Un militar y dos miembros de la sociedad civil que vivieron en la época del Estatuto de Seguridad, decretado por la presidencia de Julio César Turbay Ayala, dieron sus puntos de vista, casi irreconciliables, sobre los hechos de tortura ocurridos en ese periodo.
Por: Pompilio Peña Montoya
Fotografía tomada a la edición del 11 de enero de 1980 del periódico El Colombiano
Con el fin de aportar al esclarecimiento de hechos históricos en el periodo del Estatuto de Seguridad del gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982), el 29 de julio la Comisión de la Verdad realizó un foro que convocó a tres panelistas para abordar dos temas específicos: los antecedentes que dieron origen a este régimen y el grado de magnitud que significó el uso de la tortura como estrategia de terror frente a posibles detractores del gobierno.
Los invitados fueron el general retirado Juan Salcedo Lora, miembro de la Academia de Historia Militar; Gustavo Gallón Giraldo, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas; y Jesús Aníbal Suárez, investigador y gerente de Ediciones Aurora.
Al inicio del foro, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, agradeció la presencia de los invitados a quienes les expresó: “ustedes conocen a profundidad esta época, en la que participamos y vivimos juntos, y que constituye uno de los momentos más importantes en la reflexión de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”.
De Roux nombró algunos hechos fruto del recrudecimiento del estatuto como las detenciones arbitrarias y las denuncias sobre la tortura de personas retenidas por la fuerza pública, e hizo especial énfasis en la persecución que vivieron los líderes sociales de la época.
El Decreto 1923 de 1978, más conocido como Estatuto de Seguridad, fue un régimen penal de excepción decretado al inicio del gobierno de Julio César Turbay en 1978, recordó la Comisión. Su promulgación desencadenó algunas extralimitaciones de las fuerzas militares y de policía que, amparadas en dicha normativa, incurrieron en actuaciones como allanamientos de domicilios sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, consejos verbales de guerra para juzgar a los civiles, entre otras.
Los antecedentes del estatuto
De acuerdo con el general (r) Juan Salcedo Lora, los antecedentes del Estatuto de Seguridad están asociados a varios hechos violentos motivados, presuntamente, por los movimientos guerrilleros que desembocaron en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, convocado por las centrales obreras que se agruparon en el Consejo Nacional Sindical. Ese día, ciudadanos en todo el país se enfrentaron a la fuerza pública en medio de las protestas contra lo que ellos consideraban las políticas económicas fallidas del presidente Alfonso López Michelsen (1974 – 1978).
“No eran reclamos, por Dios, no eran reclamos como los anteriores por el agua, la luz, etc. Fue un paro con organizaciones armadas que atacaron a la fuerza pública, por lo que se vio obligada a responder con sus armas de dotación”, manifestó el general Salcedo, quien añadió: “lo que sucede después del paro son una serie de eventos tremendos que le toca asumir a Turbay. Me acuerdo que, por aquella época, me tocó irme en un helicóptero a buscar el mortero con el que se había disparado contra el palacio presidencial, obra del M-19”.
Por su parte, Gustavo Gallón Giraldo, retomó varios hechos históricos anteriores al estatuto que, para él, enmarcan una forma de gobierno bajo cierto rigor militar. “Yo tendría que remontarme por lo menos al 9 de noviembre de 1949, cuando el presidente conservador Luis Mariano Ospina Pérez cerró el congreso, estableció el estado de sitio, y el país estuvo sin este organismo hasta el 20 de julio de 1958. Eso es una barbaridad. Fue una dictadura, un régimen. Luego ocurrió el golpe de estado por parte del ejército a Laureano Gómez Castro. Esto fue dramático. Fuimos un país dominado por el autoritarismo y que desarrolló la práctica de gobernar a través del decreto legislativo de estado de sitio”, afirmó Gallón.
El jurista añadió que ya entre1958 y 1974 durante el periodo del Frente Nacional, acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse el poder, la fuerza pública adquirió relevancia, al punto de quedar encargada del orden público del país a través del estado de sitio, con el que “se promueven todo tipo de legislaciones, muchas orientadas a crear delitos, a aumentar penas, prohibir manifestaciones y protestas, censurar prensa, autorizar el toque de queda”.
Gallón concluyó diciendo que “los intérpretes del asunto consideran que el Estatuto de Seguridad fue la respuesta a reclamos militares”, ya que el Ejército exigía mayor autonomía advirtiendo sobre posibles hechos subversivos que se darían en el futuro.
También refiriéndose a los antecedentes del estatuto, Jesús Aníbal Suárez refirió el libro de Medófilo Medina, La protesta urbana en Colombia, “en el que se constata que entre 1970 y 1977 ya se habían desarrollado 72 paros por falta de agua, electricidad, transporte, vías y otros. Y el 40 por ciento de estas manifestaciones fueron reprimidas, hubo toque de queda, militarización y detención de líderes. El paro de Barrancabermeja y Apartadó, por esos años, terminó con la imposición de alcaldes militares”.
Suárez añadió que “el ambiente político que hubo alrededor de Alfonso López Michelsen se expresó primero por una votación masiva en 1974. Pero la población se encontró con una política económica supremamente negativa: se eliminó el subsidio al trigo, se subió el precio del pan, se elevó el impuesto a las ventas, se dio libertad de precios y se aumentaron tarifas”, lo que, entre otras cosas, derivó en un encarecimiento de la economía que dio lugar a la protesta de los ciudadanos.
Según Suárez, la lectura que hicieron las organizaciones guerrilleras sobre el paro cívico del 77, tanto las Farc como el M-19, es que lo que hacía falta era armar a la población. El robo de las armas del Cantón Norte del Ejército Nacional por parte del M-19, al menos 5 mil unidades robadas a finales de diciembre del 1978, sería consecuencia de esa concepción de que la población debía ser armada, anotó.
Es entonces cuando “llega la elección de Turbay, quien desde el primer día pide ante el Congreso ejercer toda la fuerza para consolidar la seguridad”, señaló Suárez, quien recordó que ante las repetidas denuncias sobre agresiones por parte de la fuerza pública, tras ser expedido el decreto del estatuto, nació el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), creado en el primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas en 1979, cuyos líderes serían perseguidos y muchos de ellos asesinados años después.
La magnitud de las torturas
Según el general Salcedo, hay que partir del hecho de que el Estatuto de Seguridad fue considerado por la Corte Suprema de su momento como válido, aunque hubo algunos magistrados que se apartaron de esa decisión. “Yo de ahí no me muevo un ápice”, dijo el general en retiro para dar a entender, a su juicio, la legitimidad del estatuto.
Con respecto a las torturas, el general Salcedo manifestó que muchas de las denuncias que se interpusieron no estaban debidamente sustentadas, por lo que no prosperaron en la justicia: “no tengo la culpa de que los jueces no funcionen como es debido o que la Procuraduría no actuara como debía actuar”. Además, añadió que durante el estatuto “la ley de defensa nacional sí traía unos poderes que no iban en contravía de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales”, y enfatizó en que los enemigos siempre fueron “los subversivos atrincherados” y no la población civil.
Refiriéndose a las torturas, el general Salcedo manifestó: “el padre de Roux sabrá si acoge todo esto o simplemente recibe los inventarios que le traen Jesús Aníbal y Gustavo Gallón y lo incorpora. Allá él, a ver si el cúmulo de cosas sin probar hacen doctrina o carrera”. E hizo la siguiente crítica: “Si vamos a llenar a la Comisión de la Verdad de refritos, pues la Comisión tiene suficiente material allá como para confrontar y sacar a relucir la verdad”.
Sin embargo, para Suárez, el papel de las autoridades en aquella época estuvo centrado en negar la credibilidad de las denuncias sobre los crímenes cometidos durante el periodo de aplicación del estatuto. “La actitud del gobierno de Turbay, de los militares y del procurador, quien recibía las denuncias, siempre fue negarlas. Pero hay suficientes documentos, testimonios, peritazgos. Yo decía que se habían dado una serie de torturas después del paro cívico y después del robo de armas. Estudiantes de la Universidad Nacional fueron torturados y los documentos de esas torturas fueron entregados al Comité Permanente de Derechos Humanos, con los certificados de los médicos legistas que las comprueban. Ese es un documento que luego analizará la Comisión, que dice ‘detenidos y torturados en octubre de 1978’. El director de la Universidad de ese entones se dirigió al procurador y éste le negó que hubiese torturados”.
Suárez recordó que en diciembre de 1978 fueron torturados, por ejemplo, Hipólito Maturana y una serie de dirigentes sindicales y campesinos, en hechos de los cuales, según él, se tienen constancias y pruebas. Y agregó que un caso emblemático de tortura ocurrió en 1979 cuando Olga López de Roldán fue detenida por dos años, caso que fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el padre de la víctima.
Olga López fue detenida en una operación de allanamiento el 3 de enero de 1979 y estuvo presa hasta el 13 de 1981 en la Brigada de Institutos Militares. “A la doctora López se le cubrió la cabeza con una tela acolchonada y amarrada en la nuca. En estas condiciones fue golpeada repetidamente con un objeto al parecer de piedra o metal. En varias oportunidades le amarraron las muñecas. Igualmente fue desnudada y se intentó cortar sus pezones. En varias ocasiones se le amenazó con que sería violada, lo mismo que a su pequeña hija, con un palo de escoba. Se le hacía oír intermitentemente la voz de la menor que había sido previamente grabada para procurarle un tormento sicológico”, relató Suárez.
Acerca de las torturas, las estadísticas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, referidas por Suárez, reportan que en 1978 se dieron 376 casos de tortura y en 1979, posterior al robo del cantón norte, se pasó a mil 229. “Nosotros visitamos a todos los presos políticos y todos dieron testimonios similares”, manifestó Suárez, quien añadió que en la escuela de caballería de Usaquén se constató la existencia de un caballo llamado Pinocho, amaestrado para morder el cabello y las orejas de los detenidos.
El investigador, finalmente, nombró también un informe de Amnistía Internacional del 1 de abril de 1980 que dio algunas recomendaciones al gobierno de Turbay, como levantar el estado de sitio, suspender los decretos extraordinarios violatorios de los DDHH, garantizar el habeas corpus, y trasladar a la justicia ordinaria los procesos adelantados por la justicia militar contra los civiles.
Gallón, por su parte, manifestó que la existencia de torturas no se puede poner en discusión. “Es cierto que algunos casos fueron declarados como no probados, pero lo fueron para la Procuraduría que para entonces era parte de las fuerzas militares. Y había un doctor Vargas, procurador delegado para las fuerzas militares, que se encargó de producir decisiones negando las torturas”.
Según Gallón, hay por lo menos cuatro sentencias de la Corte Interamericana que reconocen la ocurrencia de esas torturas, “lo grave es que desafortunadamente el Ejército, y la fuerza pública en general, incorporaron esos comportamientos criminales en su actuar, convencidos de que era la mejor forma de salir de las cosas. Y luego lo aplicaron en el estatuto de seguridad”, concluyó.