Con la inclusión de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) en el Registro Único de Víctimas, se cuentan 42 sujetos de reparación colectiva que el Estado colombiano ha registrado en lo que va corrido del 2017. A partir del 28 de julio, Cahucopana comenzó la segunda de seis etapas en la ruta de reparación colectiva.
Por Elizabeth Otálvaro
Fotografías: cortesía Corporación Cahucopana
Desde que la Ley 1448 de 2011 establece dentro de un proceso de justicia transicional la posibilidad de que sujetos colectivos sean reparados, material, política y simbólicamente, esta opción se abre como alternativa de dignificación para los grupos de personas que han visto vulnerados sus derechos en el marco del conflicto armado colombiano; pueblos étnicos, comunidades campesinas y organizaciones civiles han decidido emprender, bien sea por oferta o demanda, un proceso que no es nada distinto a una negociación con el Estado a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), para resarcir los daños causados por causa u omisión del mismo Estado. Con Cahucopana, ya son 34 colectivos de Antioquia que persiguen este objetivo.
Esta corporación concentra su trabajo en la región del Nordeste antioqueño y acompaña en la defensa de los derechos humanos a comunidades campesinas y mineras, especialmente, de los municipios de Remedios y Segovia. Nació en el año 2004, a causa de la crisis humanitaria que la presencia de los grupos armados y la fuerza de la seguridad democrática dejaban a su paso.
A raíz de la agudización del conflicto, las comunidades campesinas y mineras se organizaron. El 4 de diciembre de 2004, en una asamblea que se llevó a cabo en la vereda Lejanías de Remedios, alrededor de 300 personas decidieron formalizar a través de la corporación la defensa de la permanencia en el territorio y los esfuerzos por visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las que se consideraban víctimas. Para ese momento, según lo cuenta Ernesto Pinzón, sociólogo y miembro de Cahucopana, “a la comunidad no llegaban ni alimentos ni medicamentos, con la excusa de que iban para la guerrilla”.
Históricamente, la región fue bastión del Frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las Farc y del Frente José Antonio Galán del Eln. Pero el conflicto tuvo su punto más álgido cuando, iniciando la década del 2000, el Batallón Energético y Vial Nº8 se instaló en la zona y el Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) comenzó su accionar antisubversivo, así lo registra el portal de noticias especializado en el conflicto armado colombiano, VerdadAbierta.com.
A partir de 2005, Cahucopana, organización de base campesina, se convirtió en un blanco de ataque e intimidación. Desde entonces, se cuentan 36 acciones que vulneran los derechos humanos de los miembros y allegados a la corporación; entre ellas están 6 casos de ejecuciones extrajudiciales –los mejor conocidos como “falsos positivos”–, atribuidas a una de las divisiones del Ejército más cuestionadas por este fenómeno: el Batallón Calibío adscrito a la XIV Brigada, cuya principal zona de operación es la del Cimitarra, Santander, vecina del Nordeste del departamento de Antioquia.
Víctor Vega, miembro de Cahucopana desde el 2007, ha sido testigo de la historia de estigmatización y violencia contra la corporación. Hoy, es uno de los líderes que tiene a su cargo el proceso de reparación colectiva. Entre sus tareas menciona una fue dolorosa: construir una línea de tiempo para hacer memoria de aquellas acciones que han atentado contra la vida e integridad de la comunidad asociada a Cahucopana; entre ellas, su propia historia.
Vladimir Rodríguez, subdirector de Reparaciones Colectivas de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas y Carlos Morales, representante legal de Cahucopana y líder campesino.
Víctor es hijo de un campesino integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. En el 2008, su padre tenía una orden de captura que lo mandó al exilio junto a su familia. Ese mismo año, el 27 de enero, el Batallón Calibío asesinó a Miguel Ángel González Gutiérrez de 24 años, uno de sus compañeros y líder activo de Cahucopana. Víctor recuerda especialmente esta historia, uno de los casos de falsos positivos. Al día siguiente del asesinato de Miguel, el Ejército publicó un comunicado que decía: “La vereda Dos Quebradas ubicada en el municipio de Remedios Antioquia, fue el lugar en donde tropas del Batallón Calibío adscritos a la Décimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional dieron muerte en combate al guerrillero ‘alias Julián’ quien hacia parte de las filas insurgentes de la cuadrilla Raúl Eduardo Mahecha de las Farc”, como aún está consignado en la página web del Ejército.
A este caso se sumaron otros asesinatos de miembros y allegados a la corporación, lo que mantuvo a Víctor lejos de su región durante dos años. Para él, los homicidios y “falsos positivos”, generalmente de jóvenes, respondían a un plan sistemático: “Tenían una intención: por su edad, esos jóvenes podían ser los grandes líderes de la región. Les callaron la boca. Me marcó porque tenían la misma edad que yo e igualmente venían surgiendo como líderes”, dice.
En su memoria y en la línea de tiempo construida con la intención de aportar al proceso de reparación colectiva, reposan otros hechos que marcaron a la comunidad representada en Cahucopana. Basta recordar los desplazamientos forzados que llevaron a la creación de los campamentos de refugio humanitario, una acción de resistencia apoyada por la corporación. Uno de ellos, el primero, comenzó el 2 de mayo del 2005, cuando se vieron obligados realizar un desplazamiento organizado hacia la vereda Lejanías, de Remedios, donde permanecieron en un refugio temporal interno, hasta que cesó el operativo militar de la XIV Brigada del Ejército y los combates entre militares y guerrilleros de las Farc y el Eln.
Dice Ernesto Pinzón que “siempre Cahucopana, colectivamente, le ha hecho frente al conflicto”, lo que ha puesto en riesgo a sus líderes. Sin embargo, para él, el balance de la defensa de los derechos humanos y del trabajo en la región es positivo, en tanto su acción humanitaria ha permitido que las comunidades campesinas y mineras permanezcan en el territorio mientras se visibilizan sus problemáticas.
De tal manera que el registro de Cahucopana como sujeto de reparación colectiva es un paso más en ese proceso de dignificación y resistencia de las comunidades que representan. En palabras de Pinzón: “Yo creo que esta reparación es para la comunidad, para las víctimas. Es un logro que incentiva a seguir defendiendo los Derechos Humanos. De cierta manera esto nos lleva a que el Estado también reconozca la labor tan buena que ha hecho Cahucopana; está reconociendo la labor de los líderes, del colectivo y reconociendo que ellos también fueron victimarios”.
Ahora, la comunidad está a la espera de lo que será el primer acto simbólico en la región, y así oficializar ante los campesinos la declaratoria de sujeto de reparación colectiva que ya reposa en la Uariv. La propuesta es que en la vereda Lejanías, donde nació Cahucopana, la dirigencia fundadora de la corporación reciba un reconocimiento para marcar el punto de partida de un proceso que deberá reparar los daños políticos y materiales dejados por la presencia del conflicto armado en el Nordeste antioqueño.