El general más condecorado del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, compareció ante la Jurisdicción Especial de Paz en medio de críticas y reclamos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que le exigen toda la verdad sobre cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales.
Por: David Stiven Hidalgo Benítez – Agencia de Prensa IPC
Foto de apertura: Corporación Jurídica Libertad
El 23 de octubre del año 2006 en el municipio de Campamento, Antioquia, los campesinos Humberto Pulgarín Castro, de 24 años, y John Fredy Navarro Martínez, de 37, fueron asesinados por un pelotón del batallón Atanasio Girardot y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. Hoy, 12 años después, José Alexander Castro, hermano de Humberto y sobrino de John Fredy, e integrante del grupo Tejiendo Memoria y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), aún espera que se conozca toda la verdad.
Aquel 23 de octubre miembros del Ejército Nacional ingresaron a la finca de John Fredy, donde ambos agricultores cultivaban café, árboles frutales y caña de azúcar. De allí los sacaron, no sin antes esculcar todo lo que tenían en la finca, supuestamente buscando armamento. Rompieron bultos de café, sustrajeron una maleta con documentos, fotos de la familia y 500 mil pesos. Luego se llevaron a ambos a una carretera donde los ejecutaron. Al tío le colocaron dos granadas y un revolver calibre 38 y al hermano le pusieron dinamita, cordón detonante y tubos de PVC.
Ocurrido el hecho, la investigación del procurador provincial de Yarumal, Jorge Arredondo Gómez, confirmó que los causantes del crimen eran soldados del pelotón Anzoátegui II del Batallón Atanasio Girardot, por el tiempo en que el exgeneral Mario Montoya era comándate del Ejército Nacional. El caso fue presentado a la justicia ordinaria y aunque hasta el momento hay dos soldados que han confesado su relación con los hechos, el crimen aún no ha sido resuelto.
Con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), José Alexander revivió la esperanza de que el país pudiera conocer la verdad sobre los más de 2 mil casos de ejecuciones extrajudiciales que se han denunciado hasta ahora en Colombia, entre los que se cuenten los de sus familiares. Pero muy pronto comenzó a decaer su expectativa.
Días atrás, antes de presentarse a su primera audiencia, el exgeneral Mario Montoya, afirmó que acudía ante JEP para demostrar su inocencia, lo cual resultó revictimizante para personas como José Alexander, que no ven en el alto oficial la voluntad para reconocer la responsabilidad que tiene en los llamados “falsos positivos” y en otros ataques a la población civil. Por eso, el integrante del Movice considera que esto es una burla para las víctimas debido a que “es imposible que en este país más fácil diga la verdad un guerrillero, que un miembro del Ejército Nacional”.
La deuda que demandan las víctimas del ex general Montoya, comienza desde que fue comandante de la Cuarta Brigada. Según datos de la Corporación Jurídica Libertad, cuando estaba allí la cifra de muertos en ejecuciones extrajudiciales ascendió a 200. Y posteriormente, cuando fue nombrado Comandante de la Primera División, ese número se incrementó a 600 víctimas. La cifra siguió aumentando entre los años 2006 y 2008, cuando el exgeneral fue el comandante del Ejército Nacional durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hasta alcanzar un registro de por lo menos 2.500 civiles asesinados, lo cual representa un aumento en 144 por ciento de los llamados “falsos positivos”.
Adicionalmente, Montoya fue el encargado de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, que según recordaron abogados de la Jurídica Libertad, fue llevada a cabo por las fuerzas oficiales del Estado junto a grupos paramilitares. Este operativo, expresó Sergio Arboleda, abogado de la Corporación, dejó 80 personas heridas por la fuerza pública, 12 torturas y 92 desaparecidos en el transcurso de los tres días de operación; cifra que siguió aumentando posteriormente hasta llegar a más de 300 desaparecidos en esa comuna. Además, agregó el jurista, hubo 370 detenciones arbitrarias, 17 homicidios por agentes del Estado y 70 homicidios por paramilitares.
El abogado anotó también que Montoya ha sido señalado por varios exparamilitares de haber colaborado con los bloques Héroes de Tolová, Cacique Nutibara, Bloque Metro, Bloque Centauros e incluso de hacer parte de la nómina paralela de la Oficina de Envigado.
La audiencia de manifestación de sometimiento del General (r) Mario Montoya ante la Jurisdicción Especial para la Paz se realizó el pasado 13 de septiembre. Foto: Prensa JEP.
De no lograr justicia en la JEP, las víctimas continuarán su lucha ante la CPI
Pese a todas las acusaciones que hay contra el exgeneral, la audiencia que enfrentó este jueves 13 de septiembre ante la JEP fue por distintos casos en los que venía siendo investigado en la justicia ordinaria, pero, según las víctimas y los defensores de derechos humanos, serían muchos más los crímenes en los que está vinculado y que aún no son investigados. Lo particular de la audiencia, y que resultó ser una nueva afrenta para las víctimas, es que Montoya no firmó el acta de compromiso de verdad y no reconoció a algunas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por lo que la diligencia fue suspendida.
El proceso de Montoya en la JEP es muy relevante, entre otras razones, porque es uno de los más de 20 generales que la Corte Penal Internacional tiene en la mira, porque es el general de más alto rango que se ha sometido a la JEP y porque es el que más condecoraciones ha recibido en nuestro país, anotó Luis Alfonso Castillo, abogado de la Jurídica Libertad, quien comentó: “el militar que siete veces ha recibido la cruz de Boyacá, en este momento es perseguido por la fiscal de la Corte Penal Internacional”.
La Corte Penal Internacional sería la última esperanza de verdad y justicia que guardan las víctimas del exgeneral frente a los diferentes crímenes que siguen sin resolverse. De ese modo piensa José Alexander, quien continúa en esa búsqueda y conserva la esperanza de que su caso sea esclarecido, porque dice: “Yo no gano nada con que una persona vaya 30 o 40 años a la cárcel, para mí lo más importante es la verdad, que la persona tenga la voluntad y que reconozca que cometió un error, pero hasta el momento, no he recibido eso si quiera”.