En 2014 la Universidad del Atlántico demandó su inclusión en el Registro Único de Víctimas por las afectaciones que sufrió la comunidad universitaria entre 1996 y 2008 a causa de la injerencia del paramilitarismo. En julio de 2015 la institución recibió la resolución de la Unidad de Víctimas que la reconoció como sujeto de reparación colectiva. Actualmente su Comité de Impulso se encuentra en la fase de diagnóstico del daño y espera que el Plan Integral de Reparación Colectiva sea aprobado a finales de 2018.
Por: Natalia Maya
Fotos: archivo Universidad del Atlántico
Desde el año 2000 se volvió recurrente la aparición de panfletos amenazantes en el campus de la Universidad del Atlántico. Numerosas “listas negras” firmadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) circularon con los nombres de estudiantes, profesores, sindicalistas y directivos de la comunidad universitaria, en las que señalaban a la institución como “santuario de la delincuencia organizada, representada por las milicias urbanas de la guerrilla”. También, a nombre del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron repartidos varios volantes en los que se advertía sobre la corrupción de la administración, las alianzas de sus directivos con paramilitares y los mecanismos para privatizar la Universidad.
Los asesinatos de los profesores Luis Meza Almanza y Alfredo Martín Castro Haydar, en agosto y octubre del 2000, y de los docentes y sindicalistas Lisandro Vargas Zapata, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) y Jorge Adolfo Freytter Romero, de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (Asojua), en 2001; más la zozobra generada por las amenazas sin tregua hacia los miembros de la Universidad llevaron a la Defensoría del Pueblo a denunciar la situación en julio de 2001 y a recomendar la creación de una oficina de derechos humanos al interior de la institución, que se encargara de alertar a las autoridades de control y a la Fiscalía General de la Nación sobre las vulneraciones y riesgos a los que se enfrentaba la comunidad universitaria. Ver: La historia de Jorge Freytter: un relato de violencia contra la Universidad
Todos estos hechos, tanto los asesinatos de profesores, sindicalistas y estudiantes, como las múltiples alertas tempranas lanzadas por la Defensoría del Pueblo desde finales de 1990 hasta mediados del 2000, están reseñados en la declaración que el rector Rafael Ángel Castillo Pacheco rindió el 11 de mayo de 2014, en compañía de otros once miembros de la institución, ante la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), en la que demandó la inclusión de la comunidad universitaria en el Registro Único de Víctimas (RUV) y su reconocimiento como sujeto de reparación colectiva.
Según Stephani Ortiz, integrante del Comité de Impulso de Reparación Colectiva de esta Universidad, dos hechos puntuales motivaron a profesores, estudiantes, empleados y familiares de las víctimas a iniciar el proceso: la sentencia en el año 2012 contra Édgar Fierro Flórez alias ‘Don Antonio’, comandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, en la que se hace referencia a la toma paramilitar de la Universidad y por la que la Corte Suprema de Justicia ordenó la creación de un Comité de defensa de los derechos humanos al interior de la institución; y la inclusión del caso en la investigación El derecho a la justicia como garantía de no repetición, publicada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en 2016.
“A partir de la sentencia de Justicia y Paz comenzamos a generar algunos escenarios al interior de la Universidad para divulgar los hechos de victimización y reflexionar en torno a lo que nos había sucedido. Pero es con el proceso de investigación del CNMH que dimensionamos las afectaciones que sufrimos en el marco del conflicto armado nacional y que determinamos la necesidad de saber la verdad, exigir justicia y ser reparados para pasar la página, porque aún hoy la estigmatización continúa. Por todo eso creamos nuestro Comité de Derechos Humanos, nuestro propio Centro de Memoria y demandamos ante la Unidad de Víctimas nuestro reconocimiento”, afirma Ortiz.
Así reportó el diario El Tiempo el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis.
Según cifras del Centro de Memoria institucional, hay por lo menos 73 víctimas, de las cuales 28 eran profesores, estudiantes y trabajadores que fueron asesinados, entre ellos el sociólogo y docente Alfredo Correa de Andréis, caso que más impacto causó a nivel nacional y uno de los que más avances ha presentado en materia judicial.
Antes de ser asesinado, Correa de Andréis se encontraba investigando temas relacionados al desplazamiento forzado masivo en el Caribe. Primero fue víctima de un ‘falso positivo’ judicial y luego, tras haber sido declarado inocente, se convirtió en uno de los tantos académicos y dirigentes sociales y sindicales silenciados por el paramilitarismo en la región. En su caso se han emitido cuatro sentencias contra tres paramilitares y contra Jorge Noguera Cotes, director en ese entonces del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Los asesinatos de Correa de Andréis y del profesor sindicalizado Lisandro Vargas Zapata, hacen parte del capítulo sobre ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales de la investigación El derecho a la justicia como garantía de no repetición, del CNMH, que basados en documentos judiciales y en los relatos de las familias, “muestran la participación de grupos armados ilegales (paramilitares) en connivencia con agentes del Estado —entre otros, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)— en la privación arbitraria de sus vidas”.
Dicha connivencia entre organismos estatales, directivos de las universidades y paramilitares reseñada en la investigación, se presentó tanto en la Universidad del Atlántico como en la de Córdoba, en la Popular del Cesar y en otras del Caribe. Recientemente, en una Declaración de Universidades Públicas ante la Comisión de la Verdad (Ver Declaración), miembros de estas instituciones concluyeron que fueron víctimas de un “fenómeno estructural escenificado en la región”, y le pidieron a los comisionados iniciar el camino hacia el reconocimiento de las universidades del Caribe colombiano como víctimas del paramilitarismo y del conflicto armado interno.
María Lurdes Vargas Zapata, hermana de Lisando Vargas Zapata, tiene claro que la infiltración paramilitar no fue exclusiva de la Universidad del Atlántico. Apenas dos meses después del asesinato de Lisandro, en febrero de 2001, asesinaron a otro de sus hermanos, Miguel Ángel Vargas Zapata, también profesor, también sindicalista y también a manos de paramilitares. Miguel Ángel prestaba sus servicios como docente a la Universidad Popular del Cesar. Para María Lurdes los procesos de reparación colectiva que están emprendiendo ambas universidades deberán reflejarse, más que en intereses particulares, “en el mejoramiento de la calidad académica y en que se erradique el clientelismo en todas las instituciones universitarias del Caribe, que eran dos de los objetivos por los que Lisando y Miguel Ángel luchaban”.
Foto: archivo Universidad del Atlántico
El reconocimiento de la Universidad como víctima colectiva
La Universidad del Atlántico recibió la resolución que la reconoce como víctima Sujeto de Reparación Colectiva el 22 de julio de 2015 (Ver Resolución). Actualmente su Comité de Impulso, conformado por 36 delegados, está terminando la fase de diagnóstico del daño. Para Lida Camacho, coordinadora de organizaciones de la Unidad de Víctimas, “la meta es cerrar este año con el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) aprobado y que las medidas se puedan implementar a partir de 2019 y tengan un verdadero sentido reparador. Lo importante es que el proceso va por buen camino porque la expectativa de reparación que tiene la Universidad está más orientada a temas de carácter político, simbólico e inmaterial”.
Frente a dichas expectativas, Stephani Ortiz comenta que están intentando ajustarse a la realidad para que no se presenten los inconvenientes que ha tenido que enfrentar la Universidad de Córdoba en la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva: “con los aprendizajes y el ejemplo del proceso de Unicórdoba determinamos qué cosas no hacer. Tenemos un interés grande en adoptar medidas simbólicas que rompan con la estigmatización que todavía cargamos. Hemos pensado en un escenario de perdón público por parte de las entidades estatales que contribuyeron al conflicto por acción o por omisión; en cátedras que le den continuidad a los pensamientos de los profesores y estudiantes que ya no están y en la construcción de un monumento a la memoria de las víctimas que las reivindique en sus luchas y saberes y les restablezca la dignidad”.
