Ahora la tarea de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es complementar y analizar los datos entregados por la FARC para dar con las víctimas. El proceso será largo y dispendioso.
Por: Pompilio Peña
Foto: Oliver Contreras/Eddie Arrossi
Beatriz Elena Santillana Guarín tenía 21 años cuando desapareció junto a su bebé. Los vecinos de la vereda San Antonio del municipio de San Luis, Oriente antioqueño, le contaron a su hermana Nohemy que hombres de las FARC la raptaron estando en su parcela. Un mes antes, su esposo Edwar, había huido a Medellín.
Corría enero del 2003 y el pueblo vivía dividido, en completa zozobra y aturdido por el intercambio de ráfagas de fusil. Solo el 31 de diciembre del 2002, un par de semanas antes de que no se volviera a saber de Beatriz Elena, a eso de las dos de la tarde, el ELN asesinaría a cinco transportadores en la carretera por incumplir el toque de queda. Las víctimas, un día antes, habían sido advertidas por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), que, de no salir a trabajar, serían ejecutadas.
Hoy, diecisiete años después, la familia de Beatriz Elena ve una pequeña luz, la posibilidad de encontrar sus restos, de rezarles y enterrarlos, luego de que el pasado 20 de agosto la FARC entregara a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), información para la localización e identificación de 276 personas en todo el país, de quienes se desconoce su paradero.
Con esperanza
“Todos en San Antonio dijeron que habían matado a mi hermana, la única de la familia que no se desplazó rápido. Las FARC y los paramilitares se disputaban ese lado del municipio, mientras el ELN tenía el control del acceso a San Luis; estábamos acorralados”, afirma Nohemy que hoy vive en el barrio Santa Cruz la Rosa, en Medellín. “A mi sobrina la encontramos ocho años después. Las FARC regalaron a la bebé en Santa Ana, vereda de Granada, donde sufrió mucho”, añade.
Beatriz Elena y su familia comparten el drama de al menos 82.998 persona dadas por desaparecidas por cuenta del conflicto armado en Colombia entre los años 1958 y 2017, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
En los registros entregados por el Comité Nacional de Búsqueda de la FARC al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, hay víctimas en 15 departamentos. De las 276 personas del informe entregado a la Unidad, el 64 por ciento corresponden a miembros de grupos al margen de la ley, el 28 por ciento a civiles, el uno por ciento a miembros de la Fuerza Pública y un siete por ciento a miembros de las FARC.
Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la UBPD, manifestó que no es que se vaya a encontrar a los desaparecidos al instante. El material de la FARC será complementado, analizado, contrastado y corroborado por varias fuentes, por ejemplo, grupos de víctimas. El material contiene los nombres de 276 personas dadas por desaparecidas, datos de familiares, además de la época y el lugar de la desaparición. Solo en 15 casos se conoce el lugar exacto en donde reposan los restos.
“Para todo este proceso, nosotros debemos trabajar de la mano con el Instituto Nacional de Medicina Legal para el proceso de identificación”, añadió Monzón, y enfatizó en que el objetivo final de la UBPD es entregar información a las familias con parientes desaparecidos, sobre qué pasó con sus seres queridos y dónde están.
La funcionaria añadió que también es importante para la Unidad seguir afianzando contactos con el Ministerio de Defensa para establecer cuál será la ruta de entrega de información sobre personas desaparecidas por la Fuerza Pública. Hasta ahora “no hemos logrado avanzar demasiado en esos canales de comunicación”, afirmó Monzón, quien recalcó que cualquier persona que tenga información sobre desaparecidos, puede aproximarse a las oficinas de la UBPD y con todas las garantías de confidencialidad dar su versión sobre los hechos.
Faltan recursos
Por su parte, en rueda de presa, Jaime Alberto Parra, mientras del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), manifestó que la información recolectada se hizo de forma precaria, con 71 personas y gracias a la cooperación de excombatientes que ahora hacen parte de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que existe en el país. Este proceso duró casi tres años. “Nosotros vamos a identificar todos los cuerpos que miembros de nuestras unidades identifiquen y reporten, eso nosotros lo estamos recogiendo”, puntualizó Parra.
El funcionario recalcó que podría hacerse más efectiva la búsqueda, pero la Unidad no cuenta con laboratorios ni “mecanismos para completar esa información”.
El informe entregado por la FARC da cuenta de 69 víctimas desaparecidas en el Meta, 49 en el Tolima, 35 en Antioquia, 19 en el Cauca y 16 en el Huila. 88 víctimas más están repartidas en otros diez departamentos.
Ahora el Comité Nacional de Búsqueda de la FARC se concentra en entregar, lo más pronto posible, un segundo informe que dé cuenta de más casos de personas dadas por desaparecidas.
Por el momento, Beatriz Elena Santillana continuará como una de las 2.792 personas desaparecidas en el Oriente antioqueño, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. “Nosotros no perdemos las esperanzas de dar cristiana sepultura a mi hermana y también queremos saber qué pasó con ella. Queremos cerrar este ciclo”, añadió Nohemy Santillana Guarín.
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