Las víctimas de la guerra urbana en la comuna 13 de Medellín presentaron sus observaciones a las versiones de 72 exmilitares ante la JEP. Cuestionan la verdad que ellos dicen, exigen mayor participación y piden el reconocimiento de responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Federico Carranza | JEP
Los familiares de las víctimas y sus representantes presentaron observaciones a las versiones voluntarias de 72 comparecientes –dadas entre 2023 y 2026–, sobre hechos violentos ocurridos durante el conflicto armado en la comuna 13, San Javier, y zonas aledañas, como el sector La Loma del corregimiento de San Cristóbal y la comuna 7, Robledo, en Medellín.
Denunciaron la negación de responsabilidad por parte de los comparecientes, pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mayor participación en el proceso y solicitaron que también se incluyan otras comunas de la ciudad en la investigación, así como mayor seriedad en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
La audiencia de observaciones se realizó los días 7 y 8 de mayo en el Museo Casa de la Memoria de Medellín y fue presidida por los magistrados Óscar Parra Vera y Gustavo Salazar Arbeláez. Participaron 151 víctimas individuales y 11 organizaciones sociales acreditadas en el subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga los “Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado”, en particular en la comuna 13 y zonas aledañas, en la temporalidad 2001 a 2003.
Entre los comparecientes de este caso están los generales Mario Montoya Uribe, quien fue comandante de la IV Brigada, y Leonardo Gallego Castrillón, quien estaba al mando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. También, militares y policías de unidades como los batallones “Pedro Nel Ospina”, “Pedro Justo Berrío” y “Jaime Eduardo Sánchez”, la Regional de Inteligencia Militar (RIME), el Gaula, la Meval, el Comando Especial Antiterrorista (CEAT), las Fuerzas Antiterroristas Urbanas (AFEAU) y la estación de Policía de San Cristóbal.
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Según el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP, las observaciones de las víctimas hacen parte del proceso de contrastación que adelanta el tribunal, en el que la información entregada por los comparecientes en sus versiones será revisada y comparada con lo que dicen las víctimas, con los informes de organizaciones y entidades del Estado y con las demás pruebas recopiladas durante la investigación.
Las observaciones de las víctimas
Luz Elena Galeano, vocera de la Asociación de Mujeres Caminando por la Verdad (AMCV), detalló que, a 24 años de las operaciones militares en la Comuna 13, quienes comparecen ante la JEP hasta el día de hoy no han asumido su responsabilidad por los crímenes cometidos, aseguran no recordar hechos puntuales y niegan cualquier relación con grupos paramilitares, lo que, según Galeano, constituye una forma de revictimización y profundiza el daño causado.
La vocera también señaló la necesidad de incorporar un enfoque de género que permita identificar y reconocer los impactos sufridos por ellas y otras poblaciones vulnerables. “Persisten estereotipos de género que deslegitiman nuestra palabra y reducen nuestras demandas a emociones o deseos de retaliación, negando nuestro carácter de sujetas de derechos. Solo parece importar que contemos nuestro dolor”, dijo Galeano.
Estos argumentos fueron reiterados por las demás víctimas que intervinieron, en su mayoría mujeres, y por la representación judicial de las víctimas, en cabeza del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad.
María Camila López, abogada del GIDH, señaló que los comparecientes emplean eufemismos para restar importancia a la gravedad de hechos como las detenciones ilegales y las alianzas con grupos paramilitares. “Como lo hizo el comandante de la Bombarda 2, Ramírez Riaño, quien afirmó que, ante la presión por mostrar resultados, tuvo que negociar con grupos de autodefensa ubicados en la parte alta de la comuna para que entregaran armas y municiones. Pese a ello, sostuvo que nunca colaboró con paramilitares”, afirmó.
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El magistrado Parra explicó, ante las frustraciones y críticas expresadas por las víctimas, que las 72 versiones de los exmilitares no se repetirán por la falta de tiempo del tribunal, pero sí habrá un espacio para que los comparecientes aclaren, precisen y complementen información sobre los hechos ocurridos. “Nosotros seguimos contrastando. Ya escuchamos a los comparecientes, estamos escuchando a las víctimas y continuamos con las inspecciones judiciales”, explicó.
En la audiencia intervinieron familiares de personas desaparecidas, que hoy hacen parte de colectivos como la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad y la Fundación Santa Laura Montoya; lideresas que fueron víctimas de persecución y amenazas, quienes entonces participaban de juntas de acción comunal en el barrio La Loma y en la Asociación de Mujeres de las Independencias; mujeres que padecieron la violencia letal y el fuego cruzado de las armas empleadas en las operaciones militares, que habitaban en sectores semirrurales de San Cristóbal o de Juan XXIII y Blanquizal, y hasta una joven de 24 años que siendo una niña de brazos recibió las esquirlas de las balas que terminaron con la vida de su mamá, la señora Gloria González Ardila, y determinaron años de desplazamientos y hasta el exilio de su familia.
Sin cara a cara
En la audiencia las víctimas estuvieron presentes con los objetos cargados de simbolismo que siempre las acompañan: siluetas e imágenes de desaparecidos, retablos de sus seres queridos asesinados, lámparas con instalaciones que recuerdan los daños y las consecuencias de tanta violencia. Los comparecientes, acusados como victimarios, acompañaron la diligencia a larga distancia, conectados por videollamada y amplificados en el auditorio a través de dos televisores. Estuvieron conectados unos 15 comparecientes; algunos de los directamente increpados por sus versiones, como el general Mario Montoya Uribe y Armando René Cadena Montenegro, quien fuera comandante del Gaula en el 2002. Se reproduce en cierto modo la modalidad de “sala espejo”, en la que no hay cara a cara entre víctimas y comparecientes, y que ya ha sido objeto de controversias en caso investigado.
La lideresa social Galeano expuso por ello sus reparos a la participación de las víctimas en estas diligencias. La vocera de la AMCV aludió a la versión voluntaria del general retirado de la Policía José Leonardo Gallego Castrillón, realizada en diciembre del 2025, durante la cual las víctimas hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia de Medellín para exigir participar de manera presencial y no desde una sala espejo.
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Según Adriana Arboleda, abogada e integrante de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), las víctimas no han podido participar directamente en las audiencias de los comparecientes y, en la mayoría de los casos, esto solo ha sido posible en las salas espejo, una modalidad que rechazan desde la época de Justicia y Paz. “La JEP ha justificado esta decisión argumentando razones psicosociales y de cuidado hacia las víctimas, pero eso nos parece absurdo, porque quienes deberían decidirlo son las propias víctimas y sus representantes, no la JEP”, afirmó.
Sobre este tema, el magistrado Parra explicó que la JEP ha tomado aprendizajes del proceso de Justicia y Paz, especialmente frente a los riesgos que pueden generar los careos entre víctimas y victimarios cuando aún no existe claridad sobre los reconocimientos de responsabilidad. “En algunos casos, tanto comparecientes como víctimas han expresado su disposición a encontrarse, incluso sin que medien reconocimientos previos. Sin embargo, estos escenarios implican riesgos restaurativos importantes, como la revictimización, acciones con daño, nuevos señalamientos o la profundización de tensiones ya existentes”, expresó el magistrado.
Más allá de la comuna 13
Claudia Rengifo, integrante de Memorias Colectivas y Paz Territorial Urbana, presentó a los magistrados estudios de que la victimización y la violencia ejercida en la comuna 13 también sucedió, al mismo tiempo, en otras zonas de la ciudad. Se refirió, por ejemplo, a la operación militar Estrella VI en enero de 2003 lanzada sobre la zona nororiental de Medellín. En esa ocasión, La Honda, La Cruz, Bello Oriente y otros barrios de las comunas 3 y 1, vivieron tres días de violencia, en una intervención militar que dejó muertes, desapariciones y desplazamientos forzados bajo el argumento de recuperar la ciudad, como se ha denunciado con insistencia que sucedió por operaciones como Metro, Mariscal y Orión en la comuna 13, al otro lado de la ciudad. “Hacemos un llamado a la magistratura a nombrar dichas comunas e incluirlas en la memoria colectiva e histórica que se construya a partir de este tribunal, como un acto restaurativo frente al daño colectivo ocurrido en nuestra ciudad”, insistió Rengifo.
Las víctimas denuncian la conexión entre violencias en zonas geográficamente opuestas de Medellín, pero estratégicamente articuladas, como la salida a Urabá en el caso de la comuna 13 y La Loma, y la autopista Medellín-Bogotá en el caso de las comunas 1, 3 y 8, utilizadas como corredores para el tráfico de drogas y armas por parte de actores armados. Asimismo, exigieron que se tengan en cuenta las comunidades no priorizadas en las investigaciones, así como otros periodos anteriores y posteriores al periodo 2001-2003.
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El magistrado Parra detalló que, durante los procesos de priorización de los macrocasos, la JEP tuvo que seleccionar algunos hechos específicos y no fue posible concentrarse en todos los casos de la ciudad. Según el magistrado, “en los procesos restaurativos que se impulsen, se espera poder incluir más acciones y actividades más allá de la comuna 13. Esto es algo que está por definirse y que también depende de los reconocimientos de responsabilidad, así como del funcionamiento del sistema restaurativo de la jurisdicción en esta zona”.
¿Qué se investiga en el subcaso Antioquia del Caso 08?
La Comuna 13 de Medellín fue escenario, entre finales de los años noventa y 2003, de una fuerte confrontación armada por el control territorial entre milicias urbanas, guerrillas como las estructuras de las FARC-EP y ELN y grupos paramilitares como el Bloque Cacique Nutibara y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Entre 2001 y 2003 se desarrollaron al menos 38 operaciones militares y policiales, entre ellas Metro, Mariscal y Orión, en el marco de las cuales se investigan posibles graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes del Estado y su presunta relación con estructuras paramilitares.
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La JEP indaga hechos como homicidios, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos forzados, considerados el periodo más crítico del conflicto en esta zona.
Según el magistrado Parra, con la audiencia de observaciones, la JEP avanza en la fase 1 del proceso. Luego, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad seguirá revisando todas las pruebas recogidas de informes, expedientes, sentencias, documentos, versiones voluntarias, declaraciones e inspecciones judiciales, y avanzará hacia la emisión del auto de determinación de hechos y conductas, donde se definirán las posibles imputaciones a los máximos responsables. “Esperamos que el próximo semestre podamos emitir una decisión en la que precisemos los contextos, los patrones y las máximas responsabilidades”, puntualizó el presidente de la Sala, magistrado Parra.