Las periodistas Patricia Nieto y Natalia Botero vivieron una situación de “obstrucción a la labor periodística” cuando se encontraban en Bojayá, Chocó, reporteando el inicio de las exhumaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Esta vez, quienes impidieron su trabajo no fueron los actores armados, sino miembros de la sociedad civil. ¿Cómo entender esta vulneración? ¿Qué implicaciones puede tener para la labor de la prensa en el contexto actual de posacuerdo? ¿Debe modificarse la relación entre periodistas y fuentes? Hacemos Memoria propone un debate al respecto para que ningún derecho resulte afectado.

Por Margarita Isaza Velásquez

Después de siete días de permanecer en Bojayá, Chocó, la periodista Patricia Nieto alcanzó a llenar un cuaderno de notas. Escribió nombres y fechas, apuntó números telefónicos, describió lugares y situaciones, hizo dibujos, trató de ser fiel a las palabras que escuchaba, pero volvió a Medellín con una sensación amarga, la de no haber podido avanzar en el trabajo periodístico que se había propuesto: conocer de cerca y registrar el proceso social, político y judicial que implica la segunda exhumación de los restos de las 119 personas sepultadas en el cementerio municipal después de la masacre del 2 de mayo de 2002.

Ella viajó a Bojayá con la fotorreportera Natalia Botero. Ambas, amigas desde 1986, cuando estudiaban Comunicación Social – Periodismo en la Universidad de Antioquia, han recorrido juntas la geografía de Antioquia y Chocó para relatar y retratar las historias de personas y comunidades que han padecido la acción de los actores armados del conflicto colombiano. Juntas publicaron Relatos de una cierta mirada, en 2011, y las dos son docentes de Periodismo de la Universidad de Antioquia.

Quizás por eso, por la trayectoria que han construido y porque una marca de su labor es el respeto por las personas y sus historias de dolor, tanto Patricia Nieto como Natalia Botero sienten hoy que en Bojayá ellas vivieron una situación especial de “obstrucción a la labor periodística”, porque ninguna de las dos pudo hacer algún registro relacionado con las exhumaciones de las víctimas mortales de la masacre que es considerada uno de los crímenes más graves cometidos por las Farc contra la población civil. Ni Patricia pudo entrevistar a personas que le hablaran del significado de las exhumaciones, ni Natalia pudo obturar con su cámara en el espacio público donde ocurría algún asunto relacionado con el avance del procedimiento judicial. El Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá se los impidió.

Este Comité es una entidad de la sociedad civil, que surgió, después de diciembre de 2014, para que haya “un grupo de personas encargadas de interlocutar con las entidades del estado, organizaciones internacionales y demás, en busca de unas mejores condiciones de vida y de la reparación integral de la comunidad del municipio de Bojayá, con un enfoque étnico y territorial”. Sus representantes, nombrados en la página web www.comitevictimasbojaya.org, son: Leyner Palacios, María Pascuala Palacios, Delis Palacios, Yuver Palacios, Delmiro Palacios, José de la Cruz Valencia, Máxima Asprilla, Rosmira Salas, Juan de Dios Rentería y Elizabeth Velásquez.

Reportera a la espera de que una de las líderes del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá la escuche. Foto: Natalia Botero.

Al igual que en otros trabajos periodísticos, incluso realizados en momentos de confrontación directa de actores armados, las periodistas Patricia Nieto y Natalia Botero se prepararon para viajar a Bojayá con meses de anticipación. En febrero viajaron a Quibdó y a Bojayá, se entrevistaron con el padre Antún Ramos, conocieron al grupo de mujeres Guayacán y supieron de la existencia del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, cuyo vocero más reconocido es Leyner Palacios, con quien hablaron varias veces y quien estaba enterado de la intención periodística de ambas profesionales.

“Un veto a la prensa”
Por eso este 7 de mayo, cuando ya había pasado el acto público de conmemoración por los veinte años de la masacre, las periodistas se sorprendieron con el anuncio que miembros del Comité les hicieron: que no estaban autorizadas a estar allí en Bojayá para hacer algún cubrimiento. Con el pasar de los días, esta prohibición incluyó restricciones más específicas: que no se les permitiría grabar, preguntar, tomar fotos o apuntes que tuvieran alguna relación con las víctimas, la masacre o las exhumaciones. La negativa persistió, a pesar de varios intentos por acercarse a los miembros del comité para presentarse, conversar acerca de la intención de su presencia allí y llegar a acuerdos que permitieran realizar el trabajo, hasta el sábado 13 de mayo, cuando ya debían viajar a Quibdó para regresar en avión a Medellín. (En este relato la periodista Patricia Nieto cuenta más detalles del veto impuesto a la prensa por un grupo de líderes de Bojayá).

Según miembros del Comité, la población acordó un “Protocolo para el manejo de comunicaciones en el marco de los acuerdos del proceso de paz para Bojayá”. Este fue divulgado el jueves 11 de mayo en la página web de la organización y le fue enviado ese mismo día a Patricia Nieto. Allí, el Comité establece 4 puntos respecto a los medios de comunciación, académicos y personas externas:

1. Las víctimas de Bojayá solicitan a todos los medios de comunicación, periodistas y comunicadores independientes o empleados, académicos y demás personas externas a la comunidad de abstenerse de filmar, tomar fotografías, grabar, escribir o realizar entrevistas individuales a las familias, o a cualquier persona vinculada con el proceso de la exhumación, entrega de los cuerpos, y ceremonias relacionadas con la masacre del 2 de mayo de 2002, desde el 4 de mayo de 2017 hasta el fin de las exhumaciones, esto por respeto a nuestra dignidad, creencias y cultura.

2. El Comité será quién determine qué información es reservada y qué información es pública. Cuando se produzca información referente al proceso de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc-Ep sobre Bojayá esta información deberá ser revisada, retroalimentada y avalada para su publicación por el equipo vocero delegado para comunicaciones del Comité.

3. El Comité por los Derechos de las Víctimas, contando con el apoyo de ONU Derechos Humanos, hará el registro de video y fotografías del proceso de exhumaciones, ceremonias y entrega de cuerpos y, posteriormente, el Comité determinará las imágenes que considere respetuosas con la dignidad de las víctimas para hacer entrega pública de las mismas a los medios de comunicación y entidades interesadas.

4. El Comité por los Derechos de las Víctimas ha solicitado a la Policía de Bellavista que ayude a que se respete este protocolo en el cementerio de Bojayá y las Bóvedas temporales donde reposarán nuestros familiares y amigos mientras son trasladados a Medicina Legal.

Momento en que miembros del Comité de Víctimas rodean a la fotógrafa para impedir su trabajo. Foto: Patricia Nieto.

El sábado 13 de mayo, el “protocolo” fue enviado a periodistas de todo el país por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en un correo electrónico que agrega: “La Oficina se permite recordar, que según las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, en todas las acciones conducentes a garantizar la reparación integral se debe contar con la participación, la consulta y el consentimiento pleno de las víctimas para garantizar un efecto transformador”.

Este “protocolo” quizás riña con dos de los objetivos que tiene el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, expuestos en su página web: “Restituir los derechos de las víctimas del municipio de Bojayá en condiciones de dignidad” y “Recuperar la memoria de todas las personas que han padecido las consecuencias del conflicto armado y el abandono estatal en el municipio de Bojayá”. El primero porque uno de los derechos principales de las víctimas, establecido en la Ley 975 de 2005, es el derecho a la verdad; y el segundo, porque la recuperación de la memoria histórica implica la expresión de múltiples voces, que impidan el establecimiento de una única versión de los hechos.

Un debate necesario
Patricia Nieto, quien además de ser reportera es profesora de la Universidad de Antioquia desde hace 17 años, y es directora desde 2014 del proyecto Hacemos Memoria, se hace algunas preguntas frente al carácter del protocolo y a la situación que vivió como periodista entre el 7 y el 13 de mayo en Bojayá: “¿A quién beneficia el veto impuesto a la prensa por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá? ¿Quién tiene el poder para conducir a un grupo de ciudadanos organizados para la defensa de los derechos de las víctimas a censurar y obstaculizar el acceso a la información, que es uno de los derechos por excelencia en las democracias? ¿A quién beneficia una única narrativa de la segunda exhumación en Bojayá? ¿Cuáles son las consecuencias de que acciones como las aquí relatadas sean apoyadas por la ONU? ¿Cómo se configurará el escenario para el trabajo de la prensa una vez se instale la Comisión de la Verdad en Colombia?”.

Estas preguntas se suman a las consideraciones que del mismo “protocolo” hacen periodistas de reconocida trayectoria en Colombia.

Ginna Morelo, presidenta de la organización Consejo de Redacción y actual editora de la Unidad de Datos de El Tiempo, opina: “Viene un momento muy importante para Colombia, que es conocer la verdad, y si no hay una posibilidad de que la prensa se informe y que lo haga con el respeto que merecen las víctimas, entonces estamos ante un escenario de silencio, ante un escenario de verdades a medias. Y eso es muy peligroso para la comunidad”.

Este peligro se extiende a la sociedad y la democracia. Juan Diego Restrepo, director del portal Verdad Abierta y columnista de Semana.com, expresa: “Me parece que el protoloco de la comunidad de Bojayá es una reacción extrema a la tarea de informar. Ellos tienen su dolor, es cierto, pero son muchos los periodistas que los han acompañado en su tragedia y eso ha sido útil para visibilizarlos en el país y en el extranjero. Eso es lo que me llama la atención, que se hayan cerrado de esa manera, cuando han contado con la prensa para narrar su pasado, pero también su presente y su futuro. El problema de ese tipo de actitudes es que se cierran a otros diálogos, a otras visiones, y, ante todo, se evitan las preguntas, y esa es la parte más preocupante”.

De acuerdo con Restrepo, “Bojayá es un territorio donde imperan la Constitución y la Ley, por tanto, no habría por qué tener normas que afectan los derechos de quienes no viven allí y de quienes lo visitan como periodistas. Sí, hay un dolor, hay una gran afectación, pero volvemos a lo mismo: algunos periodistas están allí para ayudar, para difundir con respeto lo que ocurre en este proceso de exhumación, para mostrarle al mundo lo ocurrido, para evitar el olvido”.

Morelo, por su parte, se pregunta qué puede pasar en el futuro cercano si situaciones como esta se replican: “Estamos hablando de transición hacia el posconflicto, transición hacia una reconciliación. ¿Cómo podríamos considerar reconciliación o posconflicto si empiezan a aparecer escenarios de construcción de silencios? Creo que este es un tema que debe hablarse, debe analizarse, porque hay mucho dolor, mucha discusión, mucha prevención, pero si no lo hablamos, estamos precisamente abriendo unas distancias irreconciliables entre comunidad y prensa, y eso sería incluso más nefasto que el acallamiento de periodistas por parte de los actores armados. El periodismo es un trabajo con el otro, y si no podemos hacer el trabajo con el otro, ¿a qué estamos abocados desde el ejercicio?”.

Este trabajo del periodista, su búsqueda de información, está amparada en Colombia por el artículo 20 de la Constitución Política, que dice: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

En las garantías implicadas en la libertad de expresión se encuentran periodistas, fuentes y públicos, todos parte de la sociedad civil. La periodista argentina María Eugenia Ludueña, editora del proyecto Presentes, pone la lupa en la procedencia de la obstrucción a la labor periodística en este caso particular del “protocolo” emitido por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá: “Me parece escandaloso que la sociedad civil quiera imponer límites al acceso a testimonios o adueñarse de las voces, señalando cuáles son las que están o no habilitadas para ser escuchadas, pero también que se imponga quiénes pueden o no acceder a ellas y de qué manera. ¿Qué podría impulsar este tipo de control de uno y otro lado? ¿Cuál es el interés en juego? Suena a ponerle un jefe de prensa a las víctimas, un vocero a las voces. En un momento crucial como el proceso de paz y con el periodismo de calidad que distingue a Colombia, suena como un obstáculo grave que a alguien se le ocurra restringir el acceso al testimonio. El fin de un conflicto siempre es un momento testimonial muy fuerte, donde asoman con espontaneidad voces muy diversas, registros de experiencias valiosas, memorias que pueden ser reparadoras para quien las cuenta y las escucha, y querer privatizar este momento es insólito”.

Al respecto Juan Diego Restrepo se detiene en el “protocolo” y en el Comité como reacciones al trabajo que los periodistas han desarrollado en Colombia en zonas de conflicto: “Me llama la atención que la comunidad se haya organizado de esa manera y sean tan hostiles a los periodistas. Uno trata de entender a la gente y en escenarios tan complejos trabaja de tal manera para no agredirla con la presencia, la grabadora, la libreta de notas, la cámara fotográfica. La idea es hacer la reportería en una actitud de respeto hacia las víctimas. Y muchos periodistas lo hacen así. El problema llega con aquellos que no respetan, que agreden, que vulneran la condición indefensa de las comunidades víctimas de la guerra. Y la gente reacciona, generalizando. Ahí es cuando se equivocan y despliegan las mismas críticas para todos los periodistas, sin hacer distinción alguna”.

En el mismo sentido, Morelo se pregunta: “¿Por qué las comunidades asumen esta postura? ¿Qué lleva a las comunidades a manifestarse de esta manera? ¿Cuáles divorcios que no conocemos pudieron haber existido?”. Estos interrogantes sirven para propiciar una reflexión desde el periodismo, desde cómo se ha hecho cobertura del conflicto armado y cómo se puede hacer ahora, en el momento de posacuerdo que impone retos tanto en el tratamiento de la información, como de las víctimas y el acceso a sus derechos.
En lo que coinciden Patricia Nieto, Natalia Botero, Juan Diego Restrepo, Ginna Morelo y María Eugenia Ludueña, es que no se debe cerrar la entrada de la prensa a las comunidades y procesos sociales cuyas dinámicas y relatos pueden explicarle a la sociedad rasgos de su propia identidad y ser puente para el reconocimiento de lo que ha ocurrido en Colombia en el contexto del conflicto armado.

Finalmente y más allá del hecho puntal que puede considerarse como de “obstrucción a la labor periodística”, el equipo de trabajo del proyecto Hacemos Memoria, que tiene como propósito la formación de periodistas en cubrimiento del conflicto armado y construcción de memoria histórica, quiere abrir la puerta al debate del quehacer periodístico en el momento actual que vive Colombia, sin resignar por ello algún derecho fundamental: ni el que tienen las víctimas a la intimidad y el respeto por su dolor, ni el que tiene la prensa a informar y aportar a la historia social, ni el que tiene la sociedad a ser informada en desarrollo de la democracia.