Una bomba molotov explotó en la oficina del rector
La explosión de una bomba molotov el jueves 28 de septiembre de 1972 dejó algunos vidrios rotos y una puerta violentada en la oficina del rector de la Universidad de Antioquia, Luis Fernando Duque Ramírez. El incidente ocurrió a las 11:45 de la mañana, luego del cierre de una asamblea de estudiantes en la que se discutía el despido, por orden rectoral, de veinticinco profesores de la Universidad, la mayoría de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
De acuerdo con el relato ofrecido al periódico El Colombiano por una fuente anónima que trabajaba en las oficinas administrativas, publicado en la edición del 29 de septiembre, “los estudiantes salieron de una asamblea. Desde por la mañana estaban gritando mucho. El rector tuvo que salir. En esas oí gritos y vi mucha gente (alrededor de cien personas) en el piso de la rectoría. Me dijeron que la habían incendiado”.
Aunque el rector no se encontraba en la oficina en el momento de la explosión, el ataque fue entendido como una afrenta directa hacia él, que no era respaldado por el movimiento estudiantil ni por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), con quienes tuvo desacuerdos desde que asumió el cargo, en febrero de 1972.
Cuatro meses antes de la bomba, mediante el Decreto 886 del 26 de mayo de 1972, el presidente Misael Pastrana Borrero había suprimido el Consejo Superior Universitario de la Universidad —máximo ente universitario— y había investido al rector Duque Ramírez con las atribuciones del Consejo Superior mientras se integraba uno nuevo, que luego se conocería como Consejo Universitario. Este nuevo estatus rectoral generó conflictos en la Alma Máter por el rumbo que tendría el gobierno universitario, una de las reivindicaciones del movimiento estudiantil y profesoral de la época.
No era la primera vez que un decreto afectaba el funcionamiento de la Universidad. El 25 de junio de 1971, el Decreto presidencial 1259 había señalado que “el no funcionamiento de las universidades públicas se había convertido en uno de los factores más graves de la alteración del orden público”. Esa actitud gubernamental hacia la universidad pública tuvo impactos en la Universidad de Antioquia, que atravesaba un fuerte déficit financiero, e incluso suscitó presiones del Gobierno nacional, que supeditaban la asignación de nuevos recursos económicos a la normalización de las clases y al cese de paros en la institución.
El 26 de abril de 1972, Duque Ramírez le envió una carta al presidente en la que exponía las necesidades financieras más urgentes de la Universidad, que para ese momento ascendían a 56 millones de pesos. Por su parte, el presidente exigió la normalización de la Universidad antes de aprobar cualquier nueva asignación presupuestal. Esta negativa fue tomada como “un ataque a lo científico y a lo social, es negar el papel primario de la Universidad de participar en la problemática nacional”, según manifestó Carlos Payares, representante estudiantil, en la reunión del Consejo Universitario del 17 de mayo de 1972.
El ambiente adverso con la administración también se presentó durante la rectoría que antecedió a Duque Ramírez. Por ejemplo, en septiembre de 1971, un grupo de setenta estudiantes irrumpió en el despacho del entonces rector William Rojas e intentó lanzarlo por el balcón del tercer piso del bloque administrativo. Según recuerda el profesor jubilado José Barrientos Arango, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad en 1972, el rector Duque Ramírez entró a la Rectoría “con una actitud mucho más radical” que sus predecesores y eso hizo que “el primer semestre de ese año fuera de mucha tensión”.
A esta apreciación, el profesor en retiro Rodrigo Montoya, director de Bienestar Universitario durante la administración de Duque, añade que “toda su Rectoría fue rigor académico, científico y administrativo, y eso no concatenaba con la visión del comunismo cubano que tenían algunos dentro de la Universidad”. En medio de las tensiones que generaba la administración de Duque, este puso en marcha la aplicación del estatuto profesoral en el que se contemplaba que todos los profesores tuvieran título universitario. En ese tiempo varios profesores de la Universidad daban clases y poseían amplia experiencia docente, pero sin acreditar un título. “Eran muchos profesores muy valiosos, pero no se habían preocupado por un título universitario. Habían terminado diferentes carreras, pero no se habían graduado”, señala Barrientos.
La disposición rectoral de despido generó enfrentamientos con la Asociación de Profesores de la Universidad. A raíz de esto, “se agudizó mucho la pelea con el rector porque él no cedió en su decisión de no reintegrar a estos profesores”, afirma Barrientos. Él y Carlos Gaviria Díaz, profesor de la Facultad de Derecho y luego vicerrector de la Universidad, magistrado y candidato presidencial, representaron a la Asociación de Profesores en el denominado Tribunal de Honor de la Universidad, encargado de llevar los casos de las destituciones y las normas docentes. “Convinimos en que en el momento que estaba viviendo la Universidad no era pertinente crear esa situación del despido porque se agudizaba más el conflicto universitario”, recuerda Barrientos.
Fue durante esta conmoción universitaria por los despidos que ocurrió la explosión en la oficina del rector. Según la información publicada por El Colombiano el 29 de septiembre, el estruendo se escuchó cuando el grupo de manifestantes que había llegado hasta el bloque 16 se devolvía al segundo piso, descendiendo desde la Rectoría. Aunque la bomba molotov, según esa narración, había sido lanzada por sujetos no identificados, de los que nunca se supo si eran estudiantes.
Los estudiantes de Ciencias y Humanidades de la Universidad elevaron “la más enérgica protesta por el acto de anarquía cometido en las oficinas del rector por un individuo ajeno a la Universidad y al movimiento estudiantil”, en un comunicado que emitieron el mismo día de la explosión y que está replicado parcialmente en el artículo que publicó el periódico El Colombiano el 29 de septiembre. Así mismo, los dirigentes estudiantiles y profesorales rechazaron lo ocurrido al considerar que “esa manera de actuar” no se compadecía con “la campaña emprendida por ellos para protestar por el despido de veinticinco catedráticos”, según registró El Colombiano en el mismo artículo publicado después los hechos.
En los días que siguieron al atentado, el rector conformó una comisión de investigación compuesta por los decanos de las facultades de Educación, Química Farmaceútica y Salud Pública. Sin embargo, según recuerda el profesor jubilado José Barrientos, los resultados de esa investigación nunca se conocieron: “No se le dio mucha trascendencia a la explosión porque no tuvo tampoco consecuencias de ninguna clase, sólo el boom periodístico. Eso lo magnificaron mucho”.
