Comité estudiantil denunció amenazas contra 30 líderes

El 12 de marzo del 2009 el Comité Estudiantil de Derechos Humanos Gustavo Marulanda denunció amenazas en contra de 30 líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia. El mensaje, enviado en un correo electrónico, fue firmado por un grupo que se autodenominó Bloque Antioqueño de las Autodefensas. En el correo, cuyos apartes reprodujo el periódico El Espectador, en su publicación del 13 de marzo del 2009 titulada “Paramilitares habrían amenazado a 30 estudiantes de la U. de Antioquia”,los autores manifestaron que “seguían desde hace tres años a los guerrilleritos encapuchados y no encapuchados de la UdeA”, a quienes les atribuían desórdenes, marchas, asambleas y paros de actividades. “Tienen una semana para desaparecer o los desaparecemos”, asegura el medio que decía uno de los fragmentos de esa comunicación.

Aunque las amenazas se habían producido seis días atrás y de ello se hablaba en la Universidad, se hicieron declaraciones públicas al respecto solo el 12 de marzo, debido a que ese día fue asesinado, en el primer piso del bloque 14, Andrés Isaza Velásquez, un exestudiante de Derecho de la Universidad que había cursado hasta quinto semestre. Isaza Velásquez no era líder estudiantil, y aunque las circunstancias y los autores del hecho siguen sin esclarecerse, es probable que solo se haya tratado de una situación coincidencial en relación con las amenazas a los estudiantes.

“Pese a que Andrés Isaza no estaba incluido dentro del mensaje intimidatorio, el hecho demostraba que las amenazas podrían llegar a cumplirse, por eso prendimos las alarmas y decidimos hacerlo público”, asegura Alejandro Sierra, quien en el 2009 era el vocero y uno de los fundadores del Comité Gustavo Marulanda, y hoy es profesor universitario.

Esta organización nació en el 2005 para denunciar los señalamientos y las persecuciones que estaba recibiendo un grupo de estudiantes miembros del Comité de Acompañamiento, creado para la defensa de 14 estudiantes detenidos a causa de las investigaciones judiciales por los hechos del 10 de febrero del 2005, cuando una explosión en el bloque 1 del campus universitario, en medio de una protesta, les causó heridas a 18 personas, entre ellas a las universitarias Paula Andrea Ospina y Magaly Betancur, quienes una semana después fallecieron debido a las lesiones que habían sufrido en ese incidente.

Con respecto a la amenaza de marzo del 2009, Sierra argumenta que “siempre se asumió que tenía dos fines: por un lado, limitar el apoyo estudiantil al Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), y por el otro, intimidar a un comité de voceros estudiantiles por facultades que, después de varios años, era el renacer de la organización estudiantil”. Además, destaca la relación directa de algunos movimientos de la Universidad, como el que él lideraba, con el debate sobre asuntos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado que venía dándose en el país.

El Comité Gustavo Marulanda pertenecía al Comité de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel), que agrupaba a otras 27 organizaciones que en el 2005 fundaron el Movice Capítulo Antioquia, que a su vez, de la mano con el Capítulo Bogotá, sería uno de los precursores de este movimiento de víctimas de crímenes de Estado a nivel nacional.

Carlos Mario Patiño, en ese momento estudiante de Derecho y miembro de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de esa facultad, explica que era una época compleja debido a la influencia que tenía el paramilitarismo en buena parte de la ciudad. Un año atrás, el 6 de marzo del 2008, se había realizado una marcha nacional en contra de los crímenes de Estado y del paramilitarismo que había tenido una gran acogida; también se llevó a cabo como respuesta a la movilización realizada el 4 de febrero de ese mismo año, que se denominó “Un millón de voces contra las FARC” y que había sido promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe y por los partidos de gobierno.

Patiño recuerda que la movilización que tuvo lugar un año después de la primera marcha (la del 6 de marzo), que fue multitudinaria y que posteriormente se institucionalizó como el Día de las Víctimas de Crímenes de Estado, contó con una participación mínima, por lo menos por parte de la Universidad. “En 2009 asistimos solo alrededor de 50 estudiantes, se sentía un ambiente extraño y de abstención frente a este tipo de movilizaciones y los intereses que defendían. Cuando los que asistimos regresamos a la Universidad, al finalizar la tarde, encontramos la amenaza en los correos electrónicos. Muchos de los mencionados habían ido a la marcha”, comenta Patiño, quien hoy ejerce su profesión de manera independiente.

La mayoría de quienes aparecían mencionados en el mensaje venían integrando un comité de voceros estudiantiles por facultades, desde finales del 2008, con el fin de discutir sobre la forma de participar en la elección del rector que se produjo durante el último trimestre del 2009. Alejandro Sierra afirma que en la Universidad se había reducido la participación estudiantil, que había quedado en manos de pequeños grupos que conformaban las oficinas estudiantiles o las organizaciones representativas del orden nacional; por eso, con el fin de activar la discusión, se conformó ese comité. “Se generó el espacio, pero no avanzó mucho porque se quedó discutiendo principalmente los lineamientos que los iban a regir y, finalmente, con las amenazas recibidas ese 6 de marzo, se disolvió”.