En su investigación, Omar Rojas, coronel retirado de la Policía, asegura que son más de diez mil los casos de ejecuciones extrajudiciales y que entre las víctimas también hubo miembros de las Fuerzas Militares.
Por Esteban Tavera
Después de diez años de entrevistarse con decenas de militares y policías involucrados en investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, a Omar Rojas, sociólogo y coronel retirado de la Policía Nacional, no le queda duda de que ninguno de los casos conocidos como ‘falsos positivos’ fue producto del azar.
“En las 180 unidades militares que están distribuidas por todo el país, se sentaban personas con uniforme para determinar dónde iban a simular un combate, de dónde iban a sacar muchachos para asesinarlos, quién ejecutaría el crimen y de dónde iba a salir el presupuesto para la compra de armas, municiones, panfletos y computadores. Todo eso, para venderle a la sociedad colombiana la idea de que esos jóvenes se habían enfrentado a nuestras Fuerzas Militares y que cayeron en combate. Por esa razón, ningún ‘falso positivo’ fue azaroso”, explica Rojas.
Además, su indagación le permite asegurar que la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el período comprendido entre el 2002 y el 2010 es mucho mayor a la que hasta ahora el país conoce. Según Rojas, “para el año 2012 la Fiscalía General de la Nación estaba investigando cerca de cuatro mil setecientos casos; los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos hablan de cinco mil setecientos; otras ONG encontraron seis mil doscientos, pero, de acuerdo a nuestra investigación, tan solo durante ese período, la cifra superó los diez mil casos”.
Todas esas cifras están incluidas en el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, publicado junto al historiador Fabián Leonardo Benavides, con el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. El libro, además de la nueva cifra que propone respecto al número de víctimas de los ‘falsos positivos’, tiene otro factor que lo diferencia de otras publicaciones que han abordado el mismo fenómeno, que quien lo escribe fue un integrante de la Policía Nacional, una de las fuerzas del Estado que estuvo involucrada en el asesinato de civiles.
Los 31 años que el coronel retirado Omar Rojas trabajó como policía en distintas zonas del país y su posterior formación como sociólogo, le forjaron una mirada particular sobre este problema. Por un lado, porque pudo acceder a fuentes sin consultar o que no habían querido hablar, como es el caso de muchos militares que fueron o están siendo investigados penalmente; y por el otro, porque entendía que muchos de esos crímenes se cometieron producto de una formación castrense que forjó en los militares, como él mismo dice, “una obediencia ciega”.
El libro de 257 páginas fue publicado por Ediciones USTA, fondo de la Universidad Santo Tomás.
Sobre las víctimas también revela datos poco conocidos. “Fueron jóvenes, obreros, amas de casa, niños discapacitados. Pero también aparecen soldados, policías, personas del clero y un extranjero”, explica el autor. Sin embargo, aclara que su libro no es producto de una investigación judicial sino sociológica. Eso quiere decir que por más que haya tenido acceso a los testimonios de muchos involucrados, su deber como académico no es determinar responsabilidades o asignar culpas, sino comprender por qué se presentaron los hechos.
Esa comprensión del tema le permite asegurar que detrás de la mayoría de casos de ‘falsos positivos’ estaba la idea que se implantó con la Política de la seguridad democrática, de que lo más importante para ganar la guerra a los grupos guerrilleros era darles golpes que incrementaran las cifras de subversivos muertos en combate.
Muchos de los militares que incurrieron en ejecuciones extrajudiciales lo hicieron convencidos de que estaban salvando a la patria, por eso no pueden ser señalados como los únicos responsables. Todos tenemos un grado de culpa porque unos ordenaron, otros ejecutaron, pero otros aplaudimos.
Pero aunque la Política de seguridad democrática culminó en el año 2010, cuando Álvaro Uribe Vélez dejó la presidencia, según el informe sobre la situación de Derechos Humanos presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia, este tipo de crímenes se siguen presentando en el país. De acuerdo con el documento, durante 2017 ocurrieron once nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, el Ejército está implicado en ocho de ellos y la Policía en tres.
Para Rojas, la razón por la cual no han cesado estos crímenes tiene que ver con que en las filas de las Fuerzas Militares aún no se ha desmontado la idea del enemigo interno, “ese problema no se resuelve con nuevas oficinas o cursos de Derechos Humanos para la tropa, se requiere un cambio ontológico en la formación de los militares. Se tiene que desmontar la idea de que uno como militar o policía tiene enemigos en el mismo país”.
Pese a que sus pesquisas lo llevaron a cuestionar a todos los entes del poder público, su confianza en las instituciones permanece intacta. En la actual coyuntura confía en que las madres que perdieron a sus hijos a manos de miembros de la Fuerza Pública, con el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz por fin podrán recibir las respuestas que tanto han esperado. “Mi motivación como policía era proteger la vida. Ahora que soy sociólogo tengo el deber de investigar y compartir con la sociedad lo que descubra para que haga memoria y no permita que esto se repita nunca más”, concluye Rojas.
El 3 de abril se realizó la presentación del libro en dos lugares de Medellín, el recinto del Concejo de la ciudad y la Universidad San Buenaventura. Foto: Esteban Tavera.