Los desaparecidos que negó Hidroituango

A pesar de que EPM y la Fiscalía aseguraron que en los cementerios de Orobajo y Barbacoas no había personas desaparecidas enterradas, la Agencia de Prensa IPC conoció por lo menos cuatro casos que desmienten a esas instituciones.

 

Por: Daniela Sánchez Romero y Juan Camilo Gallego Castro – Agencia de Prensa IPC

Raúl Antonio Moreno recuerda la cabeza que encontró en la playa Saibón a orillas del río Cauca. No supo si era hombre o mujer, pero se quitó la camiseta, tomó en sus manos aquella parte del cuerpo y la enterró con la nariz hacia abajo porque le daba miedo mirarla.

En las reuniones bajo la sombra del tamarindo en el centro del corregimiento Barbacoas, en el municipio de Peque en el occidente antioqueño, como era común entre los mineros, Raúl Antonio contó la historia de su hallazgo. Unos niños escucharon su relato y luego se lo contaron al profesor de la escuela.

Un día este apareció en la casa de Raúl Antonio y le preguntó si era cierto lo que narraban. Regresó a los seis meses y le dijo, “Raúl, vamos a donde sabemos”. La cabeza ya no tenía pelo, mucho había cambiado desde que la enterró. En una bolsa metieron la cabeza y los dientes y la llevaron al cementerio de Barbacoas, en donde EPM y la Fiscalía descartaron que allí hubiera personas desaparecidas y víctimas del conflicto armado. Dice Raúl que esto sucedió hace unos treinta años, cuando estaba recién casado.

Pero EPM le dijo el 6 de mayo de 2020 al Instituto Popular de Capacitación (IPC) que los cementerios de Barbacoas, Orobajo (Sabanalarga) y La Fortuna (Buriticá) no fueron “un espacio que obedeciera a víctimas de conflicto armado”, lo mismo aseguraron el 8 y 9 de octubre de 2019 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante una audiencia de ampliación de información como parte de la solicitud de medidas cautelares para proteger 16 lugares del país en donde hay personas desaparecidas, entre ellas, la zona inundada por el proyecto Hidroituango.

En esta audiencia EPM dijo que en los tres cementerios no fueron enterradas personas con signos de violencia ni personas desaparecidas, que por décadas fueron recuperadas del río Cauca por mineros y pescadores.

Sin embargo, la Agencia de Prensa del IPC conoció cuatro casos que desmienten a esas instituciones, en los que mineros como Raúl Antonio cuentan cómo en estos cementerios sí enterraron personas asesinadas presuntamente por actores armados y también a los desaparecidos que bajaban por el río Cauca desde otros municipios de Antioquia o del interior del país. A esto se suman las irregularidades en el traslado de 349 cuerpos de los cementerios y en la búsqueda de las personas desaparecidas enterradas cerca del río y que no fueron exhumadas por la Fiscalía, a pesar de que esta hizo hasta este año 207 exhumaciones en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico que generará el 17% de la energía eléctrica del país.

 

Enterrar a los ahogados

El Cauca hoy no es un río, es un estanque verde y brillante desde las montañas de Sabanalarga y Peque. No es bronco ni mono, es inmóvil. Desde la lejanía es una postal hermosa, pero sobre sus aguas es notable que se trata de un criadero de buchones, una de las especies invasoras más dañinas del mundo. Razón tiene Abelardo David Chancí, guardia mayor del cabildo indígena Nutabe de Orobajo: “para nosotros ver el territorio inundado es una tristeza. Para otros que van de turismo, es una belleza”.

El agua subió cientos de metros y acabó las playas, los remolinos y los remanses. A estos el río traía chanclas y zapatos, ropa, juguetes, cuerpos… En Orobajo, el último rincón de Sabanalarga, no acostumbraban enterrar “los ahogados” del río en su cementerio, tampoco era la costumbre en el corregimiento Barbacoas de Peque, en la otra orilla, pero la compasión a veces era más fuerte. En varias ocasiones cambiaron las playas por tumbas y llevaron los cuerpos o lo que quedaba de ellos a una tierra menos azarosa y expuesta a las crecientes del Cauca, a los cementerios comunitarios que llaman irregulares, en los cuales no hay registro ni ubicación de los fallecidos, pero en donde enterraron por décadas a sus seres queridos.

Raúl Antonio aún toma en sus manos la batea de madera con la que lavaba oro. Hay noches en las que se sueña barequeando en Barbacoas, vendiendo el oro en Sabanalarga y recibiendo la plata que acostumbraba. “Desde que me sacaron el 28 de noviembre de 2017 no he vuelto a Barbacoas. ¿Para qué?”, dice al final de una tarde de julio en su casa de Peque.

Tiene 54 años y lavó oro desde los diez. Así como su papá le enseñó a barequear, lo mismo hizo él con la mayoría de sus ocho hijos. Extraña el río y dice que su vida se quedó en el corregimiento que no existe. Su fortuna o infortuna fue haber sido obligado a cambiar la pesca y el oro por el trabajo de la tierra: hoy siembra frijol, maíz, plátano y yuca. Si cuando era minero descansaba algunos días, hoy los cultivos no se lo permiten.

Dice que recogió cinco “ahogados”, que se detenían y daban vueltas en los remanses como si gritaran que los sacaran del Cauca. Dice que le indicó a la Fiscalía dónde estaban tres de ellos, porque los otros dos no los encontraron. “Se quedaron”, dice. Uno de los cuerpos que recuperó la Fiscalía hace cuatro años era el de una mujer que él mismo enterró en la playa Napé. Recuerda que “echaba sangre por las ñatas”. De ese sitio, asegura Raúl, la Fiscalía sacó siete cuerpos.

Pero dice que, bajo el embalse que es el Cauca, se quedó una mujer desnuda enterrada en la playa de Bandonado, “blanca, mona, de ojos claros y manos velludas”, también un hombre desnudo, “chocoano”, que rescató del río. Nunca los encontraron.

En la vereda Cañaveral de Peque viven algunas de las 32 familias de Barbacoas desplazadas por Hidroituango. Allí Raúl Antonio tiene una finca que le dio EPM como indemnización. Allí también vive Pedro Adán Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal de Barbacoas entre 2011 y 2015. Recuerda al inspector de Policía Pedro Luis Pino, quien apenas escuchaba de un cuerpo enterrado en las playas siempre armaba una comisión para llevarlo al cementerio.

A Pedro Adán le tocó en una ocasión recoger unos restos regados en una playa y llevarlos al cementerio por decisión del inspector. También rescató, junto a otros barequeros, el cuerpo de un ahogado que enterraron en el cementerio porque estaban cerca de allí. Entre las pertenencias del muerto estaba un celular del que recuperaron una sim card. Al introducirla en otro celular encontraron un contacto marcado como “papá”. Por teléfono acordaron que la familia iría con una foto a Barbacoas. Cuando Pedro Adán y los barequeros la vieron, confirmaron que era la misma persona, la desenterraron y se la llevaron para Anzá, un municipio del suroeste de Antioquia. Si bien la Fiscalía no exhumó este cuerpo, estos testimonios también confirman los casos de personas que fueron arrojadas al río Cauca, recuperadas por los mineros y enterradas en el cementerio de Barbacoas.

Jaime de Jesús López también rescató “ahogados” del río y luego los enterró. Hugo López, su hijo de 27 años, recuerda que su papá fue asesinado en Barbacoas el 7 de octubre de 1995 junto a Rosmiro Flórez. Las Farc los identificó como “hombres problemáticos”.  A Jaime de Jesús le dispararon en siete ocasiones. Hugo recuerda que a su papá y a Rosmiro los enterraron en el cementerio del corregimiento. Dos décadas después, en febrero de 2015, la Fiscalía exhumó los restos de Rosmiro y del que creyeron era Jaime de Jesús. Esto también confirma que en el cementerio de Barbacoas fueron enterradas personas que tuvieron una muerte violenta, contrario a lo que ha repetido EPM.

Vestir a los “ahogados”

Ormán Zapata vivió toda su vida en Orobajo, hasta hace tres años que salió desplazado, junto a 40 familias más, por el megaproyecto. “Éramos libres en ese cañón. Podíamos pescar y lavar oro donde quisiéramos. La playa era de nosotros”, dice. En su casa de Sabanalarga duerme en un colchón en el suelo, la cocina tiene pocos platos plásticos y el fogón está sobre una pila de cajas de gaseosa. Su cara se pone triste cuando dice que no puede vivir sin el Cauca.

“Siempre bajaban cuerpos por el río. Los recogíamos porque nos daba lástima ver a la gente que se la comieran los animales, los gallinazos”, dice. En el cañón los más viejos recuerdan los muertos de la tragedia de Armero. Y dice que a los de los ochenta y los que vinieron después cuando el conflicto armado se intensificó los recogieron y enterraron en las playas.

Una vez vio un cuerpo en el río y se lanzó por él. Lo agarró de un brazo y este se desprendió. “Estaba deshecho”, no tuvo otra opción que dejarlo seguir aguas abajo.

En cualquier parte enterraban los muertos e improvisaban cruces de madera que luego desbarataba el río. Pero no todos eran “ahogados”, la paradoja de quienes fueron asesinados y desaparecidos en el río.

Ormán, Abelardo David y Herlinda Feria, una mujer de 73 años que vivió casi toda su vida en Orobajo recuerdan la historia de una niña de unos tres o cuatro años que recogieron en el río. “Era una niña blanquita, monita. Le di un vestido de una niña mía. Era rosado claro”, dice ella. Ormán y Herlinda dicen que en la vereda les dio lástima de la niña y la llevaron al cementerio, en donde enterraban a sus familiares.

 

No fue la única vez que Herlinda regaló su ropa para enterrar a los muertos que bajaban desnudos por el río. En otra ocasión entregó una falda y una blusa para vestir a un hombre antes de que lo enterraran en una playa.

Herlinda siempre les temió a los “ahogados”. Su casa estaba en medio de dos playas: Zorrón y Botijas. En estos sitios siempre se detenían los muertos que llevaba el río, por eso la de Botijas se convirtió en el cementerio de los “ahogados”. En sus recuerdos está la imagen de un hombre que golpeaba su cabeza contra las rocas de la orilla. Vio su cabeza romperse, vio sus rodillas rojas. Prefería caminar entre el monte que en las playas anchas de Orobajo por miedo a toparse con un “ahogado”. Lavó oro desde los siete años y no olvida la masacre del 12 de julio de 1998 en la que paramilitares del Bloque Noroccidental de las AUC asesinaron a once personas en las veredas La Aurora y Orobajo. Una de las víctimas fue Virgilio Sucerquia, el último cacique Nutabe, el papá de Orobajo.

“A uno que otro ahogado lo enterramos en el cementerio”, dice Ormán. No recuerda el número exacto, solo que a veces el pesar, la compasión o el dolor mismo, los guiaba hasta el cementerio. Uno de ellos fue un “ahogado” que luego se supo que era del municipio de Giraldo, también en Antioquia. Lo desenterraron y luego lo colgaron en una camilla improvisada con palos y costales y se lo entregaron a su familia.

Ormán y Herlinda también fueron desplazados por el proyecto Hidroituango. Se fueron para el casco urbano de Sabanalarga antes de que la Universidad de Antioquia fuera contratada para intervenir uno de los cementerios de Orobajo y de que trasladara los cuerpos de sus familiares. Por eso no saben si los 182 cuerpos que, según la JEP, sacó esta universidad, los enterraron de nuevo o están en el Laboratorio de Osteología de esa universidad en Medellín.

 

Gestionar un permiso

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los doce municipios de influencia directa de Hidroituango se cometieron 76 masacres que dejaron como víctimas a 452 personas (la mayoría de masacres, 47, sucedieron entre 1996 y 2006) y fueron desaparecidas 1.013 personas entre 1981 y 2014. Esto sin contar los desaparecidos que bajaban por el río desde otros departamentos y municipios de Antioquia.

Desde 2015, EPM le solicitó a la Fiscalía que impulsara la búsqueda e identificación de restos humanos por causa del conflicto en la zona de influencia de Hidroituango. El 2 de noviembre de 2017, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, entonces director Ambiental, Social y de  Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango – EPM escribió un oficio a la Fiscalía en el que manifestaba que para avanzar en la construcción del proyecto había que implementar “la prospección, rescate, documentación, traslado y disposición final de cuerpos sepultados” en los cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna. “Por tal razón, solicitamos comedidamente la autorización para exhumar los cuerpos esqueletizados […] partiendo del hecho de que estos no se encuentran en el marco de un asunto legal”. En dicho documento agregan que la Fiscalía ya había adelantado “los debidos procesos de investigación, prospección y exhumación de aquellos de pertinencia jurídica, en las zonas referidas y cercanas a ellas”. Por esto es que la Fiscalía le dijo a la JEP en 2019 que habían hecho 195 diligencias de exhumación.

El 14 de noviembre de 2017, Paula Andrea Betancourt y Alonso José Alvear Pérez, Fiscales 91 y 221 del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), le respondieron a EPM que “en vista que se trata de hechos ajenos al conflicto armado no es nuestra competencia autorizar ni intervenir en este procedimiento” y advirtieron que esa respuesta no obedecía a una orden judicial.

En el auto AT-030 de 2020, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (SARV) de la JEP aseguró que no había en el expediente documento alguno en el que la Fiscalía certificara o señalara que había realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia de Hidroituango, por lo que la respuesta de los Fiscales 91 y 221 del Grube “corresponde más a una lectura o interpretación que hizo EPM”.

No obstante Alirio Uribe Muñoz, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo, se pregunta por qué EPM le dice a la Fiscalía que la intervención de los cementerios no es de su competencia y esta, a su vez, da el visto bueno para intervenir. Y agrega que “le dieron esa connotación de traslado administrativo a restos que no se sabía quiénes eran, y en esos podía haber víctimas de violencia, que pudieron ser enterradas por personas de la zona. Eso fue un favor de la Fiscalía. La empresa tratando de tener un seguro y la Fiscalía certificando lo que es imposible certificar”.

Diana Arango, directora de Équitas, una organización creada en el 2004 y compuesta por un equipo forense independiente que ha investigado graves violaciones a los derechos humanos en el país, dice que “claramente no había cómo asegurar” que en esos cementerios no había desaparecidos, pues están ubicados en zonas alejadas de los cascos urbanos y en donde hubo masacres, desapariciones y homicidios en el marco del conflicto armado.

Para ello explica que en un cementerio regular, como Campos de Paz de Medellín, se conoce la identidad y ubicación de todos los muertos, pero en cementerios irregulares como los de Barbacoas, Orobajo y La Fortuna, no existe registro de quiénes y cuántas personas fueron enterradas, el lugar de inhumación y las causas de su muerte.

Una vez EPM utilizó la respuesta de la Fiscalía como seguro para intervenir los cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, en noviembre de 2017 invitó a Socya, una empresa que presta servicios medioambientales, a la “socialización de los procesos de prospección, exhumación y traslado administrativo” de los cuerpos sepultados en los tres cementerios. Algo distinto le dijo a la JEP Jorge Iván Arango, empleado de Socya, pues aseguró que se trataba de “programas que buscan la gestión social en el territorio; nunca tienen un alcance de búsqueda de víctimas o desaparecidos”.

Sin embargo, Socya, en diálogo con las comunidades, identificó 30 puntos en donde habría personas desaparecidas. Estos fueron informados a la Fiscalía, pero solo revisaron 27 de ellos. Diana Arango, directora de Équitas, asegura que buscar personas desaparecidas no es una tarea fácil ni la puede hacer cualquiera. Para ella, Socya asumió un rol de búsqueda de personas desaparecidas en conjunto con la Fiscalía.

“¿A cuenta de cuál experiencia asumieron el rol de búsqueda de personas desaparecidas? Ellos reiteran que no asumieron ese rol, pero nosotros citamos varios informes que ellos entregaron a la JEP que hablan de la búsqueda de personas desaparecidas y cómo ellos le avisaban a la Fiscalía de puntos que identificaban como posibles zonas de inhumación”, dice. A esto se suma, agrega Arango, que Socya apoyaba en logística el traslado de los funcionarios de la Fiscalía: transporte, alimentación.

También se pregunta por el papel de Socya, que además es socia de EPM: “¿qué significa que una organización que no tiene ningún tipo de experiencia forense y que no es una autoridad judicial, descarte puntos?”. Ese es un papel que le corresponde a la Fiscalía, asegura. Dice al leer los informes de Socya que son evidentes “varios incidentes en los que exhumaron cuerpos y la retroexcavadora arrojó los restos y residuos al río. El proyecto sí estaba afectando las fosas de las personas que fueron inhumadas en las riberas del río y la empresa no paró su intervención. La Fiscalía tampoco hizo nada. Eso significaba que había más cuerpos y que no se podía intervenir hasta que no hubiera un plan de búsqueda. No pasó nada y la zona se inundó. ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada si en los informes de Socya decían que habían encontrado cuerpos que tiraron a los ríos?”.

Otra de las preguntas que se hacen Diana Arango, de Équitas, y Astrid Torres, investigadora de la Corporación Jurídica Libertad, es que no existió ni un universo de víctimas ni un plan integral de búsqueda de personas desaparecidas, que fue uno de los reclamos que hizo la organización Ríos Vivos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de mayo de 2018, antes del llenado de la represa.

Arango agrega que las 195 exhumaciones que hizo la Fiscalía hasta octubre de 2019 son importantes, pero no son la totalidad de las víctimas, por lo que no pueden decir que ese es el universo de las personas desaparecidas. “Lo que le decimos a la Fiscalía desde el principio es que pueden decir que hicieron 195 exhumaciones, pero ¿cuál es el universo? ¿Son solo 195 personas en Hidroituango, conociendo los antecedentes de masacres, desplazamientos, de tomas? ¿En los doce municipios de influencia solo había 195 personas? La respuesta es que no. La Fiscalía hizo 195, a las que pudo tener acceso, pero no tienen claridad del universo de personas desaparecidas que pueden estar en la zona de influencia del proyecto. No era suficiente ni era la totalidad de las víctimas”, señala.

En octubre de 2018 la Procuraduría Regional de Antioquia le dijo a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que atendieron a 730 personas entre el 17 y 18 de abril de ese año en Sabanalarga y que no recibieron ninguna reclamación relacionada con desaparición forzada. Ante esto, la JEP considera que no es clara la metodología utilizada, el listado de asistencia, las actas, guías y material pedagógico para dicho trabajo.

La posición de EPM frente a los reclamos de las organizaciones sociales es distinta. Su abogado Álvaro Hernán Giraldo Pérez le escribió un oficio a la JEP en el que asegura que “son pocos los lugares donde es probable que permanezcan cuerpos o restos humanos susceptibles de ser inhumados” y que en los lugares donde se podrían encontrar la Fiscalía “ha llevado a cabo su labor, encontrándose agotada la información disponible por parte de las autoridades respecto a la zona de embalse”.

Al preguntarle a la Fiscalía si había descartado la presencia de víctimas del conflicto armado en los cementerios, esta le dijo el 3 de agosto al IPC que hicieron diligencias en el cementerio de Orobajo, cuando recuperaron cinco cuerpos de las víctimas de la masacre paramilitar, hoy enterradas en el cementerio de Sabanalarga, y que exhumaron seis cuerpos en el cementerio de Barbacoas, de los cuales identificaron a una persona.

Luego de que la Fiscalía interviniera los puntos identificados por Socya en donde habría personas desaparecidas y de que EPM le dijera a la Fiscalía que en dichos cementerios no había víctimas del conflicto, Integral, una empresa de ingeniería que hace parte del Consorcio Generación Ituango, encargado de construir la represa de Hidroituango, firmó el 14 de noviembre de 2017 un contrato con la Universidad de Antioquia, cuyo objeto era “implementar el desarrollo de la prospección, rescate, documentación, traslado y disposición final de cuerpos sepultados” en los tres cementerios por un valor de 411’910.843 pesos, el cual se amplió en un otrosí por un valor de 40’500.000 pesos, el 19 de abril de 2018. En dicho contrato llama la atención la décima cláusula en la cual el contratista, es decir la Universidad de Antioquia, asume toda la responsabilidad por daños, perjuicios y reclamos que se causen contra Integral por ocasión de la ejecución del contrato.

Una vez se firmó el contrato, la profesora Timisay Monsalve Vargas, directora del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, fue la encargada de liderar lo que denominaron el traslado administrativo de los tres cementerios.

 

¿Traslados administrativos?

Diana Arango dice que los protocolos que se utilizan en un traslado administrativo y en una intervención de tipo forense son similares: se deben tener las mismas precauciones en términos del embalaje, la trazabilidad, los informes de campo, la recopilación de la información. Lo forense está relacionado con un proceso judicial, cuando se tiene un claro indicio de que las personas pudieron haber muerto por causa violenta.

Dice la Universidad de Antioquia que exhumó 349 cuerpos en los tres cementerios: 180 en Orobajo, 151 en Barbacoas y 18 en La Fortuna.

Pedro Adán Torres, quien fuera presidente de la JAC de Barbacoas, recuerda que en 2008 llegaron las primeras personas hablando de Hidroituango y haciendo reuniones. En 2008 y 2010 hicieron censos poblacionales a los afectados por la construcción del megaproyecto.

Ubaldo Torres, presidente de la JAC desde 2015, y Pedro Adán fueron de casa en casa preguntando si sabían de “ahogados” enterrados en las playas del Fardo, el Terrón, Boquerón y, Nosuva. Identificaron siete puntos y, en compañía de la Fiscalía, rescataron 43

Luego aparecieron Integral y la Universidad de Antioquia. Se reunieron en el Parque Educativo de Peque el 4 de enero de 2018, en donde les informaron cómo sería el proceso. La universidad pidió que se eligiera un representante y la comunidad eligió a Pedro Adán. Fue contratado para ayudar en la exhumación de los cuerpos del cementerio de Barbacoas.

El 24 de enero de ese año, EPM le envió un oficio al fiscal 221 Alonso José Alvear en el que le informaba que en el proceso de exhumación de cuerpos en Barbacoas había un lugar donde estarían los restos de Jaime López, el barequero asesinado por las Farc en 1995.

Hugo López, el hijo de Jaime, esperaba por fin encontrar los restos de su papá. Durante el traslado administrativo del cementerio a ninguna familia le tomaron una muestra de ADN para cotejar con los restos de las personas exhumadas. El método de identificación, que describe el líder Pedro Adán Torres, fue preguntar a las familias en cuál lugar habían enterrado a sus seres queridos, los rasgos físicos, cuál era la ropa que tenían y si tenían dientes naturales, información que se incluyó en la ficha antemortem elaborada por la Universidad de Antioquia.

En muchos casos las familias no recordaban las prendas que utilizaban. Por eso ahora la mayoría de las personas con las que conversamos para esta investigación manifiestan que EPM les incumplió y que les desapareció a sus familiares. En el caso de Hugo, quien siempre supo que su papá estaba enterrado en el cementerio de Barbacoas y que esperaba encontrarlo con la exhumación, ahora no sabe dónde está.

Por su parte, en Orobajo, la Universidad de Antioquia dice que exhumaron y trasladaron 180 cuerpos, mientras que la JEP, en el auto AT-034 de 2020, se refiere a un estimado de 182 individuos. Todos esos cuerpos y restos fueron trasladados al Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, mientras las comunidades definían un nuevo sitio de inhumación de sus familiares. Dice EPM que por la pandemia de covid-19 no ha sido posible hacer la consulta y concertación con estas.

Con relación a la totalidad de cuerpos exhumados, EPM le respondió al IPC que no tenían licencias de inhumación, dado que “no existía la práctica ni la posibilidad material de gestionar ante las localidades las tramitaciones propias de un cementerio regular” y que las comunidades “delegaron de manera previa, libre e informada, en miembros de la comunidad su representación en el proceso”.Sin embargo, a Pedro Adán Torres lo eligieron como representante de Barbacoas por sugerencia de la Universidad de Antioquia y no por decisión previa y espontánea de la comunidad.

Ni la Universidad de Antioquia ni EPM tienen claro a quiénes trasladaron de un cementerio a otro.

En el caso de Orobajo eligieron como representante al guardia mayor Abelardo David Chancí. Él asegura que en el cementerio hicieron una búsqueda sin saber a quiénes y a cuántas personas encontrarían.

EPM le respondió al IPC que “ni la Universidad de Antioquia, ni Integral, ni EPM han realizado traslado de cuerpos de víctimas de desaparición forzada y NN”, dado que esa acción le corresponde a la Fiscalía, pero agregan algo llamativo: “fue un traslado administrativo de sus cementerios, en el marco de la buena fe, la información y transparencia de la comunidad y las autoridades legales”.

Diana Arango, directora de Équitas, dice que el desorden de los cementerios fue de tal magnitud que no era posible saber qué encontrarían allí. Asegura que la Universidad de Antioquia “tenía información de entre el 5% y 6% de las tumbas,  mientras que del 95% no tenía información confiable ni la trazabilidad de que lo que estaba en el registro correspondía con lo que había en la tumba”. Por eso para ella el error más grande fue haber continuado con una intervención administrativa cuando debió convertirse en una de corte forense, porque no se podía establecer claramente la trazabilidad de la información de las personas que iban encontrando en las exhumaciones.

En el auto AT-034 de 2020, la JEP confirmó que por lo menos tres de los 182 cuerpos de Orobajo que tiene el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia tenían alteraciones por impacto de proyectil de arma de fuego. Estos restos estaban alojados en 185 contenedores, según la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), 27 están en regular estado de conservación, 26 en mal estado y 16 en pésimo estado, lo que tendría como consecuencia “dificultades para realizar los análisis básicos de perfil biológico (edad, sexo, estatura), las características individualizantes y la presencia de alteraciones de temporalidad peri mortem (alrededor de la muerte)”.

De ahí las preguntas de la JEP: ¿Por qué se realizó la exhumación de cuerpos que presentaban signos de violencia peri mortem? ¿Qué procedimientos y protocolos se siguieron que puedan explicar la forma en que se adelantaron las tareas? ¿Por qué no se reportó a las autoridades competentes el hallazgo de cuerpos con signos de violencia por arma de fuego? ¿Qué autoridades competentes conocían esta situación? ¿Por qué esta situación no fue comunicada a la JEP en la audiencia de octubre de 2019 ni en las otras diligencias adelantadas en el laboratorio de la Universidad de Antioquia?

Frente a esto, la Universidad de Antioquia le respondió al IPC el 29 de julio que “no era competencia de la UdeA identificar muerte violenta de ningún tipo. Para reportar muerte violenta hay que investigar y no era tampoco competencia del contrato investigar causa o manera de muerte en el marco del traslado”. Sin embargo, la profesora Timisay Monsalve le dijo a la JEP durante la audiencia de octubre de 2019 que había identificado restos con marcas de violencia.

Diana Arango es crítica del trabajo de la Universidad de Antioquia en este caso, pues dice que “se debió parar la exhumación, llamar a la Fiscalía para que asumiera la continuación de la exhumación del cementerio y para que hiciera la investigación de lo que había allí. En el afán de trasladar para continuar con la inundación de la represa no se procedió de la manera adecuada”. Para ella es muy grave que la Universidad haya lavado las prendas de los cuerpos que recuperaron en los cementerios, pues con ello “afectó las pruebas, afectó tanto el cuerpo como el material probatorio que pudiera haber en las prendas. Eso no se puede hacer. Los residuos que había en esa ropa, de pólvora o sangre, ya se perdieron. Se perdió todo”.

Agrega Diana Salamanca, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que son varias las irregularidades en este proceso: los cuerpos recuperados de los cementerios están en condición de no identificados; no se sabe cuántas personas fallecieron durante la vigencia del conflicto armado y si los actores armados utilizaron los cementerios para inhumar cuerpos; algunos cuerpos presentan traumas y el tratamiento de estos no fue el adecuado, además de que no hubo una búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas; la ausencia de traumas óseos no descarta que hayan sido víctimas del conflicto armado, y los cuerpos recuperados no han tenido un proceso claro de identificación.

De los 349 cuerpos que exhumó la Universidad de Antioquia identificó 28, todos de Barbacoas (22 enterrados en Peque y 6 en Sabanalarga), lo que equivale al 8%. Una de las preguntas es si en el cementerio de Peque y el Laboratorio de Osteología de esa universidad están los restos de personas desaparecidas o asesinadas que enterraron en los cementerios de Orobajo y Barbacoas.

 

Enterrar un desconocido

Las personas de Barbacoas con las que conversamos aseguran que EPM les incumplió, esperaban que los restos de sus familiares estuvieran en osarios individuales, pero fueron enterrados en una bóveda en el cementerio de Sabanalarga y en una fosa común en el cementerio de Peque.

Francisco Rodríguez, párroco de Peque, recuerda que el 22 de septiembre de 2018 hizo una eucaristía colectiva para enterrar los restos de 142 personas que estaban en Barbacoas (cinco más fueron enterrados en Sabanalarga y los demás en municipios como Liborina). Asegura que Socya aún no le entrega el listado de las personas que enterraron, a pesar de que ha solicitado la información en varias ocasiones. “A veces uno pasa de confiado, pero no me han dado la documentación”, dice. Por esa razón tampoco leyó los nombres de estas personas en la eucaristía.

Pedro Adán Torres recuerda que un día lo llamaron para que hiciera un hueco en la tierra en el cementerio de Peque. “No sabíamos que era para enterrar todas las cajas. Los metieron a todos en un hueco, mientras que en Barbacoas todos tenían un lugar. Hoy los seres queridos, sus restos, no sabemos cuáles son”, dice.

Raúl Antonio Moreno, el barequero que inhumó una cabeza en el cementerio de Barbacoas, recuerda que en el cementerio del corregimiento enterró a sus abuelos, a su hijo Juan, que murió de tres meses, y a dos nietos de seis y cuatro meses. Los enterró en cajones de madera. Para identificarlos luego del traslado le dijeron que recordara en qué lugar los había enterrado y cuáles eran las prendas que tenían. Pero él lo había olvidado. “Creí que iban a tener bóvedas, pero los cogieron como animales y los echaron en ese hueco”, dice.

Como no supo cuáles eran los cuerpos de sus familiares, al cementerio llevó los restos de un niño. “Nos dijeron que cada cual agarrara una caja y que la llevara al cementerio. Cogimos cajas sin saber quiénes eran. Había cajas de bebés y otras de adultos”, dice. Las cajas (clasificadas por sexo y edad) no tenían nombres, a excepción de quienes identificaron a sus familiares por sus dientes o su ropa o el lugar en el cual los enterraron.

Lo mismo sienten Rafael Antonio Torres y Leonilda López, una pareja de barequeros que también terminó desplazada en Peque. Él dice que hubo cuerpos que se perdieron, porque en el cementerio de Barbacoas cuando se abría un nuevo hueco la tierra estaba mezclada con huesos de viejos entierros. Rafael enterró a sus abuelos y a sus hermanos pequeños en el cementerio; Leonilda, por su parte, a sus abuelos y tres hermanos. La mamá de Leonilda tampoco recordaba dónde había enterrado a su madre ni la ropa que vestía. Ellos no recibieron los restos de sus familiares, en cambio, llevaron los restos de otras personas al cementerio.

Hugo López, el hijo del barequero asesinado por las Farc en 1995, también describe con molestia esa experiencia. Ni la Fiscalía identificó el cuerpo de su padre, ni la Universidad de Antioquia le entregó a su familiar. “Los enterraron en cajas desechables. Es un proceso muy raro, creíamos que era un osario por familia, pero no fue así, los metieron a todos en un socavón”, dice.

Otro es el caso de Rubén Sucerquia Valle, quien hoy vive cerca de donde estaba Barbacoas. A su hermana Marleny la desenterraron, todavía estaban las trenzas de su cabello y sus dientes. Ella fue una de las 22 personas que identificó la Universidad de Antioquia. El día del entierro, cuando les entregaron los restos a su familia, ya no estaban los dientes naturales. Asegura que enterraron a una persona distinta a su hermana.

El 14 de noviembre de 2017, los fiscales 91 y 221 del Grube de la Fiscalía le dijeron a EPM que “si en los cementerios a intervenir, existen cuerpos en condición de no identificados (C.N.I), éstos NO pueden ser intervenidos por ustedes. Por ello, y de existir estos cuerpos, se requeriría realizar un inventario y registro de cada uno de ellos para tomar decisiones de fondo sobre estos casos”.

¿Actuaron mal EPM y la Universidad de Antioquia al trasladar de los cementerios cuerpos sobre los cuales no tenían certeza de su identidad? ¿Por qué la Universidad de Antioquia trasladó, como lo dijo la JEP en marzo de 2020, los tres cuerpos de Orobajo que tenían signos de violencia?

En respuesta al IPC, EPM dijo que ninguna de las empresas que participaron en el traslado de los cementerios son competentes legalmente para identificar muertes causadas por violencia armada organizada, o cualquier otro tipo. De ser así, ¿por qué trasladaron los restos de los tres cuerpos de Orobajo y, posiblemente, los cuerpos de personas desaparecidas o víctimas de muerte violenta enterradas en Barbacoas? ¿Por qué trasladaron tres cementerios si al final solo confirmaron la identidad del 6.3% de los cuerpos?

A una situación similar se enfrentan las familias que vivieron en Orobajo. Herlinda Feria aún no sabe qué pasó con el cuerpo de su padre. Le han dicho que van a trasladar los cuerpos para Ituango, pero ella prefiere hacerlo en Sabanalarga. Recuerda que le contó a la Universidad de Antioquia que a su papá lo envolvieron en una sábana blanca y un plástico y lo metieron en un cajón de madera. Tenía un hábito café de la Virgen del Carmen. Pero no supo decir el lugar del cementerio donde lo había enterrado.

“Pero no me han dicho nada. Yo creo que pueden decirme o traerme el cajoncito. Estoy esperando que me avisen, porque en esa revoltura del cementerio no se sabe quién es quién”, dice. Ni ella ni Ormán Zapata ni Rosalina Jaramillo saben que los cuerpos trasladados de Orobajo los tiene la Universidad de Antioquia. Rosalina se enteró por la radio del traslado del cementerio “y que se los llevaron no sé para dónde. Mire qué tristeza, uno que sabe que enterró al papá o a la hija y no sabe dónde están”, dice esta mujer de 62 años.

 

Los “ahogados” que siguen ahogados

El río es un fluir constante, dice el escritor y geólogo Ignacio Piedrahita, autor del libro Grávido río y del ensayo La verdad de los ríos, que publicó la Comisión de la Verdad. Explica que los ríos suben o se llenan en época de lluvias y bajan o se vacían durante la sequía. Al año hay dos temporadas de lluvias y dos temporadas secas, lo que implica que un río nunca es el mismo.

¿Qué pasa si alguien entierra un tesoro en una playa?, pregunta el escritor. Al regresar un año después a excavar, se da cuenta que el río es otro, porque subió y bajó, y al hacerlo su figura es distinta. En ese fluir constante, el río destruye las playas y crea unas nuevas. Algunas duran décadas, años; otras, en cambio, días, semanas o una estación. En ese caso, dependiendo de la cercanía del tesoro con la corriente, este puede ser desenterrado y arrastrado hacia un nuevo lugar o permanecer en el mismo sitio si está lejos de la turbulencia y su peso es significativo.

Lo que dice Ignacio Piedrahita es importante para comprender qué pasa con los cuerpos que los pescadores y mineros artesanales del río Cauca enterraron en sus playas.

Libardo Guzmán, conocido como El Patón, tiene 62 años y fue minero en Sabanalarga desde los 16, hasta hace tres años que inundaron el cañón del río Cauca. Perdió la cuenta de los “ahogados” que sacó del río y enterró en las playas. No recuerda la fecha, pero sucedió antes de que inundaran el cañón del río, cuando la Fiscalía estuvo preguntando por los lugares de inhumación de los desaparecidos. Dice que EPM les pagaba 80 mil pesos día a los mineros que identificaban lugares donde enterraron los muertos que llevaba el río. En tres horas la Fiscalía exhumó el cráneo y parte de las costillas de un cuerpo que había enterrado. Dice que le iban a pagar la mitad del dinero porque invirtieron poco tiempo en esa tarea.

De lo que está seguro El Patón es que la mayoría de los “ahogados” están bajo el agua. En sus palabras explica que el río sube y baja, que las playas cambian y que por eso es difícil encontrar un cuerpo. Lo mismo dice Carlos Mario Chancí, un barequero y arriero que movilizó a funcionarios de EPM y Socya durante una década cuando hacían reuniones con las comunidades y les contaban lo que era una hidroeléctrica. Acompañó a la Fiscalía y recuerda la exhumación de varios cuerpos y los diálogos que tenían con los mineros. “Había gente que decía que enterró en tal parte y ya no daban con el punto porque el sitio era diferente. Era muy difícil”, dice.

Por eso la JEP, en la audiencia de octubre de 2019, le pidió a la Fiscalía el universo de víctimas de desaparición forzada en esa zona del país, sobre lo que no tuvo respuesta. Si no existía un universo claro de las víctimas, ¿por qué se inundó el cañón del río Cauca? ¿Por qué EPM aseguró que la Fiscalía había hecho “los debidos procesos de investigación”? Ahora la JEP dice que la Fiscalía no hizo una búsqueda exhaustiva en el cañón del río Cauca. Así las cosas, ¿EPM actuó como autoridad judicial para certificar que se había hecho lo suficiente y dar paso al llenado de la represa?

-¿Podemos afirmar con certeza que los cuerpos trasladados no pertenecen a personas desaparecidas? ––preguntó el magistrado Alejandro Ramelli en la audiencia que la JEP hizo en octubre de 2019.

-No le puedo decir, porque no conozco los restos -dijo el fiscal Alonso José Alvear Pérez.

-Si no se puede afirmar, ¿cómo se dio la certificación?