Los habitantes de la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, decidieron continuar con el proceso de reparación colectiva que suspendieron en 2017 debido a la desconfianza que sentían por los constantes cambios de personal en la Unidad de Víctimas.
Por: Esteban Tavera
El pasado 27 de junio la comunidad de La Esperanza, vereda perteneciente al municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, decidió avanzar en la búsqueda del reconocimiento como víctima colectiva del conflicto armado.
El proceso estaba suspendido desde el 2015, pero la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en agosto de 2017, en la que condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en una serie de delitos cometidos en contra de trece campesinos de la vereda, entre junio y diciembre de 1996, motivó a la comunidad a reactivar el proceso.
Según Corte IDH, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mando de Ramón Isaza, contaron con la colaboración del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en la comisión de varios de los crímenes que afectaron a la vereda La Esperanza. Como consecuencia de esa alianza, 520 personas, pertenecientes a 150 familias que habitaban en ese momento La Esperanza, sufrieron diversos tipos de victimización.
El siguiente paso que debe dar la comunidad es acudir ante el Ministerio Público a emitir una declaración en la que enumeren los hechos victimizantes que afectaron la vida comunitaria durante los años en que el conflicto se ensañó contra ese territorio. Para ello, en La Esperanza ya se conformó un Comité de Impulso con catorce personas, quienes deberán rendir declaración ante la Personería de El Carmen de Viboral. Esa dependencia tendrá que cotejar esa información con el contenido de la sentencia de la Corte IDH. “Luego de que reciba la declaración, debo remitirla a la Unidad de Víctimas y allá se decidirá si la comunidad es o no sujeto de reparación colectiva. La ventaja que yo le veo a este proceso es que hay hechos que ya están probados por un fallo judicial, eso quiere decir que la Unidad de Víctimas tiene material suficiente para decidirlo”, explicó Alejandra Arenas, actual personera de ese municipio.
Luis Castillo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha acompañado a los familiares de las personas desaparecidas de La Esperanza desde hace 22 años y que logró llevar los casos ante la Corte IDH, destacó las garantías ofrecidas por la Personería Municipal para que exista una representación completa de los casos que ocurrieron en la vereda. “La memoria de todos los hechos que ocurrieron aquí, de quienes fueron golpeados, torturados, asesinados, todo eso debe quedar recogido en la declaración para que el proceso realmente sea colectivo”, dijo Castillo.
La comunidad de la vereda La Esperanza se reunió para discutir si seguir adelante con la búsqueda del reconocimiento como víctima colectiva del conflicto armado. Foto: Esteban Tavera
De la declaración a la reparación
Una de las razones que provocó desconfianza en los habitantes de La Esperanza, además de los continuos cambios de personal por parte de la Unidad de Víctimas, fue que muchas de las expectativas que manifestaban los campesinos sobre las medidas materiales de reparación eran desestimadas por los distintos funcionarios que acompañaron el proceso.
“De entrada le dijeron a la comunidad que no iba a haber una carretera o un salón comunal, que eran las cosas que pedían desde el principio, entonces, la comunidad también sentía una desazón porque pensaban que no valía la pena reunirse a hablar de cosas que les afectaban y desestabilizan sin que eso llegara a buen término”, señaló Castillo.
Sobre esas medidas materiales de reparación, en caso de que la Unidad de Víctimas acepte reconocer a la comunidad de la vereda La Esperanza, Diosdado Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal, sostiene que lo fundamental es tomar medidas que permitan reparar las dinámicas comunitarias que se perdieron por el daño que hicieron los actores armados y mantener viva la memoria de quienes fueron asesinados o desaparecidos en la vereda. “Hemos pensado en exigir la construcción de un aula múltiple en donde la comunidad pueda formarse y reunirse, y que contenga un salón de la memoria. También hemos proyectado exigir la construcción de algunas vías en la vereda porque eso es lo que nos daría productividad y competitividad en lo que tiene que ver con la agricultura, que es a lo que nuestro territorio le apunta”, dijo Quintero.
Según Julián Vasseur, enlace territorial de víctimas del Carmen de Viboral, el problema que tienen estas exigencias de reparación es que: “para el momento en que ocurrieron los hechos de victimización no existía ni el aula ni la vía. Ahí es donde la Unidad de Víctimas ve que no hubo afectación con relación a eso. Pero las víctimas sí han manifestado que hay una afectación grande de tipo emocional por el desarraigo que los grupos armados generaron con los desplazamientos y las desapariciones”.
El otro lado de las medidas de reparación tiene que ver con las acciones simbólicas que le permitirían a la comunidad volver confiar en la institucionalidad y en ellos mismos. A estas se refirió Flor Gallego, familiar de dos de las personas desaparecidas en 1996 y líder de las víctimas de este delito: “Hay muchas familias que no han tramitado sus duelos, que siguen sufriendo en silencio. Por eso necesitamos un apoyo sicosocial que nos ayude a superar todos los hechos que ocurrieron. Pero además, necesitamos que se trabaje en fortalecer la agricultura, porque con el desplazamiento que hubo en la vereda, muchas personas dejaron sus tierras y muchas semillas que se usaban tradicionalmente dejaron de utilizarse”.
La Sentencia de la Corte IDH también contempló medidas simbólicas de reparación. Concretamente, hizo referencia a que el Estado debe promover un acto público en el que reconozca su responsabilidad en los hechos ocurridos en 1996 y construir un monumento en memoria de las víctimas de esos hechos. También, le ordenó a las instituciones del Estado garantizar el acceso a la educación superior de los familiares de las personas desaparecidas que lo soliciten y acompañar a la comunidad con un programa de atención psicosocial.
Mientras el proceso de reparación colectiva sigue su curso, la comunidad deberá enfrentar los retos de conciliar las distintas expectativas que tienen frente a las medidas materiales de reparación y de exigirle al Estado el cumplimiento de los deberes que trae consigo la sentencia de agosto del año anterior.
