La Unidad para las Víctimas reconoció al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño como víctima colectiva por los hechos que sufrieron sus dirigentes entre 1982 y 2017. Los líderes sobrevivientes esperan que se les repare a través de proyectos de investigación y formación.
Por Esteban Tavera
Fotos: cortesía RedOriente
La Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección Territorial de Antioquia, hizo pública la resolución que incluye al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño «Ramón Emilio Arcila» en el Registro Único de Víctimas. Esto permite que esa organización, que fue duramente golpeada por el conflicto en los ochenta, noventa y la década de los dos mil, pueda solicitar medidas de reparación colectiva.
Carlos Ruiz, representante legal del Movimiento Cívico, explicó que la reparación la solicitaron desde diciembre del 2013 y esperan que se haga efectiva en agosto, cuando se dé el cambio de gobierno. “Nosotros no pedimos medidas materiales ni dinero, lo que queremos es la reconstrucción de la masa crítica del Oriente. Por eso, solicitamos apoyo para la creación de líneas de investigación y formación que ayuden a construir una universidad de paz en el Oriente antioqueño”, afirmó.
El sacerdote Francisco Ocampo Aristizabal instaló el acto al que asistieron líderes del Oriente antioqueño. Foto: cortesía RedOriente.
En la Resolución 2018-529, emitida el pasado 22 de enero, la Unidad para las Víctimas señaló que varios miembros del Movimiento Cívico fueron víctimas de hechos como “homicidio, allanamientos, amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, desplazamiento forzado, tortura, detenciones arbitrarias y discriminación”, en varios municipios del Oriente antioqueño.
Entre los casos que dieron sustento al reconocimiento como víctima colectiva están el de Ramón Emilio Arcila, candidato a la alcaldía de Marinilla, asesinado el 30 de diciembre de 1989 junto al estudiante de la Universidad Nacional, Saturnino López Zuluaga; el de Froilán Arango Echavarría, concejal del municipio de San Rafael y líder de la oposición a la construcción de las hidroeléctricas Playas y Jaguas de San Carlos, San Rafael y San Roque, asesinado el 28 de noviembre de 1987; y el de el líder sindical Argemiro Colorado, asesinado el 4 de diciembre del mismo año.
La resolución es también un reconocimiento a la importancia que tuvo el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño en esa subregión. Por eso, para Carlos Olaya, autor de Nunca más contra nadie y de varios artículos sobre la violencia en esa zona del departamento, “este reconocimiento era necesario, porque debía aceptarse oficialmente que hubo un exterminio en contra del Movimiento y que las élites regionales han impuesto una idea de desarrollo que es muy violenta con quienes no la comparten”.
Sobre la reparación, Olaya considera que se debe concertar de manera local y no regional, como actualmente se está haciendo. En su opinión, cada municipio que se vio afectado con la desaparición del Movimiento debe participar en la escogencia de las medidas de reparación. Esto se concretará cuando la Unidad para las Víctimas designe a un profesional cuya tarea será concertar con los líderes del Movimiento cuáles serán esas medidas.
Lectura de la resolución por parte del representante de la Unidad de Víctimas. Foto: cortesía RedOriente.