Cementerios del Bajo Cauca, un desafío para la búsqueda de personas desaparecidas

La carencia de registros de Personas No Identificadas, fosas comunes y la agudización de la violencia en esta subregión, son algunos de los desafíos que tendrá la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Por: Yhobán Camilo Hernández Cifuentes – Agencia de Prensa IPC

A la mujer y a sus dos compañeros los enterraron como Personas No Identificadas (PNI) en el cementerio municipal de Cáceres. Los tres murieron el 9 de febrero de 2013. Los mataron en La Floresta y como ninguna autoridad se atrevió a ingresar al lugar, los habitantes de la vereda decidieron traer los cadáveres hasta el pueblo. Un año después, el 11 de febrero de 2014, varias personas llegaron hasta la bóveda número ocho y con pintura azul escribieron: “Marelbis Ester Castillo Suárez. Hermana nunca te vamos a olvidar. Te queremos”.

Los compañeros de Marelbis no corrieron la misma suerte. Sus nichos continúan sin revocar y con la inscripción en pintura negra que dice: “PNI. 9 de febrero de 2013. Floresta”. Como éstas hay 18 bóvedas registradas en el cementerio, de las cuales 11 corresponden al año 2013 y, particularmente cinco, al mes de febrero.

Ese fue un año violento, recuerda Eliseo Manuel Mercado Ríos, sepulturero de Cáceres hace 38 años. Llegó a esta población del Bajo Cauca antioqueño junto a dos cuñados para trabajar la minería, oficio que solo desempeñó durante quince días porque luego comenzó a laborar en el municipio como sepulturero y, en ocasiones, hasta como auxiliar del forense.

Apretando sus delgados labios hasta contraer su barbilla, ajada por el paso de los años y dorada por el sol, Eliseo relata que en 2013 trajeron muchos N.N. provenientes de veredas y corregimientos de Cáceres como Guarumo, Comuneros, Puerto Bélgica, Jardín y Bejuquillo. También llegaron cuerpos sin identificar de los municipios de Tarazá y Caucasia.

El detalle de cada caso está registrado en una hoja que lleva en su mano. El primer registro data del 15 de junio de 2012, corresponde a un N.N. masculino proveniente de Guarumo y sepultado en la bóveda número uno. El último es del 11 de octubre de 2014, lo trajeron del corregimiento Manizales y su sexo no pudo ser determinado.

Pero no en todos los municipios del Bajo Cauca sucede lo mismo. Hay cementerios que no tienen este registro y que ni siquiera tienen marcadas las tumbas de los N.N. Sus cuerpos reposan en un espacio que con el tiempo cubrió la hierba y cuya ubicación solo está inscrita en la mente de los sepultureros, algunos de los cuales se han ido a otros municipios o, en el peor de los casos, han fallecido.

Así es como empieza a complicarse el desafío de buscar a los desaparecidos y, en este caso, de establecer la identidad de las personas no identificadas. Es más, aunque en Cáceres hay un registro, el mismo solo se lleva desde el año 2012, en cumplimiento del decreto 281 de 2008 del Instituto Nacional de Medicina Legal para el acceso al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), y de la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, por medio de la cual se reglamentaron los cementerios. Esto quiere decir que, de antes de 2012, no se tienen los registros exactos en Cáceres; de ahí para atrás todo depende de la memoria de Eliseo.

Situaciones como ésta son las que deberá enfrentar la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada a partir del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Esta Unidad tiene un carácter extrajudicial y su misión será “dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos”.

Pensando en la ardua tarea que significará este proceso, salí a realizar esta investigación periodística preguntándome: ¿cuáles son los desafíos que tiene la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en los cementerios del Bajo Cauca? Ya de entrada se podría decir que el primero es establecer, identificar y clasificar plenamente todas las bóvedas y tumbas de los cementerios locales en las que habría N.N., labor que sin duda requerirá de un trabajo articulado con los sepultureros, los municipios, las autoridades judiciales, las iglesias y los médicos forenses, entre otros.

Pero a esto se suma un reto tal vez aún mayor, cómo identificar e intervenir los cementerios de las poblaciones rurales, donde el conflicto es más agudo y el acceso más difícil; al igual que las fosas comunes que hay en diferentes sitios de la región, incluso en los mismos cementerios locales.

Lo cierto es que en mí recorrido por algunos camposantos, cada vez surgieron más inquietudes que respuestas. Los datos que encontré y las historias que escuché, me dejaron ver que el desafío es monumental porque con cada relato aparecen nuevas vicisitudes.

Fosas y cementerios sin control

A unos N.N. los ha traído el Ejército como muertos en combate, a otros los ha arrastrado el río, a muchos los trajo la comunidad luego de que ocurrieran masacres o enfrentamientos entre grupos armados, y unos más quedaron en calles o caminos tras ser asesinados de forma selectiva por paramilitares, guerrilleros o integrantes de bandas criminales. Algunos fueron identificados tiempo después por sus familiares o amigos. Pero otros permanecen en el anonimato y el abandono.

Una suerte similar corren aquellas personas que están enterradas en fosas comunes. Más que por la tierra, sus cadáveres están atrapados por el olvido selectivo que imponen sus verdugos. Nadie se atreve a sacarlos o a decir dónde están, ni siquiera sus propios familiares.

Pero también hay un olvido generalizado sobre los pequeños cementerios rurales que improvisaron las propias comunidades. En ellos hay personas sin identificar y sus tumbas se las está tragando la maleza.

Ambas situaciones ocurren en la vereda La Corona del municipio de El Bagre. “Allí hay un cementerio con unas 25 personas. Algunas están identificadas, tienen cruces y nombres. Pero hay personas que no han sido identificadas porque las mataron y no se sabía quiénes eran. Entonces ahí tenemos el cementerio. Está bastante abandonado. A veces la comunidad le hace limpieza pero vuelve y se llena de rastrojo”, relata un habitante de la zona quien pidió la reserva de su identidad.

Leonardo José Álvarez, alcalde encargado de El Bagre, anota que en ese municipio hay cuatro cementerios: el municipal en el casco urbano, uno en el corregimiento Puerto López, otro en el corregimiento Puerto Claver y uno en la vereda Las Negritas. Sin embargo, otros habitantes de la región advierten que hay más camposantos en las veredas El Real, Arenas Blancas y La Corona.

En esta última vereda hay además fosas comunes de los grupos armados. Nuestro entrevistado relata que “arriba, en el cerro La Corona, hay unas tumbas. Ese es un territorio que está minado. Era base de los paramilitares en el año 2000. Ellos tenían un retén y a las personas que detenían las subían para allá. Yo me acuerdo que me tocó ver subir a un muchacho que nunca apareció. Pero luego la guerrilla atacó a los paramilitares en el cerro y los sacó de ahí. Entonces, hay unas tumbas de unos guerrilleros que murieron allí. Y además, por orden de la guerrilla, a la comunidad le tocó sacar los cuerpos de los paramilitares muertos que llevaban más de tres días pudriéndose. Como a los ocho días no se veían sino gallinazos para la parte de atrás del cerro. Es decir, para ese cerro debe haber personas que quedaron heridas y murieron en el monte, y otras que las dejaron tiradas porque no acabaron de enterrarlas”.

Pero también en los cementerios municipales hay fosas comunes, explicó un sacerdote de la región que pidió la reserva de su identidad. Se da principalmente “en las tumbas excavadas en la tierra, y eso es un problema para la búsqueda, porque por asuntos de espacio o desconocimiento de los sepultureros, en varios lugares se han enterrado cuerpos unos encima de otros”. Eso ha ocurrido en El Bagre, donde el sepulturero, Miguel de la Ossa, dice que bajo la tumba de una persona puede haber otras sepultadas.

También en Tarazá se presenta una situación particular. En esta población el cementerio local es administrado por la parroquia, tiene 20 N.N. y guarda registro de los no identificados a partir del año 2008, pero de ahí para atrás no hay registros ni bóvedas marcadas de personas sin identificar.

Lo que pudo ocurrir en el cementerio de Tarazá, explica el sacerdote consultado, es que los N.N. anteriores a 2008, que no fueron identificados ni por sus familiares ni por las autoridades, posiblemente fueron exhumados. Eso sucede porque las bóvedas tienen una vigencia, de modo que si la familia de la víctima no aparece a los seis años para reclamar los restos, éstos son exhumados y depositados en algunas fosas comunes que tiene el cementerio para poder utilizar nuevamente los nichos.

De ser así, la pregunta es si la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos también tendrá que intervenir estas fosas y si eso implica identificar todos los restos que hay allí.

Ahora bien, el camposanto que más inquietud me generó en este recorrido es el que está ubicado en una colina, a un costado de la carretera que comunica a Caucasia con El Bagre. Es el cementerio Porvenir, pertenece a Caucasia y por lo que pude indagar inicialmente fue hecho por la comunidad de la vereda La Garrapata.

En este lugar casi todas las tumbas están sin identificar. Solo algunas tienen una cruz y eventualmente un nombre y año de defunción. Lo que un habitante dice, sin atreverse a revelar su identidad, es que varios de los que están enterrados aquí, abandonados al rastrojo, al parecer fueron víctimas o excombatientes de los paramilitares.

Mariela de Jesús Argumedo Dragamonte era sepulturera en este cementerio. Aprendió el oficio al lado de su padre. Dice que en la época más fuerte del conflicto llegaron a este sitio varios N.N. Según ella, hay por lo menos 12 fosas comunes en este lugar, algunas con hasta ocho personas, otras con dos o tres. Justo en un costado del camposanto hay un montículo grande con ocho estacas clavadas. Más abajo, un hundimiento de igual tamaño revela otra fosa similar que se ha deteriorado con el tiempo.

La última vez que Mariela sepultó a alguien en este lugar fue en 2015. “Era un hombre, un viejito que era celador en el hospital de Caucasia y se murió”. Por lo demás, no dejo de preguntarme quiénes eran la mayoría de personas que fueron sepultadas en este cementerio. La mujer no sabe dar muchas explicaciones, dice que únicamente se encargaba de sepultar los cadáveres que le traían.

El lugar solo me despierta inquietudes: ¿Por qué desde Caucasia las autoridades mandaban a enterrar cuerpos en este cementerio que está ubicado a cuarenta minutos de distancia en carro? ¿Quiénes más traían cadáveres para sepultar? ¿Los que están inhumados aquí fueron víctimas de masacres, asesinatos selectivos o murieron en combates? ¿Por qué este sitio se encuentra prácticamente abandonado, sin ningún tipo de cerramiento o vigilancia, si debajo de esas tumbas podría haber personas que decenas de familias están buscando y parte de la verdad de lo que ocurrió en el Bajo Cauca?

El problema de la desaparición forzada en el Bajo Cauca

En este cementerio hay veinte N.N. enterrados en bóveda y ocho en tierra”, afirma Miguel de la Ossa Rodríguez, sepulturero municipal de El Bagre desde 1984. A diferencia de Cáceres, aquí no hay registro de estos casos. Y si bien la mayoría de bóvedas con personas sin identificar están marcadas, todavía hay lugares sin ningún tipo de inscripción. Solo Miguel y su compañero, José Francisco, conocen su ubicación. “Ahí, donde está esa mata colorada, hay dos mujeres, guerrilleras. Y más adelantico hay otro que fue el tipo más alto que enterré. Lo trajo el Ejército y después de que se fueron los soldados yo me quedé pensando: ¿cómo voy a enterrar a este tipo yo solo? Y un hombre que vivía por aquí, apareció y me dijo: «Miguel, yo lo voy a ayudar». Llegó con un martillo y me dijo: «Vea, le voy a mostrar para que conozca al propio guerrillero». Destapó la caja y le quitó una bota y me dijo: «vea, este tipo no se quitaba las botas ni para dormir».  Las tenía todavía con hojas secas, chamizas y los pies los tenía con un pecuequero, como se dice”.

Cómo estos, hubo otros cuerpos que trajo el Ejército a este cementerio para que fueran sepultados presuntamente por ser guerrilleros muertos en combate. Lo mismo ocurrió en los camposantos de otros municipios de esta región, cuya historia ha estado marcada por el conflicto y la confrontación armada de diferentes actores.

En este territorio hicieron presencia los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la guerrilla de las FARC —ambos desmovilizados en procesos de justicia transicional con el Gobierno—. Y en la actualidad tienen incidencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la banda criminal Los Caparrapos.

La disputa armada por el control territorial de esta región se origina, entre otros asuntos, por rentas derivadas de la extorsión a la minería del oro, el cultivo, producción y tráfico de cocaína; y la ubicación geoestratégica de este territorio que facilita la movilidad de hombres, drogas y armas, ya que la zona “hace parte de un corredor de movilización que va desde el Catatumbo hasta el Urabá antioqueño, pasando por el sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño”[1].

Este contexto ha incidido en la agudización de la problemática de desaparición forzada en el Bajo Cauca, dado que los distintos actores armados han usado esta práctica entre sus repertorios de violencia. Los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica revelan que de los 19.794 casos de desaparición forzada ocurridos en Antioquia, 1.741 sucedieron en los seis municipios del Bajo Cauca.

De acuerdo con el registro, en Cáceres se reportaron 189 casos, en Caucasia 564, en El Bagre 234, en Nechí 89, en Tarazá 580 y en Zaragoza 85. Llama la atención Tarazá, que con una población cercana a los 40 mil habitantes, supera en 16 casos a Caucasia que tiene más de 117 mil habitantes según datos del DANE.

Lo cierto es que ninguna población del Bajo Cauca ha escapado a esta problemática y en El Bagre, hasta el mismo Miguel, fue víctima de esta violencia. Su hijo desapareció luego de ser reclutado a la fuerza por los paramilitares.

“El hijo mío fue reservista del Ejército. Duró un año en la contraguerrilla y se salió porque se organizó con una muchacha. Y ahí le cayeron los paramilitares que se fuera a trabajar con ellos. Él no quería pero ya después le tocó, si no se hubiera ido me matan a la señora, me matan a mí o me matan a las hijas. Un día vinieron a buscarlo a la propia casa, entonces él se alistó. Lloró y lloró, y me dijo: «papá yo me tengo que ir»”.

Por confesiones de exparamilitares, hoy Miguel sabe que su hijo fue asesinado y enterrado en el corregimiento Puerto Claver, en un lugar donde existió una gasolinera en la que las AUC tenían un campamento. Lo mataron el 4 de febrero de 2001. Años después, este sepulturero tuvo que enterrar en el cementerio de El Bagre a uno de los hombres que se llevó a su hijo por la fuerza. “Aquí será que me voy a desquitar yo”, confiesa que ese fue uno de los pensamientos que se cruzó en ese momento por su mente.

Los paramilitares han sido los principales responsables de hechos de desaparición forzada no solo en el Bajo Cauca sino en general en el país, según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto. Las cifras del Observatorio revelan que en Colombia han ocurrido 82.998 casos de desaparición forzada entre 1958 y noviembre 15 de 2018. De ese número, en 42.471 casos (el 52 por ciento) se conoce el perpetrador. “La distribución es así: grupos paramilitares: 26.475 (62,3 por ciento), guerrillas: 10.360 (24,3 por ciento), grupos posdesmovilización: 2.764 (6,5 por ciento), agentes de Estado: 2.484 (5,8 por ciento), agentes de Estado-grupos paramilitares: 388 (0,9 por ciento)”[2].

Pero a pesar de conocer a los responsables de la desaparición de su hijo y de haber escuchado en diligencias de Justicia y Paz declaraciones según las cuales el cuerpo estaría sepultado a 20 metros de la gasolinera, Miguel no ha podido recuperar los restos. Dice que el proceso ha sido largo y lleno de trámites.

Sin duda, la tramitología será otro aspecto que deberá enfrentar la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, porque si el proceso está lleno de requisitos, diligencias y papelería, posiblemente se dilatará demasiado y perderá de vista su carácter humanitario para centrarse en lo administrativo, poniendo de nuevo a las víctimas a visitar oficinas, hacer largas filas y recorrer pasillos.

De momento, para Miguel se abre otra oportunidad de que se agilice el proceso de búsqueda y exhumación para terminar por fin con esa frustración que lo agobia, porque él, que ha enterrado a tantas personas, no ha podido aún sepultar a su propio hijo.

Persiste la violencia en el Bajo Cauca, ¿será posible la búsqueda?

A finales de noviembre de 2018, en el corregimiento Manizales, en Cáceres, desaparecieron a una mujer de la comunidad LGBTI, comenta un funcionario de esa población que pidió la reserva de su identidad. La joven se desplazaba por la vía y fue interceptada por hombres armados. Hasta ahora su familia no ha podido hallarla.

El drama se repite en el vecino municipio de Tarazá. El sacerdote consultado en este recorrido, revela que en ese mismo mes hombres armados asesinaron y enterraron a una mujer en zona rural del corregimiento El Gauimaro. “La Fiscalía logró ubicar el lugar, hizo la exhumación, la identificó y luego la chica fue sepultada en el cementerio municipal”.

Otro caso ocurrió “en el río Nechí, donde fue encontrado el cuerpo de una muchacha que estaba desaparecida. La del tatuaje. Venía de Caucasia y desapareció de camino a El Bagre. Dijo que iba para un tema de negocios”, relata Leonardo José Álvarez, alcalde encargado de este último municipio.

La joven se llamaba Sara Milena Ramón Pérez, desapareció en el mes de julio de 2018 y sus familiares pudieron identificarla porque tenía un tatuaje en el que llevaba inscritos tres nombres: “José David – Juan Esteban – Laura M”.

En un caso más reciente, a finales de noviembre, también en El Bagre, las autoridades recuperaron del río el cuerpo de un hombre. “Trabajaba en una empresa. Lo abrieron y le metieron piedras, pero al parecer se le salieron y flotó”, anota el funcionario. De no haber sucedido esto, la víctima, que luego fue identificada por su familia, continuaría desaparecida.

“De manera que aquí hay otro cementerio grande y es el río”, concluye Leonardo José Álvarez y añade: “los paramilitares entre los años 2000 y 2006 lanzaron casi todos sus muertos al río”. La pregunta es, ¿será imposible encontrar a esas víctimas? Puede ser que se las haya tragado el agua y los animales que la habitan, pero también que sus cuerpos fueran recuperados río abajo, en poblaciones rivereñas, y sepultados en cementerios locales como N.N. De ahí el carácter urgente de adelantar la búsqueda humanitaria en estos camposantos.

Lo cierto es que la práctica de desaparición forzada no se detiene en el Bajo Cauca debido a la continuación del conflicto armado y a diferentes expresiones de violencia que se agudizaron tras el proceso de reincorporación a la vida civil de la otrora guerrilla de las FARC.

Desde la firma de la paz y la dejación de armas por parte de las FARC en noviembre de 2016, el Bajo Cauca enfrenta una expansión del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hacia las zonas abandonadas por la antigua guerrilla, principalmente en Tarazá, El Bagre y Zaragoza. De otro lado, perviven los enfrentamientos entre las AGC y la guerrilla del ELN; y como agravante adicional, las AGC han entrado en confrontación interna en la región con la banda Los Caparrapos, una disputa por el control del narcotráfico, el microtráfico y las rentas ilegales.

Esta dinámica ha incrementado las amenazas, asesinatos, restricciones a la movilidad, desapariciones y desplazamientos forzados de habitantes de la región y, particularmente, de líderes sociales que vienen respaldando la implementación del Acuerdo de Paz y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas han sido dos de los sectores poblacionales más afectados. Al panorama se suma la desconfianza de la población civil en las instituciones del Estado dada la presunta connivencia de algunos funcionarios con los grupos armados, lo cual se ha visto reflejado en la captura del alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío; el vicepresidente del Consejo de Tarazá, Mario Eliecer Sierra; y varios miembros de la fuerza pública por supuestos nexos con los grupos paramilitares.

En este ambiente convulsionado, la pregunta que se hacen las personas consultadas durante este recorrido es si será posible adelantar con garantías la búsqueda en los cementerios y en fosas comunes que se han identificado en la región.

Para Dayse Trujillo, enlace municipal de la Unidad de Víctimas de El Bagre, el panorama es muy complejo principalmente con los casos recientes porque “las personas tienen miedo de denunciar. A muchos les pasa que los grupos armados les desaparecen el familiar, pero ellos siguen viviendo en el lugar donde ocurrieron los hechos, por eso guardan silencio porque si no se tendrían que desplazar”.

Algo similar sucede en Cáceres, afirma el funcionario consultado en ese municipio. Aunque se conoce que hay casos recientes de desaparición forzada, “las familias no se acercan a denunciar. De hecho ahora tenemos conocimiento de un indígena que fue desaparecido en la zona rural. Dicen que esa persona fue asesinada en la cabecera municipal y enterrada en una fosa común”.

Este funcionario revela que hay poca credibilidad en la institucionalidad, principalmente en la fuerza pública, y que esto lleva a que las personas se abstengan de denunciar o prefieran hacerlo en otros municipios. Esto puede explicar por qué de 2015 a 2018 no se han declarado casos de desaparición en Cáceres. El último reporte es del año 2014, cuando se registraron seis declaraciones de este tipo.

La situación se puede corroborar con los datos de la Red Nacional de Información del Registro Único de Víctimas. Cuando se mira el universo de víctimas que declararon la desaparición de algún familiar en Cáceres, el resultado arroja 451 víctimas directas e indirectas de desaparición en esta población. Pero cuando se filtra el resultado para conocer cuántas declararon el hecho en ese municipio, se encuentra que solo 87 lo hicieron, las demás presentaron sus declaraciones en otros lugares del país.

De manera que sortear las condiciones de seguridad de la región y generar un ambiente de confianza para que las familias puedan participar en los procesos de búsqueda y exhumación, será otro de los desafíos que afrontará la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en el Bajo Cauca. Lo que deja ver este corto recorrido es que el reto es enorme y las condiciones muy adversas.

[1] Fundación Ideas para la Paz. (enero de 2014). Dinámicas del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño y su impacto humanitario. Unidad de Análisis ‘Siguiendo el conflicto’, boletín Nº 68. Recuperado de: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52efd828c4cbe.pdf

[2] Centro Nacional de Memoria Histórica. (23 de febrero de 2018). En Colombia 82.998 personas fueron desaparecidas forzadamente. Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/en-colombia-82-998-personas-fueron-desaparecidas-forzadamente