Una multitud atravesó en silencio las calles del centro de Medellín el miércoles 27 de octubre de 1983. Desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, bajando por la avenida La Playa hasta el Parque de Berrío, los manifestantes marcharon “por el derecho a la vida” en una movilización que congregó a estudiantes, obreros, políticos, comunidades religiosas y habitantes de varios sectores de la ciudad.
“A las cuatro y cuarto, silenciosas, organizadas y pacíficas, empezaron a llegar a la plazoleta las ciento cincuenta delegaciones que, en las semanas pasadas, habían firmado la convocatoria de la marcha”, reseñó la crónica“¡Paz, paz, paz!”, publicada el 28 de octubre por el periódico El Mundo. “Hoy, jueves 27 de octubre, el pueblo antioqueño marchamos unidos para protestar contra los asesinatos políticos y desapariciones, ocasionados por la permanencia de los escuadrones de la muerte”, dejó claro en sus líneas el comunicado “Por el derecho a la vida en Colombia y Centroamérica”publicado el día de la marcha por los miembros de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, consultado para esta investigación periodística en el archivo de dicha asociación.
La marcha por el derecho a la vida fue convocada por el Colegio Antioqueño de Abogados (Colegas) y contó con el respaldo de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Aunque se trató de una movilización organizada por los gremios de la ciudad para rechazar la ola de violencia desatada por el movimiento paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), tras el secuestro de Martha Nieves Ochoa en noviembre de 1981, también tuvo un impacto significativo en el interior de la Alma Máter, puesto que una de sus reivindicaciones era la vida de la estudiante de la Facultad de Economía Beatriz Elena Rivera Montoya, quien fue desaparecida en mayo de 1983, después de que se acogiera a la ley de amnistía del Gobierno de Belisario Betancur. La estudiante desapareció el mismo día que desaparecieron Alfonso Betancur y Carlos Hurtado, dos exmilitantes del M-19 que también se acogieron a la ley de amnistía.
En medio de la manifestación, algunos carteles de las familias exigían ver de nuevo a sus hijos desaparecidos. “¡Vivos nos los quitaron! ¡Vivos los necesitamos! ¿Quién los tiene?”, decía uno de los carteles registrados por El Mundo, que en la cónica del 28 de octubre reseñó que “la familia de Beatriz Rivera, una estudiante de la Universidad de Antioquia que salió de su casa el pasado seis de mayo y jamás volvió a aparecer, hacía una petición similar en otro cartel”.
Una de las figuras más visibles de la marcha fue el entonces senador de la República Luis Carlos Galán, quien asistió a la jornada en compañía de su esposa, Gloria Pachón. “Vine para expresar solidaridad al pueblo antioqueño y la ciudadanía de Medellín, en un acto en el cual se proclama esperanza porque [sic] se logre constituir un orden social que asegure el derecho a la vida en todo Colombia”, dijo a El Mundo, en medio de la movilización a la que también se sumaron directivos de la Universidad.
Un fotógrafo que cubrió los hechos, quien al ser consultado para esta línea de tiempo pidió que se mantuviera su nombre en reserva, recuerda que “todo transcurrió muy tranquilo y sin ninguna escaramuza. Estaba muy novato cuando hice esas fotos y Luis Carlos Galán hasta ese momento estaba empezando. No había tanto problema con el narcotráfico en la ciudad porque estaba muy escondido el tema de Pablo Escobar todavía”.
De acuerdo con las cifras que publicó El Mundo en la crónica sobre la marcha, en el primer semestre de 1983 fueron asesinadas en Medellín 445 personas, de las cuales el 88 por ciento eran hombres. Según reflexionó el medio de comunicación local en esa misma publicación, “la repentina aparición de los denominados ‘Escuadrones de la muerte’, el MAS y la radicalización de algunos grupos guerrilleros, acabaron por convertir a Medellín en la ciudad violenta que es hoy”.
De hecho, la marcha del 27 de octubre fue producto de un desconcierto social ante la adversa situación de orden público en la ciudad y las constantes violaciones a los derechos humanos, en gran parte atribuidas a acciones de las fuerzas del Estado herederas del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, vigente entre 1978 y 1982. “En esa época [1983] como hoy en día, cada uno trataba de cuidarse la espalda porque es que el dolor se siente cuando es propio, entonces cada uno cuidaba su pellejo y el solo hecho de salir a la calle a protestar pues ya era chequeado”, recuerda el fotógrafo consultado para esta línea de tiempo.
La persecución a la oposición política de esos años llegó también hasta las salas de redacción de los periódicos locales, agregó el fotógrafo, quien reveló que “los miembros de la policía tenían mucho acceso al archivo y al material fotográfico. Llegaban al periódico con la intención de mirar fotos de quienes estaban en la marcha liderando. Era gente de la policía, uno sabía”.
Al finalizar el recorrido de la marcha por el derecho a la vida, casi a las seis de la tarde, Luis Fernando Vélez, vicerrector de la Universidad de Antioquia y quien sería asesinado en diciembre de 1987, tras asumir la presidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, pronunció un sentido discurso en el que además de avivar las fuerzas de la gente por la defensa de la democracia, invitó a considerar la vida como un derecho universal: “La lucha por el derecho a la vida no puede ser la lucha por el derecho a la vida de los hombres destacados, ni puede ser la vida por la vida fisiológica, sino que tiene que ser la lucha por el derecho a la vida en condiciones dignas para todos”, expresó en su discurso, que fue reproducido por el periódico El Mundo en la crónica sobre la marcha. Luego de esto, agrega la crónica, el vicerrector Vélez recitó un poema de Carlos Castro Saavedra titulado“Plegaria desde América”: “Paz hasta que se arruguen los cuchillos / y hasta que caiga el odio paz y paz; / paz en el alma, paz en la mirada, / y paz mil veces y mil veces paz”.
50 AÑOS DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA
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