Hubo protestas en la Universidad por el hallazgo de cámaras de seguridad camufladas
El 28 de julio del 2011, un grupo de encapuchados salió a la plazoleta Barrientos de la Universidad de Antioquia para denunciar frente a otros estudiantes el hallazgo de dos cámaras de seguridad camufladas en cajas metálicas que hacían parte de la red eléctrica de los bloques 1 y 7. Los encapuchados destruyeron las cámaras con explosivos y, minutos después, entró a la Universidad el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
El ingreso del Esmad ya era costumbre ante cualquier detonación, desde el enfrentamiento del 15 de septiembre del 2010 por la implementación de la Tarjeta Integrada Personal (TIP). Pero ese día, según Carlos Andrés Galeano, asesor jurídico de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, quien en el 2011 era estudiante de Derecho y líder del movimiento estudiantil, algunos policías ingresaron con herramientas a los baños del bloque 9, lo que generó la sospecha de que había dispositivos de vigilancia instalados en otros lugares de la Universidad.
Finalmente, la fuerza pública se replegó en la calle Barranquilla, afuera de la Universidad, mientras algunos líderes, entre ellos Galeano, convocaron a una asamblea extraordinaria de estudiantes para discutir sobre la presencia de estos dispositivos dentro del campus. La instalación de esas cámaras, dice Galeano, representaba para ellos una violación al derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política.
Según Alberto Uribe Correa, quien era el rector de la Universidad en ese momento, la iniciativa de instalar cámaras había surgido tiempo atrás, desde que él asumió la rectoría en el 2002, debido a unas declaraciones de Luis Pérez Gutiérrez, entonces alcalde de Medellín. “Él decía, haciendo una campaña muy negra para la Universidad, que la Universidad era el primer centro de expendio y consumo de drogas en Antioquia. Y que los rectores y el gobernador no hacían nada por combatir eso”. Entonces, Uribe inició un estudio sobre el ingreso de personal externo a la Universidad, lo que demostró que muchas personas entraban diciendo que se dirigían a la Biblioteca Central.
Según Uribe, quien estuvo en la Rectoría hasta el 2015, los planes de seguridad fueron formulados en compañía de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía y de un experto designado por Metroseguridad. “El señor estuvo con otros expertos en seguridad, miraron los planos y propusieron varias cosas, eso fue en el 2002, una era las cámaras. Yo era consciente de que era muy difícil entrarlas a la Universidad y no me gustaba que hubiera cámaras, y los torniquetes igualmente eran problemáticos en su implementación”, dijo el exrector.
Estas medidas se ejecutaron a partir de julio del 2010, después de que un grupo de 229 profesores enviara al gobernador de Antioquia, en ese entonces Luis Alfredo Ramos, una carta en la que pedían mejorar la seguridad en el interior de la Ciudad Universitaria. A la implementación de la TIP siguió la instalación de cámaras de seguridad “preventivas” que, según Uribe, “había que ponerlas lo más discretas posible”. La información sobre las cámaras no fue pública y no se informó a la comunidad universitaria sobre su instalación. Al respecto, el exrector comentó: “Eso no se dijo y fue un error de nosotros”.
Después de la discusión en la asamblea extraordinaria de estudiantes de ese 28 de julio, entre doscientos y trescientos estudiantes decidieron, en medio de un mitin, recorrer la Universidad para desmontar las cámaras que encontraran. Yuhan Martínez, egresado de Trabajo Social y comerciante, quien en el 2011 era estudiante, recuerda haber participado en la desmantelación de dos cámaras: una en la Facultad de Ciencias Exactas y otra en el pasillo oriental de la plazoleta Barrientos. En medio de la búsqueda, los agentes del Esmad entraron de nuevo al campus y los estudiantes fueron desalojados con el uso de gases lacrimógenos.
Como respuesta a esos hechos, los estudiantes citaron a una serie de asambleas en las que solicitaron la presencia del rector Uribe. Luego de cada negativa del rector los estudiantes agendaban una nueva reunión, mientras que la postura de las directivas fue la de aceptar un encuentro con los estudiantes, pero solo si designaban una comisión elegida democráticamente. Finalmente, no hubo reunión.
El Consejo Académico también discutió lo sucedido. En el acta 469 de la reunión desarrollada el 29 de julio de ese año consta la explicación de la jefa del Departamento de Seguridad, María Leonor Herrera, quien aseguró que las cámaras fueron instaladas en los pasillos y los accesos a los baños, pero nunca en el interior de estos. Además, algunos de los integrantes de ese organismo, que reúne a decanos de facultades y directores de escuelas e institutos, cuestionaron si la decisión de usar estos dispositivos fue acertada o si solo sirvió para exacerbar los ánimos.
Al final, el Consejo Académico consideró que la Universidad estaba luchando contra fuerzas que escapaban a los alcances de las directivas universitarias; problemáticas como el microtráfico y la presencia de grupos clandestinos debían ser abordadas en otras instancias, como la Fiscalía. La discusión por las cámaras de seguridad terminaría por diluirse con la llegada de una nueva coyuntura al ámbito nacional. Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso una reforma a la Ley 30 de Educación Superior, lo que motivó un paro nacional universitario que concentró los intereses del movimiento estudiantil y terminó por lograr el retiro de la reforma.
