El deseo manifiesto de estructuras como el Clan del Golfo y algunas facciones de La Oficina de someterse a la justicia, necesita una herramienta legal que permita la sujeción colectiva de organizaciones criminales. Sin embargo, el proyecto de ley que presentó el Gobierno en marzo de 2018 y que dicta las disposiciones para estos casos, no ha sido tramitado por el Congreso.
Por Juan Camilo Castañeda
Fotos: archivo Policía Nacional
El proyecto presentado por el Gobierno hace parte del conjunto de normas necesarias para implementar el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz que se ocupa de las garantías de seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de la lucha contra organizaciones criminales. El año pasado fue una de las leyes que no alcanzó a ser aprobada durante el período del Fast Track, por lo que debió ser presentada nuevamente por el Gobierno en marzo de 2018 e iniciar el trámite ordinario.
A pesar de que Enrique Gil Botero, ministro de justicia, marcó como prioritaria su discusión, el proyecto no ha tenido ni un debate en la Comisión Primera de Senado y Cámara. Para Jean Carlo Mejía, abogado e investigador, el trámite de esta norma ha caído en la coyuntura electoral, razón por la cual se ha estancado y es una situación que hace que tambalee el punto 3 del Acuerdo Final de Paz. “El problema de fondo no lo tenemos en el Congreso, sino en el asesinato de los líderes, la trata de personas con fines de explotación sexual y la delincuencia transnacional que se presentan en los territorios”, comentó.
Para Jaime Fajardo Landaeta, gestor de paz y analista, se debe tener en cuenta que según la ley, los integrantes de las organizaciones que se sometan a la justicia tendrán que informar sobre el apoyo que recibieron de funcionarios públicos y cíviles que colaboraron con su accionar, “de ahí que sectores políticos y económicos le tengan miedo a esta ley”, comentó.
El proyecto de ley que presentó Gil Botero, estipula que los grupos armados que quieran someterse de manera colectiva a la justicia deberán manifestarlo por escrito al Gobierno Nacional a través de un delegado, con información que «permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes».
Además, la comunicación debe contener un listado con los nombres, números de cédula y huella de cada uno de los miembros de la organización criminal, otro que relacione los bienes obtenidos por las actividades ilegales y un registro detallado de los menores que integran sus filas.
Igualmente, para lograr la reducción de penas, que puede ir hasta el 50 por ciento, el grupo criminal tendrá que proponer un plan de reparación de las víctimas y dar información sobre “las conductas delictivas que serán reconocidas colectiva o individualmente por los integrantes de la organización, en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; el tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; la participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; la minería criminal y el tráfico de armas».
La urgencia de que se apruebe el proyecto
Entre las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país se encuentran el Clan del Golfo, que según la Fundación Ideas Para la Paz hace presencia en 148 municipios de Colombia; Los Puntilleros, que controlan territorios en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare; y Los Pelusos o EPL, que se asientan en la región del Catatumbo. Todos estos grupos, más la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con la que se adelanta un proceso de paz desde febrero de 2017, y las estructuras que crearon los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que no se acogieron al Acuerdo Final de Paz, han copado y se disputan los territorios que desocuparon los excombatientes de las Farc que sí dejaron las armas en 2017.
La estrategia del Gobierno contra estas organizaciones criminales ha estado enmarcada en la persecución policial y militar, como la Operación Agamenón II, que inició en el 2015 y que según cifras oficiales han permitido el decomiso de más de 200 toneladas de cocaína, la captura a cerca de 1.900 de sus integrantes y la muerte de importantes cabecillas, como la de Roberto Vargas, alias ‘Gavilán’, el 1 de septiembre de 2017, quien era el segundo al mando del Clan del Golfo, después de Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
La operación militar debilitó a la estructura del Clan del Golfo al punto de que su máximo líder, alias ‘Otoniel’, manifestó públicamente en septiembre del año pasado la intención de la organización delictiva de someterse colectivamente a la justicia.
Las autoridades estiman que unas 1.900 personas siguen vinculadas a la organización y generan problemas de orden público en regiones como el litoral Pacífico, el Urabá, Córdoba y el Bajo Cauca. Por eso, analistas como Fajardo Landaeta consideran que la estrategia enmarcada en las acciones militares y de inteligencia, “deben combinarse con la posibilidad de que las organizaciones criminales se sometan a la justicia bajo unos requerimientos muy estrictos y teniendo presente que como no son actores políticos, no se trata de una negociación de paz”, puntualizó.
Tras los meses violentos que se han vivido en Medellín por los enfrentamientos entre bandas y combos de la ciudad, Fernando Quijano, analista de conflictos urbanos, ha insistido en que además de desarrollar medidas como el aumento del policías y militares, la instalación de cámaras y los necesarios programas sociales para atender las causas estructurales de la violencia, se requiere concretar las intenciones de algunos sectores de La Oficina que, a través de la Dirección Colegiada de Grupos Armados del Valle de Aburrá, han manifestado su intención de someterse a la justicia.
Para ello, insiste Quijano, es urgente la creación de la ley sometimiento colectivo, en la cual considera deben ponerse condiciones como el desmantelamiento de casas de tortura, acabar las prácticas de desaparición y la regulación del tráfico de drogas a menores. “Creemos que el sometimiento voluntario y colectivo es un camino más para desarticular estas organizaciones. Si bien no va a acabar con el crimen, podría disminuirse al menos en un 50 por ciento de la criminalidad y violencia, eso sería un paso”, afirmó Quijano.
Para Jean Carlo Mejía el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno es una respuesta coyuntural al sometimiento de organizaciones criminales y tiene nombre propio: Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Patilleros. Para el abogado es una ley que puede aportar a desactivar dichos grupos y consolidar progresivamente la paz territorial, pero dice que hacen faltas políticas públicas que permitan establecer estrategias para la actuación del Estado en escenarios futuros, consolidar su presencia real en los territorios y evitar fracasos de desmovilizaciones y reciclaje de actores armados como en años anteriores. “Esto necesita, más allá de la expedición de una norma y la atención de una coyuntura, una visión desde una política criminal integral desde el Estado”, concluyó el abogado.
A menos de dos meses de que se cierre el período legislativo, todo parece indicar que la ley de sometimiento colectivo de organizaciones criminales quedará como otra deuda de los actuales congresistas con la implementación del Acuerdo Final de Paz. La creación de esta norma que es clave para consolidar escenarios de paz, quedará entonces a voluntad del próximo Gobierno y de los nuevos congresistas que se posesionarán el 20 de julio.