Según la Administración Municipal, en Medellín se está implementando un nuevo enfoque de atención a víctimas, “más de oportunidades y menos asistencialista”. Sin embargo, víctimas e integrantes de organizaciones sociales no lo conocen y argumentan que no existe un documento que lo soporte.
Por: Natalia Maya
Foto: Camilo Castañeda
Entre la última semana de junio y la primera de julio de 2018, las víctimas de Medellín se encontraron con la noticia de que la Alcaldía de la ciudad les había restringido los servicios y la atención, debido al vencimiento de los contratos de 110 funcionarios que redundó en que no hubiera personal suficiente para las actividades durante esas dos semanas.
Esta contingencia se presentó justo cuando la ciudad atendía a más de 2.500 personas desplazadas del Bajo Cauca antioqueño, provenientes principalmente del municipio de Tarazá, y se enfrentaba nuevamente a desplazamientos intraurbanos por las disputas territoriales de grupos criminales en sectores como Altavista, Robledo y la Comuna 13.
Ante esta situación, el subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, aseguró que el inconveniente ocurrió por el cierre de semestre y por “una reestructuración administrativa y reorganización de programas y proyectos” del Equipo de Víctimas. Una eventualidad similar se presentó a finales de agosto de 2016, cuando circuló el rumor de un posible cierre de los cuatro puntos de atención a las víctimas en la ciudad debido a que los funcionarios de la Alcaldía no estaban prestando el servicio porque no les habían renovado los contratos.
El argumento de Arcila va en la misma línea de las declaraciones que Luis Bernardo Vélez Montoya, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, dio en enero de este año, cuando el alcalde Federico Gutiérrez le solicitó la renuncia a Luz Patricia Correa, quien estuvo al frente de la atención a víctimas durante nueve años. En ese momento, Vélez le dijo a la Silla Vacía que era importante que se renovaran los liderazgos: “Nosotros queremos hacer un enfoque nuevo a la Atención a las Víctimas, de inclusión, de oportunidad, no seguir reclamando un subsidio”.
Según Arcila, el nuevo enfoque que anunciaba el exsecretario ya está en marcha y, para su implementación, fue nombrada la abogada Laura Hernández Ramírez como Directora Técnica del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas el pasado mes de julio, cinco meses después de la salida de Correa.
Con la llegada de Hernández, funcionarios que llevaban entre seis y ocho años atendiendo a las víctimas de la ciudad salieron del Equipo, entre ellos los coordinadores de Reconocimiento y participación y de Prevención y protección. Hacemos Memoria buscó a Hernández, pero ella nos remitió a Arcila, su jefe inmediato.
Para una integrante* de la Mesa de Víctimas de Medellín, antes de hablar de la implementación de un “nuevo enfoque” de atención es necesario señalar cómo desde el primer año de Gutiérrez quedó claro el lugar que iba a tener esta población para su administración: “cuando se tomó la decisión de que la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto pasara a llamarse Equipo de Víctimas y a su vez dejara de hacer parte de la secretaría más importante, la de Gobierno y Derechos Humanos, para integrar la de Inclusión Social. Y cuando el presupuesto se redujo de quince mil millones que asignó Gaviria en 2015, a nueve mil en 2016, nos quedó claro que no se trataba solamente de un cambio de nombre, sino que era la forma de anunciarnos la poca importancia que íbamos a tener. Antes hablábamos de una gran unidad de atención, ahora de un equipo del que cada vez salen más y más funcionarios que llevaban ocho o diez años con nosotros y que eran cruciales para nuestros procesos”.
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Frente a la salida de estos funcionarios, Arcila asegura que la estructura del Equipo se mantiene y que solo obedece a que la nueva directora requiere contar con personas de confianza para desarrollar sus nuevas estrategias, lo que no representa un riesgo para el proceso.
Sin embargo, algunas voces en la ciudad han cuestionado la idoneidad de los nuevos funcionarios. Para Marta Villa, directora de la Corporación Región, “es preocupante que se hable de un cambio de enfoque y que se nombre a personas al frente que tienen cero experiencia en unos temas que son tan complejos e importantes para la ciudad como todo lo que implica la atención a víctimas. Además, es evidente que no es una transformación del Equipo por razones técnicas. No estamos viendo liderazgo al respecto”.
En estos primeros dos meses los nuevos funcionarios del Equipo de Víctimas, empezando por su directora, se han acercado a la Mesa Municipal de Víctimas y han mostrado toda su voluntad para trabajar articulados, aunque, de acuerdo con la fuente* que integra la Mesa, “hay buenas intenciones y disposición, pero ni ellos tienen claro de qué se trata el nuevo enfoque. Hablan de menos asistencialismo y más oportunidades, cuando lo que nosotros exigimos es que se nos respeten unos derechos mínimos, que nos hemos ganado. Entonces, nosotros no sabemos muy bien en qué consiste ese nuevo enfoque. Lo que sí tenemos claro es que hay un Plan de Acción construido por nosotros mismos que exigiremos respetar y que nos proponemos cumplir”.
Villa afirma que si hay un cambio de enfoque en la atención a víctimas en Medellín, lo mínimo que debió hacer la Alcaldía y el Equipo fue propiciar un diálogo con las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que han acompañado y liderado este tema durante años. “Empezar por la pregunta de qué es lo que hay que cambiar. No se trata de una resistencia a priori frente a un enfoque o unos funcionarios, pero entonces que se propicie la discusión de eso que debe cambiar y mejorarse con las mesas de víctimas, con las organizaciones sociales, con las instituciones del Estado que tienen un saber sobre eso, como la Unidad Departamental de Víctimas, la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo, pues ese tipo de decisiones no pueden ser potestad de una sola institución. Si se hubiera querido hacer un proceso realmente serio, un proceso ciudadano de cambio de enfoque, habrían convocado a una discusión ciudadana, pero está claro que no hay voluntad, que no les interesa saber qué piensan las organizaciones, ni siquiera las otras instituciones estatales que manejan el tema. Y creo que no les interesa porque en realidad no hay ningún nuevo enfoque, lo que hicieron fue debilitar uno que no era perfecto pero que tenía muchas potencialidades”, asegura Villa.
Cuando Hacemos Memoria le preguntó a Carlos Arcila si el nuevo enfoque estaba consignado en algún documento para su consulta pública, este contestó que no, que se trataba de unas directrices que estaban implementando a partir de la idea de que ser víctima no constituye una ciudadanía. En este sentido, el enfoque al que se refiere el subsecretario, “más de oportunidades y menos de asistencialismo” se concreta, según él, en “promover que las víctimas terminen sus estudios primarios, de bachillerato e ingresen a la educación superior, así como en garantizarles su sostenibilidad a través de la ejecución de sus proyectos productivos y del otorgamiento de capital semilla y, por supuesto, darles acompañamiento técnico en lo que requieren y ayuda psicológica para que transiten el camino de la reconciliación con nuestro respaldo institucional”.
*Reservamos su nombre por petición de la fuente.