Asociación de Profesores anunció que no habría clases si se militarizaba Ciudad Universitaria

El 19 de junio de 1980, la junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea) emitió un comunicado público en el que rechazaba la militarización de la Universidad e invitaba al diálogo al rector Jesús Arturo Aristizábal y al Consejo Superior Universitario (CSU); si no se cumplían estas condiciones, decían los profesores, se negarían a dictar las clases. Por esos días, los militares rodeaban la Universidad y se ubicaban en cada entrada. Estaban allí por petición de las directivas, debido a las acciones de grupos de encapuchados que, a juicio de la administración de la Universidad, imposibilitaban el avance de los semestres académicos.

“La posibilidad de una salida democrática por la vía del diálogo, de la comprensión y el respeto entre los estamentos empezó a diluirse en el Consejo Superior, al paso que fueron tomando fuerza dos alternativas más preocupantes: la militarización permanente y la clausura prolongada de la Universidad”, dice el comunicado de Asoprudea.

La situación había empezado a hacerse más compleja cuando el CSU, en su reunión del 12 de junio de 1980, discutió sobre lo que se debía hacer con respecto a la inestabilidad de la Universidad por las agresiones de los encapuchados. La semana del 2 de junio había ocurrido una explosión en el edificio administrativo, no dejó heridos, pero muchos daños físicos. De acuerdo con el acta de esa sesión, que reposa en los archivos de la Secretaría General de la Universidad, las directivas plantearon suspender las clases, pero para no afectar más la agenda académica descartaron esa opción y en su lugar decidieron solicitar “vigilancia en las calles aledañas de la Universidad”. “El Consejo Superior tiene informes de que hay profesores que lamentablemente abandonan sus obligaciones. Algunos de estos manifiestan abiertamente que su único objetivo es la destrucción de la Universidad como institución repetidora de un sistema que ellos combaten”, se lee en el acta de esa reunión.

Ante esa situación, la posición de rechazo de Asoprudea, ya expresada en su comunicado del 19 de junio, fue ratificada en una asamblea extraordinaria el 24 del mismo mes; su decisión fue transmitida al CSU ese mismo día, por medio de un comunicado en el que criticaron los actos terroristas de los encapuchados, pero exigieron el retiro de las fuerzas armadas, porque, decía el comunicado, la militarización “se constituye en una acción de intimidación y provocación que pueden degenerar en situaciones que sirvan de pretexto a las directivas para clausurar la Universidad y proceder a su reforma a espaldas de los estamentos básicos”.

Las reformas a las que se referían los profesores eran a los estatutos docente y estudiantil, que se discutieron durante todo 1980 y finalmente se ejecutaron en 1981. En las modificaciones a esas normas se cifraban las disputas entre profesores, estudiantes y administrativos, sumadas a la entrada en vigencia de la Ley 80, que reformó la educación superior en Colombia.

Jorge Aristizábal era profesor de Ingeniería Química en 1980; actualmente es el tesorero de Asoprudea y recuerda que la Ley 80 provocó descontento entre el estudiantado y los profesores porque, según dice, “iba contra el Programa Mínimo de los Estudiantes, que garantizaba cinco ejes fundamentales: gratuidad, financiación estatal adecuada, democracia, autonomía y libertad de cátedra”.

Además, según recuerda Aristizábal, Asoprudea rechazó la militarización y la suspensión de las clases, porque solo con la Universidad abierta podía darse el diálogo para las reformas de esta. “Siempre hubo un rechazo al régimen, al Gobierno, a la antidemocracia, a la represión, al Estatuto de Seguridad de ese entonces, al estado de sitio, al estatuto del terror”, agrega.

Lo cierto es que, en paralelo con el conflicto por las reformas, estaban las acciones de los encapuchados, que obligaban a la suspensión de las clases. En junio de 1980 había estudiantes que apenas presentaban exámenes correspondientes al segundo semestre de 1979. Otra porción del estudiantado tenía exámenes finales del primer semestre de 1980, mientras otras unidades académicas estaban próximas a empezar el segundo semestre académico de ese año. 

El 24 de junio fue la reapertura académica de la Universidad, pero, según informó el rector en el CSU, desde esa fecha una brigada móvil, conformada por 30 o 40 estudiantes, “se ha dedicado, de manera persistente, al saboteo de la actividad académica y a injuriar a quienes participan de ella”, como consta en el acta del 2 de julio.

El CSU discutió qué hacer para recuperar la normalidad académica. Leonardo Betancur Taborda, representante de los profesores, sugería retirar la fuerza pública, mientras que Antonio García Piedrahíta, representante de los exalumnos, afirmaba que ante los actos de delincuencia eran las autoridades las que debían responder. El 4 de julio el CSU decidió suspender las clases, a excepción de los pregrados del área de la Salud. Finalmente, a partir del 29 de julio, los pregrados se fueron reintegrando a sus actividades. Según el acta del 30 de julio del Consejo Académico, en ese momento el 82% de los estudiantes estaba en clases con normalidad.