Mineros sindicalizados, pensionados y tradicionales entregaron a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz su versión sobre la ola de violencia que ha traído la explotación del oro en el Nordeste antioqueño durante los últimos 30 años.
Por: Pompilio Peña
Fotos: Verónica Villa Agudelo
El oro, símbolo de riqueza y prosperidad, también es sinónimo de ambición, disputa, muerte y desorden social. Desde hace 30 años este parece ser el ambiente que viven las poblaciones de Remedios y Segovia, municipios del Nordeste antioqueño, cuna de al menos 250 minas explotadas desde el siglo XIX, y que en la actualidad son el centro de un pleito entre la multinacional canadiense Gran Colombia Gold y los mineros tradicionales.
Con el propósito de aportar su verdad sobre lo que ha ocurrido durante estas tres décadas, al menos 3 mil mineros y sus familias recorrieron el pasado 10 de agosto las principales calles de Segovia, con pancartas en mano y con camisetas blancas, hasta llegar al parque principal. Allí, líderes de diferentes gremios entregaron dos informes de 3 mil páginas a representantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Y es que, según los mineros, ellos han sido víctimas, y además son injustamente señalados de avivar una guerra intermitente que ha ocasionado paros civiles, enfrentamientos violentos con la fuerza pública, amenazas panfletarias, desplazamientos masivos, destrozos y el surgimiento de bandas criminales en la última década.
Todo ello en pro de darle la pelea a la compañía canadiense Gran Colombia Gold, que obtuvo los títulos mineros de 9 mil hectáreas en el 2010, en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en un proceso que los mineros consideran “viciado”, ya que se dio con la liquidación de la Frontino Gold Mines, compañía ya liquidada en 1979, cuya fuerza sindical es la misma que hoy reclama sus derechos a la Gran Colombia Gold.
La Frontino había decidido salir del país declarándose en quiebra, dejando un documento llamado “El Acta de Nueva York”, en la que quedó constancia de que las instalaciones de la empresa, así como las minas en estos municipios, pasaban a manos de sus empleados con el fin de pagar sus prestaciones sociales.
Según Mario Piedrahita, representante de Sintramienergética, entre los años 1979 y 2000, el acta estuvo oculta por la Superintendencia de Sociedades, por lo que cientos de trabajadores, así como unos 450 jubilados de la época, nunca recibieron sus prestaciones. Sin embargo, los sindicatos continuaron trabajando en Remedios y Segovia con relativa calma, extrayendo el metal precioso, pero bajo presiones políticas y de bandas criminales de carácter paramilitar. “Dentro del informe que entregamos a la Comisión de la Verdad y a la JEP, recopilamos cómo, sistemáticamente, se han violado nuestros derechos laborales. También recopilamos las circunstancias en las que murieron cerca de 50 activistas sindicales durante los últimos 30 años”, puntualizó Piedrahita.
Dos de estos líderes asesinados son Jaminson Adrián Amaya y Nelson Cadavid, muertos a disparos frente a la mina Providencia, en Remedios, el 27 de julio del 2012, luego de haber denunciado ante los medios de comunicación un despido masivo por parte de la Gran Colombia Gold de 1.400 empleados, la mayoría de ellos en paro por estar inconformes con las condiciones laborales de la empresa.
Otro hecho documentado para la Comisión de la Verdad y la JEP fue la masacre de 43 personas el 11 de noviembre de 1988, un viernes lluvioso, cuando miembros de un grupo autodenominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste, disparó a sangre y fuego dentro del pueblo. Esto se dio luego de que el partido Unión Patriótica (UP) ganara la alcaldía de Segovia. Por este hecho fue condenado a 32 años de prisión el excongresista César Pérez García, tras ser señalado como autor intelectual de la matanza.
El sindicalista Mario Piedrahita añadió que, con la llegada de la Gran Colombia Gold, en el 2010, se borró de un plumazo el trabajo y el esfuerzo por mantener una empresa que consideran como propia. La multinacional, al conseguir los títulos amparados en el código minero, Ley 685 de 2001, obtuvo el derecho de explotación sin necesidad de ceñirse a las peticiones de los mineros tradicionales. Fue así como pasaron a ser tercerizados, lo que avivó la explotación ilegal del mineral. “Esto nos criminalizó. Entonces comenzamos a defendernos de forma jurídica, pero todo fue en vano. Asesinaron a sindicalistas, hubo atentados, amenazados y desplazamientos impulsados por bandas. Entonces comenzamos un proceso en el Juzgado Quinto Laboral de Medellín donde teníamos todo el material que finalmente le entregamos a la Comisión de la Verdad y a la JEP”, añadió Piedrahita.
Entrega del informe a los representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: archivo JEP.
Sin oro y sin tierras
Por su parte, Jaime Alonso Gallego, presidente de la Mesa Minera en Remedios, manifestó a Hacemos Memoria que “nosotros le entregamos a la Comisión un informe que narra cómo desde el 2014 nos transformamos en Mesa Minera, y desde entonces, hemos sido objeto de atropellos y violaciones de nuestros derechos de parte del gobierno y la Gran Colombia Gold, compañía que también quiere despojar a los mineros ancestrales y tradicionales de sus minas para dejarlos sin su sustento y así esclavizarlos”.
Gallego añadió que, desde el arribo de la Gran Colombia Gold, se ha venido deteriorando también la cadena productiva del oro que por años ha servido de sustento, según él, a por lo menos el 70 por ciento de la población de Segovia y Remedios (la suma de ambas poblaciones es de unos 60 mil habitantes), ya que la multinacional exige que todo el material extraído de las minas vaya directamente a las plantas de tratamiento. “Las primeras que están desapareciendo son las llamadas chatarreras, la mayoría de ellas mujeres cabeza de hogar que viven del material que se bota de las minas; ellas son unas siete mil. Los entables y plantas de beneficio donde el minero procesa, se están acabando y los trabajadores allí están desapareciendo. Otros perjudicados son los que transportan a lomo de mula el material aurífero, ya que están siendo remplazados por volquetas. Y, por último, están desapareciendo los compradores de oro tradicionales, porque la Gran Colombia procesa el material y el oro lo vende en otro país”, explicó Gallego.
El líder minero añadió que esto ha motivado movilizaciones y paros civiles tanto en Segovia como en Remedios, a lo que se suma que la compañía continuamente pide al Gobierno la militarización de las minas para alejar a los mineros tradicionales. Esto ha producido enfrentamientos entre la población y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). “Por eso el ambiente en Segovia es tenso. Los mineros ancestrales tienen sus amparos administrativos, pero no les sirve de nada. A esto se suma que el 80 por ciento de los mineros del municipio están demandados ante Fiscalía por concierto para delinquir, patrocinio de grupos al margen de la ley, daños al medio ambiente, explotación ilegal de yacimientos mineros y manejo ilícito de explosivos”, puntualizó el líder.
Sin garantías laborales
En términos generales, la Gran Colombia Gold les está ofreciendo a los mineros contratos de explotación a un año, lo que hace incierta la continuidad de procesos dentro de los yacimientos, afirma el líder de la Mesa Minera.
Por otra parte, todo el material extraído de las minas debe ser trasladado a las plantas en donde finalmente sacan el oro. Aquí el problema se divide en dos: por un lado, se acaba la cadena productiva ancestral y, por otro, queda en la potestad de la Gran Colombia determinar cuántos gramos de oro sacan por tonelada de material extraído de una mina. Aquí siempre hay diferencias entre mineros y empresa. “En ese contexto, si yo manejo una mina debo pagar de lo que me queda la seguridad social a los trabajadores, su salario, la energía, el agua, los explosivos, los químicos, etc. En tres meses estoy quebrado, esto no es negocio para nadie. Fuera de eso el oro extraído de mi producción se va a el exterior”, puntualizó Mario Piedrahita, de Sintramienergetica.
Los folios de los mineros
El coordinador de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en la región de Antioquia y el Eje Cafetero, Max Yuri Gil, manifestó que es de vital importancia para su entidad contar con los 3 mil folios entregados por los mineros de Segovia y Remedios el pasado 10 de agosto. “Nosotros tenemos la labor de aportar al esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto armado, pero nuestra labor no será resolver casos puntuales, no entraremos a detallar casos específicos, sino que hablaremos de patrones generales de violencia”, puntualizó Gil. Además, añadió que: “la información del sindicato y la mesa minera la tendremos como insumo para la elaboración del informe que tendrá unos apartados generales sobre la violación de los derechos de los trabajadores mineros. Así también tendremos una reflexión sobre la relación que hay entre el desarrollo de grandes obras de infraestructura y violaciones de derechos humanos”.
Mientras este proceso continúa, no parece verse en el futuro cercano un acuerdo entre la Gran Colombia Gold y los mineros y pensionados de la liquidada Frontino Gold Mines de Segovia y Remedios, quienes solo piden condiciones dignas de empleo, así como que se detengan el despojo y los señalamientos a la minería tradicional.
Hacemos Memoria intentó hablar con representantes de la Gran Colombia Gold, pero no hubo respuesta.