La Unidad Nacional de Protección admite estar en déficit y no dar abasto para atender las solicitudes de protección que llegan por cientos cada semana, incluidas las de líderes sociales amenazados. Pablo Elías González, su director, habla sobre la crisis que atraviesa la institución.
Por: Adrián Atehortúa
Foto: archivo UNP
No hay cómo atender a tiempo todas las solicitudes que llegan a la Unidad Nacional de Protección. Mientras la ola de crímenes y amenazas se presentan a diario en toda Colombia, la entidad del Estado encargada de implementar medidas de protección para la población en riesgo, entre las que se encuentran los líderes sociales amenazados, enfrenta sus propios problemas internos. Tras un mes de polémica en 2018 por la posibilidad de que Claudia Ortiz fuera nombrada directora de la UNP, debido a sus publicaciones en redes sociales en contra de miembros de la oposición y de la Farc, finalmente el gobierno de Iván Duque nombró al abogado Pablo Elías González como el encargado de esta institución. Con menos de seis meses en el cargo, el abogado experto en Derecho Humanitario ya ha declarado que la institución se encuentra en un déficit que debe resolverse cuanto antes y, sin embargo, responder por la protección de las poblaciones amenazadas.
¿A quién protege la UNP?
Cualquier ciudadano tiene un riesgo ordinario por el solo hecho de vivir en un país en el que se presentan fenómenos de violencia. Nosotros atendemos, por nuestros decretos, a 19 tipos de poblaciones que sufren un riesgo mayor, como una violencia por razones de cargo público, por ejemplo, desde el presidente hasta el personero de un pueblo… y también los que son visiblemente más expuestos a un riesgo por el ejercicio de su actividad que es reconocida a nivel local, regional o nacional, como el liderazgo social, la defensa de derechos humanos, el periodismo. En esos casos se entra a hacer una evaluación del riesgo para que esto sea objetivo y no subjetivo.
De esas 19 poblaciones o de la totalidad de la gente que atienden en la UNP ¿qué porcentaje representan los líderes sociales?
Yo le puedo dar cifras. En estos momentos estamos en una protección, más o menos, de 4.500 líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Y tenemos una población de protegidos de 7.400 personas. Entonces, calcule la proporción.
Mucho más de la mitad…
Sí. El resto de la proporción son servidores públicos y las demás poblaciones que tiene que ver con esa franja de personas en riesgo por el ejercicio de su actividad. En el caso de los servidores públicos, regularmente, cada uno paga por su servicio. Es decir, cada entidad paga por la protección que se le da. Nosotros hacemos convenios con las entidades públicas: por decir algo, el Ministerio del Interior tiene protección para la ministra porque de su presupuesto nos pagan a través de un convenio por la protección que se le brinda. La entidad paga. Las alcaldías, que tienen un nivel alto, que son las alcaldías 1, 2 y 3, pues ellos también pagan. En las alcaldías que no tienen esos recursos dado sus presupuestos, nosotros les brindamos junto con la policía la protección sin cargo al presupuesto. O sea, sale del bolsillo de la UNP.
O sea que gran parte del presupuesto se va en la protección de personas que no están vinculadas a una entidad que pague por ellos, como los líderes sociales…
Sí. Eso está cubierto por el presupuesto que el Estado nos da.
En ese orden de ideas, diferente a los servidores públicos, se trata de un mismo presupuesto para muchas personas, ¿cómo acceden a la protección? Por ejemplo, si en estos momentos alguien recibe una amenaza en una vereda.
A nosotros nos llega la noticia de la amenaza o la solicitud de la protección por varias vías. Por la página web, que es la manera más fácil. Otra es de manera directa llenando el formulario de la UNP. Otro que es por medio de la solicitud de una entidad pública, llámese Defensoría, Personería, Procuraduría o cualquier otra entidad… Ahí, entonces, nosotros empezamos lo que llamamos ‘La ruta de protección’. Si hay un peligro inminente, es decir, si hay una amenaza que se piensa que se puede concretar de manera inmediata, el director de la UNP tiene la facultad de implementar esquemas de protección que son de manera de emergencia extraordinaria. La semana pasada, por ejemplo, nos llegó el caso de un periodista que tuvimos que sacar inmediatamente de la zona: hizo contacto directamente con la UNP por medio de otra persona y se dispuso todo para su salida segura y traslado. Eso pasa en cuestión de horas, por decisión del director, porque si le damos la ruta ordinaria siempre se demora en hacer la evaluación. No quiere decir que en esas medidas que haga el director no haya una evaluación del riesgo. Se toma la medida y luego se hace la evaluación para ver si esa persona sí necesita el esquema de protección. La evaluación de riesgo se hace en todos los casos. Uno hace una evaluación muy sumaria y posiblemente ayuda un evaluador de riesgo para que le haga una entrevista a la persona directamente y exponga los motivos porque los que considera que está en un peligro inminente. De ese tipo de solicitudes nos llegan, más o menos, cuatro o cinco a la semana. Y este año hemos tomado unas 30 decisiones de trámites de emergencia.
¿De cuánto tiempo estamos hablando en esos casos?
Es que es de manera muy inmediata. Y también debemos contar con la disposición de la persona. Si una persona está escondida por el riesgo que tiene, entonces, nos toca ubicarlo, saber a dónde quiere trasladarse porque nosotros no tenemos lugares como casas para darle una habitación. Nuestras medidas no son conminatorias porque no están en determinado lugar. A la persona se le reubica en el lugar que, considera, corre menos riesgo. Y le damos un auxilio, inicialmente de tres meses, para que pueda solventar todas sus necesidades. Si la persona no quiere irse del lugar donde vive, entonces disponemos un esquema de protección que, lo más seguro, es que requiere de un carro blindado y de hombres de protección.
Eso es en el caso de los extraordinarios ¿Cómo es en el ordinario?
En el caso ordinario, primero ingresa la solicitud. Luego, se asigna una persona que es un evaluador de riesgo que va al terreno y hace una recolección de información a través de documentos o entrevistas que realiza. Cuando tiene lista una evaluación la presenta a un grupo que se llama de Valoración Preliminar que está integrado por varias entidades: la Procuraduría, la Defensoría, la Policía, Naciones Unidas, entre otros. Allí evalúan lo que dice el evaluador y dan el trámite hacia el CERREM —Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas— que es otro comité que es el que realiza las recomendaciones y que también está integrado por varias instituciones del Estado y se encarga de definir y recomendar la medida que debe aplicarse en cada caso. Ese es el procedimiento.
¿Cuánto se demora todo eso? Es decir, desde que entra la solicitud hasta que aplican la protección.
Ese procedimiento se demora según el número de solicitudes que tengamos. Y en este momento estamos desbordados en solicitudes: el año pasado tuvimos 64 mil solicitudes. Y en lo que va de año ya van más de 4 mil solicitudes. Y se prevé que va a aumentar ese número. Y estamos tratando de elaborar un plan de choque para aumentar el personal que haga esas evaluaciones. Lo que pasa es que ese personal debe ser muy especializado en el tema. Cualquier persona sin la capacitación suficiente no puede hacer esas valoraciones y nos tomamos un tiempo en entrenar a las personas para ese efecto.
Por ejemplo, ¿cuánta gente está atendiendo esas cuatro mil solicitudes que han entrado este año?
Doscientas.
¿Y ya se ha hecho efectiva alguna en ese proceso ordinario?
Claro. Pero también depende de las respuestas que nos den las otras organizaciones del Estado o las entidades privadas: La Fiscalía, los municipios, los departamentos, a veces se demoran en dar respuesta a las solicitudes que nosotros hemos realizado. Eso también se ha convertido en un problema porque como nosotros objetivamente tenemos que evaluar toda la información, también dependemos de la información que nos den las otras entidades. Por decir algo, la Fiscalía General de la Nación sobre una amenaza: “amenazaron a Fulano de tal”. Entonces, el evaluador de riesgo tiene que ir a la Fiscalía para preguntar cómo va la evaluación. Porque nosotros tenemos que determinar una relación de riesgo entre la amenaza y la labor que realiza la persona: que sea precisamente por el liderazgo y no por otra cosa. Porque puede ser un líder social, pero si la amenaza o el riesgo vienen por un factor diferente a su actividad de liderazgo, pues eso no tiene que ver con la protección que nosotros podemos brindar. Entonces, tenemos que decirle a la Policía ‘mire, a usted le corresponde’ o a la Fiscalía ‘detenga ese asunto para solucionar ese conflicto’.
Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Nosotros tratamos de que sea en el término de un mes. Pero puede que por la falta de información se nos prolongue. Estamos tratando de reducir ese tiempo porque muchas veces se nos dan situaciones de noventa días.
Tres meses…
Tres meses. El proceso de reingeniería es precisamente tratar de reducir esos términos y que sea más rápido.
En esta serie de entrevistas, los mismos líderes dicen que este tipo de protecciones es lo último que debería pasar porque antes debería haber otras garantías para que ellos puedan hacer sus labores tranquilamente ¿Usted qué piensa?
A ver… esta unidad es sui generis. Yo lo he dicho varias veces: no debería existir. Porque la protección del Estado debería ser suficiente con los organismos que cuenta regularmente: como la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Justicia, que son los organismos que normalmente deberían responder a las necesidades de seguridad y protección de las personas.
La UNP se ha convertido en algo extraordinario en la protección. Si uno mira los diferentes países, esta Unidad se creó aquí por la situación de persecución que se vive aquí contra los líderes sociales. La eliminación física de ellos. Entonces se creó con esa finalidad específica. Pero en un programa de protección integral propiamente está la fuerza del Estado para controlar a las organizaciones criminales o a quienes estén detrás del asesinato de líderes sociales independientemente de donde vengan esas amenazas. Entonces, en ese sentido, el Estado debería tener la eficiencia necesaria para ejercer ese control y no tener organismos como la UNP. Pero como existimos, dadas las circunstancias, nos toca dar la protección especializada. Ahora bien, la Ministra del Interior acaba de decir que esto no debe ser solo protección de tipo policial o militar para desvertebrar a las organizaciones militares sino que se debe llegar con planes de naturaleza social a las regiones y debe existir una interrelación entre el nivel nacional, el nivel local y regional. Porque el problema de la seguridad no es un problema solo de “La Nación”, es decir, de lo nacional, sino también de lo territorial. Entonces, uno entiende que hay municipios que son fuertes y otros que no. Pero de todas maneras los municipios y los alcaldes tienen que encargarse del problema de seguridad y mirar cómo se articula eso con el nivel nacional y cómo nosotros como UNP con el nivel nacional y local. Estamos en ese proceso de desarrollar una política integral.
¿Qué se le brinda entonces a la persona a la que se le aprueba la protección?
Depende del nivel de riesgo. Habrá personas que, dadas las circunstancias, solo requiere de lo que nosotros llamamos ‘una protección blanda’, que es un chaleco antibalas, un medio de comunicación, que es un celular; y un botón de apoyo, haga de cuenta que es como el botón de un vehículo, que en caso de activarse, genera una alarma que está conectada con nuestra central acá en Bogotá y en se genera una reacción inmediata por parte tanto de la UNP como de la Policía Nacional. Lo que le sigue a eso es un esquema medio que ya implica hombres de protección a pie. De ahí sigue un esquema más duro que es con un carro convencional y hombres de protección. Y ya de ahí hay esquemas más duros que son con carros blindados de protección y que puede llegar a pasar a esquemas más altos como carros seguidores con escoltas para la protección. Depende del nivel de riesgo. Eso lo evalúa, primero el evaluador de riesgo, después hay un control de calidad, después viene el Grupo de Valoración Preliminar y por último el CERREM. El CERREM le da recomendaciones al director. Regularmente yo acojo las recomendaciones pero puede ser que también me aparte en un momento determinado y considere que las medidas son muy cortas y deben ajustarse o que hubo un error en el proceso y esa persona no requiere la protección.
En una escala de 1 a 10, ¿en qué punto pondría usted el nivel de eficiencia que hay en este momento para realizar ese estudio en el que se determina si alguien requiere la protección que solicita?
Yo creo que en estos momentos sería un 7.
¿Qué requeriría para que fuera un 10?
Llegar al 10 toma su tiempo porque eso significa capacitar a un grueso de personal de planta o de contratistas para que realicen esa labor. Esa capacitación nos toca darla a nosotros mismos porque, como se trata de una entidad sui generis, esa capacitación no se encuentra en las universidades. Y acá nos toca darlas con las personas de mayor trayectoria en la institución, con más experiencia y estamos armando ese plan de capacitación de mínimo 160 horas en un mes. Entonces, eso requiere su tiempo. Y una vez armemos ese primer grupo nos toca el segundo y el tercero… O sea que nos toca hacer un reentrenamiento de la gente nuestra. Como una actualización, porque hemos tenido críticas sobre el personal asistente, que pueden ser ciertas.
En términos de plata, en un esquema de protección duro ¿cuánto se gastan?
En un esquema de carro blindado y hombres de protección, que no es muy alto porque, digamos, hay niveles superiores, eso le cuesta a la UNP más o menos 390 millones de pesos al año. Porque la temporalidad del esquema de protección se da por un año. Al año se hace una evaluación para ver si la persona debe continuar bajo el esquema de protección.
Usted declaró hace poco que la UNP está en déficit ¿En qué consiste ese déficit, a qué se debe y qué consecuencias trae?
Ese déficit, por lo menos en lo que yo conozco, viene del año pasado. Había un presupuesto que, para hombres de protección y vehículos, se agotó más o menos en septiembre. Puede ser debido a varios factores. Uno, porque de pronto en el legislativo no se tienen en cuenta las diferentes situaciones de gastos que se tienen en esta Unidad y muchas veces se hace un presupuesto que no es acorde con la realidad. Y dos, por un crecimiento en las necesidades: entre más necesidades de protección haya, se necesitará mayor presupuesto.
Cada año se ha venido registrando un crecimiento del 7 o el 8 por ciento en necesidades de protección. El año pasado, cuando se nos acabó el presupuesto, nos tocó solicitar que el Gobierno Nacional hiciera una redistribución en el gasto público. A pesar de las dificultades que tenía, lo hizo: nos garantizó los recursos hasta diciembre con mucha dificulta. Para este año, de entrada, nos redujeron el 30 por ciento. Eso es una suma bastante alta para la Unidad, porque pensamos que, previendo la situación de elecciones, es posible que haya un crecimiento en necesidades de protección.
En estos momentos estamos desfinanciados en unos 270 mil millones de pesos. Hay dos salidas a esa situación: lo primero que vamos a hacer es ir al Congreso y solicitar una adición presupuestal. Y si no nos la dan nos toca recurrir al Gobierno para que nos haga una redistribución del ingreso y nos financie los 270 mil millones de pesos de los que estamos desprovistos para la financiación regular de la Unidad.
¿Y eso cómo afecta en este momento el funcionamiento UNP?
Es decir, en este momento nosotros tenemos recursos para llegar hasta que se agote el presupuesto. Calculamos que sea más o menos en agosto o septiembre que vamos a estar desfinanciados. Pero por el momento, para estos primeros meses la financiación está. La operatividad no se va a afectar. Ya estamos solicitando unos traslados presupuestales para la situación que tenemos y para hombres de protección: es decir, que los recursos nos aguantan más de un semestre. Pero previendo ahora lo que se viene en el segundo semestre es que vamos a acudir al legislativo. Esperamos que nos haga la adición presupuestal.
Si llegara el Estado y le dijera “dígame qué es lo que necesita para que esto funcione 1A” ¿qué sería ese listado de cosas?
Es decir… Usted sabe que una entidad pública no siempre va a funcionar 1A. Va a pretender llegar a la perfección, pero nunca va a llegar a la perfección. Pero la idea es que en corto tiempo, de aquí a julio o agosto, nosotros ya estemos con un nivel alto de atención en todos los requerimientos que se nos hacen.
¿Usted conoce a los líderes sociales?
Sí. Claro. Yo voy a los territorios.
¿Y qué le dicen?
Pues en territorio, digamos, hay unos que nos hacen críticas. Se me acercan, hablan conmigo y encuentro también que es apenas lógico que muchos estén así, que estén insatisfechos con la protección o porque no se les da protección.
El tema de la protección, muchas veces, viéndolo desde el punto de vista del líder tiene un grado de subjetividad porque, claro, el miedo, el temor de cada uno puede ser inclusive diferente. La percepción que se tiene de la inseguridad o de alguna amenaza. Entonces, tenemos reclamos con las personas que no se les da protección. Por ejemplo, con muchos miramos y les decimos “bueno, pero es que usted tiene un riesgo ordinario, nosotros no le podemos brindar protección”. Ese es el estudio y yo me atengo a ese estudio, después de haber pasado por el CERREM y haber hecho todo el proceso.
Ahora, cuando vamos a desmontar unas medidas, pues a la gente no le gusta que le desmonten las medidas porque ya no las requiere, entonces también quedan insatisfecha con eso. Entonces, habrá siempre poses disonantes. Hay personas que también están contentas con los esquemas que tienen y expresan que están contentos. Pero muchas veces no lo dicen en público, sino de manera reservada. A uno le gustaría que fuera de manera franca y abierta. Y cuando han sucedido casos de atentados, entonces, tener la satisfacción de que te digan: “estoy aquí porque gracias a la Unidad Nacional de Protección se me protegió la vida”. En esto siempre va a encontrar críticas y si le preguntan a las personas cuál fue el nivel de riesgo y si está contenta con el estudio, le van a decir que no. Sin embargo, aquí hicimos un balance de percepción entre los protegidos y en el sondeo, que lo hizo una entidad externa, el nivel de satisfacción fue superior al 80 por ciento.
Usted lleva poco tiempo en este cargo, pero, por todo lo que ha dicho, ¿qué tan difícil ve que es hacer este trabajo? Las noticias sobre los líderes claramente son de niveles de violencia muy extremos.
Es realmente un trabajo difícil. Cuando acepté este cargo no imaginé que fuera tan difícil. Y ahora que estoy acá veo que es muy difícil. Y todos los días veo que, continuamente, por las mismas limitaciones económicas de la Unidad y que no se le puede satisfacer a todo el mundo sus necesidades, inclusive sus caprichos, o que hay personas que llegan al punto en que nos ofenden, o tenemos problemas de manejos de tutelas donde hay jueces que van ordenando unas medidas sin tener en cuenta que requiere de valoraciones y nos toca cumplir porque es la orden de un juez… Es decir, tenemos problemas que tratar. Venimos de una institución de la cual nos fueron trasladadas una serie de responsabilidades de tipo económico como lo fue el DAS. Tenemos más de 900 demandas que tiene que ver con esa institución que ya desapareció. Demandas que nos ponen injustamente porque no brindamos protección cuando nunca fue solicitada. Atender con el personal que tenemos, que viene del DAS, compromisos que se habían asumido anteriormente por el Estado y que nos toca aquí responder ante esas personas.
Tenemos que prestar la actividad con unos operadores externos porque no tenemos la suficiente planta de personal y esos operadores externos son de vehículos, hombres y mujeres de protección. Y esos operadores externos tienen unos sindicatos que lógicamente hacen sus reclamaciones y es apenas natural que protesten cuando sienten una necesidad insatisfecha o como un mecanismo de presión para lograr mejores reivindicaciones. Esta entidad tiene innumerables problemas qué atender aparte de la protección de los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos
Entonces ¿cómo es llevar un día a día si tiene que responder por todas esas situaciones y problemas y no dan abasto?
No… mí día a día es de 12, 14, 15 horas de trabajo. Yo llego aquí muy temprano y puedo salir muy tarde, dependiendo de cómo se maneje cada día y sus circunstancias.