Han transcurrido 20 meses desde que el Gobierno y las Farc firmaron el Acuerdo Final de Paz. Se estima que la implementación del mismo durará 10 años, razón por la cual los próximos dos presidentes tendrán grandes responsabilidades en el cumplimiento de lo pactado en Cuba.
La dejación de armas de los excombatientes de las Farc, la puesta en marcha de mecanismos como la Justicia Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, son algunos de los avances que se han realizado en la implementación del Acuerdo. Aunque el objetivo del actual Gobierno era, por lo menos, dejar listas las reformas constitucionales y las leyes que permitieran su implementación, a la fecha hay asuntos como las garantías para la participación ciudadana y la protesta social, aspectos de la reforma rural y las Circunscripciones Especiales de Paz que no se han aprobado en el Congreso. Adicionalmente, en los próximos ocho años el Estado tendrá el reto de poner en marcha los cambios estructurales en el campo y en la democracia colombiana que se establecieron en el Acuerdo.
Iván Duque fue uno de los senadores del Centro Democrático que impulsó la campaña del No para el plebiscito que celebró el 2 de octubre de 2018. Este candidato ha subrayado en distintos escenarios que si llega a la presidencia realizará modificaciones estructurales al Acuerdo de Paz. Sus principales críticas están enfocadas en la Justicia Especial para la Paz (JEP), a la que considera un mecanismo que crea impunidad, pues los excombatientes que se sometan a ella no pagarán condenas de privación de la libertad. Igualmente, ha calificado como inadmisible que el narcotráfico haya sido catalogado como un delito conexo a la rebelión. Además, ha expresado inconformismo con el punto 4 del Acuerdo que aborda la problemática de las drogas ilícitas porque dice que ha posibilitado el aumento de cultivos de uso ilícito en el país. Duque, finalmente, ha criticado que los líderes de la extinta organización guerrillera accedan a las 10 curules que tendrá el partido Farc en el congreso, sin haber resuelto su situación jurídica ante la JEP.
Al candidato Germán Vargas Lleras le llovieron críticas porque mientras fue vicepresidente del gobierno Santos no fue clara su postura frente al proceso de paz. En octubre de 2017, en una entrevista que ofreció en Caracol Televisión, dejó ver su principal inconformidad con el Acuerdo: La JEP. El aspirante a la presidencia consideraba inoportuno que este tribunal tuviera la potestad de juzgar a civiles que financiaron la guerra y a los militares. Sin embargo, ha dicho que la Corte Constitucional ha despejado sus dudas frente al modelo de justicia transicional y reconoce como logro del acuerdo la desmovilización del grupo guerrillero, por lo que ha dicho que cumplirá con lo pactado.
Humberto de la Calle candidato del Partido Liberal, quien además fue el jefe negociador del Gobierno en La Habana, ha dicho que cumplir con la palabra empeñada es una obligación ética y moral. Para De la Calle el acuerdo, además de haber parado una guerra de 50 años, brinda la posibilidad de hacer una reforma rural que revierta las condiciones de desigualdad en el campo y de promover transformaciones estructurales en la forma de hacer política en el país.
Sergio Fajardo expresó en diferentes debates que votó Sí en el plebiscito que buscaba dar legitimidad al Acuerdo de paz. Celebra que como resultado de este las Farc estén participando en la democracia, como partido político. Fajardo ha dicho que su Gobierno tendrá la bandera de la reconciliación en el país, para ello dice que se deben hacer esfuerzos en educación a la ciudadanía sobre los Acuerdos de paz.
Gustavo Petro también reconoce el Acuerdo porque permitió que las Farc abandonaran las armas y entraran al juego democrático. Sin embargo, Petro ha dicho que la paz es más que el silencio de los fusiles y que para lograr que las comunidades gocen a plenitud de ella será necesario hacer reformas estructurales como la redistribución de la tierra, la salud y la educación pública y gratuita.
¿Qué opinan los expertos?
Max Yuri Gil, docente e investigador
«Desafortunadamente en materia de implementación hemos avanzado muy poco, de tal manera que luego de que en diciembre se había reportado un avance solo del 18% en la implementación, en este primer semestre prácticamente no ocurrió nada. Así que los retos siguen estando en todos los campos: en el campo agrario, en el campo de participación política, en el tema de víctimas y en el tema de fin del conflicto, especialmente lo que tiene que ver con la reintegración económica y política de los excombatientes. La pregunta es: cuáles son las condiciones para impulsar los proyectos en el Congreso de la República donde hay una coalición que no es mayoritaria a favor de la paz. Dependerá mucho del próximo presidente, porque si es uno opuesto y hostil al proceso de paz, pues no impulsará ningún proceso representativo».
Rubén Fernández Andrade, subdirector Centro de Fe y Culturas
«Cualquiera que sea el presidente debe mantener la línea de implementar los Acuerdos de Paz. En primer lugar, porque cuando estamos hablando de ese acuerdo, estamos hablando de un bien público, de una cosa que no pertenece ni al Gobierno de Santos ni a las Farc ni a los negociadores, sino que pertenece al conjunto de la sociedad. En segundo lugar porque es un acuerdo firmado por el Estado colombiano. Quienes han defendido que es un acuerdo del Gobierno les falta comprender la dinámica de la institucionalidad democrática. El Gobierno es quien lo inicia, pero al fin y al cabo el presidente es el jefe de Estado y es el conjunto del Estado el que firma un acuerdo como este. En tercer lugar porque hay personas involucradas, vidas de guerrilleros, de soldados y policías que se han salvado. Y finalmente creo que debe mantenerse el acuerdo porque para muchos de esos sectores rurales es una oportunidad de desarrollo, no para los combatientes, sino para las comunidades locales que habitan los territorios que tradicionalmente han sido olvidados o excluidos por la sociedad. Esas razones me parece que son un peso moral enorme para cualquier presidente en el sentido de que se vea obligado de mantener los acuerdos, ponerlos en marcha, fortalecer su implementación, hacer que tenga más celeridad y acompañamiento del conjunto de la sociedad».
Antonio José Madariaga Reales, asesor de la dirección de Viva La Ciudadanía.
«El próximo presidente tendrá cuatro grandes retos en cuanto a la implementación del Acuerdo. El primero es a nivel legislativo porque hay normas que es necesario pasar por el Congreso de la República, como por ejemplo la Ley Estatutaria de Garantías para la Participación Ciudadana y la Protesta Social.
El segundo gran reto es sacar adelante el CONPES que permite el Plan Marco de Implementación y su incorporación dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay un reto de carácter normativo que ya no es solamente legislativo y que tiene que ver con el ejercicio de planeación.
El tercer reto es mejorar las condiciones de financiación y la eficiencia en la implementación, en particular en lo que tiene que ver con los temas de tierra, con la reincorporación económica, social y productiva de los excombatientes de la Farc y, en esa misma dirección, la creación de condiciones para su establecimiento en distintos lugares del territorio nacional.
Y el último gran reto es poner en marcha los otros elementos de la implementación de los acuerdos que hoy tienen desarrollos muy limitados, me estoy refiriendo a los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos que presentan grandes fallas, el desarrollo de los distintos planes que están contenidos en el punto de Reforma Rural Integral, lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Electrificación Rural. Pero de manera particular, hacerlo eficiente que hoy está funcionando bastante regular».