de Medellín. Luego, el 14 de julio, fue hallado en la vía Las Palmas el cuerpo de José Abad Sánchez, estudiante de Medicina Veterinaria. Tenía signos de tortura y lesiones provocadas por arma blanca y arma de fuego.

El 22 de julio, en una asamblea organizada por los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para manifestarse por la muerte de su compañero, fue encontrado por los estudiantes un presunto agente del DAS, identificado como Diego Esteban Ballesteros Muñoz, “quien portaba carné que lo acredita como tal y un arma de fuego debidamente amparada”, como se lee en el acta del CSU del 3 de agosto de 1987 que cita la versión de los estudiantes. Ese, a juicio de estudiantes y profesores, fue el primer indicio de que en los asesinatos podrían estar involucrados agentes del Estado. 

Las muertes continuaron el 26 de julio, cuando el estudiante de Derecho John Jairo Villa fue acribillado cerca de su casa, en el barrio Castilla. Y, al día siguiente, el estudiante de grado once del Liceo Antioqueño (adscrito a la Universidad de Antioquia) Yowaldin Cardeño Cardona fue asesinado frente a su casa, en Pedregal, cuando visitaba a su mejor amigo. En 25 días ya eran cinco los asesinatos contra miembros de la comunidad universitaria. 

A esa primera lista le faltaban aún dos nombres. Uno era el del estudiante de Comunicación Social Periodismo José Ignacio Londoño. Tres hombres se lo llevaron del barrio Veinte de Julio por la fuerza, en la madrugada del 2 de agosto. Su cuerpo fue hallado en la parte alta del mismo barrio. Estaba mutilado, con signos de tortura y con varios impactos de bala.

“La segunda parte de ese año fue el desenlace de una tensión que ya se vivía desde antes”, comenta Heiner Castañeda, profesor de Periodismo y compañero de estudio de Londoño, con respecto a que luego de esa primera racha de asesinatos seguirían los de otro grupo de estudiantes y profesores, entre quienes se encontraban Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Fernando Vélez.

“Siento que no hubo una señal permanente desde la institucionalidad de proteger la Universidad y mantenerla por fuera de la violación de derechos humanos y del conflicto ocasionado con los paramilitares, más allá de comunicados, anuncios, llamados de apoyo a manifestaciones cívicas frente a lo que pasaba en la Universidad”, sostiene Castañeda.

El último nombre de esa primera racha de asesinatos fue el de Carlos López Bedoya, profesor de Antropología, asesinado el 3 de agosto (un día antes del pronunciamiento del Consejo Superior), cuando departía con varios colegas en un establecimiento cercano a la Ciudad Universitaria. Además de los tres días de duelo por estos crímenes, las directivas pidieron en su resolución que la comunidad universitaria permaneciera en “máxima alerta”, y solicitaron a la Procuraduría General de la Nación garantías y agilidad en los procesos judiciales por los asesinatos. 

Pese al rechazo, la alerta y los llamados a la justicia, se cumplía apenas el primer día de duelo cuando fue asesinado Gustavo Franco Marín, estudiante de Ingeniería. Franco fue secuestrado cerca de su vivienda, en el municipio de Marinilla, y su cuerpo fue hallado horas después con un tiro en la cabeza. María Cecilia Plested Álvarez, profesora de la Escuela de Idiomas desde ese momento, explica que la comunidad universitaria desconocía el origen de las agresiones. “Era muy aterrador porque no sabíamos de dónde venían los ataques. ¿Uno cómo sabe quién asesinó a quién, si ni siquiera sabíamos quién era el enemigo?”.

Al pronunciamiento de las directivas le siguieron otras acciones de rechazo a esos crímenes. El 13 de agosto un grupo de estudiantes se tomó el bloque administrativo de la Universidad y se declaró en huelga de hambre para llamar la atención sobre los asesinatos. Ese mismo día se llevó a cabo la marcha de los claveles rojos, encabezada por Héctor Abad Gómez, en la que participaron más de tres mil personas para protestar por la violencia que se ensañaba contra estudiantes y profesores de la Universidad.

Unos días antes, en una columna de opinión publicada el 9 de agosto en El Colombiano, la historiadora y docente de la Universidad María Teresa Uribe escribió: “Es preciso mantener la Universidad abierta y funcionando, preservar el espacio de reflexión […] oponer la lógica de la vida a la lógica de la muerte y ante todo, derrotar el miedo colectivo que resulta más peligroso que las balas”.