En medio del conflicto armado la prensa ha tenido un papel destacado, no solo como relatora de los acontecimientos, sino también, en ocasiones, como protagonista de estos, lo que ha llevado a ser señalada por algunas voces como víctima, parte interesada y hasta promotora o causante de hechos.
Por: Carlos Olimpo Restrepo S.
Foto: Esther Vargas
Por eso, tras el Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016, ha empezado a discutirse la necesidad de hablar sobre la responsabilidad de los empresarios de los medios de comunicación y de los periodistas durante la guerra e, incluso, desde la Comisión de la Verdad surgida de dicho pacto se ha planteado la posibilidad de que algunos de estos acudan a esta instancia como terceros responsables, para entregar su versión de los hechos.
Pedro Vaca, director de la Fundación para Libertad de Prensa (Flip) es contundente al rechazar la posibilidad de que directivos y periodistas sean llevados a tribunales o a instancias como la Comisión de la Verdad por razones de su oficio en la cobertura del conflicto.
“Este tema, la justicia a veces lo ha abordado de manera ligera, cuando no hay algo más de fondo y cuando no hay una oportunidad de ejercer el derecho a la legítima defensa. Eso les hace mucho daño a los medios de comunicación”, asegura el directivo en referencia a que algunas sentencias de los tribunales de Justicia y Paz —creados en 2005 dentro del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares— “sugirieron que eso pudo haber ocurrido, pero en esas sentencias uno no ve ningún exhorto, ninguna solicitud de apertura de una investigación al respecto”.
Agrega que “eso trae más desventajas que ventajas, porque como cualquier actor de la vida pública o privada, si un medio de comunicación debe enfrentarse a eso, debe pasar por un debido proceso”.
El periodista recuerda que el artículo 20 de la Constitución colombiana establece la libertad de expresión y de prensa, que también fija la veracidad e imparcialidad en los contenidos informativos como una característica necesaria de este ejercicio y “ese es el lugar en el que cualquier ciudadano puede controvertir con los medios de comunicación”.
“El enfoque errado de la discusión es el de que por hacer entrevistas a comandantes de los diferentes grupos se vea a los medios como parte del conflicto. Es legítimo, incluso es deseable que los medios de comunicación aporten todo tipo de contenido que puedan contribuir a la comprensión de lo que está pasando. Está protegido por la libertad de prensa y de expresión”, asegura Vaca.
Sobre el llamado de algunos integrantes de la Comisión de la Verdad para que directivos y periodistas acudan a esa instancia como terceros responsables —término empleado para referirse a quienes de alguna manera apoyaron a los actores del conflicto sin participar directamente en las hostilidades— Vaca hace algunas precisiones.
“Somos aliados de la Comisión en el desarrollo de este tema y lo queremos hacer de manera responsable. Aquí hay dos posiciones: un sector que casi de manera automática, y sin ninguna evidencia, sitúa a los medios de comunicación con un rol dentro del conflicto y otro que dice aquí no pasó nada. Por eso es importante desmenuzar la situación a partir de los distintos factores que pudieron haber influido, como, por ejemplo, un medio que fue amenazado o agredido por un grupo armado, está en su derecho de endurecer su posición editorial frente a ese grupo armado. O también ceder ante las amenazas de ese grupo armado. El componente de violencia y presión muchas veces se desconoce, es una conversación que hay que dar, para ver cuáles fueron las circunstancias que rodearon eso”, sostiene Vaca.
Otras responsabilidades
El análisis sobre las circunstancias y el enfoque de los cubrimientos ya ha comenzado a hacerse por parte de investigadores académicos y de organizaciones no gubernamentales, quienes buscan explicaciones sobre el papel de los medios.
En Que nos llamen inocentes, testimonios de detenciones arbitrarias desde el Carmen de Bolívar (marzo de 2019), elaborado por la organización Dejusticia, se señala cómo la fuerza pública en su lucha contra las guerrillas en los Montes de María realizó capturas masivas de civiles, quienes fueron presentadas en ruedas de prensa bajo señalamientos de ser colaboradores de la subversión, lo cual fue replicado en medios de comunicación locales y nacionales. La mayoría de estas personas fueron liberadas a los pocos días, pero consideran que uno de los daños más graves que hasta ahora no ha sido reparado fue el del ataque a su buen nombre, al quedar expuestos en periódicos, revistas y cadenas de radio y televisión como unos delincuentes. “Los medios replicaban lo que decía la fuerza pública. Sí, presentaban a estas personas como presuntos guerrilleros, pero cuando uno ve la explicación del caso, lo lleva a pensar que ellos en realidad sí eran parte de esas organizaciones”, explica Angélica Cuevas, una de las investigadoras de este caso.
Por eso, agrega la experta, “la mayoría de las personas con las que hablamos pide que su nombre sea limpiado y que esto incluya a la prensa, pero las víctimas no conocen bien los mecanismos de rectificación y los medios no son lo suficientemente responsables para asumir esto y que la información que entrega la fuerza pública, como toda la información que entregan las fuentes, tiene que ser verificada, pero en este caso vimos que para muchos medios fue solo poner lo que la fuerza público dijo”.
Cuevas destaca, como agravante, el hecho de que a estos casos tampoco se les hizo seguimiento para ver cómo evolucionaban, “entonces eso que en la memoria colectiva de la comunidad a la que pertenecen. Cuando salen de la cárcel, el estigma de haber sido señalados como guerrilleros en radio o en prensa, nunca fue reparado. Por eso, cuando reclaman que el Gobierno les pida disculpas, piden que eso salga en los medios, que se mencione su nombre como de personas inocentes”.
Y añade que los periodistas que cubrieron esos hechos deben tener una responsabilidad frente a estos acontecimientos “porque se vieron en el juego de un Gobierno que quería entregar resultados y terminaron siendo cómplices de esa estrategia”.
De manera paradójica, los recortes de prensa de la época de las capturas son los pocos vestigios que quedan de sus detenciones, pues hasta el momento las autoridades no han reconocido de manera oficial estos hechos y niegan tener registros, según la investigación.
Otro aspecto del papel de la prensa en el conflicto fue abordado por investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en el texto Discursos de enemistad. Pronunciamiento sobre los medios de comunicación y las ONG en el conflicto armado colombiano (2018).
En ese sentido, el profesor Héctor Gallo, uno de los autores de este documento, recuerda que “nunca los medios, de manera abierta, fueron declarados enemigos de los actores armados del conflicto, aunque hubo ataques y atentados contra ellos, y esas acciones estaban orientadas a ponerlos en una situación de dificultad”.
En ese sentido, Pedro Vaca, de la Flip, resalta que “el conflicto se desarrolló muchas veces oprimiendo, atacando, instrumentalizando y atemorizando a distintos actores privados, entre ellos organizaciones, sindicatos, medios de comunicación”.
El profesor Gallo les baja el tono a los llamados realizados por algunas personas a periodistas y recuerda que “lo que la Comisión de la Verdad pide ahora es que, desde los medios de comunicación, desde los docentes e investigadores, visibilicemos el trabajo de ese y otros organismos salidos del acuerdo con las Farc, porque hay un movimiento de invisibilización de sus actividades”.