Desde febrero de 2020 se agudizaron los hostigamientos contra los habitantes del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, donde en los últimos nueve años han asesinado a cuatro líderes reclamantes de tierras y se han desplazado 25 familias.
Por Camilo Castañeda Arboleda
A través de un comunicado difundido el pasado 3 de abril, la junta directiva del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó, ubicado entre Chocó y Antioquia, denunció que el 28 de marzo la comunidad de Cocuelo-Regao fue agredida por siete personas que se movilizaban en dos camionetas, las cuales “fotografiaron y grabaron videos de líderes, ancianos y niños acusándolos de invasores, los amenazaron con que deberían desalojar los predios o que, de lo contrario, no serían responsables de lo que sucediera”. Según la denuncia, los agresores fueron reconocidos como empleados de la finca Cocuelo que está en posesión de la empresa Inversiones Bella Sofía S.A.S.
Esta amenaza, agrega el comunicado, se suma a otra agresión ocurrida el 15 de marzo de 2020 en la comunidad de Blanquiset, donde “seis hombres armados y con sus rostros cubiertos, en anuencia con personas que laboran en la finca Sevilla, amenazaron de muerte a cuatro familias que hacen parte del Consejo Comunitario, dándoles 24 horas para que desocupen el predio a riesgo de asesinarlos sino acataban la orden”.
En estos dos automóviles se movilizaban las siete personas que amenazaron a los habitantes de la comunidad Cocuelo – Pueblo Regao el 28 de marzo de 2020. Foto: cortesía.
El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó está ubicado entre el municipio de Riosucio en el departamento del Chocó y los municipios de Mutatá y Turbo en la región de Urabá, departamento de Antioquia. Este territorio colectivo comprende 107.064 hectáreas que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les adjudicó a 49 comunidades afro descendientes mediante la resolución 02805 del año 2000.
Las agresiones a quienes reclaman tierras en esta zona comenzaron en 2011 cuando varías familias que fueron desplazadas por paramilitares entre 1996 y 1997 retornaron a sus comunidades, impulsadas por la precariedad económica que soportaban en el desplazamiento y por el deseo de reclamar los predios que les fueron despojadas para así recuperar la vida en el campo. Pero al llegar encontraron que sus terrenos estaban en manos de empresarios, por lo que iniciaron procesos de reclamación amparados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Tras demandar la restitución, estas familias empezaron a ser agredidas, situación que se intensificó este año en el mes de febrero, como lo denunció la Junta Directiva del Consejo en su comunicado.
Las comunidades de Blanquiset, Villa Nueva, Cuchillo Blanco y California, son algunas de las más afectadas por estas agresiones. En esas zonas, según el comunicado, ha sido el ganadero José Vicente Cantero Ibañez, actualmente en prisión domiciliaria tras ser condenado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, quien “los ha amenazado, hostigado, ha restringido su movilidad y ha dañado bienes indispensables para la vida como destrucción de viviendas, linderos, cosechas y cultivos de pancoger”.
Este tipo de acciones según Pablo López, líder del Consejo Comunitario quien en la actualidad está amenazado, son represalias contra de quienes reclaman sus predios y se resisten a abandonar el territorio. “La dinámica es cambiable porque ahora atacan a unas familias y al final cuando no logran desplazarlas dejan la cosa quieta, pero empiezan a atacar a otras. Hoy luchamos para que estas nuevas situaciones se calmen, pero puede ser que en cuatro meses tengamos dificultades en otros sectores del territorio colectivo”, explicó.
En estos nueve años han asesinado a cuatros líderes reclamantes de tierras y 25 familias han tenido que desplazarse nuevamente debido a las amenazas, reveló Pablo López, quien agregó que en la actualidad 25 personas que adelantan procesos de reclamación de predios están en situación de riesgo por lo que cuentan con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de la Protección (UNP).
Un conflicto de tierras atravesado por la violencia
De acuerdo con Juan Pablo Guerrero, coordinador del Programa Conflicto, Estado y Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), hay tres situaciones que confluyen en el territorio colectivo de La Larga y Tumaradó que afectan la seguridad y los derechos de las personas que lo habitan: “la connivencia entre grandes ocupantes de tierra, actores armados y servidores públicos; la presencia y el control territorial por parte de grupos paramilitares; y la estigmatización del proceso de restitución de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.
Según Guerrero, más del 90% de las tierras productivas del territorio colectivo de La Larga y Tumaradó están en manos de nueve empresarios que “se han apropiado de las tierras a través de un patrón de macro criminalidad mediante el desplazamiento, la amenaza directa, los homicidios y por medio de una serie de artilugios jurídicos entre las que se destacan compras ilegales, arriendos fraudulentos, ocupaciones de facto; acciones que han reforzado la usurpación y el despojo territorial en el marco del conflicto armado”.
Por eso, para Guerrero es claro que el objetivo de las amenazas y los hostigamientos “hace parte de una estrategia liderada por terceros ajenos al territorio para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo y con ello obstaculizar los procesos de reivindicación de derechos territoriales y étnicos de las comunidades que reclaman tierra y verdad”.
Las acciones en contra de las comunidades tienen varios efectos. Según Pablo López, hay personas que manifiestan que pierden las fuerzas para continuar con la resistencia en el territorio, otras que dejan de asistir a las reuniones o que se abstienen de dar declaraciones y hablar en público.
Guerrero asegura que el temor ha conducido a que las personas amenazadas se confinen, situación que se agrava con las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el Coronavirus: “Todo esto ha hecho un gravísimo daño psicosocial que no es atendido por las entidades responsables, lo que profundiza la situación de precariedad y vulnerabilidad de las condiciones socioeconómicas”, expresó.
De hecho, tras las amenazas de muerte que se presentaron el 15 de marzo en la comunidad de Blanquiset, el Consejo Comunitario interpuso acciones ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales y regionales. Durante los días siguientes, manifestó Pablo López, la Fuerza Pública hizo presencia en el territorio, pero se retiraron al poco tiempo y las personas amenazadas quedaron desprotegidas.
Todo esto ocurre pese a que las 49 comunidades asentadas en La Larga y Tumaradó están cobijadas por las medidas cautelares de protección que dictó el auto 00181 de 2014, emitido por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó que le ordenó a la UNP y a otras instituciones del Estado garantizar la seguridad de los reclamantes de predios del Consejo Comunitario.
Acerca de estas medidas de protección colectiva, Guerrero dijo que “son insuficientes porque no hay planes de intervención que garanticen la seguridad, reflejan una enorme distancia entre las acciones públicas pensadas desde el centro del país y la realidad del Consejo Comunitario. También se evidencia una absoluta desarticulación intra e interinstitucional, una poquísima efectividad para la toma de decisiones, limitaciones institucionales, técnicas y una desacertada aplicabilidad del principio de enfoque diferencial étnico”.
“Lo que buscamos es que las medidas de las instituciones sean más eficientes, que el acompañamiento sea constante, que se investigue a los responsables, que se haga seguimiento a las empresas que están registradas legalmente, que sean más rigurosos para que ellos no atropellen a los campesinos y que judicialicen a los grupos criminales que las apoyan”, demandó López.
Mientras esperan una atención integral por parte del Estado a sus demandas de seguridad, las comunidades optaron por tomar medidas de autoprotección e intentan crear canales de diálogo con los empresarios para pedirles respeto y convivencia en el territorio mientras los jueces determinan a quién corresponden los derechos sobre la tierra.