Es complejo el escenario en el que deben desenvolverse los líderes sociales, comunitarios, étnicos y defensores de derechos humanos, quienes se ven sometidos a las amenazas de los actores armados que se disputan el control de territorios para economías ilegales, pero también de altos funcionarios del gobierno que estigmatizan su labor.
Por: Agencia de Prensa IPC
“La junta directiva no puede recorrerse todos los municipios, por la movilidad del territorio, porque existe esas ‘fronteras invisibles’ donde uno no puede llegar, donde uno tiene que pedir permiso y demás, y pues a veces no estamos para eso”, confiesa William Muñoz, actual presidente de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (Asocbac), cuando se le pregunta por las condiciones en las que debe desarrollar su trabajo.
No se trata de una inquietud menor. Desde que nació en 2007, los miembros de Asocbac, organización dedicada a la defensa del derecho al territorio y a la construcción de paz en la región, han sido víctimas de toda clase de agresiones provenientes de todos los flancos: en su momento la extinta guerrilla de las FARC, pero también de los grupos surgidos luego del proceso de desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), e incluso, el mismo Ejército Nacional y funcionarios judiciales.
Sin duda un contexto complejo en el que ha tenido que desenvolverse la Asociación, escenario que tanto ellos como los habitantes del Bajo Cauca antioqueño esperaban que se transformara tras la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Una nueva guerra se desató en la región haciendo añicos la ilusión de la paz. El tableteo de fusiles es constante y en medio de ese fuego cruzado están quedando líderes y lideresas campesinos e indígenas del Bajo Cauca antioqueño, varios de ellos cercanos o pertenecientes a Asocbac.
Si bien no existe consenso entre las organizaciones no gubernamentales y las entidades estatales sobre las cifras de líderes y lideresas asesinados en Colombia, sí hay coincidencias en todos los registros sobre cuáles son los departamentos más peligrosos para los activistas. Según un reciente informe publicado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, de origen alemán y que apoya diferentes procesos de promoción y defensa de derechos humano en el país, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del presente año fueron asesinados 226 líderes y lideresas sociales en todo el país, siendo los departamentos de Cauca (48), Antioquia (33), Valle del Cauca (19), Norte de Santander, Putumayo y Nariño (13), los más afectados por este flagelo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo señala que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre cayeron asesinados 164 activistas y dirigentes comunitarios. El monitoreo de esta agencia del Ministerio Público muestra que los departamentos en donde hubo mayor ocurrencia de hechos fueron Cauca (30), Antioquia (24), Norte de Santander (18), Valle del Cauca (12), Nariño (11), Meta (10) y Caquetá (9). En cuanto a los municipios donde más fueron asesinados líderes sociales, según la Defensoría, aparecen Tumaco, en Nariño, con seis casos; seguido de Cáceres, Tarazá e Ituango, en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, donde se registraron cuatro asesinatos.
Para la Fundación Heinrich Böll Stiftung, 24 de los homicidios cometidos en Antioquia, más del 70 por ciento, se concentraron en las localidades de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Zaragoza, subregión del Bajo Cauca; y en Valdivia e Ituango, subregión Norte. De los líderes asesinados en este departamento, por lo menos nueve eran campesinos vinculados a procesos liderados por Asocbac, o presidentes de juntas de acción comunal afiliadas a esta organización.
A esta dramática situación se suman otro tipo de vulneraciones y agresiones que viene padeciendo los líderes sociales, campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos del Norte y Bajo Cauca antioqueño sobre las cuales existen serios subregistros, pues se trata de situaciones que, en la mayoría de los casos, no son denunciadas por quienes las padecen.
Ejemplo de ello son las amenazas de muerte proferidas por los grupos armados. Según el monitoreo realizado por la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad a la situación de los líderes y lideresas del Bajo Cauca antioqueño, entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de noviembre de 2018 se registraron 108 amenazas contra activistas, principalmente aquellos que promueven la implementación del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos –PNIS-, los que defienden derechos territoriales o quienes simplemente se manifiestan a favor del Acuerdo de Paz.
Nuevamente, el caso de Asocbac, que tiene injerencia en procesos de defensa y promoción de los derechos humanos en los seis municipios que conforman el Bajo Cauca antioqueño, resulta bastante ilustrativo. “Ahora mismo, por ejemplo, la tesorera dejó su cargo por amenazas después de que le mataron al hijo el año pasado”, relata William. “El otro que abandonó el cargo fue el fiscal. Mejor dicho, toda la junta directiva tiene una amenaza colectiva, pero hay tres personas más afectadas que otras: el fiscal, la vocal y la tesorera. Teníamos otra compañera que venía trabajando temas de equidad y género, y también se tuvo que ir. A ella sí le dijeron: ‘tiene 24 horas para que se vaya del pueblo’”.
La dura confrontación que vienen librando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por el gobierno nacional como el Clan del Golfo; el autodenominado Frente Virgilio Peralta, conocido en la región como los Caparrapos; la guerrilla del ELN y estructuras disidentes de los frentes 36 y 18 de la recién desmovilizada guerrilla de las FARC, además de incrementar dramáticamente las cifras de homicidios en municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia e Ituango, también está produciendo un éxodo forzado cuya dimensión ya comienza a preocupar.
Los líderes y lideresas campesinos, indígenas y sociales de la región no son ajenos a esta problemática. De acuerdo con los estudios hechos por la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, en el último año unos 24 activistas se vieron forzados a abandonar sus municipios por cuenta de amenazas de muerte proferidas por los grupos armados ilegales, mientras que William sostiene que “con los desplazamientos que han tenido lugar, por lo menos unas 300 o 400 personas que eran de Asocbac se han ido, muchas de ellas presidentes de juntas de acción comunal. Nosotros llegamos a tener más de 2.500 integrantes, pero los desplazamientos, los asesinatos y las amenazas nos tienen muy débiles”.
Sin garantías
Luego de recorrer durante dos semanas varias de las regiones más conflictivas de Colombia, donde dialogó con autoridades civiles, de Policía, miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en general, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, concluyó enfáticamente que en el país aquellas personas que se dedican al trabajo comunitario, de defensa y promoción de derechos humanos y a la reivindicación de causas sociales no cuentan con las mínimas garantías de seguridad para desarrollar su labor.
En su informe, que fue entregado tanto al gobierno de Iván Duque, las autoridades judiciales y de Policía y a los representantes de la sociedad civil, el Relator Especial consignó que “los defensores y las defensoras de los derechos humanos están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques, amenazas, la criminalización de su trabajo y la falta de acceso a la justicia”.
“Los defensores y las defensoras de los derechos humanos están sujetos a amenazas, intimidación, desplazamiento y desaparición forzada, y sus familias también se convierten en blanco de estos actos”, advirtió el Relator Especial en su informe, donde además llamó la atención por el dramático aumento de las amenazas contra los activistas y, particularmente, contra las mujeres que ejercen liderazgos al interior de sus comunidades.
Señala el informe que “Somos Defensores —el programa—, ha documentado 952 amenazas contra defensores y defensoras desde 2016. En el caso de las defensoras de los derechos humanos, ellas también están expuestas a violaciones específicas a su género, incluida la violencia de género, tanto en su comunidad como en sus organizaciones y por parte de actores externos. Sin duda, estas violaciones no se denuncian lo suficiente. Recibí testimonios conmovedores de mujeres que estaban siendo amenazadas con ataques contra sus hijos”.
En su evaluación sobre la crítica situación de los líderes sociales en el país, Forst también reseñó que hoy, quienes se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos en apartadas regiones rurales, particularmente aquellas donde tuvo injerencia la extinta guerrilla de las Farc, son quienes se encuentra en mayor riesgo, por cuanto “el Estado no asumió su responsabilidad de garantizar la protección de la población civil. (…) Quienes están más expuestos son principalmente campesinos, pueblos indígenas, afrocolombianos y mujeres que promueven activamente el acuerdo de paz, así como aquellos que exigen derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, (…) los que defienden ‘el territorio’, derechos ambientales y colectivos, que se oponen a la explotación de los recursos naturales por parte de actores legales e ilegales”.
Para el Relator Especial, si bien los grupos armados ilegales que hoy delinquen en vastas regiones de la geografía nacional, controlando y disputándose lucrativas economías ilegales, constituyen el principal riesgo para los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes sociales, étnicos y comunitarios; desde la oficialiadad también persiste un discurso de estigmatización que no solo aumenta los riesgos contra estas personas, sino que también desconoce de tajo la importancia de esta labor para el fortalecimiento de la democracia. “La estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo asociándolos con la oposición política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos antipatriotas, criminales e incluso traidores”.
Uno de los casos que más le preocupó al Relator Especial es el del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Al respecto, el informe detalla que “los comentarios del Gobernador de Antioquia, en los que asociaba a activistas sociales con grupos armados ilegales, cuestionando así su honestidad y veracidad y sugiriendo que se les enjuiciara por protestar pacíficamente, generan un entorno en el que las amenazas y violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos parecen legítimas”.
Al respecto, varios son los episodios en los que el Gobernador de Antioquia ha cuestionado duramente la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Uno de ellos ocurrió durante el paro minero que tuvo en vilo a la localidad de Segovia, Nordeste antioqueño, durante poco más de cuarenta días en el 2017. Pérez Gutiérrez sugirió en aquella ocasión que las protestas de los mineros ancestrales e informales fueron promovidas por grupos armados ilegales.
El más reciente round entre el mandatario de los antioqueños y los activistas tuvo lugar al término del primer semestre del 2018, justo después de registrada la emergencia en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que obligó la evacuación de varias poblaciones ribereñas aguas abajo de la mega obra y el montaje de improvisados albergues en varios municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño. Un número importante de afectados se concentraron en los municipios de Ituango y Sabanalarga y protagonizaron varias marchas y plantones para exigir prontitud en la adecuación de albergues y en la entrega de ayudas humanitarias. Varias de estas movilizaciones fueron lideradas por el Movimiento Ríos Vivos, organización que fue objeto de fuertes dardos lanzados por el Gobernador de Antioquia, quien dijo que “no eran ni siquiera una organización” y que varios afectados por las contingencias en las obras, que dijeron pertenecer a este movimiento, estaban sacando provecho económico y personal de la emergencia.
En septiembre pasado, cuando ordenó el desalojo del Coliseo de Ituango, sitio al que llegaron varias familias desalojadas de las orillas del río Cauca por cuenta de la emergencia presentada en el proyecto, Pérez Gutiérrez declaró públicamente que “sobre estas personas hay muchas críticas, algunas viven en el municipio, tienen casa en el municipio y decidieron irse a vivir al coliseo (…). Están extorsionando a los comerciantes, es la palabra que hay que utilizar, porque les piden a todos los comerciantes que les den alimentos o dineros para mantenerse en el coliseo”.
Foto: archivo IPC
Pobre respuesta
“Atacar a los líderes sociales no es un asunto aislado ni mucho menos. Estos grupos armados atacan a los líderes para generar terror, acabar con el trabajo comunitario y así ellos poder seguir tranquilos con sus negocios”, manifiesta William de Asocbac, quien afirma sin asomo de duda que “esta violencia que viene afectando al Bajo Cauca ha golpeado mucho a las organizaciones sociales y en particular a Asocbac. Nosotros trabajábamos a través de planes de trabajo que financiaban las mismas comunidades y viajábamos a todas las veredas, pero ahora, por la inseguridad, nos tocó suspender todo eso”.
Y es que si algo dejó claro el Relator Especial de las Naciones Unidas es que, en los asesinatos de líderes sociales en Colombia, sí existe sistematicidad, aspecto que ha sido enfáticamente negado por parte de las autoridades judiciales e incluso por el alto gobierno, tanto el actual de Iván Duque como el anterior de Juan Manuel Santos. Lo paradójico es que, en abril de 2018, la Procuraduría General de la Nación, a través de informe titulado Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia, ya había advertido que sí existía una violencia generalizada y sistemática contra los activistas en el país.
En dicho informe, la Procuraduría sentenció que “la dinámica de violencia contra los defensores y defensoras de derechos territoriales es una práctica sistemática”, a la vez que “existe una especie de reciclaje de violencias para desarticular las luchas por la defensa de los derechos a la tierra y el territorio”. En sus análisis, el Ministerio Público identificó dos tipos de patrones de violencia contra los líderes sociales: “uno que ocurre al margen del aparato estatal y otro que está relacionado con las instituciones del Estado”.
En sus conclusiones la Procuraduría señaló que, si bien existe un patrón sistemático de ataque contra defensores y defensoras, “no es posible identificar un autor único o un plan que orqueste de forma centralizada los homicidios”, y exhortó al gobierno nacional a “superar los modelos reduccionistas de atención a ese fenómeno de violencia, que se centran en estrategias reactivas frente al síntoma del riesgo y no reconocen como parte del problema el abandono estatal de las causas relacionadas con la protección de derechos relacionados con la tierra y el territorio”.
El Ministerio Público no es el único que se ha pronunciado sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar la tragedia que significa el asesinato de líderes sociales. Desde las diversas plataformas de derecho humanos también se han hecho serias críticas a la respuesta de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP); la Fiscalía General de la Nación y el propio Ministerio del Interior.
El más reciente pronunciamiento se produjo en noviembre pasado a raíz de la promulgación del Decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual el gobierno de Iván Duque creó la “Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.
Mediante comunicado público fechado el 23 de noviembre, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y el Grupo de Trabajo Gpaz, que articulan el trabajo de más de 250 organizaciones no gubernamentales en el país, manifestaron que este Decreto se queda bastante corto para enfrentar la magnitud del problema por cuanto desconoce factores de riesgo como presencia de grupos armados postdesmovilización, no contiene tratamientos diferenciales de género y étnicos y privilegia el enfoque policivo y coercitivo por encima del tratamiento preventivo.
Pero sin duda las críticas más fuertes por parte de las plataformas de derechos humanos son para la labor de la Fiscalía por cuanto, aseguran, no muestra avances significativos en el esclarecimiento de crímenes de líderes sociales, lo que constituye una “patente de corso” para que los grupos armados continúen amenazando, persiguiendo y asesinando a los activistas pues sienten que no serán castigados. Pero, ¿en realidad se puede hablar que existe un gran manto de impunidad en estos casos?
Durante su encuentro con el Relator Especial de las Naciones Unidas, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó que de un total de 213 asesinatos reportados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2016 a la fecha, se han logrado esclarecer 20 casos, es decir el 9.3 por ciento; mientras que en los 193 casos restantes, 39 ya cuentan con proceso judicial en curso (20 por ciento); en 27 casos hay al menos una persona con cargos (14 por ciento); y en 17 ya hay una orden de arresto (9 por ciento).
A ello se suma, tal como lo advierten las plataformas de derechos humanos, que el nivel de avance de las investigaciones por otras agresiones a líderes sociales como las amenazas, las desapariciones forzadas, la violencia sexual son prácticamente nulos. “La verdad, nosotros no creemos en las cifras que presenta la Fiscalía. Ellos dicen que tienen un nivel de avance en las investigaciones y en el esclarecimiento de crímenes cercano al 40 por ciento. Pero eso no es cierto”, señala Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín.
Para sustentar su afirmación, Herrera recuerda que “los mecanismos definidos para enfrentar este flagelo, como la Unidad Especializada —para la investigación y procesamiento de los delitos contra defensores de derechos humanos—, simplemente no han funcionado. Esa Unidad, que salió del Acuerdo de Paz, que en principio el Fiscal se opuso a ella y que luego quedó bajo el control de Fiscalía, pues no ha cumplido su función como es detener los asesinatos, proteger a los defensores y superar la impunidad. La respuesta del Estado ha sido muy deficiente y prueba de ello es que se siguen presentando crímenes de líderes sociales”. Mientras tanto, en el Bajo Cauca antioqueño, organizaciones como Asocbac continúan resistiendo con estoicismo la arremetida de los violentos que intentan destruir tejido social.
Como dice William, presidente de organización, “yo creo que aquí no nos han podido acabar porque tenemos una escuela de formación de líderes muy buena. Hay líderes de esa escuela que han sido atropellados por los grupos armados y estos le han respondido: ‘ustedes podrán matar a uno, pero salimos otros dos o tres líderes más”.