Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia concentran el 62 por ciento de los 2.460 registros de personas desaparecidas entre enero y julio de 2020 en el país, según datos preliminares de Medicina Legal.
Por Pompilio Peña Montoya
Foto: Juan Andrés Del Puerto González
En Colombia, entre enero y julio de 2020, fueron reportadas como desaparecidas 2.460 personas, de las cuales 92 fueron encontradas muertas, 948 vivas y 1.420 continúan desaparecidas, según los registros preliminares del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Los datos de Medicina Legal, indican que tres zonas concentraron el 62 por ciento de los registros por desaparición en el país: Bogotá con 1.051 casos, Valle del Cauca con 272, y Antioquia con 210, para un total de 1.533 registros entre enero y julio de 2020.
Estas cifras, comentó Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, corroboran lo que por años han denunciado las organizaciones de víctimas: “la desaparición sigue siendo un crimen recurrente en el país”.
Para Arboleda, la desaparición de personas “es una práctica que se ha mantenido en el tiempo y que por desgracia ha sido copiada por estructuras criminales que se valen de esta práctica que comenzamos a ver con fuerza desde los años ochenta y que continua hasta hoy”.
En la actualidad, anotó la abogada, las desapariciones son cometidas por las guerrillas que siguen activas, los grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo, las bandas criminales al servicio del narcotráfico y agentes del Estado, tanto en zonas rurales como urbanas.
Considerando este panorama de actores, Arboleda llamó la atención sobre el delito de la desaparición forzada asociada al conflicto armado en Colombia y lamentó que este crimen continúe cometiéndose en el país a pesar del Acuerdo de Paz con las FARC.
En este sentido, cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (OMC – CNMH) que registran el número de desapariciones forzadas ocurridas en los diferentes periodos presidenciales en Colombia entre 1958 y 2018, permiten inferir que el delito de la desaparición forzada tuvo una amplia disminución durante las dos presidencias de Juan Manuel Santos, gobierno en el cual inició el proceso de negociación con las FARC, en 2012, que derivó en la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.
Según las cifras del OMC, mientras que en los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) se registraron en Colombia 24.072 desapariciones forzadas, siendo el gobierno con el mayor número de casos; en los dos periodos de Juan Manuel Santos (2010 – 2018) el registro disminuyó a los 2.642 casos.
La impunidad supera el 99,5 por ciento
Según el investigador Erik Arellana, quien dirige el portal desapariciónforzada.com, de las 80.569 desapariciones documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre los años 1958 y 2018, solo se han proferido sentencia condenatoria en 337 casos.
“Se han investigado a lo largo de los años poco menos de 8 mil casos y la impunidad está por encima del 99,5 por ciento”, reveló Arellana, quien manifestó que este grado de impunidad es similar para los casos de desaparición reportados después del 2018.
Es importante recordar que según Naciones Unidas la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, y sucede siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento”.
La magnitud de este crimen en Colombia, fue puesta en evidencia por la organización Human Rights Everywhere que en noviembre de 2019 presentó a la Jurisdicción Especial de Paz el informe Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia. El documento, elaborado por un equipo de investigadores liderados por Erik Arellana y Fidel Mingorance, reveló que de los 1.122 municipios que tiene Colombia, solo 66 no registran desapariciones forzadas.
Mayra, un caso de impunidad
Uno de los casos que aún continúa impune en el país es el de Mayra Alejandra Severiche. Su desaparición comenzó como un rapto cuando se trasladaba con su abuela en moto hacia el corregimiento Jardín, en el municipio de Cáceres (Antioquia). Dos hombres la interceptaron, obligaron a la mujer adulta hacerse a un lado del camino, y se llevaron a Mayra de 26 años, quien por entonces trabajaba como barbera. El hecho ocurrió el 13 de noviembre del 2018. Ella fue una de las 126 mujeres reportadas como desaparecidas en Antioquia ese año, de un total de 493 casos registrados por Medicina Legal en ese departamento.
Uno de los dos raptores de Mayra Alejandra, según cuentó su prima Vicky Alejandra Capachero, fue un menor de edad que las autoridades capturaron meses después y que fue judicializado no por la desaparición de Mayra sino por otros delitos. Este fue reconocido por habitantes del corregimiento Jardín cuando pasó en la moto llevando a su víctima. Freten a la Fiscalía, este reconoció el raptó, pero afirmó no ser el responsable de su desaparición.
“Este hombre, que ya es mayor de edad, le contó a un familiar nuestro que había entregado a Mayra Alejandra a un hombre que comandaba un grupo criminal y él le habría reclamado por algo a ella. Al no saber qué contestar, la mató y ordenó que arrojaran su cuerpo al río Cauca”, narró Vicky Alejandra Capachero.
Antes de conocer esta versión, familiares de Mayra Alejandra estuvieron por varios meses buscándola en veredas apartadas y a lo largo de varios kilómetros del río. Se organizaron caminatas por Cáceres, se encendieron velas, se repartieron papeles con la fotografía de la desaparecida, se dieron declaraciones a los medios televisivos, se hicieron las denuncias en la Fiscalía, pero todo fue en vano. Mayra Alejandra pasó a hacer parte de las estadísticas.
Vicky Alejandra Capachero, quien hoy vive en una ciudad de la Costa Caribe por miedo a regresar a Cáceres, contó a Hacemos Memoria que no pasa un día sin recordar a su prima, con quien disfrutó toda la niñez y parte de la adolescencia. “No tengo un amigo en Cáceres que no haya vivido un episodio de violencia en el Bajo Cauca. Me han matado a amigos, han desaparecido otros. No pasa un día en que no recuerde a mi prima. De hecho, cuando voy en bus, siempre me fijo en la cara de las personas que caminan por la acera esperando verla con vida”.
Niños, niñas y adolescentes son población vulnerable
La población infantil es uno de los sectores vulnerables al delito de desaparición en el país, como lo demuestran los registros de Medicina Legal para el año 2020. Según el reporte, entre enero y julio de este año, fueron reportados como desaparecidos 800 niños, niñas y adolescentes con edades entre los 0 y los 17 años, lo que representa el 32% del total de las víctimas en el país: 2.460 personas.
En este rango de edad, es importante llamar la atención acerca de que son las adolescentes las principales víctimas, pues el registro de Medicina Legal indica que entre enero y julio de 2020 en las edades entre los 12 y los 17 años, las adolescentes registradas como desaparecidas fueron 506, mientras que los jóvenes fueron 225.
Es por ello que para Claudia Duque, profesional de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, “debemos estar muy atentos a lo que hacen nuestros niños y adolescente en internet. Con la cuarentena ellos están más tiempo navegando y conociendo personas, y pueden llegar a caer en alguna red criminal, ser instrumentalizados o incluso abusados. Hemos conocido muchos casos de menores de edad que desaparecen por eso y debemos evitarlo”.
Víctimas, preocupadas por la continuidad de la desaparición
En Antioquia, la Mesa Departamental de Víctimas comenzó un trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para impulsar la búsqueda de los desaparecidos en este territorio, para lo cual se elaboró un formato con el que se esperan documentar los casos. Hoy, este formato está siendo utilizado por las 125 organizaciones de víctimas que componen la Mesa, reveló Menderson Mosquera Pinto, coordinador de este espacio de participación de víctimas.
Mosquera afirmó que la idea surgió por la cantidad de reclamos de familiares de víctimas que hay en el departamento, donde para él la situación es preocupante especialmente en poblaciones como Dabeiba y en regiones como “el Bajo Cauca, el Norte, el Magdalena Medio y el Urabá, por casos que llevan muchos años. Y ahora nos damos cuenta que existen casos muy sombríos en el Suroeste, donde se cree que el conflicto no fue tan fuerte, especialmente en Betulia”.
Antioquia es históricamente el departamento con el mayor número de desaparecidos durante el conflicto armado. Según los registros del CNMH, de las 80.569 víctimas de este crimen, Antioquia concentra 20.286 registros, seguido de Meta con 5.459 casos y Magdalena con 4.123.
Entre enero y julio de 2020, Medicina Legal registró para Antioquia 210 casos, siendo Medellín y Bello los municipios con mayores registros, 133 y 32 casos respectivamente. En todo el 2019, estas dos ciudades concentraron el 72% de los registros en Antioquia con 400 y 60 casos respectivamente.
Luz Elena Galindo, quien hace parte de la Mesa de Víctimas de Medellín, afirmó que quienes están detrás de las desapariciones en la ciudad son las estructuras criminales que dominan los barrios y que se lucran, entre otras cosas, de la venta de estupefacientes.
“Creemos que ahora con la pandemia muchos casos de personas desaparecidas en Medellín no han sido denunciados, también por miedo, pero lo peor es que son los menores de edad y los jóvenes los más afectados”, manifestó Luz Elena Galindo.
Tanto Menderson como Luz Elena manifestaron que aunque el estado de anormalidad que vive el país por la pandemia ha causado retrasos institucionales para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, las organizaciones en el departamento y en todo el país continúan unidas para trabajar sin descanso por sus familiares ausentes.