El problema de Colombia con la memoria histórica, dice el politólogo Gustavo Duncan, es que no hay un proceso de construcción de confianza que les permita a las personas hablar sin ser estigmatizadas y sin asumir los costos que esto implica.
Por Esteban Tavera
Foto: Universidad Eafit
Ni amenaza terrorista, ni conflicto entre ejércitos legítimos. Para el politólogo e investigador Gustavo Duncan, los años de guerra que ha vivido Colombia no deben reducirse a una discusión entre un extremo o el otro: “el conflicto colombiano tuvo un poco de ambas”. Por eso, Duncan señala la importancia de que más sectores de la sociedad se vinculen con el ejercicio de construcción de la memoria histórica, en especial sectores que han estado por fuera del debate, como es el caso de algunos empresarios que, en su opinión, sienten temor por las consecuencias de hablar acerca del pasado.
En esta entrevista, Gustavo Duncan, quien ha investigado asuntos de seguridad y defensa, así como temas relacionados con la vinculación del sector empresarial con el conflicto armado, nos ofrece su mirada sobre el enfoque en la construcción de la memoria histórica en el país en cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
En una columna del 6 de marzo de 2019 usted se refiere al debate que suscitó la llegada de Darío Acevedo a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, y dice que esa discusión estaba enfrascada en los opuestos del terrorismo y el conflicto. ¿Por qué lo considera así?
Recuerdo que en esa columna decía que la discusión se había reducido a si aquí hubo una amenaza terrorista o un conflicto armado, como si fueran dos situaciones ideales. De un lado se decía que había unos grupos cuyo único interés era causar daño sin ningún tipo de organización o reclamo político detrás, con el interés de enriquecerse, y del otro extremo se decía que había sido una guerra legítima, de un ejército conformado con una gran representación popular, sin ningún tipo de interés económico subyacente.
La realidad es que uno no puede irse hacia ninguno de los dos extremos. Es mejor definir con precisión la naturaleza del conflicto colombiano, que tuvo ambas cosas. Ahora, el punto central en la discusión es que aquí existieron guerrillas de corte marxista que buscaron la revolución, sin duda. Incluso sus miembros siguen comprometidos con ese tipo de revolución. Pero eso no quita lo otro. No quita las atrocidades que hicieron, la escalada de la guerra contra los civiles, su vinculación con el narcotráfico y demás.
Ha pasado más de un año desde que estalló el debate por el cambio en la dirección y el enfoque del Centro Nacional de Memoria Histórica, con el nombramiento de Darío Acevedo como director, ¿cómo ve usted ese cambio un año después?
La verdad, todavía no conozco bien los trabajos que han hecho. Lo que sí puedo decir es que ganó el uribismo y era lógico que iban a nombrar a alguien cercano a ellos en el Centro de Memoria Histórica y, obviamente, eso iba a tener cierta influencia. Pero en últimas, el Centro de Memoria Histórica es una institución que ayuda al proceso de construcción de la memoria y, finalmente, esta no es potestad oficial. La memoria como un ejercicio de creación de narrativas oficiales no tiene sentido.
Realmente lo interesante es el debate que se dé alrededor de lo que saca el Centro. Es decir, yo he conocido trabajos muy buenos del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero otros muy malos, malísimos. No voy a decir cuales, pero tú te das cuenta de que no solo hay sesgo sino también mediocridad, explicaciones muy flojas, muy pobres y sesgadas sobre lo que ocurrió. Por eso creo que finalmente la discusión tiene que irse sobre esos aspectos en particular sin que eso sea propiedad de un grupo político o de otro, todos los sectores deben participar.
Acerca de esto último, usted que es experto en cuestiones de seguridad y defensa, ¿cuál considera que es el lugar que debe ocupar la Fuerza Pública en la construcción de la memoria histórica del conflicto?
Ellos ya han hecho parte en ejercicios de memoria, incluso con la participación del General Nicasio Martínez —con quien ahora hay todo un problema—, en el que se contrató a varios estudiosos del tema, entre ellos yo, para analizar las operaciones militares. Creo que han tenido muchos problemas para publicar los textos, pero contrataron incluso a Medófilo Medina, quien fue parte del Partido Comunista. Nos dieron acceso a archivos, a todo lo que uno quisiera. Fue bueno que se hubiese establecido ese diálogo. Es clave que ese sector participe, no solo las Fuerzas Militares, también los empresarios, los políticos, todos los diversos actores.
Incluso es muy bueno que también participen las universidades públicas, que han tenido unas vinculaciones con el conflicto más que evidentes, ¿quién las va a negar? Y cuando lo digo no es simplemente para un reconocimiento explícito de culpa, porque no se trata de que todo sea simplemente una aceptación de culpa. No, es precisar cómo fue esa participación, las posturas que hubo adentro, las decisiones que se tomaron y la propia variedad.
La presentación de los miembros de la Fuerza Púbica, ¿debe ser como “héroes de la patria”?
Yo creo que la Fuerza Pública tuvo héroes, como todo, y también hubo casos de equivocaciones. Pero la Fuerza Pública debería, al menos, representar ese carácter heroico que tuvo. Ahora, también creo que las víctimas pueden reclamar, sobre todo las víctimas del Estado, de los militares, de la policía y de los falsos positivos.
Es decir, ¿podemos pedirles a las fuerzas militares, que se echaron una guerra encima, que perdieron héroes, que tuvo gente que dio la vida, que ahora actúen con total vergüenza y que asuman la culpa de todo lo que sucedió? Eso nos llevaría hacia otro extremo. Ahora, lo que tendríamos que pedirle es: bueno, ¿y qué pasó con los que cometieron errores, excesos y crímenes de lesa humanidad? También tienen que responder por eso.
¿Cree que durante la dirección de Darío Acevedo del Centro Nacional de Memoria Histórica hubo un viraje hacia las voces de empresarios y ganaderos?
Ahí pasa algo que creo que se responde más sociológicamente, porque mucha gente que participó en el conflicto y que después se vincularon a grupos de activistas o a movimientos de la sociedad civil, viven de eso. Es decir, si tú estuviste en el conflicto y luego tienes una ONG y vives de eso, pues hacer parte del proceso de construcción de verdad no te cuesta.
Pero hay otros grupos que estuvieron en las dos orillas, en el sentido de que fueron victimarios y víctimas, en su mayoría más víctimas creo yo, y que tuvieron un proceso de vinculación más de adaptación y de ajuste a todo lo que ocurrió en el conflicto. Esa es gente que ya está con sus negocios, que está bien, y te lo digo porque lo conozco; lo que ellos dicen es “si yo hablo, esto no me va a traer nada bueno. Voy a terminar con mayores pérdidas y mayores problemas”.
Entonces creo que no se ha dado en el país un proceso de construcción de confianza para que la gente hable sin esa estigmatización y sin los costos que implica. Lo que siento yo es que el sector empresarial no tiene experiencia y tendría que asumir unos enormes costos si les tocara llegar a ese proceso.
En ese sentido, usted que ha participado en investigaciones sobre el vínculo de terceros civiles con el conflicto, ¿piensa que los empresarios han estado ausentes de la construcción de memoria?
Sí, y deliberadamente han querido estar ausentes. Es lo que siento. Hay un gran temor. Además porque no tienen las habilidades para salir a hablar en público. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Un tipo, que incluso estuvo preso y que fue secuestrado por quien ahora es director de una ONG, dice “yo pagué cárcel, él no, y ahora yo tengo que salir como victimario”. O sea, estuvo preso porque hizo pagos a grupos paramilitares, pero estuvo secuestrado por el director de una ONG. Entonces lo que él dice es, “tras de que yo pagué prisión, tras de que estuve secuestrado un año, ¿ahora me toca salir y afrontar esto?”. Esas son situaciones delicadas, pero pensaría yo que si hubiera una mejor voluntad en términos de cómo se trata a las personas para poder conocer esa verdad, sería mucho más fácil.
Pero precisamente para eso fueron creadas la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)
En parte sería una aplicación del espíritu de la JEP, pero sin que estuviera marcada por la desconfianza que implica tener que asumir un discurso público, que es lo que no quieren en gran medida. El costo es que tendremos menos verdad de lo que sucedió. De lado y lado, además. Porque también sería bueno que ese director de la ONG dijera: “aquí se secuestró”. Ni siquiera que pague, pero que diga cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, cómo los eligieron, y que rectificara: “sí efectivamente lo secuestramos”. Eso sería un gran avance.
¿Entonces usted cree que sería mejor dejar pasar?
Esta es una discusión difícil. A veces uno como que dice: más bien esperémonos un rato porque lo que podríamos tener es más rencores y sobre todo mezclar la política coyuntural con unos odios del pasado que son muy serios, además con unos daños enormes que te causaron en el pasado. Entonces hay que ver también hasta dónde vamos a deteriorar y polarizar más la política por hacer una disputa por la construcción de la verdad.