Los universitarios rechazaron el atentado contra la red de cómputo de la Universidad de Antioquia

El 9 de octubre de 1990 un grupo de universitarios se reunió para rechazar el ataque que destruyó por completo la Unidad Central de Cómputo, y que había ocurrido una semana antes en el sótano de la Biblioteca Central. La jornada de rechazo se realizó en el marco de la celebración del Día Clásico de la Universidad y tuvo intervenciones de estudiantes, agremiaciones de profesores, empleados y directivas.

El acto de desagravio se realizó en la plazoleta central de la Ciudad Universitaria, y se trataron temas relacionados con el vandalismo, el terrorismo y la inseguridad en el interior de la Universidad de Antioquia. El atentado a la red de cómputo ocurrió el 28 de septiembre de 1990 alrededor de las diez de la mañana. Dos hombres amenazaron con arma de fuego a Mario Monsalve Salazar, una de las personas encargadas del mantenimiento de la red, y quien aún trabaja en el área de sistemas, para que abriera la sala donde estaba el computador central de la Universidad, el cual alimentaba los demás computadores que prestaban servicios administrativos y académicos. 

Los hombres ingresaron, dejaron una caja escondida y se fueron. Monsalve y otros compañeros empleados de la biblioteca descubrieron la caja mientras revisaban lo que había sucedido, y decidieron abandonar ese lugar ante la posibilidad de que fuera una bomba. La explosión se produjo después de que salieron. No hubo heridos ni muertos por la detonación, que de acuerdo con información publicada por el periódico El Mundo el sábado 29 de septiembre de 1990, en la página 8, fue causada por aproximadamente un kilo de dinamita, activado con un temporizador. Las personas que estaban en la biblioteca fueron evacuadas después de la explosión. 

Alberto Ceballos, secretario general de la Universidad entre 1989 y 1992, recuerda la explosión y los rumores sobre los posibles motivos para afectar ese lugar del campus. Una de las versiones de las que se hablaba entonces apuntaba a que algunos sectores de la comunidad universitaria no estaban de acuerdo con los avances tecnológicos que la Universidad estaba implementando. Según explica, creían que a través de ellos la Universidad estaba siendo “penetrada por el imperialismo”, y que, en ese sentido, la destrucción de la red de cómputo había sido un acto político. 

“Lo que pasaba con esos atentados a los equipamientos informáticos parecía que tuviera origen en movimientos guerrilleros. Puede que hubiera estudiantes que hicieran parte de guerrillas, pero eso no estaba hecho bajo las banderas del movimiento estudiantil. Era actividad terrorista, el tipo de explosivo utilizado también habla de eso”, explica Ceballos, actualmente profesor de la Universidad Eafit.

Con esa versión coincide el ahora abogado del partido FARC Sergio Guzmán Muñoz, quien fue representante estudiantil y fundador de la Coordinadora Estudiantil, una figura que nació en 1990 y se convirtió en un estamento legitimado por el movimiento de estudiantes hasta 1998. “Yo estoy consciente de que eso fue una facción de la insurgencia. La Universidad siempre ha tenido movimientos militares armados dentro de su propio estudiantado. No nos engañemos, claro que ha habido gente de afuera que la ha infiltrado, pero eso no niega que no hubiésemos tenido presencia militar universitaria”, explica. 

El atentado generó pérdidas por cerca de 500 millones de pesos y afectaciones al desarrollo de las actividades administrativas y académicas para las que servía la red. “Supieron darle al corazón de la universidad porque fueron exactamente al núcleo del sistema informático de la U, como si conocieran muy bien lo que estaban haciendo o el daño que iban a causar”, explica Ceballos. 

En ese momento, el país se enfrentaba al narcotráfico y la extradición era un tema que generaba discusiones. Algunos sectores pensaban que el atentado tenía que ver con esa coyuntura. En el comunicado 129 del primero de octubre de 1990, que reposa en el archivo de la Asociación de Profesores y que fue dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, se manifestó que “no compete a la Universidad el trazado de la política de paz y extradición o la política económica y de relaciones exteriores que pueden afectar los intereses de ciertos grupos sociales. En este último sentido nos extrañan los actos vandálicos contra una institución cuya misión es útil a todos los miembros de la sociedad”. El comunicado fue firmado por la Asociación de Profesores, la Asociación de Empleados no Docentes y el Sindicato de Trabajadores.

Por su parte, el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hizo una declaración para la comunidad universitaria, el primero de octubre de 1990, explicando que “el trabajo puramente intelectual, que desarrolla la entidad educativa se encuentra amenazado por manifestaciones de desarreglo social que el Alma Mater no comparte ni fomenta”. La declaración reposa en el archivo de la Asociación de Profesores, con el número 130 de 1990.

La recuperación de la red de cómputo

Pasaron casi ocho años antes de que se recuperara por completo la red de cómputo; entre tanto, los empleados siguieron trabajando en los computadores de la Alcaldía de Medellín y en las redes de cómputo de universidades como Eafit. El largo tiempo de recuperación de los equipos se debió a la crisis financiera por la que ese año pasaba la Universidad. En un artículo publicado por El Colombiano el 14 de octubre, el rector Luis Pérez anunció que era necesaria una adición presupuestal de dos mil cuatrocientos millones de pesos para terminar el año 1990.

Además de lo financiero, la explosión de la red de cómputo reactivó debates que han sido transversales a la discusión universitaria, relacionados con las medidas de seguridad en el interior del campus. En la reunión del Consejo Superior Universitario del 23 de noviembre de 1990 se informó que entre las medidas que se tomaron, a raíz de ese atentado, estuvieron la instalación de un nuevo sistema de comunicación y la actualización de los carnés de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Actas consultadas

50 AÑOS DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA
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