La crisis de los Wayúu se profundizó con las políticas económicas de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, afirmó José Silva, presidente de la ONG Nación Wayúu. Cuarta entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.
Por Adrián Atehortúa
Ilustración: Didier Pulgarín
Hace veinte años, “la vida del Wayúu consistía en levantarse a las cuatro de la mañana, ordeñar a su rebaño, salir a buscar la leña, sembrar, limpiar las hortalizas. Eran días de trabajo y abundancia. Ahora, sobre todo en la Alta y Media Guajira, es levantarse y ver cómo le pasa el tren por el frente arrollándole su rebaño y llevándose toneladas de carbón y millones de dólares sin tener de eso una sola oportunidad. Es ver cómo en los parques eólicos pasan carros de alta gama con gente que trae bolsitas de agua y comida para darles a las personas, a cambio de que firmen la consulta previa de proyectos”. Con esa analogía, José Silva, presidente de la ONG Nación Wayúu, describió la situación actual de este pueblo indígena en el departamento de La Guajira.
Conversamos con este defensor de derechos humanos sobre la compleja crisis que vive esta comunidad. La desnutrición; la falta de agua potable; la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes; el desempleo; el desarrollo de proyectos minero energéticos y el abandono estatal; son algunos de los principales problemas que enfrentan los indígenas en esta región del país.
El pueblo Wayúu es tal vez una de las comunidades indígenas con más visibilidad en medios con respecto a las denuncias que hacen sobre la crisis que viven. Se ha hablado de desnutrición y de la escasez de agua ¿Qué otros problemas enfrentan?
Hay muchos problemas que nos aquejan en La Guajira y básicamente todo tiene que ver con el desgobierno. Nosotros no tenemos unos dignos representantes ante el gobierno nacional que nos defiendan. A eso le sumamos la corrupción sistemática que hay en el departamento con los recursos que se perciben a través de la explotación de los recursos naturales que hay acá, como el carbón, el gas, la sal y, ahora, con los parques eólicos que van a extraer miles de voltios de energía. Pero a pesar de tener todas esas riquezas, nosotros como pueblos indígenas estamos cada día más sumidos en la miseria.
O sea, ¿ustedes sienten que todos los males de La Guajira parten de esa forma de desgobierno?
Claro. Por ejemplo, la desnutrición. Ese es un tema que se desprende de no tener unos dignos representantes en la Cámara, en el Senado, en la Gobernación, en las Alcaldías. Todo por el tema de la corrupción. Porque lo poquito de plata que llega lo desvían para intereses personales. Entonces temas como el de la desnutrición siguen presentándose, pero es porque no hay oportunidades de trabajo, porque todo está intervenido y todo lo desvían, porque un padre de familia que tenga un salario digno y un trabajo digno tiene cómo llevarle comida a sus hijos y no se morirían de hambre. Por ejemplo, con respecto al tema de El Cerrejón, la mano de obra local de indígenas Wayúu que hay ahí no es mayor al 5%. Entonces no hay oportunidades laborales por parte de las empresas.
En su trabajo como defensor de derechos humanos, ¿qué le expresan los miembros de las comunidades Wayúu?
Hay mucho temor. Nos expresan sus inconformidades y creo que como pueblo indígena Wayúu hemos hasta perdido la forma de expresarnos y de pensar. Precisamente esos temas se asocian a un exterminio sistemático. Y es que un exterminio no se da solo con el asesinato, también se da con temas de abandono, de vulneración de derechos y, así como van las cosas, nosotros como pueblo indígena Wayúu estamos próximos a desaparecer.
¿En qué momento del país empezaron a profundizarse estas problemáticas que tienen hoy los indígenas de La Guajira?
Podríamos decir que todo este tema de desgobierno comenzó a presentarse a finales del gobierno del expresidente, Andrés Pastrana, y comienzos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando empezó la intervención del municipio de Maicao como vitrina comercial de Colombia y el sistema económico del departamento entró en decadencia. Maicao no solo beneficiaba a los indígenas Wayúu, sino también a la población pluriétnica que hay ahí: árabes, venezolanos, arahuacos.
Posterior a eso concesionaron las charcas de sal de Manaure y durante el gobierno del presidente Uribe se las entregaron a empresas privadas, cuando eso era explotado por los indígenas Wayúu que les vendían la sal directamente a los consumidores. Así, de repente, cualquier cantidad de familias Wayúu quedaron en el aire porque perdieron el empleo. Luego, empezaron a llevarse también las regalías de la explotación del carbón, que es con lo que se beneficiaba a los indígenas y no indígenas en el departamento de La Guajira.
Resultado de todo eso es que hoy, cuando usted llega a Riohacha, se encuentra más de mil locales desocupados y ve toda cantidad de indígenas Wayúu buscando comida en los basureros. No hay empleo ni oportunidades laborales, todo por las intervenciones nefastas que ha hecho el Estado colombiano.
Estamos hablando de una crisis que lleva entonces más de 20 años. ¿Qué han hecho ustedes en ese tiempo para denunciarla?
Acá denuncias es lo que hemos hecho. Cualquier cantidad de denuncias. Y aun así carecemos de representantes ante el Senado y la Cámara y carecemos de organizaciones de derechos humanos que defiendan nuestras causas. Nosotros, Nación Wayúu, somos tal vez la ONG más grande que hay acá, por eso nos han querido asesinar y silenciar por denunciar las arbitrariedades y la corrupción que se teje con esos programas estatales.
Puntualmente, ¿qué exigencias han hecho?
Primero, hay una serie de denuncias para exigir el respeto a los derechos fundamentales del pueblo indígena Wayúu. También hemos exigido el derecho a la consulta previa libre e informada, que no sea un objeto de manipulación como lo ha intentado hacer el Ministerio del Interior. Que se les dé la oportunidad a nuestros pueblos indígenas de desarrollar su propia identidad cultural, social, espiritual. Que las regalías de la explotación de recursos como el carbón se las dejen a La Guajira, porque esas regalías las centralizaron y se las llevaron a Bogotá.
Finalmente, que se implemente todo lo que está consignado en la sentencia T 302 de 2017 de la Corte Constitucional que protege los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación para los niños indígenas de la Guajira. Pero todo este tiempo, el Estado colombiano ha intentado maquillar esa sentencia, el Gobierno la ignora y la desacata.
De hecho, el 6 de diciembre de 2019 se conoció que el presidente Duque y su gabinete no asistieron a una audiencia convocada por el Tribunal Superior de la Guajira ante un incidente de desacato de la Sentencia T-302 ¿Cómo ha sido la relación de este Gobierno con ustedes?
Sí, se le citó porque el presidente viene desacatando esa sentencia y aun así tampoco asistió. Lo único que hacen es reunir a cien, doscientas autoridades indígenas, para hablarles en un idioma o unos términos que ellos no conocen y al final decirles que ya se concertó y ya se acordó todo, cuando en las comunidades los niños se siguen muriendo de hambre y de cualquier cantidad de enfermedades, y hay todo tipo de contaminaciones.
¿Qué se esperaba de esa audiencia?
Si bien nosotros sabíamos que por sus ocupaciones era probable que el presidente no asistiera, esperábamos que al menos llegaran delegados con poder de decisión para darle cumplimiento a esa sentencia, que encierra todas las problemáticas de La Guajira, en temas como desnutrición o vías terciarias. Pero eso se hace es a través de casos completos y palpables, no con reuniones y firmas recogidas. Eso se hace a través de procesos legítimos de consulta previa, de acuerdos y compromisos. Eso era lo que nosotros estábamos esperando.
¿Cómo le explicaría usted a un colombiano qué es ser Wayúu hoy en medio de todos esos problemas?
Voy a hacer un antes y un después. Veinte años atrás, la vida del Wayúu consistía en levantarse a las cuatro de la mañana, ordeñar a su rebaño, salir a buscar la leña, sembrar, limpiar las hortalizas. Eran días de trabajo y abundancia. Ahora, sobre todo en la Alta y Media Guajira, es levantarse y ver cómo le pasa el tren por el frente arrollándole su rebaño y llevándose toneladas de carbón y millones de dólares sin tener una sola oportunidad. Es ver cómo en los parques eólicos pasan carros de alta gama con gente que trae bolsitas de agua y comida para dárselas a las personas, a cambio de que firmen la consulta previa de proyectos que ellos no entienden y ni siquiera conocen. Es esperar la limosna del Estado colombiano y de todas esas personas que están interviniendo el departamento de La Guajira.
En este contexto, se han registrado amenazas y asesinatos de líderes indígenas Wayúu en La Guajira ¿Cuál es la situación actual?
Las amenazas a los defensores y defensoras de derechos humanos en La Guajira no cesan. Por eso, con voz firme y argumentos decimos que somos víctimas de una persecución sistemática en la que nos amenazan y nos hacen atentados. A mí este año ya me han hecho tres atentados de muerte. Se ha asesinado a nuestros compañeros. Y la Fiscalía continúa silenciosa ante esas investigaciones, no hay un pronunciamiento oficial ante esto. Hace poco, justamente, recibí una nueva amenaza por hacer lo que hago: defender los derechos de los pueblos indígenas.
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