El 9 de junio de 1975 fueron capturadas cerca de 130 personas durante una jornada de protestas que terminó en disturbios en la plazuela Nutibara, en el Centro de Medellín. Las manifestaciones fueron organizadas por estudiantes de varias instituciones educativas de la ciudad. Los disturbios generaron daños en edificios cercanos a la Gobernación de Antioquia (ubicada donde queda hoy el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe) y varios estudiantes resultaron heridos.
En las manifestaciones participaron estudiantes de la Universidad Nacional Sede Medellín, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, de la Universidad de Medellín, del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez y de la Universidad de Antioquia. Los estudiantes de estos centros educativos conmemoraban el Día del Estudiante Caído, fecha clásica del movimiento universitario en la que se recuerdan los hechos de 1929, cuando fuerzas del Estado asesinaron al estudiante Gonzalo Bravo Páez, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez; y de 1954, cuando el 8 de junio, durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, fue asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo. Al día siguiente, doce estudiantes más fueron asesinados en las protestas de rechazo al asesinato de Gutiérrez.
Además de este día clásico, las protestas de 1975 respondían a dos coyunturas nacionales y algunas regionales. La primera coyuntura nacional fue el desalojo violento a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Sede Bogotá, cuando protestaban alrededor del Hospital San Juan de Dios de esa ciudad para exigir que la administración del mismo estuviera en manos de la Universidad. En rechazo a la violencia con que fueron dispersados los universitarios en la capital del país, los estudiantes de Medicina de la Universidad de Antioquia, en Medellín, decretaron un paro de 48 horas.
En el contexto local, cada universidad tenía un movimiento y razones propias para movilizarse en ese momento. De hecho, El Colombiano resaltó en su edición del 10 de junio, en un artículo titulado “Con pedrea y ‘bombas molotov’ terminó la manifestación de ayer”, que todos los centros educativos celebraron asambleas estudiantiles en la tarde del 9 de junio y decretaron paros, en su mayoría de 48 horas.
Luz Elena Zabala, quien para entonces era secretaria general de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), recuerda particularmente que la Universidad de Medellín había entrado en “una huelga muy grande”. Aunque las razones se escapan a su memoria, dice que en ese momento muchos estudiantes de esa universidad privada fueron expulsados, por lo que los estamentos profesoral y estudiantil de la Universidad de Antioquia decidieron abrir sus puertas para recibirlos. “Se hacía por la convicción del derecho de los estudiantes a la protesta”, asegura.
La segunda coyuntura nacional fue la renuncia de quien entonces era rector de la Universidad Nacional, Luis Carlos Pérez. El abogado penalista llevaba un año en ese cargo, y desde su nombramiento, en 1974, había recibido críticas y señalamientos, como aquellos que lo tildaban de ser un “rector marxista”.
El editorial del 8 de mayo de 1975 del periódico El Colombiano es un ejemplo de lo que los sectores más conservadores opinaban sobre el directivo: “¿Es falsa la entrega de la Universidad al marxismo?, ¿es una acusación falta de verdad y de sentido? El gobierno del doctor López Michelsen designó un rector marxista para el más importante instituto de educación en el país […]. ¿Estas designaciones son para fortalecer en los claustros la libertad y el derecho de los estudiantes? ¿Se va a crear una democracia con cabeza comunista, bajo la inocente vigilancia del ministro de Educación?”.
De acuerdo con Reinaldo Spitaletta, estudiante de Música en ese momento, periodista y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Pérez era un rector con el que simpatizaban sobre todo los sectores estudiantiles de las universidades, “pero era, ante todo, un demócrata”. Pérez militó en el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y el movimiento Firmes, del que también hizo parte el intelectual de izquierda Gerardo Molina.
Ese respaldo de los sectores universitarios hacia Pérez se hizo evidente en diferentes escenarios, como en el caso de lo expresado por el representante estudiantil de la Universidad de Antioquia Luis Fernando Mejía, quien declaró ante el Consejo Directivo de la Universidad: “Se demuestra en los hechos lo que las clases dominantes, representadas en el Gobierno de López [Michelsen], entienden por democracia: defensa celosa de sus intereses y represión para el pueblo, como ocurre ahora con el movimiento estudiantil y profesoral”, según quedó registrado en el acta del 5 de junio de 1975 de dicho consejo.
Asimismo, el Claustro de Profesores del Departamento de Español emitió un comunicado sobre esa renuncia, que se conserva en el archivo de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia: “La declaración del Gobierno sobre el ‘experimento marxista’ y su fracaso en la Universidad no es más que una falacia hábilmente manejada dentro de la demagogia del Gobierno, tendiente a justificar en este momento todas las medidas represivas que se están implementando para la Universidad”.
De manera que este contexto, marcado por situaciones locales y nacionales, fue el que llevó a las protestas de los días 8 y 9 de junio de 1975, que derivaron en una fuerte confrontación con la policía y en la captura masiva de manifestantes, con un saldo de 130 detenidos, según dijo El Colombiano.
Sin embargo, en las actas del Consejo Directivo se asegura que fueron aproximadamente 380 las personas capturadas, de las cuales cerca de 200 eran de la Universidad de Antioquia. No obstante, una comisión propuesta por el rector Luis Eduardo Mesa y creada para visitar a quienes estaban retenidos e informar sobre la situación de esos estudiantes encontró que entre los capturados solo había 16 estudiantes de la Universidad de Antioquia.
De los estudiantes capturados en la protesta, alrededor de 60 fueron retenidos en el patio principal del sótano de la Gobernación de Antioquia, según detalló el citado artículo de El Colombiano, que también denunció la forma violenta como fueron tratados: “Los recibían a golpe de bolillo en forma impresionante y sin que los retenidos hicieran repulsa o se opusieran a colocarse en el sitio que se les señalaba”. No obstante, en la sesión del Consejo Directivo que tuvo lugar el 11 de junio, la comisión conformada por miembros de ese organismo informó que los detenidos habían sido liberados el día anterior y que ninguno presentaba lesiones graves.
50 AÑOS DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA
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